Gabriel Vallejo Chujfi

Vallejo nació el 22 de septiembre de 1976 en Pereira. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Desde el 2001 fue director jurídico y secretario general de la Cámara de Comercio de Pereira, hasta el 2004. 

Ese año se fue a Inglaterra a estudiar inglés, y regresó a manejar una empresa familiar, C.I Productos Básicos Import & Export. 

Mantuvo su relación con la Cámara pues con el apoyo de empresarios comerciales, metalmecánicos, de confección, salud y de restaurantes, a los que fue cercano cuando trabajaba allí, fue elegido como miembro de la junta directiva, que en 2006 lo nombró su presidente. 

En 2007 salió y fundó una pequeña firma de abogados dedicada a prestar asesoría y consultoría para litigio en derecho corporativo, comercial y tributario. 

En ella fue asesor y consultor de empresas industriales, metalmecánicas y de confección, y de entidades públicas como el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira. A la vez, daba clases de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Pereira. 

Tras 10 años, en 2017 decidió saltar a la política y se lanzó a la Cámara de Representantes con el aval del Centro Democrático, y en llave con el hoy senador Alejandro Corrales. 

Cuenta que esa decisión la tomó porque lo tocaron escándalos como el cartel de la toga y la corrupción del fiscal delegado anticorrupción, y que para él el Centro Democrático era el partido ideal pues se identifica con sus postulados y con los de Álvaro Uribe, sobre todo en seguridad (“un país con miedo es un país inviable”, dice), confianza inversionista( una “armoniosa relación entre el empresario y el trabajador”)  y un Estado pequeño.

Como el Centro Democrático estaba buscando nuevos liderazgos políticos con gente nueva alejada de la política y los partidos tradicionales, tuvo acceso gracias no a relaciones políticas sino a las que tenía con la clase empresarial.

En particular gracias al dueño de Tecnodiesel, Eduardo Castrillón, un uribista purasangre amigo de Uribe, miembro del comité directivo departamental del Centro Democrático y gerente departamental de la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el 2014, a quien Vallejo es cercano por haber sido el asesor jurídico de su empresa. 

Castrillón lo invitó a hacer parte de un proceso de selección de aspirantes, en el que el comité departamental entrevista y evalúa sus propuestas de cada uno, para que luego la dirección nacional definiera a quién dar el aval. 

Vallejo y una fuente de las direcciones departamental y nacional concuerdan que que lo eligieron cabeza de lista por mérito, no por su amistad con Castrillón.

Su campaña duró 63 días y costó alrededor de 300 millones de pesos, que consiguió con donaciones de empresas a como Frisby, Tecnodiesel y Cristaltec, que dio el mayor aporte, de unos 37 millones de pesos en especie (publicidad en periódicos y vallas). 

Salió elegido luego de obtener 23.698 votos, la votación más alta de su partido en Risaralda, y para fines de 2020 forma parte de la Comisión Primera y de la Comisión Legal de Ética. 

En el Congreso Vallejo se ha mostrado como un uribista purasangre, que defiende ideas como un congreso unicameral, el liberalismo económico como “único camino para enfrentar al populismo”, es crítico del Acuerdo de Paz, así como de la JEP y de la Comisión de la Verdad, del progresismo, está en contra de la regulación del consumo de marihuana, y es férreo defensor de la Fuerza Pública. 

También ha sido muy crítico del progresismo, de la izquierda y por ejemplo en octubre de 2020 fue crítico de la Minga que llegó a Bogotá. Y aunque consideró la Consulta Anticorrupción de 2018 como un ejercicio democrático muy importante, y votó a favor de seis de sus siete puntos, cree que al final no quería luchar contra la corrupción, sino que era una cosa electoral” de Claudia López.

En el Congreso sonó en 2019 porque una acción suya hundió la ley que eliminaba el beneficio de casa por cárcel para los corruptos cuando estaba a punto de salir adelante.

Algunos funcionarios del Gobierno como la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le dijeron que lo esperaban en la secretaría de la Comisión Primera para firmar el conciliado de ese proyecto, así que fue y firmó como conciliador de la Cámara. 

Pero él no había sido designado conciliador, y por eso nunca hubo conciliación y el proyecto se hundió. 

“Es una cruz que voy a cargar toda mi vida, pero salí a dar explicaciones y todos los partidos me respaldaron, incluso Farc. Al final eso terminó solucionándose con la Ley 2014 de 2019”, dice para referirse a otra que incluye ese tema.