El poder detrás de las fotomultas en Floridablanca

En Floridablanca, donde en los últimos ocho años ha habido seis alcaldes (entre elegidos y nombrados), no es raro que muchas cosas pasen. Por ejemplo tiene el predial más caro del área metropolitana, allá un hogar paga por alumbrado público más que en Bucaramanga, y es un municipio que tiene raigambre conservadora en un departamento liberal. Sin embargo, a finales de 2011 hubo un hecho que pasó a la posteridad.

El 28 de diciembre, el mismo día en el que se celebra el día de los inocentes, la Dirección de Tránsito firmó uno de los contratos más controvertidos del municipio.

Ese día le entregó por 15 años y por $4.393 millones a un consorcio (que más adelante se llamaría Infracciones Electrónicas de Floridablanca) la concesión para aplicar las fotomultas en el municipio.

La Silla revisó las relaciones políticas y familiares de los integrantes de la junta directiva de la concesionaria y encontró que las caras detrás del millonario negocio son un matrimonio que unió a dos poderosas familias de Santander y dos empresas que se han ganado miles de millones en contratos en los municipios del área y que son conocidas en los círculos políticos por financiar campañas. 

Los megacontratistas y financiadores

El primer foco de poder en la empresa que maneja las fotomultas son dos contratistas conocidos en el departamento por haber ganado la ejecución de miles de millones en las últimas administraciones y por ser financiadores de campañas (aunque no aparecen en los registros públicos de las donaciones). 

La primera familia de contratistas y la más poderosa es la dueña de Pavigas, una firma conocida porque fue parte del consorcio que construyó el intercambiador de Neomundo (una obra pagada por valorización en Bucaramanga que terminó costando el 49% más de su valor inicial) y porque en medio de cuestionamientos se hizo a una licitación para construir otra de las megaobras de valorización de Bucaramanga: el intercambiador del Mesón de los Búcaros.

De esa empresa son dueños Luis Eduardo y Luis Roberto Ordóñez, papá e hijo. Dos ingenieros que en los círculos de poder de Santander son conocidos por moverse detrás de bambalinas en la política local.

Aunque casi siempre las movidas de los Ordóñez han sido detrás de cámaras, Luis Roberto Ordóñez, quien según seis fuentes que hablaron con La Silla, es quien tiene la mayoría de intereses en el negocio de las Fotomultas y quien de hecho figuró como representante legal de la concesionaria  desde 2013 hasta abril de 2015, también ha incursionado en la arena electoral.  

En 2007 fue candidato al Concejo de Bucaramanga por Alas Equipo Colombia, un partido que desapareció tras el escándalo de la parapolítica, pero se quemó con 115votos.

Luis Roberto Ordóñez fue candidato al Concejo de Bucaramanga en 2007 pero se quemó con 115 votos.

Si bien en la junta directiva de Infracciones Electrónicas de Floridablanca no aparecen ninguno de los dos, la que sí está registrada como integrante principal es Claudia Ordoñez Ardila, hija de Luis Eduardo y hermana de Luis Roberto.

La principal empresa de los Ordóñez, no solo ha sonado en lo local. En enero de 2015 fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio por violar la libre competencia en contratación pública, al presentar una propuesta ‘fantasma’ para que otra empresa manipulara una licitación del Invías en 2009.

El otro gran empresario que aparece en la Junta, es Gonzalo Jaimes Muñoz, representante legal de Eme Ingeniería, una de las firmas que obtuvo varios contratos en la Alcaldía de Lucho Bohórquez en Bucaramanga para arreglar el alumbrado público. Esa misma firma fue la que se ganó el contrato por $9.668 millones para instalar las luces del Viaducto de La Novena. Su suplente es su hijo Gonzalo Andrés Jaimes. 

Jaimes Muñoz es conocido entre los círculos de los ingenieros en Santander por apoyar políticos en campaña. “No importa con quién tenga que hablar, apoya para ganar”, le dijo a La Silla una fuente que se mueve dentro del gremio.

