El paro entra a su segundo mes con una mesa de negociación bloqueada

Hoy se reúne nuevamente la mesa del Gobierno y el Comité del Paro, la instancia de negociación principal para pasar de las calles y los bloqueos a cambios concretos. El ánimo será muy distinto al que había la última vez que se sentaron. En la noche antes del encuentro el Gobierno no le había informado al Comité ni siquiera el lugar exacto de la reunión en Bogotá. 

Fuentes de ambos bandos directamente involucradas en la negociación le dijeron a La Silla Vacía que las posiciones son tan encontradas que, luego de jornadas de negociación de más de 15 horas, la de hoy podría ser una reunión corta. La mesa podría levantarse. Ni el Gobierno va a avanzar si el Comité no rechaza públicamente los bloqueos de carreteras, ni el Comité va a rechazar la obstrucción de vías, que, con aperturas intermitentes, piensan hace parte de la protesta legítima. 

“No nos vamos a mover ni un centímetro”, le dijo a La Silla una persona dentro del Gobierno que conoce de primera mano la negociación y pidió no ser nombrada porque no es vocera. “Nosotros ya fijamos posición sobre los bloqueos, de ahí no nos vamos a mover, y el Gobierno eso lo sabe hace rato”, dijo Óscar Gutierrez Reyes, de Dignidad Agropecuaria.

Este ambiente contrasta con el ánimo de hace unos días. El miércoles pasado había optimismo y la sensación de avance, finalmente, luego de tres semanas de paro. Las partes habían llegado a un acuerdo, trabajado en ocho reuniones, sobre un texto donde el Gobierno adquiría unos compromisos de dar garantías a la protesta. La mesa se levantó para que los negociadores del Gobierno lo refrendaran con el presidente Iván Duque. 

En ese documento de garantías el Gobierno Duque acordaba implementar protocolos adicionales ante los excesos policiales. Cosas como reglamentar las detenciones de mujeres, hacer explícitos mecanismos de información para dar con el paradero de personas reportadas como desaparecidas, y un lenguaje de rechazo a los abusos. Además, como contamos, también incluía una promesa de no invocar la figura de la conmoción interior si la protesta es pacífica, pero sin renunciar a la facultad legal que tiene de hacerlo.

Las garantías fueron la condición del Comité para empezar a negociar su pliego de seis puntos. Con este avance, según nos dijeron miembros de ambos lados, las negociaciones serían más rápidas, y a pesar de las amplias peticiones sobre salud, educación, subsidios y protección al agro, había disposición de ceder. 

El jueves en la tarde, los miembros negociadores del Comité del Paro, un grupo de, sobre todo, curtidos sindicalistas que representa a la coalición de más de 20 organizaciones, esperaban con ansias una llamada del Gobierno. Esperaban la razón de lo que había dicho el presidente Duque del documento de garantías. Dos funcionarios del Gobierno le habían confirmado a La Silla que el acuerdo tenía el visto bueno del Ministerio de Defensa e Interior. Faltaba la revisión de la Casa de Nariño.

Pasaron las horas y no llegaba la luz verde.

A eso de las 6 de la tarde los negociadores del Comité recibieron una llamada para que fueran al Club de Convenciones de Compensar, en Bogotá. Emilio Archila, el Consejero para la Estabilización que encabeza desde la semana pasada a los negociadores del Gobierno, les anunció que para aprobar el documento de garantías a la protesta necesitaban incluir una exigencia adicional.

Como lo dijo ante medios luego de levantarse de la negociación, “durante esta sesión el Gobierno del presidente Iván Duque ha exigido la garantía de los desbloqueos para los colombianos”. Si bien esta era una solicitud que había hecho antes el Gobierno, ahora se incluía como una exigencia dentro del documento de garantías para la protesta. La negociación, de nuevo, quedó frenada. 

Archila es un abogado, experto en temas financieros, que se volvió clave en la implementación del Acuerdo dentro del Gobierno y frente a la comunidad internacional. Tomó el liderazgo de la delegación del Gobierno tras la renuncia de Miguel Ceballos, el excomisionado de paz de Duque. En una misma semana, en medio del paro, Ceballos dejó el Gobierno, la negociación, y se lanzó a la presidencia criticando a Uribe.

Archila no respondió a solicitudes de entrevista para esta historia. 

Además del liderazgo, dicen en el Comité, también cambió la posición. “El Gobierno lo que quiere es reabrir la discusión de garantías”, le dijo Alirio Uribe, uno de los negociadores del Comité a La Silla. “Hoy vamos a llegar a decirle al Gobierno que no sean tramposos, que no engañen”, dijo otro negociador, Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).  

El giro del Gobierno agrega un elemento adicional. Uno, que según perciben en la mesa, viene con el sello del partido del presidente Duque, el Centro Democrático.  

En la antesala de la reunión de hoy, el Gobierno dijo que les enviaría a los miembros del Comité sus observaciones al documento de preacuerdo, las cuales girarían sobre el tema de la conmoción interior. Pero tampoco llegaron esos comentarios, así que hoy los del Comité se sentarán a enterarse de esas objeciones. 

