Duque no hizo trizas el Acuerdo en 2018 pero tampoco le dio protagonismo

Fondo de tierras

• Qué dice el Acuerdo: El acuerdo crea este fondo para darle tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. En 12 años desde la firma del Acuerdo, debe tener tres millones de hectáreas que vienen de tierras expropiadas, con extinción de dominio, inexplotadas, de baldíos, donadas, o que salgan luego de actualizar la frontera agrícola.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Se quedó quieto.Nombró en octubre a Myriam Martínez como directora de la Agencia Nacional de Tierras, que es la que se encarga de manejar el Fondo de Tierras. Martínez es abogada de la Sergio Arboleda (la universidad de Duque), especialista en derecho comercial y tiene una maestría en administración de negocios. Nos fue imposible saber si ha hecho algo más puesto que le pedimos a la Agencia Nacional de Tierras las cifras del Fondo de Tierras actualizadas a diciembre hace más de tres semanas, pero antes de publicada esta historia y luego de insistirles varias veces, no nos habían contestado. No ha fusionado las entidades como lo propuso en campaña, lo que es una buena noticia desde la perspectiva del Acuerdo.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Antes de llegar a la Presidencia, Duque dijo en una entrevista a María Jimena Duzán que al Fondo le hacía falta una reglamentación, sin dar detalles de cómo lo reglamentaría. En esa misma entrevista dijo que evaluaría si algunas entidades que creó el Acuerdo para el agro podían fusionarse. Eso tocaría a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, que es la encargada de aterrizar este punto, pero no lo ha hecho.

• Qué se hizo en 2018: Según las cifras de la Política de ‘Paz con Legalidad’ de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hasta septiembre de 2018 habían ingresado al fondo 528.824 hectáreas (303.876 de baldíos y 224.947 del Fondo Nacional Agrario). No nos contestaron si había entrado alguna nueva hectárea desde la posesión.

• Qué falta:Como en 2017 la Agencia logró incluir un millón de hectáreas y a agosto de 2018 incluyó 500 mil más, faltaría un millón 500 mil hectáreas adicionales para lograr la meta de tres millones de hectáreas.

• Quién se encarga:La Agencia Nacional de Tierras.

Sistema general de información catastral multipropósito

• Qué dice el Acuerdo: El acuerdo crea un sistema de catastro multipropósito que no solo sirva para que los municipios cobren impuestos prediales (al actualizar el catastro se pone a los dueños de las tierras a pagar su valor actual) sino también como insumo para que los municipios tomen decisiones de política de tierras. El Acuerdo dice que ese Sistema de Catastro tiene un plazo máximo de 7 años para hacer el barrido de todos los predios del país.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Retrocedió en unas cosas y avanzó en otras.Decidió no volver a presentar la ley de catastro, aunque en diciembre fue aprobado el Conpes para arrancar a implementar el Catastro.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:En una entrevista a Hora 20 que se hizo en alianza con Red+, Caracol Radio y La Silla Vacía, dijo que la propuesta del catastro multipropósito que el Gobierno Santos había llevado al Congreso era “muy floja” y que los primeros en rechazarla habían sido los alcaldes porque le asignaban a Planeación Nacional un poder prácticamente total en la política catastral. Dada esa posición, que es música para los oídos de los terratenientes que se oponen a que el mínimo impuesto predial que pagan se actualice y que en su mayoría forman parte de la base política uribista, no habrá ley que cree el Sistema Catastral y aún no es claro cuál es la propuesta del Gobierno. Lo último que dijo el Presidente sobre este tema fue en una entrevista para El Tiempo en diciembre: ““vamos a avanzar en la actualización catastral del país y en una agenda profunda de desarrollo rural que lleve bienes públicos como riego, vías terciarias y vivienda, promueva inversión y genere empleo.”

• Qué se hizo en 2018:Este año, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, siguió aplicando la metodología de barrido predial que arrancó en 2017 en 23 municipios y que logró sacar hasta ahora 23.443 diagnósticos de cada predio con reuniones con las comunidades en los corregimientos y veredas. Esos diagnósticos consisten en ir finca por finca para saber dónde empieza y dónde termina cada predio, quién es el dueño, hace cuánto, quiénes y de qué viven ahí, etc. Paralelo a eso, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, lanzó en 2017 un primer piloto de barrido predial en Ovejas, Sucre. La idea de hacer un catastro multipropósito es que no solo sirva para que los municipios cobren impuestos prediales (al actualizar el catastro se pone a los dueños de las tierras a pagar su valor actual) sino también como insumo para que los municipios tomen decisiones de política de tierras. Como el nuevo catastro debe tener más información que el actual, el gobierno Santos presentó en 2017 un proyecto de ley para aterrizar ese nuevo sistema de información catastral y para tener la plata suficiente para hacer todos esos barridos prediales (según cálculos de una fuente del DNP hacer el nuevo catastro costará unos 2.6 billones de pesos). Sin embargo, ese proyecto naufragó y el gobierno Duque no planea revivirlo. El Alto Consejero para la Estabilización Emilio Archila le dijo a La Silla que la idea es que no tengan que presentar una ley, sino que sea una política de esa oficina crear ese sistema y que los detalles sobre cómo será y quién se encarga los tendrán en el primer semestre de este año.

