Informe de Cidh mina la posición de Duque como líder de una democracia ejemplar

Era de esperarse. La visita del organismo, que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo como motivo las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el marco del paro. Especialmente, las de la Fuerza Pública contra manifestantes, que el Gobierno ha sido reacio a reconocer como un fenómeno preocupante.  

Además, Duque se había resistido a la visita desde el inicio y duró un mes en darle el beneplácito a la llegada de los comisionados. Y el informe, que se conoció hoy, contiene recomendaciones que fueron abiertamente rechazadas por el Gobierno, tanto por el presidente Iván Duque como por la Canciller, Marta Lucía Ramírez. 

Más allá de los debate puntuales entre Duque y la Cidh —como si la Policía debe pasar al Ministerio del Interior o si los bloqueos son formas legítimas de protesta— el informe golpea la posición internacional que sostiene el Gobierno Duque, de que en Colombia existe una democracia garantista al derecho fundamental de la protesta. O, en las palabras de que usa la respuesta de la Cancillería colombiana al informe, que “el Estado colombiano cuenta con una institucionalidad democrática sólida, participativa y pluralista, (...) y con capacidad para hacer frente a los hechos relacionados con las protestas”.  

Esta visión, cuestionada a lo largo del informe de 48 páginas de la Cidh, es importante para el Gobierno por, al menos, dos motivos. Uno relacionado con su política internacional, definida por su postura de defensores de la democracia regional, especialmente en contraste a la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela. Una posición que ya defiende sin el apoyo de la nueva Administración Biden en Estados Unidos. 

Por otro lado, internamente, el informe de la Cidh, alimenta las críticas de los opositores de Duque por su manejo del paro. Estas críticas han escalado en intensidad, hasta cuestionar la legitimidad misma del Estado colombiano. “Estado asesino”, se repite en graffitis en las paredes. Y hoy el senador Gustavo Petro, criticó que “como todo dictador Duque desatendió las recomendaciones de la Cidh”.

El golpe internacional

Duque le da especial relevancia a la imagen de Colombia en el exterior, especialmente en momentos de crisis como el manejo del Paro. Su autoentrevista en inglés fue una muestra. Una respuesta internacional, controlada, que buscó señalar las motivaciones políticas detrás de las movilizaciones, principalmente de su opositor, Gustavo Petro. 

A lo que se sumó la gira exprés que montó su recién nombrada canciller, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por Estados Unidos. Durante su gira pasó por la Cidh, con sede en Washington, que fue vista dentro del organismo como un gesto de deferencia hacia el sistema diplomático interamericano. Allí, con tono mesurado, envió mensajes clave de respeto a la protesta, de que había “reclamos válidos” de la calle y de el compromiso a investigar los casos de abuso policial. 

“El Gobierno Nacional tiene que representar a todo el país y tiene que propiciar que en la conversación, en medio de las diferencias que son normales en una democracia, confluyan aquellas cosas que nos unen y que nos permitan sacar adelante esa importante agenda de reformas”, dijo a El Tiempo en otro momento de tensión, durante el Paro de 2019.

Eso porque durante todo su mandato, Duque ha buscado consolidarse como líder regional de una democracia estable. 

De hecho, antes del Paro, Duque recibía aplausos internacionales por el Estatuto Temporal de Permanencia para migrantes venezolanos, una audaz política que garantiza a 10 años la regulación de casi un millón de personas. Una propuesta que ayudó a tender puentes con el gobierno de Joe Biden, que solo hasta hace unos días tuvo una llamada oficial con el presidente colombiano.

La imagen que venía construyendo Duque y que estaba rearmando la canciller Ramírez –quien está de nuevo en Estados Unidos esta vez en una gira para calmar los ánimos de inversionistas tras la pérdida del grado de inversión a Colombia– queda aún más golpeada de lo que ya estaba por el informe de la Cidh.

El organismo, al que Colombia reconoce por hacer parte del Sistema Interamericano de la OEA, dice que “la respuesta del Estado (en las protestas) se caracterizó por el uso excesivo de la violencia y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal”. 

Advierte que recibió información “extremadamente preocupante” sobre civiles armados disparando a manifestantes “aparentemente con la aquiescencia de miembros de la Policía”. Que hubo denuncias sobre violaciones sexuales, acoso a la prensa que provocó autocensura, cuestionó la medida de traslado por excepción y recibió denuncias de abusos policiales contra mujeres, indígenas y afros.

El organismo dijo estar preocupado por una posible falta de separación de poderes públicos, especialmente de la Procuraduría, debido a las indagaciones preliminares abiertas a funcionarios y congresistas de la oposición en el marco de las protestas. “Algunos funcionarios de elección popular informaron sobre el temor de enfrentar procesos disciplinarios que puedan derivar en sanciones como la separación de sus cargos”, dice en uno de los apartes del informe. 

Por lo que le pide al Estado “tomar medidas” para perfeccionar la independencia “práctica y efectiva” de los poderes públicos y entes de control.

Asimismo, criticó la disparidad de cifras entre organismos estatales y los reportados por organizaciones civiles especialmente en los números de personas desaparecidas y fallecidas en el marco de las protestas. Como mostramos en su momento, las cifras de ONG como Temblores y Human Rights Watch son más transparentes en sus criterios que las que maneja la Fiscalía.

Finalmente, entre sus 40 recomendaciones al Estado colombiano, la Cidh pide separar a la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos”. Esa propuesta –que no es única de la Cidh y ha sido reiterada por organizaciones civiles como Dejusticia– está sustentada en que la misma Comisión advirtió que hay “persistencia en lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”.