Mientras tanto, los embajadores de los países pertenecientes a la Unión Europea en Colombia y el representante del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, terciaron para que la mesa logre una concertación que le de salida pacífica a la crisis actual: “Invitamos a las partes a aprovechar la reunión para alcanzar los consensos necesarios”, dijeron. 

Bloqueos o cortes de vía

Para algunos de los miembros del Comité, una nueva jornada sin acuerdo es una señal que los confirma en un escepticismo sobre las intenciones del Gobierno. Alirio Uribe, ex representante a la Cámara por el Polo Democrático, dice que lo que ve en la declaración de Archila es el intento por reabrir la discusión de garantías de la protesta. Es decir, después de ocho reuniones, los devuelve al punto cero. 

“Creemos que quieren reabrir la discusión en torno al tema de la conmoción interior, diciendo que tiene observaciones. Pero con ese cuento nos van a seguir mamando gallo y así van a dilatar para no negociar”, dice. Desde el Gobierno, el negociador principal Archila, ha insistido en decir que el Comité ya estaba informado de esto. “Desde el 17 de mayo le dijimos al Comité del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto, ese requerimiento no es nuevo”, dijo Archila en el comunicado leído la noche del jueves. 

Los costos de la protesta, especialmente de los bloqueos alrededor del puerto de Buenaventura, han sido enormes. No hay cifras claras, se habla de billones de pesos, pero empresas grandes y pequeñas han sido sin duda afectadas, especialmente en el suroccidente del país. Por eso el Gobierno ha insistido en que los bloqueos son formas ilegítimas e ilegales de protesta.

Sin embargo, La Silla supo por fuentes, tanto del Gobierno como del Comité, que el miércoles, cuando el Gobierno salió a refrendar el preacuerdo con el presidente Duque, esa condición aún no estaba expresamente en el documento de garantías. Sí había un aparte, con número y todo, el C-4, en donde ese tema quedaba incluido como uno de los puntos a desarrollar en la negociación posterior, según le dijo a La Silla una fuente que ha estado involucrada en la redacción del acuerdo. 

Y sobre la petición inicial de Archila de rechazar los bloqueos de las vías, algunos miembros del Comité cuentan que su postura se la han dejado clara al Gobierno desde hace tiempo. “Hemos dicho que estamos en contra de la violencia en las vías del país. Hemos condenado los bloqueos en los cuales se pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y los derechos de los ciudadanos. Eso Emilio lo sabe, porque el Comité ha sido insistente en defender la protesta pacífica”, nos dijo Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria.

Pero también hizo énfasis en el matiz que todavía los diferencia. Mientras que el Gobierno les pide que digan que ningún bloqueo es una forma de expresión legítima de protesta, ellos creen que sí es válida, siempre que no las cierren totalmente y permitan “corredores humanitarios”. 

“Esto no es nuevo, durante años muchas personas han encontrado en salir a las vías la forma de hacer que el Gobierno los escuche. Si no están poniendo en peligro los alimentos o la salud de alguien con esa presencia, ¿por qué tenemos que condenarlos?”, dice Gutiérrez. 

Sin embargo, dentro del Comité sí hay matices acerca del alcance de estos cierres. Dignidad Agropecuaria, un movimiento cercano al partido Dignidad de Jorge Robledo, publicó el viernes un comunicado en el que señalaba su posición: “A quienes están en los cierres totales de vías los exhortamos, como lo hemos dicho, a que supriman los cierres totales de las vías y exijan negociaciones con el Gobierno nacional”. 

Arias, de la CUT, añade que en la mesa de negociación hay un consenso sobre no llamar a levantar los bloqueos. Por un lado, porque no es el Comité directamente el que los organiza. Por el otro, porque los consideran legítimos. Pero Arias sí señala que hay sectores más afines a la Coalición de la Esperanza (integrada, entre otros, por Jorge Robledo) que ha pedido levantar los bloqueos. Entre estos, estarían Nelson Alarcón, de Fecode, y el mismo Guitíerrez de Dignidad Agropecuaria. 

Arias representa sectores de una línea más dura en este tema. “Hemos mantenido los corredores humanitarios, y a pesar de los errores, como los de bebé de Buenaventura, estos no nos pueden llevar a pensar que los vamos a rechazar. Olvídese que ese punto no lo entregamos. ¿Una huelga qué es? ¿no es el cierre de la producción? ¿no son para afectar el capitalismo?”. 

Defiende su posición, además, apelando al contexto internacional. Dice que para organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los “cortes de vías”, como los llaman, no son delitos, pues hacen parte del ejercicio de la protesta. 

Esta posición fue reafirmada en un comunicado del Comité del Paro, “los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas”. 

Frente al comunicado Archila respondió diciendo: “Los desbloqueos deben ser totales y absolutos. Esperamos que de aquí al domingo haya tiempo para que se recapacite y encontremos cuál es el bien de todo el país”.   

