Diez personajes claves para el posconflicto en el Pacífico

Desde 2013 Cortés lidera la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), organización que federa 15 consejos comunitarios afro de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Recompas se ha  convertido en la punta de lanza que promueve la sustitución de cultivos en el municipio con más cultivos de coca del país, en medio de la reticencia que han manifestado algunas asociaciones sociales de campesinos.

De hecho, fue de las primeras organizaciones que levantó la mano cuando recién comenzó la firma de acuerdos voluntarios de sustitución en Tumaco a principios de este año. Y aunque han tenido que esperar mucho tiempo para lograr firmar los acuerdos individuales -que son los que permiten no sólo recibir los reembolsos y comenzar a sustituir, sino hacerle seguimiento al programa- se han mantenido firmes en su intención de hacer parte del Pnis.

Lo han hecho incluso a pesar de la violencia que se ha recrudecido en Tumaco con la aparición de disidencias de las Farc y otros grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo que se oponen a la sustitución. Esta tensiones llegaron a su punto más álgido a comienzos de octubre cuando murieron seis campesinos en medio de enfrentamientos con la fuerza pública; luego fue asesinado el líder afro Jair Cortés de la junta del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera que hace parte de Recompas. 

A la cabeza de esta organización étnico-política, Célimo Cortés ha estimulado las conversaciones entre el gobierno y la población civil de estos municipios que buscan una solución a la falta de coordinación entre los programas de sustitución voluntaria y la erradicación forzada.

Estupiñán es el encargado de que el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de la zona del Pacífico sur y frontera, que agrupa 11 municipios nariñenses, aterrice como toca en una región donde abundan los conflictos sociales, sobre todo entre campesinos, afros e indígenas.

Estos planes se elaboran con base en pactos que se hacen con los alcaldes y los líderes comunitarios de cada municipio para definir qué bienes públicos (desde colegios, puestos de salud y hasta distritos de riego) son prioritarios en cada zona. 

El gerente del Pdet lidera un equipo que trabaja para la Agencia de Renovación del Territorio, ANT, que es la encargada de aterrizar estos planes en 16 subregiones del país.

Estupiñán será el encargado de hablar con todos los alcaldes y con el gobernador Camilo Romero para que sus oficinas se muevan y agilicen los trámites para adelantar el aterrizaje del Plan en una región que es clave para el posconflicto, ya que es al mismo tiempo puerto de embarque, frontera y centro del tráfico de insumos químicos para la producción de cocaína, por lo que representa un botín para los grupos armados ilegales que se están disputando el espacio que dejaron las Farc.

El Instituto que lidera Manuel Ramiro Muñoz ha sido pionero en la apertura de espacios de diálogo entre los diferentes actores sociales involucrados en el conflicto y en el desarrollo de programas institucionales para aterrizar diferentes puntos de los acuerdos de paz.

Por ejemplo, en alianza con la oficina del Alto Comisionado para la paz y desde diciembre del 2015, el Instituto se dedicó a investigar y a sistematizar información para hacer una radiografía completa de las regiones más afectadas por el conflicto.

Así, también está acompañando a la ARN para diseñar junto con las comunidades el Plan de Desarrollo Territorial con enfoque Territorial, PDET, en el norte del Cauca, que comprende municipios del sur del Valle y el norte de Nariño. En este trabajo se están enfocando especialmente en los municipios de Buenos Aires y Caldono, donde están dos de las zonas veredales del Norte del Cauca.

El Instituto amplió su oferta de diplomados en las líneas de diálogo intercultural, planeación participativa y desarrollo y construcción de paz que hasta ahora dictaban a afros, indígenas y campesinos para incluir también a ex guerrilleros de las Farc.

Por otro lado, está trabajando de la mano con la Procuraduría General de la Nación y la Fundación Guernica 37 de la abogada Almudena Bernabeu para reconstruir casos emblemáticos de violencia en el Norte del Cauca y Buenaventura con el fin de que este material nutra los informes que tendrá que presentar la Procuraduría ante la Justicia Especial para la Paz, JEP.

Este líder del Comité por los derechos de las Víctimas de Bojayá (Chocó) es una de las figuras más visibles que tienen hoy las víctimas del conflicto armado en el país.

A nivel local, Leyner ha sido clave para catalizar el proceso de reconciliación entre la población civil y los actores armados, especialmente las Farc. Ha tomado la vocería de las víctimas de la masacre para que el Gobierno cumpla con la tarea de exhumación de las víctimas, atienda a los lesionados que sobrevivieron y edifique un plan de reparación colectiva.

