El Plan de Desarrollo empantana los humedales

El Plan Nacional de Desarrollo que le presentó el gobierno Santos al Congreso le tiró un salvavidas a los páramos, pero en cambio dejó muchas dudas sembradas sobre cómo se manejarán estos ecosistemas acuáticos, entre los más vulnerables e importantes que tiene el país.Colombia tiene más humedales de lo que cree. Tantos -casi 32 mil- que recubren un 27 por ciento del país y tienen a la comunidad científica hablando de que somos un “país anfibio”.

La respuesta a esa pregunta es clave porque la mala gestión de los humedales fue una de las principales causas de la debacle social que dejó la ola invernal en 2010-2011 y es uno de los grandes retos para evitar que vuelva a suceder, pero son muchos los sectores económicos que podrían resistirse a que se les suba el control ambiental.

“Hay un acuerdo sobre su importancia estratégica, pero no sobre dónde empiezan y terminan ni sobre qué se puede hacer allí y qué no. Pero, sobre todo, no hay una línea clara sobre cómo vamos a gestionarlos y podemos volver a caer en el tierrero [en el que se convirtieron] los páramos de que se decide sobre la marcha dónde están”, le dijo a La Silla un experto en humedales que, como las demás fuentes consultadas, prefiere omitir su nombre porque trabaja a diario con las entidades ambientales.

El mapa imposible de los humedales

El primer Plan de Desarrollo de Santos, hace cuatro años, protegió a los páramos y humedales como 'ecosistemas estratégicos' para el país y ordenó mapearlos a una escala de 1 a 25 mil muy precisa que permitiría entender bien dónde empiezan y dónde terminan para poder preservarlos.

Esa medida, que sobre el papel sonaba muy benéfica, terminó siendo -como ha contado La Silla- todo un dolor de cabeza.

Inicialmente porque ese Plan no asignó plata para hacerlo y el proceso se retrasó hasta que en 2013 el Fondo de Adaptación -que dirige Germán Arce y que nació tras la emergencia invernal- puso los 66 mil millones de pesos (casi el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente en un año) que costaba. La lógica era, y sigue siendo, entender mejor los niveles de riesgo en páramos y humedales, que son cruciales para combatir el cambio climático.

Dos años después, hay un solo páramo delimitado: Santurbán. O unas 170 mil hectáreas del total de 3 millones.

Si con los páramos fue difícil, con los humedales aún más: hace cuatro años ni siquiera estaba claro cuántos hay porque Colombia no ha cumplido la obligación que asumió hace una década, al firmar la convención internacional Ramsar que los protege, de hacer un inventario completo.

Por eso, el Plan de Desarrollo de Santos optó por un enfoque más realista. Para los páramos, mantuvo -dado su rol de fábricas de agua- la prohibición de hacer minería o agricultura y adoptó un atlas de 1 a 100 mil que ya existía pero que -como ha contado La Silla- el Ministerio tenía archivado.

Su decisión sobre los humedales, en cambio, ha despertado muchos temores en el sector. El Plan establece que el Ministerio que lidera Gabriel Vallejo y las corporaciones autónomas “podrán restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades agropecuarias de alto impacto, de exploración y explotación minera y de hidrocarburos” en humedales. Para ello usarán como base la cartografía que escoja el Ministerio.

El problema es que en este momento hay dos cartografías, que arrojan números muy distintos de humedales (aunque curiosamente participaron en ellas las mismas entidades ambientales). La diferencia entre ambas es tan grande que una encontró 15,7 millones de hectáreas y otra 22 millones, más otras siete millones en potencia (que solo se conocerán al estudiarlos más de cerca).

Al final, la diferencia podría ser del doble.

El primero -que viene liderando el Ideam desde hace cuatro años- es el mapa de ecosistemas acuáticos del país, desde ríos y humedales hasta estuarios, pastos marinos y manglares. El segundo es el que lideró el Instituto Humboldt con la plata del Fondo de Adaptación, que los identifica a una escala más precisa de 1 a 100 mil.

Ambos tomaron un concepto distinto de humedal. El del Ideam los delineó a partir de las fotos satelitales que muestran el agua y la vegetación, mientras que el del Humboldt los mapeó teniendo en cuenta cómo se expanden y se contraen dependiendo de si es época lluviosa o seca. Es decir, uno los ve como un punto estático en el tiempo y el otro como lugares dinámicos donde lo importante es entender -en palabras de un ecólogo- “su huella en el tiempo”.