Pero dentro del Comité, y más allá de la exigencia de rechazar los bloqueos, lo que hay es la idea de que ha crecido la influencia del uribismo sobre el Gobierno, lo que cortó los avances de la negociación. 

La sombra del uribismo sobre la mesa

“Duque ha resuelto entregarles el proceso otra vez. Van a preparar un golpe de estado con la conmoción interior. En este punto, al uribismo no le sirve ni Duque”, dice Arias, de la CUT. 

Ese rol del uribismo dando línea en las decisiones del Gobierno se vio en las críticas que le hizo Álvaro Uribe, y otros senadores del Centro Democrático, al acuerdo hecho entre el Comité del Paro en Buenaventura y dos jóvenes delegados del Gobierno. Se trató de Juan Camilo Restrepo, Viceministro de Desarrollo Rural, nombrado como nuevo Comisionado de Paz, y Juan Pablo Diaz Granados, Viceministro de Relaciones Políticas de Mininterior.

El acuerdo, firmado el 26 de mayo, buscaba habilitar un corredor “por la vida y la paz” para permitir el paso desde y hacia Buenaventura de comida, combustible, químicos, insumos médicos y residuos sólidos hospitalarios, entre otros. Pero fue duramente cuestionado porque contenía  un numeral que decía que la inspección documental y ocular ejercida por la Policía estaría acompañada por “máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro”.

Esto provocó fuego amigo desde la línea del uribismo dentro y fuera del Gobierno. En Blu Radio, el Ministro del Interior, Daniel Palacios, salió a desautorizar lo que se había escrito en el acuerdo. “Pretender que los del Comité del Paro decidan qué puede o qué no puede entrar, no estoy de acuerdo”, dijo Palacios. Más adelante, el mismo Duque salió en radio a reforzar esta tesis.  

Esto, a pesar de que, según Edwin Patiño, Personero Distrital de Buenaventura y quien fue garante en los diálogos, el objetivo del acuerdo no era darle a civiles el poder de revisar la carga de los camiones: “La idea de verificar era que los miembros del Comité pudieran contar cuántos camiones salían para coordinar que los dejaran pasar sin problema en otros tramos de la vía, no revisar lo que tenían los contenedores”. 

El caso es que las críticas al acuerdo logrado en Buenaventura sirvieron para ponerle peso a la tesis de que el Gobierno le estaba dando al Comité del Paro atribuciones del Estado. Al tiempo, le dio la ocasión al Gobierno— a costa de desautorizar a sus propios funcionarios— para reafirmar la posición de que no abrirá ningún espacio de negociación “mientras se estén bloqueando los derechos de los colombianos”. 

Incluso dio para que el uribismo sugiriera que se levante la mesa con el Comité si persisten los cierres. En un comunicado, el Centro Democrático pide “rechazar cualquier negociación con el Comité, pues negociar con bloqueos y violencia es continuar con la destrucción de la democracia”. 

Este es un escenario que se sopesa con visiones distintas dentro de la negociación.  

El Comité insiste en negociar, el Gobierno tiene plan B

En el Comité no se van a levantar de la mesa. Una persona que pidió no ser identificada porque no tiene vocería, resaltó que ya hay garantes, mesa, negociadores, solo falta la voluntad del Gobierno. “No vamos a ser nosotros los que dejemos las sillas vacías”, afirmó. 

Además, está la presión de la calle. Aunque no hay fecha pactada aún, algunos ya dan por hecho de que la manifestación seguirá. “Vamos a paro el otro miércoles nuevamente, y asi queremos que sean todos los miércoles de aquí para adelante hasta que el Gobierno se siente a negociar. Vamos a hacer de los miércoles un domingo”, dice Arias. 

Por otro lado, dentro del Gobierno hay personas que piensan que las divisiones dentro del Comité podrían hacer factible, si se rompe la mesa, que haya negociaciones con las organizaciones que sí quieren abrir por separado. “Hay líderes dentro del Comité que están bajo mucha presión para negociar. Sus afiliados están perdiendo trabajos, otros no pueden sacar sus cosechas” , dijo esa persona. 

Además, si se cae, el Centro Democrático ya ha presentado una alternativa, que esbozó en este documento. Propone el despliegue de la Fuerza Militar y “militarización del territorio nacional en zonas donde hay grave amenaza contra la seguridad”. Medida que ya avanza de manera parcial  con el decreto con el que el presidente ordenó desplegar Fuerzas Militares en 21 zonas del país bajo la figura de la asistencia militar. 

Sobre el cálculo de estas opciones para el Gobierno pesa lo que sucedió, por ejemplo, en Cali, durante la jornada que conmemoró un mes del paro. En medio de marchas enormes y pacíficas hubo más de 10 personas muertas, en choques entre civiles, y con la Policía. Puede que el Gobierno quiera ahora presionar al Comité del Paro por los bloqueos. Pero al final, el presidente es Duque, y es él el que tendrá que asumir el peso de tener una negociación bloqueada, mientras privilegia la fuerza, y sigue el paro.