Otros dos de los diez  renglones de la junta pertenecen a Édgar Jiménez Carreño, representante legal de Smart Security & Mobility, empresa bogotana con la que trabaja Eme Ingeniería y que ha tenido contratos de semaforización y operación de fotomultas en varias ciudades del país como Turbo, Neiva, Pereira y Tauramena. También aparece Ángela María Quintero Acosta, a quien La Silla contactó al consultorio de audiología que tiene en Bogotá pero no quiso contestar. 

Los amigos y familiares de los Serrano – Mustafá

El otro gran foco de poder está en la familia Serrano Mustafá. 6 de los 10 integrantes de la junta son cercanos a esas  dos familias que se mueven desde hace décadas en los círculos de poder de Santander y que están emparentadas por el matrimonio de Luz Faride Mustafá Durán y de Luis Humberto Serrano Ulloque.

La historia de los Mustafá se remonta a la década del 70 cuando Feisal Mustafá, papá de Luz Faride, se convirtió en uno de los voceros conservadores en Santander, algo que fue muy particular para un departamento que es liberal en esencia. 

Feisal inició con puestos pequeños y fue escalando en cargos públicos hasta llegar a la subdirección nacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En 1978 llegó a a la Cámara, donde se mantuvo dos periodos, y posteriormente saltó al Senado, donde también resultó elegido otros dos periodos; sin embargo, el último, que iba de 1990 a 1994, no lo terminó porque ese Congreso fue revocado para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. 

Durante ese tiempo su carrera política se consolidó y su popularidad creció tanto, que se creó un movimiento con sus seguidores denominado 'feisalismo'. Tras su asesinato a manos de la Coordinadora Guerrillera (un grupo que pretendió coordinar las acciones del ELN, EPL y las Farc) en 1993 su herencia política no se extinguió.

Su legado político fue tal que Consuelo Durán de Mustafá, su viuda, logró los votos suficientes para llegar al Congreso  tres periodos más.

De ese matrimonio resultaron cuatro hijos incluyendo a Luz Faride e Iván Fernando, el gerente del Fondo Nacional de Adaptación, quien como lo contó La Silla fue el que heredó el gen político de su familia y actualmente es  un santista con pinta de conservador.

La otra familia es la de los Serrano, que desde la década de los 80 y hasta hoy se ha mantenido como cabeza del mundo de las apuestas y el chance en Santander.

Jorge Serrano Rueda, papá de Luis Humberto, es un ganadero que fundó de Apuestas El Rin, un próspero negocio de juegos de azar que entre 1982 e inicios de la década del 2000 era una de las 16 empresas de chance legal en Santander.

Serrano Rueda luego dio un paso al costado y se convirtió en socio de su medio hermano Álvaro Garzón Serrano, quien primero con Enapuestas Ltda y luego con La Perla ha sido el dueño de la concesión del chance en Santander desde hace más de una década.

Aunque ni Luis Serrano ni Luz Faride Mustafá aparecen en las actas de constitución ni en la junta directiva de Infracciones Electrónicas, varios personajes que los rodean sí están en ella. 

Una es Jennifer Johana Serrano Ulloque, una abogada que trabaja en la Unidad Territorial de Víctimas de Santander, hermana de Luis Serrano y cuñada de Luz Faride. 

Otro es Álvaro Gualdrón, uno de los suplentes de la junta y quien tuvo tres hijos con Margarita Serrano Ulloque, hermana de Luis Serrano y de Jennifer Johana Serrano

Y el tercero es Manuel Parada Rueda, quien hasta enero de 2015 fue miembro principal de la junta, y es amigo personal del matrimonio Serrano-Mustafá hasta el punto de que La Silla encontró fotografías en las que están juntos en un viaje recreativo en Estados Unidos y reuniones familiares. Parada Rueda también es amigo de Iván, el hermano de Luz Faride.

