La hora de la verdad para Pacific Rubiales

Hace dos semanas 15 congresistas de siete partidos políticos le enviaron una carta al Ministro de Minas y al presidente de Ecopetrol, pidiéndoles que no le renueven a Pacific Rubiales el contrato de Campo Rubiales, que en este momento explotan juntos y que se acaba en marzo de 2016.

Con esa movida los congresistas le subieron la presión política a una de las mayores decisiones que tendrán que tomar en los próximos meses el gobierno Santos II y el presidente de Ecopetrol, bien sea Javier Gutiérrez o quien le suceda (si, como se rumora, se cita una junta extraordinaria la próxima semana y se aborda el tema).

Esa también será la hora de la verdad para la petrolera canadiense de socios venezolanos, que tiene casi la mitad de su producción allí y que ha invertido masivamente en publicidad -y en la Selección Colombia- durante los últimos dos años para darle la vuelta a una mala imagen que la rondaba incluso en los círculos empresariales.

La puja por Rubiales

En principio el dilema de renovar el acuerdo del mayor campo petrolero del país (con una producción de unos 210 mil barriles diarios) debería ser técnico, pero en los últimos meses -a medida que se hace más grande el hueco fiscal y bajan los precios del petróleo- la presión política alrededor del tema ha aumentado.

Es un dilema técnico porque la junta directiva de Ecopetrol deberá resolver -tras evaluar las tecnologías para crudos pesados que ha venido desarrollando Pacific y su propio músculo económico- si prorroga el contrato que las dos empresas firmaron en 2006, dado que la petrolera canadiense tenía experiencia en ese tipo de explotación. Además, aunque hoy significa 15 a 20 por ciento del total nacional, está declinando rápidamente y hay que invertirle para mantener esos niveles de producción.

Pero es también una decisión política porque el Estado tiene la mayoría accionaria de la principal empresa del país y tiene la mayoría de los puestos de esa junta. De nueve asientos, tres los ocupan altos funcionarios de Santos -el ministro de Minas Tomás González, el de Hacienda Mauricio Cárdenas y el director de Planeación Simón Gaviria- y otros cuatro miembros puestos por el Gobierno, por lo que éste tiene mucha incidencia y responsabilidad de lo que ocurre en la principal empresa del país.

Es allí donde los congresistas quieren subirle la temperatura política a la decisión que tome el Gobierno.

“El paso de Campo Rubiales a Ecopetrol –que es ya un hecho definido por contrato, al que no habría que agregarle nada legalmente– aumentaría de forma considerable la producción y reservas de petróleo bajo su control y operación, hecho que valorizaría su acción en la bolsa de valores”, le escribieron en la carta.

La firmaron políticos de los siete mayores partidos del país, incluyendo cinco senadores de la Unidad Nacional, dos del Centro Democrático, una conservadora y tres del Polo. Los verdes están casi completos, con cuatro de sus cinco senadores. De los liberales firmaron tres y hoy Vivianne Morales -que no era una de ellas- leyó de nuevo la carta en la plenaria del Senado, durante la discusión de la reforma tributaria, en nombre de todo su partido.

Además, cuatro de ellos -todos de partidos distintos- vienen de departamentos petroleros y siete tienen asiento en la Comisión Quinta, la que mira los temas de hidrocarburos.

Este campo petrolero en Puerto Gaitán (Meta) es crucial para las dos petroleras. Para Ecopetrol, que produce unos 754 mil barriles por día, significa uno de cada cinco barriles.

Para Pacific Rubiales, la segunda petrolera del país, fue la base de su rápido crecimiento en siete años y hoy representa el 40 por ciento de su producción total (una cifra que disminuiría con sus campos de Río Ariari y CP6 en el Meta, que están arrancando).

La cercanía de esa decisión, que según el ministro Tomás González se tomará en el primer semestre del 2015, puso a los congresistas a correr.

“No queríamos repetir la experiencia amarga de Cerro Matoso, donde no hubo tiempo para un debate público. Ecopetrol tiene la necesidad de mejorar sus finanzas y sus reservas, tiene la capacidad técnica ya de explotar crudos pesados y ya tiene la experiencia de Castilla [donde relevó a Chevron]”, le dijo a La Silla la senadora metense Maritza Martínez (La U), quien -junto con el polista Jorge Robledo- esbozó la carta.

Fue durante un debate de control político en septiembre citado por los dos congresistas cuando Javier Gutiérrez señaló que, dado el caso, Ecopetrol está lista para asumir Rubiales sola. Ese es uno de los argumentos más fuertes del grupo de 15 congresistas para pedir su retorno total a la petrolera estatal.

“No hay justificación realista ni seria para que no se haga así. Uno entiende que en Cerro Matoso se haya ampliado porque no hay quien pueda explotar níquel, pero no es el caso del sector petrolero”, dice el senador verde Antonio Navarro, quien ha comenzado a dar el debate por los impuestos que petroleras y mineras están presuntamente dejando de pagar.

Pero, sobre todo, está el argumento de que -con un 100 por ciento de Rubiales y si puede operar el campo a un mejor costo- Ecopetrol le generaría al Estado mayores utilidades. Muy valiosas para el Gobierno en este momento porque son la base de la ejecución del gobierno Santos II y de sus programas sociales, que podrían ver recortes con el hueco fiscal ahora y posiblemente más adelante si continúan las vacas flacas petroleras.

La posición entre ellos no es unánime, pero es parecida. “La del Centro Democrático es más una de apoyo a Ecopetrol que otra cosa. Si el Gobierno negocia con Pacific en condiciones favorables para Ecopetrol, bienvenida esa negociación”, dice el senador Ernesto Macías, quien viene del departamento petrolero del Huila.