Si bien la Comisión hizo todo un apartado sobre las violaciones a derechos civiles como la salud y alimentación que fueron vulnerados por los bloqueos en las vías; también defendió estas vías de hecho y pidió que no sean prohibidas, tal y como quiere el Gobierno Nacional a través de una ley antivandalismo. 

“Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”, dice la Cidh en las recomendaciones en las que pide al Estado responder a eventuales bloqueos “con base en consideraciones particulares, siempre y  cuando sus eventuales restricciones atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática”.

Justamente para hacer seguimiento a la aplicación de medidas por parte de Colombia, la Cidh informó que instalará un mecanismo de seguimiento para derechos humanos “que contribuya a la consolidación de la paz en diversos sectores de la sociedad”, que desde Washington hará visitas periódicas e informes posteriores.

Duque y su canciller Ramírez rechazaron al unísono, desde Bogotá y Nueva York, los mismos apartados del informe. Una respuesta que refuerza la percepción de que el Gobierno ve un país diferente al que visitó la Cidh.

Dos visiones del mismo país

Las respuestas al informe del Gobierno, a través del presidente Duque y la canciller Ramírez muestran que el Gobierno ve unas razones diferentes a la protesta. Si bien reconoce que, en su mayoría, fueron pacíficas, ha sido insistente en señalar que la intervención de la Fuerza Pública se dio solo cuando hubo daños a la infraestructura y violaciones a derechos de los que no protestaban. 

Además, que las acusaciones por abuso policial siguen siendo casos aislados, que “que la Fiscalía General de la Nación avanza –desde su autonomía– en las investigaciones de cada uno de estos delitos, que comprenden los actos de la Fuerza Pública”, según el comunicado de la Cancillería.

Duque y Ramírez reafirmaron que en Colombia, a diferencia de otros países con dictaduras, como Venezuela y Nicaragua, las instituciones funcionan: “Nosotros como nación de instituciones y de una democracia estable y sólida seguiremos siempre reconociendo y defendiendo el derecho a la protesta pacífica”, dijo a su turno Duque. 

Esa visión de que el Estado colombiano funciona y que los cambios requeridos se están realizando, es reforzada con las negativas inmediatas del Gobierno a las recomendaciones de la Cidh, especialmente en tres aspectos.

La más inmediata, la de aceptar un mecanismo de verificación de la Cidh en el país. “Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”, dice este informe de respuesta de la Cancillería.

Eso pese a que la Comisión advirtió en su informe que la disparidad de cifras y de hipótesis sobre las muertes de personas en el marco de las protestas es “de extrema preocupación” y que son un “obstáculo en el acceso de la justicia”.

La visión del Gobierno es que no es necesario un nuevo mecanismo, porque en Colombia hacen presencia cerca de una veintena de misiones de verificación, como la Mapp OEA y las comisiones de la ONU. “En Colombia hemos tenido nosotros durante esta época de los paros, una gran cantidad de instituciones”, dijo la Canciller. 

Otra muestra es la negativa al cambio de la Policía del Ministerio de Defensa. Un cambio transformador dentro de esta fuerza de 157 mil uniformados que el Gobierno nunca ha contemplado en el marco de la reforma a la Policía. Una que ya adelanta y para la cual radicará varios proyectos de ley en los próximos días. 

La razón radica en que, como reiteró hoy Duque, sacar a la Policía del Ministerio podría implicar una “politización” de esta fuerza. Su tesis se basa en lo que ocurrió hace 70 años en el gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

A lo que se suma la insistencia de Duque de prohibir los bloqueos y tipificar como delitos varias conductas vandálicas dentro de las protestas, como ya anunció en un próximo proyecto de ley antivandalismo, que hoy el Gobierno dijo que busca reglamentar el derecho a la protesta.

La Cidh insistió en su informe que los bloqueos (que llamó “cortes de ruta”, una calificación que el Gobierno rechazó) ocurren de formas diferentes y no tienen las mismas características. Y que, según datos de la Policía, de los 1.937 que hubo, la mayoría (1.776) duraron “de 1 a 3 días”, 115 duraron más de una semana y que 9 se extendieron por más de un mes, principalmente en Valle.

Para el Gobierno, esa propuesta fue considerada casi al nivel de una ofensa. “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, dijo Duque esta mañana. Horas antes, en un tono muy similar, Uribe había rechazado la misma solicitud de la Cidh y pedido “crear conciencia colectiva sobre el daño de los bloqueos a la economía, al empleo y al tejido social de la Nación”. 

El Gobierno sustenta su tesis de que los paros son ilegales por las afectaciones a los derechos de los que no protestaban: “Vimos niños morir en ambulancias, ciudades desabastecidas, personas perder el empleo y limitar su movilidad por cuenta de esos bloqueos y están claramente condenados en nuestro código penal y seguiremos defendiendo el código penal para la protección de derechos”, insistió Duque hoy. 

Más allá de las visiones distintas, de la Cidh y del Gobierno, lo que importa en la política es la percepción que queda. En ese sentido, se profundiza, ahora desde la voz de un organismo con cierto peso regional, la idea de que hay problemas estructurales en la democracia colombiana. Esa percepción recae sobre el presidente Duque y su Gobierno. 

Por otro lado, la reacción al informe  —desde el Gobierno, el Centro Democratico y la oposición— solo refuerzan una de las observaciones más reiteradas de la Cidh: que en Colombia “la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social”.