“Yo hice parte de esa junta porque en mi calidad de administrador de empresas me invitaron a asesorar unos temas financieros y eso fue lo que hice. Decidí salirme y ahora no tengo nada que ver”, le dijo a la Silla Parada Rueda, quien en el último año empezó a dar de qué hablar en la Bucaramanga política por su oposición a la administración de Rodolfo Hernández con su cuenta de Twitter @manolete.

Más puentes con Mustafá

En la junta directiva han estado otras tres personas muy cercanas a Iván Mustafá.

El primero y más cercano es Luis Carlos Biffi, un empresario santandereano que fue descrito por cinco fuentes que hablaron con La Silla como su “mejor amigo”, y quien figuró como suplente hasta mayo de 2015.

“Yo jamás asistí a una junta directiva de esa empresa y eso lo pueden comprobar en todas las actas. Luis Roberto Ordóñez, que es un socio, junto con Luis Serrano que es el otro socio, y eso no es un secreto para nadie, me pidieron el favor porque querían que alguien del sector privado les pudiera servir como suplente en la junta. No le vi nada malo y acepté”, explicó Biffi.

“Jamás he tenido ni tendré algún interés en esa empresa. Mejor dicho, esa empresa puede entrar en la quiebra y a mí no me importa, por eso pedí que me retiraran de la junta directiva. Cuando lo hice me tocó casi que con abogado porque el requerimiento lo hice desde hace mucho tiempo y se demoró, porque hasta donde tengo entendido tenían diferencias con el socio de Bogotá”, le dijo a La Silla Biffi.  

Biffi, quien había hecho carrera en el sector privado, empezó a sonar en lo público cuando fue nombrado gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en Santander. Eso generó sorpresa entre los sectores políticos del departamento, debido a que “no tenía credenciales para asumir un cargo como esos”, le dijo a La Silla un político de Santander. Por lo menos no más allá de ser amigo de Mustafá.

Aunque tres políticos y dos personas que se mueven dentro de la política regional le dijeron a La Silla que esa amistad sería la única explicación de la llegada de Biffi a la campaña, el empresario tiene otra versión. “La realidad era que estaban buscando el perfil de un empresario para gerenciar la campaña. Yo me negué dos veces porque no quería dejar mi actividad empresarial, después terminé aceptando”, le explicó a La Silla.

Cuando arrancó la campaña de reelección de Santos, Mustafá renunció al Viceministerio de Aguas para hacer correría con el Presidente. Luego del triunfo,fue nombrado Alto Consejero para las Regiones de la Presidencia y poco tiempo después Biffi se convirtió en su asesor.

Luego del triunfo,fue nombrado Alto Consejero para las Regiones de la Presidencia y poco tiempo después Biffi se convirtió en su asesor.

Sobre ese nombramiento, Biffi negó que tuviera que ver con Mustafá y aseguró que después de trabajar como gerente de la campaña le ofrecieron varios cargos. “Me incliné por este porque era algo que conocía”, dice. Hace pocos días Biffi dejó ese cargo y fue nombrado como jefe de eventos de la Presidencia.

Otra persona cercana a Mustafá que está en la junta es Alberto Enrique Pacheco Delghams, un ingeniero de alimentos, quien hace parte del círculo de amigos de Mustafá, según tres fuentes que conocen de cerca al director del Fondo de Adaptación. Comparten reuniones sociales y Mustafá estuvo invitado al matrimonio de Pacheco. 

En ese círculo de amigos de Mustafá también está  Manuel Parada, el también cercano al matrimonio Serrano- Mustafá. Parada trabajó en la campaña de reelección de Santos en Santander junto a Biffi. 

Al ser consultado por La Silla, Iván Mustafá Durán negó cualquier relación con el negocio de las Fotomultas en Floridablanca.

“La gente es libre de ser socia o de trabajar en una junta directiva, no puedo responder por lo que hagan otras personas, yo solo respondo por lo que yo hago”, aseguró. “Yo he sido Viceministro de Aguas, Consejero de Regiones y ahora director del Fondo Nacional de Adaptación, no tengo el tiempo ni estoy interesado en negocios particulares”.