Hasta ahí los uribistas apoyan la carta, que también firmó el antioqueño Carlos Felipe Mejía, aunque también advierten que hoy llevarán a la plenaria del Congreso lo que ven como una costumbre de Santos “de sacarle plata a Ecopetrol para gastos del Gobierno”.

“Es inconcebible que estemos pensando una reforma tributaria que grava con impuesto al patrimonio a personas naturales de mil millones [de pesos] y todavía no se haya respondido la carta en donde -a valor presente- podríamos tener ingresos por 12 años de extracción de unos 6 billones de dólares”, dice el también senador verde Jorge Iván Ospina.

Esas cuentas no son necesariamente tan alegres, según le dijo a La Silla un ex alto funcionario del sector. Esto porque las reservas que tiene un campo petrolero dependen de cómo se planea su manejo a largo plazo y de qué inversiones se hacen para mantenerlas en un estado óptimo.

En el caso de Rubiales, señala, esa decisión se ha demorado y -en caso de que Pacific termine devolviéndoselo a Ecopetrol- se requiere una etapa de entrega que incluye temas de inversión en mantenimiento que aseguren ese manejo óptimo. Pese a que Rubiales es crucial para la petrolera canadiense y a que ya le solicitó a Ecopetrol prorrogar el contrato, por ahora sus inversiones están en paréntesis.

Como dijo hace dos semanas su vicepresidente de asuntos corporativos Federico Restrepo, "el Campo si no obtiene una respuesta en tiempo relativamente corto va a sufrir una desinversión por parte de nosotros como socio y se va a empezar a resentir; entonces necesitamos definir cuál es la decisión con respecto a la continuidad".

El petróleo, la pauta y las vacas flacas

Esa decisión tendrá aún más importancia ante el duro panorama que se avecina, con el precio del petróleo cayendo a niveles de 2010.

El crudo es clave para Colombia -como ha contado La Silla- por dos razones fundamentales. Primero, para mantener el flujo de dólares al país ya que en 2013 le representó más del 55 por ciento de las exportaciones.

Pero también porque es el que más pone para el financiamiento del Estado. A través del derecho a un porcentaje de lo explotado, impuestos, regalías y otros cargos, el Estado se queda -según el Banco de la República- con un 43 por ciento del precio del petróleo. Según otro estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2010 el Estado recibió casi 11 billones de pesos (más que todo el presupuesto anual de Bogotá de ese entonces) gracias al petróleo.

Aparte del precio, hay otro problema en el horizonte. El más grave es que -como contó La Silla- las cifras de producción han aumentado hasta el millón de barriles diarios, pero las reservas no. Y en el negocio petrolero, éstas son el futuro.

Ante el panorama de precios las empresas tendrán que ajustarse, viendo cómo reducen costos y al mismo tiempo cómo encuentran nuevos ingresos. Ese es el mismo dilema que tendrá el gobierno Santos.

“La pregunta tiene que ser fría: cuál es la mejor manera de sacar esos barriles. Si extendiendo el contrato o no, será el análisis de esa decisión. Guiados por esa pregunta de qué es lo que genera más valor para el país y para Ecopetrol, se tiene que tomar una decisión de que pasa con Campo Rubiales”, le dijo a La Silla el ministro Tomás González. “El criterio fundamental es que el valor para Colombia de extender el contrato, sea con Pacific o con alguien más, sea mayor que el valor de que no se haga”.

Con ese criterio se han tomado otras decisiones, como la de no extenderle a la BP en los campos de Santiago de las Atalayas (Casanare). O de dar el sí, como a Chevron en los de gas en La Guajira en 2003.

En todo caso, según le dijo Javier Gutiérrez al Congreso, esa decisión dependerá de información -aún no disponible- sobre si es más rentable operar el campo juntos o solos.

La importancia de la prórroga para Pacific explica en gran medida la explosión de su pauta en medios en los últimos tres años, desde que -tras la cobertura negativa que recibió a raíz de las protestas de trabajadores en Campo Rubiales- decidió darle un vuelco a su estrategia comunicativa que apuntó a “colombianizarse”.

Es así como se convirtió en patrocinador de la Selección Colombia en 2012, un contrato a dos años (y en plena época mundialista) que -según Dinero- osciló entre los 6 y 8 mil millones de pesos.

En medios su pauta también ha visto un crecimiento vertiginoso, desde la sección permanente que patrocina en El Espectador -llamada “Pacific Rubiales habla”- hasta los cientos de millones que puso para el foro sobre víctimas que organizó Semana hace un año (un patrocinio que no hizo visible, por consejo de su agencia de publicidad). E incluso pagando por reportajes en medios como Kien&Ke para “pacificar” su cubrimiento, como lo denunció en 2012 el columnista Daniel Pardo.

En cambio, solo dos medios reseñaron la carta de los 15 congresistas. Y ninguno la incluyó completa, algo que uno de los firmantes -que prefirió no revelar su nombre- atribuyó al ‘efecto Pacific’.

Esa inversión ya ha surtido efecto: como contó La Silla, en el último panel entre 2 mil líderes de opinión ya aparece en el ranking de las empresas más admiradas.

La empresa también ha ido afianzando su cercanía con ex altos funcionarios del gobierno como Juan Mesa, quien fue secretario general de Presidencia y luego director ejecutivo de la Fundación Buen Gobierno de Santos durante la reelección. E incluso han coincidido con Martín Santos, el hijo del Presidente, como en la cena que José Francisco Arata, el presidente de Pacific, le organizó a James Rodríguez en Madrid hace un mes.

Al final, la decisión de Ecopetrol -y del gobierno Santos- de extenderle a Pacific el contrato en Campo Rubiales será uno de los temas cruciales del 2015, no sólo por su impacto en el fisco sino también porque pondrá a prueba la independencia de los medios frente a la pauta.