El Ministerio de Ambiente anunció ayer que 12 personas fueron condenadas por causarle daños ambientales a la Ciénaga Grande de Santa Marta, incluyendo el hacendado que construyó un dique de 27 kilómetros para robarle decenas de hectáreas de tierra al complejo de humedales más grande del país, un caso que el ministro Gabriel Vallejo llamó “muy doloroso y muy traumático”. Sin embargo, las fotos de un sobrevuelo que hicieron funcionarios del Gobierno -que éste no ha hecho públicas y que La Silla publica por primera vez- demuestran que, más que una excepción, esos robos son la regla y que el gobierno Santos no ha dimensionado la gravedad de lo que está sucediendo allí.
El robo de la Ciénaga Grande está fuera de control
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El Ministerio de Ambiente anunció ayer que 12 personas fueron condenadas por causarle daños ambientales a la Ciénaga Grande de Santa Marta, incluyendo el hacendado que construyó un dique de 27 kilómetros para robarle decenas de hectáreas de tierra al complejo de humedales más grande del país, un caso que el ministro Gabriel Vallejo llamó “muy doloroso y muy traumático”. Sin embargo, las fotos de un sobrevuelo que hicieron funcionarios del Gobierno -que éste no ha hecho públicas y que La Silla publica por primera vez- demuestran que, más que una excepción, esos robos son la regla y que el gobierno Santos no ha dimensionado la gravedad de lo que está sucediendo allí.
“[El caso de la finca] Mendegua es solo la punta del iceberg; estas fotos demuestran que en verdad hay diez o veinte Mendeguas más. Si el ministro Vallejo está buscando una gran tragedia ambiental, acá la tiene. Y lo triste es que el Gobierno aún no se ha decidido a cuantificar la magnitud de los daños”, dice una persona que conoce la zona y que, como las demás fuentes consultadas, prefiere omitir su nombre porque trabaja a diario con las entidades ambientales.
Las fotos le dan la razón. La devastación es palpable en cada una de las 249 fotos que tomaron funcionarios de Parques Nacionales y de la Unidad de Gestión del Riesgo el 20 de junio, durante un sobrevuelo de unos 120 kilómetros en un helicóptero de la Policía, que hasta ahora no se han traducido en investigaciones.
Hace una semana esas fotos georreferenciadas fueron presentadas por Parques Nacionales en la última reunión del Comité Interinstiucional, que el gobernador Luis Miguel Cotes creó en marzo para abordar la crisis en la Ciénaga (después de que estallara el escándalo del dique y tras meses de alarmas lanzadas por científicos ambientales) y que reúne a una veintena de entidades (desde el Ministerio de Ambiente hasta la Policía y el Ejército). El compromiso al que llegaron al final de la reunión era que Corpamag -la corporación autónoma que es la autoridad ambiental en esa zona- haría las denuncias en la Fiscalía.
Diez días después, eso no ha sucedido. Por lo que no se ha podido dar el primer paso para entender quiénes son los empresarios ganaderos y agricultores que se han beneficiado de robarle a la Ciénaga tierras que son baldíos propiedad del Estado y de estos cuatro tipos de delitos ambientales, que hasta ahora han pasado por debajo del radar de Corpamag, la Gobernación del Magdalena y el Gobierno nacional.
En el sector ambiental le atribuyen gran parte de la culpa de la debacle a Corpamag, una entidad politizada que se ha visto a gatas para ejercer su autoridad en temas ambientales y en que -como ha contado La Silla- es considerada en Magdalena un feudo del grupo político del representante de La U Eduardo Díaz Granados, miembro de una de las familias más poderosas del departamento y pariente de varios políticos cercanos a Santos (su primo Sergio fue ministro de Comercio y su otro primo Juan Pablo es el actual viceministro de desarrollo rural), antiguo integrante de su junta directiva, impulsor en el Congreso de la ley de sobretasas ambientales que financia el cuidado de la Ciénaga y padrino político del director de Corpamag Orlando Cabrera.
“Los daños son más que visibles. Por más que sea una zona de difícil gobernabilidad, por la presencia de los paras, esta evidencia amerita una investigación de fondo sobre lo que está pasando en la corporación autónoma”, dice otra persona del sector, añadiendo que la débil gestión ambiental de la Ciénaga Grande debería reabrir la discusión sobre qué hacer con las politizadas CAR que Santos prometió reformar y luego dejó quietas.
En Corpamag defienden que están adelantando las investigaciones, pero que aún no tienen el acervo probatorio suficiente como para llevar las denuncias a la Fiscalía. "Como evidencia son estupendas [las fotos], pero para actuar e identificar a los infractores necesitamos coordenadas más precisas porque hay una diferencia de cinco minutos con el track del vuelo", le dijo a La Silla Alfredo Martínez, el director encargado de Corpamag, explicando que hace tres semanas la corporación compró un drone de 170 millones de pesos para levantar esos datos. También dijo que en tres visitas que han hecho desde junio no han encontrado maquinaria y que, de todos modos, no pueden entrar a los predios sin una orden y si el propietario no se los permite.
"Somos los primeros interesados en sancionar a los responsables y vamos a llegar a las últimas consecuencias con estos personajes. Confío en que en 15 o 20 días estaremos llevando los casos a la Fiscalía", añadió Martínez, que está encargado de Corpamag mientras Cabrera se repone de un problema de salud. (La Silla también se comunicó con el gobernador Luis Miguel Cotes, quien se comprometió a devolvernos la llamada pero nunca lo hizo).
En el sector también culpan de bajarle la caña al problema al Ministerio de Ambiente, que no hizo ninguna mención a los problemas de la Ciénaga en su informe este año a la Comisión Ramsar internacional, algo que -según tres personas del sector ambiental- dista mucho de la realidad que muestran las fotos y que son el efecto acumulado de años de triquiñuelas para ganarle metros a la Ciénaga y a una inexistente gestión ambiental.
Esa molestia se debe también a que el Gobierno no postuló a la Ciénaga para entrar a la ‘lista de Montreux’ de humedales en peligro en su cumbre de junio en Montevideo, pese a haber dicho en una reunión del Comité en marzo que revisaría el tema. Hacerlo habría permitido que la comunidad internacional viniera a la zona y ayudara a Colombia a entender por qué no está funcionando su gestión de la Ciénaga (un paso parecido al que Parques Nacionales hizo con éxito en Los Katíos en el Chocó, que acaba de ser retirado de la lista roja de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco tras un esfuerzo de seis años).
Lo paradójico es que este complejo de humedales del tamaño del Quindío tiene, al menos sobre el papel, uno de los niveles de protección más altos del país: contiene dos parques nacionales (el de la Ciénaga Grande y la Vía Parque Isla de Salamanca, que protege los manglares a orillas de la autopista entre Santa Marta y Barranquilla), está catalogado como sitio Ramsar (una convención internacional que protege los humedales con un valor hídrico excepcional) y también como Reserva de la Biósfera de la Unesco (los pilotos que creó la ONU para hacer un desarrollo sostenible en ecosistemas importantes).