Lo que preocupa a seis personas del sector es que se termine adoptado un mapa que no contempla ese dinamismo de los humedales, un concepto fundamental para entender cómo se comportan y, por lo tanto, cómo hay que cuidarlos.

“Es como estudiar un río y no contemplar que el agua fluye. Para hacer un mapa de humedales no se puede partir de una foto del territorio, porque es distinto si la tomas en época seca a cuando está inundado. Y tampoco es lo mismo en un año de diluvios que ahora en año del [Fenómeno del] Niño”, dice una persona que siguió el proceso. “De hecho, es bastante escandaloso que haya dos procesos hechos por los mismos actores, con resultados distintos y pagados con plata pública”, dice un ex alto funcionario.

Tanto era el nerviosismo al interior del Ministerio por el tema que, según dos personas, hasta hace dos semanas había una orden de despacho -primero de Luz Helena Sarmiento y luego de Vallejo- de no hablar de que podrían ser casi 30 millones de hectáreas en humedales.

“Lo que buscamos es llegar a un solo atlas de humedales, que será el primero en el país y será la referencia para que las corporaciones autónomas puedan hacer la gestión”, le dijo a La Silla el viceministro Pablo Vieira, añadiendo que seguramente tomarán datos de los humedales claramente identificados del Ideam y de aquellos que cambian en el tiempo del Humboldt.

“En todo caso estamos pensando estratégicamente en el recurso hídrico -incluyendo ríos, humedales, aguas subterráneas- y en crear un marco más robusto para su gestión. Es probable que necesitemos una ley”, añade.

La preocupación es que esa decisión del mapa termine siendo más política que técnica, como ocurrió en Santurbán. Como contó La Silla, al final Vallejo optó por una salida en donde ningún sector salía perjudicado y archivó el borrador de resolución que había dejado Juan Gabriel Uribe creando un régimen de transición para agricultores con tareas muy precisas a dos, tres o cinco años.

El pulso político detrás de lo humedales

El problema es que delimitar los humedales pisa muchos callos económicos, ya que a quienes estén allí les tocaría estar sujetos a un control ambiental más estricto.

A los agricultores y ganaderos -desde pequeños hasta agroindustriales- que han ampliado sus potreros a costa de las zonas húmedas les tocaría echarse para atrás y reparar los daños. Muchos cacaos, como palmicultores en los Llanos y el Magdalena Medio y azucareros en el Valle, tendrían que responder por el secamiento de humedales.

Pero, sobre todo, podría afectar muchos proyectos que el Gobierno considera de interés nacional, de todas las ‘locomotoras’ de Santos a excepción de la de innovación.

Una de las más afectadas podría ser la de infraestructura que coordina el vicepresidente, que se podría ver frenada si le piden estudios de impacto ambiental más ambiciosos y orientados al manejo de humedales. “¿Qué va a pasar cuando se traslapen con las carreteras de cuarta generación de don Germán [Vargas Lleras]?”, dice un ex alto funcionario ambiental.

Solo en la Costa, tanto la Vía de la Prosperidad como la carretera de doble calzada Barranquilla-Ciénaga atraviesan partes de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es al mismo tiempo humedal internacional Ramsar y reserva de la biósfera.

Algo similar sucede con la Autopista al Mar de Medellín hacia el Urabá o las ampliaciones proyectadas de los aeropuertos de El Dorado -entre Mosquera y Madrid- o Santa Marta. O el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que fue concesionado sin licencia ambiental y que tiene el potencial de afectar muchos humedales circundantes en el Magdalena Medio y la depresión momposina.

Algo similar sucede con el petróleo y el gas, cuyos yacimientos se suelen traslapar -como muestran los mapas del Humboldt- con los humedales, sobre todo en las sabanas inundables de Casanare y el Magdalena Medio. “Es una ingenuidad pretender que se frenará [el sector], pero tenemos que ser conscientes de que el petróleo se acumula en zonas que geológicamente eran humedales y que estamos explorando y explotando allí”, dice un ecólogo.

Lo mismo sucede con la vivienda, como muestran los escándalos por la construcción en La Conejera en Bogotá o en Cabo Tortuga en Santa Marta.

