El Contralor concreta su superchequera

Esta semana, el Congreso iniciará la parte más complicada de la discusión del Presupuesto General de la República, pues empezará a definir cómo se distribuirán los 314 billones de pesos que gastará e invertirá el Gobierno Nacional en 2021.

Pero un rubro tendrá muy poca discusión: la asignación para la Contraloría General que ,según el proyecto que presentó el Gobierno, tendrá un aumento de 30 por ciento, al pasar de 825.910 millones a 1,07 billones de pesos. 

Con el proyecto de ley de regalías que se terminó de conciliar la semana pasada, y bajo el argumento de que necesita más plata para hacer control preventivo, el ente había asegurado para los próximos años el manejo del 0,5 por ciento de esta plata, que es la contraprestación que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales como el oro, el petróleo y el carbón.

Así las cosas, entre Presupuesto General de la Nación y Regalías, el contralor Felipe ‘Pipe’ Córdoba manejará en 2021 el presupuesto más alto en la historia de la entidad, un asunto que le puede servir al país para tener un ente de control que tenga más dientes para vigilar que los funcionarios públicos no se roben la plata, pero que también genera expectativa por el talante político que ha mostrado tener Córdoba.

El jefe de control fiscal ha consolidado en la entidad un fortín burocrático en el que ha nombrado a sus amigos y aliados de quienes lo ayudaron a elegir, como lo hemos documentado en esta y esta historia.

Este es el ABC del nuevo superpoder que el Congreso le está concretando a Felipe Córdoba: su superchequera.
 

A. Presupuesto General: 1,07 billones de pesos

En un año en el que 88 de las 162 entidades que tienen plata asignada en el Presupuesto General de la Nación tuvieron un presupuesto igual o menor al que se aprobó el año pasado, la Contraloría podrá tener el próximo año una asignación 30 por ciento mayor. 

En el proyecto que se está discutiendo, a la Contraloría también le fue muy bien si se compara con otros entes: a la Procuraduría, por ejemplo, se le bajó el presupuesto en un cinco por ciento, al pasar de 942.426 millones de pesos a 893.816 millones de pesos y la Defensoría del Pueblo se le aumentó la caja solo siete por ciento, de 596.953 millones de pesos a 640.623 millones de pesos.

Tanto a Defensoría como a Procuraduría el presupuesto de inversión, es decir la plata que pueden meterle a nuevos proyectos e iniciativas, y que no tiene que ver con el funcionamiento de las entidades, se les redujo en 1,2 y en 10,16 por ciento, respectivamente.

La razón por la que este aumento para la Contraloría no tendrá mayor discusión en el Congreso es porque la ley de Presupuesto debe materializar el superpoder que adquirió el Contralor el año pasado cuando, como contamos, impulsó esta ley que dejó en la Constitución la obligación de aumentar el presupuesto anual de la entidad en 250.000 millones en 2020 y 2021 y de 135.000 millones en 2022.

El aumento del presupuesto es principalmente para contratar 1.670 personas más, una contratación que ha venido haciendo Córdoba desde el año pasado. Por eso el aumento de la plata de la Contraloría en el presupuesto está justificada básicamente en el ítem de funcionamiento.

Pero además, el presupuesto del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría, que es la entidad que administra las cesantías de los empleados del ente de control y les da servicios de salud y planes de crédito y educación a los empleados, aumenta en un 34 por ciento en línea con el aumento del presupuesto de la Contraloría, y con el aumento de los empleados de la entidad.

B. Presupuesto para la Paz: 6.224 millones de pesos

Dentro de la plata nueva que le llegó al Contralor, una parte, 6.224 millones de pesos, son para vigilar la plata del Acuerdo de Paz. Como contamos, mientras otros programas del Acuerdo están con menos presupuesto que el año pasado, incluso desfinanciados, el presupuesto de inversión de la Contraloría para temas de paz aumentó 3.900 por ciento y en funcionamiento aumentó 78 por ciento.

Como nos explicó un técnico de Planeación Nacional que no es vocero pero maneja el tema, esto se da por el cambio en la estructura de la entidad, que viene, en parte, de la misma reforma constitucional que le aumentó el presupuesto general.

Desde 2017 en la Contraloría existía la unidad delegada para el posconflicto que este año, por la reforma al ente de control que se hizo el año pasado, se convirtió en la Contraloría Delegada para el Posconflicto, a cargo de vigilar y hacer seguimiento, además de la plata de la implementación del Acuerdo de Paz y también de la ley de víctimas, al cumplimiento de la ley de víctimas y del programa de restitución de tierras.

Con esos 4.877 millones de pesos adicionales que tendrá la Contraloría, el Gobierno también termina de cumplir con una de las metas del Plan Plurianual de Paz, que hizo el Departamento Nacional de Planeación en 2017 y que dijo que en cuatro años le daría al ente de control 10.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades de la Contraloría para: explicar a los funcionarios qué es el Acuerdo y crear la unidad de posconflicto.

C. Regalías: 79.000 millones de pesos (en 2021 y 2022)

Antes de terminar octubre los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda tendrán que presentar al Congreso el presupuesto de regalías para 2021 y 2022, el primero que se presentará bajo la reforma al sistema que terminó su trámite en el Congreso la semana pasada.

En ese presupuesto también hay algo que está fijo y es que a la Contraloría se le asignará el 0,5 por ciento del total de las regalías, que para el bienio el Ministerio de Minas ha dicho que podrían ser unos 15,8 billones de pesos (puede ser más o menos según qué tanto se produzca y cómo se comporten los precios de los minerales y el petróleo que produce Colombia).

Con ese estimado, la Contraloría podría recibir en los próximos dos años cerca de 79.000 millones de pesos, y deberá usarlos para vigilar que no se roben la plata de las regalías, algo fundamental en particular cuando la reforma, como contamos, le asignó más giros directos a las regiones. Es decir que se pueden invertir en proyectos que no deben pasar por la aprobación de ningún comité, sino de las alcaldías y las gobernaciones.

Según nos informó el Ministerio de Minas, usualmente en el presupuesto bianual de regalías se le asigna a la Contraloría una asignación similar, lo que cambió realmente la reforma, es que esto ya no será a discreción del Gobierno de turno, sino que la Constitución obliga a que sea por lo menos ese porcentaje de la plata de las regalías.

Ya en la ley del Presupuesto Bienal de Regalías 2019-2020 el Gobierno había aprobado la contratación de 110 personas nuevas para vigilar esta plata, y asignado al Contralor la responsabilidad de definir las funciones específicas de los cargos.

Si bien como porcentaje total de las regalías la Contraloría tendrá un presupuesto ligeramente mayor al del presupuesto bienal de regalías anterior (2018-2019), en plata la asignación seguramente será menor, porque el Gobierno calcula que recibirá por regalías menos plata en el periodo 2020-2021.

En el presupuesto bienal anterior a la Contraloría se le asignó un presupuesto de 92.822 millones de pesos.