De la mano de la Unidad para las Víctimas, emprendió un acercamiento en la mesa de negociaciones de la Habana con los miembros de las Farc que permitió el reconocimiento de la responsabilidad de la guerrilla en la masacre y resultó en la ceremonia del acto de constricción que simbolizaba el comienzo efectivo de una reconciliación.

Como líder de la asociación de consejos comunitarios del Atrato, Cocomacia, ha hecho parte de una iniciativa para actualizar las normas de los consejos comunitarios de Chocó para lograr que esas comunidades se relacionen con los ex combatientes que están volviendo a sus territorios y puedan definir cuáles son las normas o criterios que van a regir su comportamiento.

Fue nominado el Nobel de Paz en 2016 y viajó con Santos a Oslo para la ceremonia. Ganó este año el Premio Mundial por Pluralismo en reconocimiento de sus logros en materia de defensa de los derechos de las víctimas y de promoción del respeto a la diversidad.

Además de su participación en las negociaciones con las Farc, hizo parte de la comisión que viajó a Quito para dialogar con el ELN. Allá expresó la preocupación de los civiles en el Chocó que siguen sufriendo las consecuencias de la falta de coordinación de los altos mandos de esa guerrilla con sus grupos que siguen muy activos en esta zona.

Para él, defender el proceso de paz es una obligación moral. Ahora, aspira a poner en práctica esa defensa como candidato a la circunscripción especial de paz en Chocó.

Es el actual Procurador encargado para asuntos étnicos de la Procuraduría General de la Nación, un cargo que nació este año y que pretende defender los derechos de las minorías étnicas en el país impulsando y acompañando temas como la implementación del acuerdo de paz de La Habana, la consulta previa, o la reglamentación de la Ley 70 de 1993 de Comunidades Negras. Moreno se ha convertido en un interlocutor entre la población del Pacífico y las instituciones gubernamentales que muy seguramente seguirá facilitando las débiles vías comunicativas que ha tenido la región con el gobierno central.

Ha tenido una larga trayectoria como líder social afro en organizaciones como Cocomacia, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa) que jugó un papel esencial en la redacción del capítulo étnico del acuerdo de paz. Eso le ha permitido servir de interlocutor válido entre las comunidades y el Gobierno.

Se hizo conocido a nivel nacional hace un año por medio de una intervención en el debate en la plenaria del Senado sobre la refrendación de los acuerdos de paz en la cual hizo un llamado a la Colombia urbana a atender las ansias de paz de las zonas asediadas por el conflicto armado.

Desde abril, mientras era procurador regional del Chocó, fue un actor clave para destrabar los diálogos entre la población civil y el Estado durante los paros que se vivieron este año en el Chocó y Buenaventura.

Patricia Tobón es una abogada especialista en derecho Constitucional que fue designada como uno de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad.

Ha trabajado como asesora de los cabildos  Embera, Wounaan, Katio, Chami y Tule documentando los casos de violación de derechos humanos de estos pueblos indígenas del Chocó. Con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), coordinó diferentes proyectos de fortalecimiento de la autonomía y control territorial de varios pueblos indígenas.

Estas y otras de sus experiencias profesionales hacen de ella la ‘cuota étnica’ de la Comisión. En un conflicto como el colombiano en el que la vulnerabilidad de grupos étnicos minoritarios históricamente excluidos hizo que los diferentes actores armados pudieran utilizarlos como escudo y carne de cañón, un enfoque étnico en la comisión que tiene como mandato armonizar las diferentes perspectivas del conflicto para llegar a una reconciliación parece indispensable.

Su presencia en la Comisión debería asugurar que haya verdad para los grupos étnicos del país, sobre todo los del Pacífico que han tenido que sufrir en carne propia la violencia del conflicto.

Más conocido como alias Romaña, Henry Castellanos era miembro del Estado Mayor de las Farc y comandante del Bloque Oriental que operaba en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Ahora dirige la zona de reincorporación de Tumaco, una de las más complejas del país por la amenaza del narcotráfico y de las disidencias y grupos armados que se quieren colmar con los espacios que dejó la guerrilla.

Aunque ha sido hábil para lograr que esa zona avance en términos de proyectos productivos para materializar la reincorporación de los ex guerrilleros, muchos de los ex combatientes, sobre todo del Frente Daniel Aldana que se desmovilizó allí, se han ido tanto a sus casas como a engrosar las filas de las disidencias. Por eso, tiene un papel fundamental para evitar que más hombres se sigan yendo y sigan siendo reemplazados por ex guerrilleros que se han ido de otras zonas, como ha venido pasado en los últimos meses, como contó La Silla.

