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Alejandro Ordóñez acusó al Gobierno de presionar al Consejo de Estado para que éste anule su elección. Dijo que lo estaba haciendo a través del nombramiento de hijos de dos magistrados. En otras palabras, el Procurador señaló a Juan Manuel Santos de utilizar exactamente la misma estrategia que usó Ordóñez para asegurar su reelección.

Alejandro Ordóñez acusó al Gobierno de presionar al Consejo de Estado para que éste anule su elección. Dijo que lo estaba haciendo a través del nombramiento de hijos de dos magistrados. En otras palabras, el Procurador señaló a Juan Manuel Santos de utilizar exactamente la misma estrategia que usó Ordóñez para asegurar su reelección.

Los argumentos de Ordóñez es que la Cancillería nombró a la hija de la magistrada Stella Conto en París y que la hija del ex magistrado Gustavo Gómez Aranguren trabaja en el Ministerio del Interior.

 

Las dos cosas son ciertas.

En el caso de la hija de la magistrada Conto, se trata de María Carolina Albán, una socióloga con maestrías en economía y políticas públicas y desarrollo, y en proceso de hacer un doctorado en economía en La Escuela de Economía de París con una beca de Colfuturo.

Albán fue nombrada segunda secretaria en la embajada en París en agosto del año pasado, tras una carrera esencialmente académica como asistente de investigaciones de Colciencias y la Universidad del Rosario, entre 2001 y 2006, del Icfes entre 2006 y 2008 y consultora de la Ocde entre 2009 y 2014, cuando fue nomrbada.

En el caso de la hija del ex magistrado Gómez, se trata de Victoria Carolina, una politóloga de la Universidad de Los Andes que trabajó como coordinadora de la Maestría en Ciencia Política de su universidad entre 2005 y agosto del año pasado. En noviembre de 2014 Juan Fernando Cristo la nombró como su asesora en el Ministerio, en el rango más bajo de los asesores y con un salario básico de 5,3 millones de pesos.

Lo que no dijo Ordóñez es que si el hoy ex magistrado Gómez (que ya no va a votar la demanda de la reelección del Procurador) tiene una hija trabajando en el Gobierno, su otra hija trabajaba con Ordóñez cuando éste buscó la reelección y el voto de Gómez le resultaba útil: como contó La Silla en 2012, Carmen Helena Gómez Segura fue nombrada en 2011 por Ordóñez como su asesora, con un salario básico mayor al de su hermana del Interior, de 7.4 millones de pesos.

Es decir, lo que Ordóñez critica hoy es algo que él hizo para beneficiar a la misma persona y cuando sí podía intervenir a su favor.

Y este es apenas un ejemplo de que el Procurador ha usado la estrategia que hoy le parece reprochable.

Como contó La Silla a finales de 2012, cuando Ordóñez estaba calentando motores para ser releegido, el Procurador había nombrado a por lo menos 76 amigos o familiares de altos magistrados y congresistas, incluyendo de siete consejeros de Estado de quienes dependía su nominación.

Esos nombramientos eran, en su mayoría, en cargos de Procurador Judicial I (que tiene unos ingresos mensuales de alrededor de 18 millones de pesos) o de Procurador Judicial II (que ganan unos 21 millones de pesos), y eran de libre nombramiento y remoción de Ordóñez.

Ésta es la lista completa de esas fichas (si no abre, por favor refresque su navegador):

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