Esa realidad se ve agravada por dos problemas jurídicos que complican aún más las cosas.

Primero, que los humedales están mal definidos en la ley debido a que, cuando Colombia firmó la convención Ramsar, adoptó su definición genérica y política de humedal, en vez de hacer la suya propia como era la idea. Es por esto que gran parte de los cuerpos de agua en el país son técnicamente humedales, incluyendo ríos, embalses, represas y cualquier sitio inundable.

A esto se le suma que, legalmente hablando, son bienes de uso público. Eso significa que por definición no puede haber propiedad privada en humedales, algo imposible de llevar a la práctica ya que muchos de los principales humedales -desde La Mojana o los valles del Sinú y el San Jorge hasta el Urabá y el Magdalena Medio- están poblados. Por no hablar de Bogotá, Barranquilla y Popayán, que están rodeadas de ellos.

“Como pasó con los páramos, el problema jurídico nos creó uno social. Entonces nos asustamos y negamos la realidad de que hay 30 millones de hectáreas de humedales porque nos tocaría expropiarlos, en lugar de cambiar el problema jurídico. Acá parece ser más fácil cambiar las leyes de la naturaleza que las leyes absurdas [como la definición o el uso público]”, dice un ex alto funcionario del sector.

Esto ha hecho que el debate sobre cómo cuidar los humedales y cómo trabajar con la gente que vive cerca -que deberían ser las dos preguntas centrales en toda la discusión- haya pasado a un segundo plano. Cuando, como dice un ambientalista, “en la convivencia está la preservación de los humedales”.

Sobre todo dado que muchos humedales están muy deteriorados, incluidos los que tienen -como Tota o la Ciénaga Grande- estatus internacional Ramsar y un mayor nivel de protección.

Este deterioro fue el que agravó los efectos de la ola invernal, ya que muchos humedales transformados no estuvieron en capacidad de absorber el exceso de agua. “No es que los humedales se le metieran a las fincas sino que las fincas se le metieron al humedal”, dice una persona que conoció la situación en el Valle.

Por eso varios reconocidos técnicos del sector advierten que la ola invernal no fue tan imprevista como se ha hecho ver y que ya había muchas señales de que podría suceder.

“La gran culpa no la tuvo el aguacero, sino la cantidad de goteras que tenía el techo. A los humedales les hemos quitado los dobladillos donde se expandían, a los ríos les hemos alterado el curso con diques y jarillones. Lo que llamamos desastres son en realidad el agua recuperando los espacios que le pertenecen, porque nosotros podemos no tener memoria pero el agua sí la tiene”, dice Gustavo Wilches-Chaux, uno de los mayores expertos en gestión del riesgo en el país.

“Hemos transformado muchos humedales, pero olvidamos que el agua no se puede controlar. Hay que ver lo que pasó con Katrina: a la mejor ingeniería hidráulica del mundo la volvió pedazos un huracán y quebró todo un estado”, dice la ecóloga Sandra Vilardy, profesora de la Universidad del Magdalena y una de las mayores conocedoras de los humedales en el país.

No es fácil cuantificar la relación entre la emergencia invernal y la mala gestión de los humedales, pero el sector coinciden en que el costo de no cuidarlos bien es ser altísimo.

Como contó Tío Conejo, el blog ambiental de La Silla, la ola invernal le costó al Gobierno el 2,5 por ciento de su PIB. Es decir, “el equivalente a juntar los tres desastres naturales más grandes de los últimos 30 años: el terremoto de Armenia (1,86 por ciento del PIB), la avalancha de Armero (0,29 por ciento) y el terremoto de Popayán (0,45 por ciento)”.

“Si está clara su importancia para combatir el cambio climático y para prevenir otra ola de inundaciones, ¿cómo es que no existe una política nacional de humedales? ¿Como es que no reconocemos explícitamente que ellos solo cumplen sus funciones ambientales cuando están bien cuidados?”, dice la ex congresista Alegría Fonseca, quien -desde su Fundación Alma- lleva dos décadas trabajando con los humedales del Magdalena Medio.

La respuesta a esa pregunta tendrá mucho que ver con qué mapa escoge Vallejo para definir cuáles son humedales. Pero sobre todo con qué cacaos y sectores económicos presionan al Gobierno para que no le suba el volumen a los controles ambientales.