La Iglesia es un un actor con mucho poder en el Pacífico desde que se ganó la confianza de las comunidades donde trabaja y que suelen ser las más abandonadas por el Estado. Es la primera voz que amplifica los reclamos de las comunidades al Estado y se ha convertido en un importante mediador en los conflictos sociales en el Pacífico. En ese rol, en el caso de Chocó, ha sido fundamental la Diócesis de Quibdó en cabeza de Monseñor Juan Carlos Barreto y la Pastoral Social Indígena que lidera el padre Albeiro Parra (que fue delegado por el obispo Barreto como el encargado del tema de Derechos Humanos. 

Ambas llevan años buscando un acercamiento entre los líderes de las guerrillas como las Farc y el ELN para lograr un acuerdo humanitario en Chocó para que disminuya la violencia contra las organizaciones sociales. En el caso del ELN, ese trabajo fue fundamental para que 70 organizaciones sociales y étnicas lograran una audiencia pública con la mesa de Quito a finales de agosto, que luego dio pie para que se estableciera el cese al fuego.

Su papel de mediadores también quedó en evidencia en las movilizaciones sociales que se han dado en Chocó este año. Tanto en el paro cívico de mayo como en el paro de las organizaciones indígenas del último mes, la Pastoral Indígena y la Diócesis de Quibdó sirvieron de garantes en las mesas de diálogos con el Gobierno para darle legitimidad a lo acordado.  

Seguramente de aquí en adelante seguirán teniendo ese rol no sólo para seguir verificando que se implemente el acuerdo de Paz con las Farc, sino también para verificar que se cumpla el cese al fuego pactado con el ELN.

Es un líder comunitario nacido en Riosucio (Chocó) que por su influencia en ciertos movimientos sociales y en la bancada negra del congreso estadounidense ha logrado ejercer una presión en temas como el TLC o la terminación del conflicto armado en Colombia.

Es el fundador y presidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) que ha venido preparando toda una documentación sobre violaciones de derechos humanos de la poblacion del departamento del Chocó para que esto le sirva como insumo de trabajo a los jueces de la JEP.

Tras haber sufrido un atentado en 2001, Estados Unidos le concedió el asilo político y un año después obtuvo la ciudadanía estadounidense. Desde entonces ha venido incidiendo fuertemente en la política colombiana desde el exterior. Marino afirma que el gobierno estadounidense tiene más relevancia de lo que se cree en materia de posconflicto en nuestro país. Por ejemplo, dice que el capítulo étnico de los acuerdos de la Habana es más el fruto de la presión norteamericana que instó a que se incluyeran otros actores en la mesa de negociación que un producto de la voluntad de las partes.

Ahora Marino está utilizando su influencia del otro lado del Caribe para que los recursos destinados por el gobierno norteamericano al posconflicto sean administrados directamente por las comunidades y no se queden en manos de organizaciones que cobran por manejarlos.

Marino no descarta lanzarse por una circunscripción especial, que dice que diferentes sectores le vienen proponiendo para tener una agenda que él pueda defender a nivel nacional e internacional.

Eder como su abuelo, Harold Eder, fundador de Ingenios Manuelita y lamentablemente recordado como el primer secuestrado de las Farc que murió en manos de esta guerrilla.  Alejandro nació en Cali en 1962, estudió política mundial y filosofía en el Hamilton College y se especializó en Políticas de Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos en la universidad de Columbia.

Asesoró a Uribe en su Política Nacional de Reintegración y trabajó en la Alta Consejería para la Paz y la Reintegración como gerente de Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales.  Fue enseguida Alto Consejero Presidencial para la Reintegración. Hizo parte del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc durante 2 años.

En 2014 resucitó la Fundación Industrial del Valle del Cauca junto a un grupo de empresarios caleños, fundación sin ánimo de lucro creada en 1969 para promover el desarrollo de la región que se desplomó durante la recesión económica que golpeó particularmente a Cali a fines de los 90s.

Hoy en día, la fundación que pasó a llamarse Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico impulsa grandes proyectos en la región como la carretera que busca conectar el puerto de Buenaventura con los Llanos Orientales. La fundación también adelanta otro tipo de iniciativas como la recuperación de fuentes hídricas de las cuencas del río Cauca amenazadas por operaciones ilegales con el propósito de aprovechar las nuevas posibilidades que se abren con lo pactado en la Habana para hacer de esta región un polo de desarrollo integral.

Sus buenas relaciones con grandes empresarios y con el sector público, así como su cercanía con Armitage, actual alcalde de Cali, puede sumarle importancia a su labor, ya que las oportunidades que genere esta alcaldía en una de las ciudades del país que más recibe desplazados resultarían de gran utilidad para el posconflicto.