Sobre su amistad con varios de los que fueron o son miembros de la Junta Directiva de la empresa que maneja las fotomultas, también marcó distancia. : “Yo tengo muchos amigos en Bucaramanga, puedo conocer como al 30 por ciento de la ciudad. Y reitero, cada uno es libre de invertir donde quiera, yo no tengo participación, ni conozco, ni he trabajado, ni he sido socio de esa empresa”. 

El millonario negocio

Al contrato de las fotomultas se le ha cuestionado de todo. Primero la manera en la que se formuló, luego las condiciones bajo las que se adjudicó y más adelante su operación.

Desde que armó la licitación, el entonces director de Tránsito Luis Eduardo Rodríguez creyó conveniente que un el municipio solo recibiría el 17,7 por ciento de lo que entrara por las multas, pese a que generalmente ese porcentaje es de más del 30%, lo que lo hacía muy atractivo para cualquier empresa que quisiera quedarse con la concesión. Aún así la licitación cerró con un solo oferente

Aunque el contrato quedó firmado en 2011, cuando terminaba sus días como mandatario alcalde el conservador Jaime Flórez (conocido por ser “feisalista”), quien fue nombrado a inicios de ese año, luego de que la Procuraduría inhabilitara a Eulises Balcazar, solo fue hasta marzo de 2014 que arrancó su ejecución. Eso  después de que los gobiernos siguientes lograron crear una fiducia para manejar la plata y entregar la interventoría en otra licitación. 

De ahí en adelante el caos ha reinado en Floridablanca. En el Concejo se han realizado varios debates para pedirles a los mandatarios que finalicen el contrato, también se han hecho públicas al menos una decena de demandas para tumbar la concesión, y el tema se ha vuelto tan sensible que en la campaña de 2015 el principal tema de debate fueron las fotomultas.

En ese entonces las campañas centraron parte de sus argumentos en la necesidad de acabar el contrato, y en atacar a los que no se oponían con vehemencia a él. 

Infracciones Electrónicas de Floridablanca ha recibido poco más de $5 mil millones en ingresos. Tiene otros $8 mil millones en cartera

El nuevo alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, sobrino del secretario General de la Cámara Jorge Humberto Mantilla, otro reconocido feisalista, le ha cambiado varias reglas al concesionario y con dos decretos puso en cintura las sanciones al obligar a poner señales que avisaran la ubicación de las cámaras, y al ponerle rutas y horarios a las cámaras móviles, que estaban multando indiscriminadamente en barrios residenciales, en horas nocturnas, y cuando los carros paraban por segundos a dejar o a recoger personas. 

Y es que las fotomultas han tocado a decenas de conductores del área metropolitana. Las cámaras fijas y móviles que tiene la concesión dejaron como saldo más de 37 mil órdenes de comparendos, de las cuales 16 mil se convirtieron en sanciones, en los 10 meses que funcionaron en 2014.

Aunque el sistema busca educar a los conductores y por eso lo que debe suceder es que la cantidad de multas se reduzca, en Floridablanca sucedió lo contrario: en 2015, su segundo año de operación, y durante los dos primeros meses de 2016, se emitieron 73.854 órdenes de comparendos, en los informes que La Silla conoció no estaba detallado el número de órdenes que terminaron en sanciones. 

Según los estados financieros reportados por la interventoría e información suministrada por la Dirección de Tránsito de Floridablanaca, las fotomultas han generado ingresos por poco más de $5 mil millones en los primeros dos años, y la concesión tiene otros $8 mil millones en cuentas por cobrar, que son básicamente comparendos no pagados. Eso quiere decir que a falta de 13 años de contrato, Infracciones Electrónicas de Floridablanca ya triplicó el valor por el que fue calculada la concesión ($4 mil millones).

De los 15 años de la concesión ya han pasado dos, falta ver si en los 13 restantes el negocio sigue siendo tan rentable como se ha mantenido hasta ahora para los Serrano-Mustafá, los Ordóñez y los Jaimes. 

*Nota de la editora: El tuitero Manuel Parada Rueda (@manolete) hace parte de la red santandereana de La Silla.