• Qué falta:Falta poner en marcha el Sistema y definir quiénes serán los responsables de aterrizarlo. Lo grave es que a dos años de la firma, este punto, que es uno de los más transformadores del Acuerdo, sigue en pañales cuando se supone que en cinco años el Estado ya tendría que terminar el barrido de todos los predios del país. Además, aunque la ANT, que es la que debe hacer estos barridos, salió ganando con el presupuesto que aprobó el Congreso en octubre porque recibió 197.768 millones de pesos más, con lo que duplicó su presupuesto, no tiene la plata suficiente para hacer esos barridos, que según nos dijo una fuente del DNP, costarán 2.6 billones de pesos.

• Quién se encarga:La Agencia Nacional de Tierras.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)

• Qué dice el Acuerdo:Estos programas nacieron con el Acuerdo y son para 170 municipios en 16 subregiones del país. Esos municipios fueron escogidos por el gobierno Santos teniendo en cuenta cuatro variables (afectación por el conflicto, economías ilegales, pobreza y debilidad institucional) y la idea es que en ellos el Gobierno haga programas y proyectos para transformar esas regiones mejorando su bienestar y cerrando la brecha histórica con el resto del país, según las necesidades de cada una y con la participación de sus habitantes.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Avanzó.Durante estos 5 meses de gobierno, Duque ha dejado listos 11 Planes de Acción para la Transformación Regional, que son los documentos que recogen las necesidades y la visión de las comunidades en las que se hacen los Pdets. Aún no ha nombrado al nuevo director de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, que es la que se encarga de aterrizar los Pdets. Desde agosto, cuando renunció Mariana Escobar, está de encargado Juan Carlos Zambrano, que venía de ser el director de estructuración de proyectos de la ART.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:En la política de ‘Paz con Legalidad’ que lanzó el alto consejero Emilio Archila en diciembre dice que “el Presidente de la República tendrá la facultad de designar Agentes Especiales en el Territorio, cuya misión será impulsar la ejecución de la Hoja de Ruta en la zona Pdet correspondiente. Si son nombrados, actuarán bajo las directivas del Alto Consejero, salvo en lo que corresponda a espacios que se hayan priorizado por razones de seguridad”.

• Qué se hizo en 2018:El documento que recoge las necesidades y la visión de las comunidades en los territorios se llama Plan de Acción para la Transformación Regional, Patr. Este año la Agencia de Renovación del Territorio, ART, que es la encargada de aterrizar los Pdets, dejó listos 13 Patrs. De los 13, dos (Sur de Bolívar y Arauca) quedaron listos en la era Santos y desde que llegó Duque dejaron 11. Según cifras que la ART le pasó a La Silla, en la construcción de esos planes participaron más de 200 mil personas y fueron incluidas más de 30 mil iniciativas como hacer colegios, distritos de riego, puestos de salud y carreteras. De las 16 subregiones, solo faltan tres por definir su hoja de ruta, que son Caquetá, Meta-Guaviare y Pacífico medio.

• Qué faltaTerminar los Planes de Acción de las subregiones que faltan, que según el alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, estarán listos en el primer trimestre de 2019. Cuando los tengan listos, de acuerdo con la política ‘Paz con legalidad’ que el Gobierno lanzó en diciembre, van a armar una ‘Hoja de Ruta unificada de Planeación para la Estabilización’. Esa hoja de ruta va ser el mapa para ejecutar todos los Pdets. Dos fuentes de la ART le dijeron a La Silla, por aparte, que para lograrlo están evaluando qué hacer con los equipos que tienen en cada territorio (que en promedio son cuatro por subregión) porque estaban capacitados para recoger información, pero lo que sigue es gerenciar y aterrizar los Pdets, por lo que lo más probable es que hagan cambios. Uno de eso cambios, por ejemplo, es que además de los gerentes que tiene cada subregión y que dependen de la ART, ahora habrá cuatro gerentes por encima de ellos que le van a responder directamente a Archila. Con eso, Archila logra darle más dientes a la Alta Consejería y él tendrá más liderazgo, como lo habíamos anticipado dos meses antes de que lanzaran formalmente la ‘Política de Paz con Legalidad’.

• Quién se encarga:La Agencia de Renovación del Territorio.

Estatuto de oposición

• Qué dice el Acuerdo:Este Estatuto es el que dicta las pautas para garantizar el acceso a la democracia de los partidos que se declaren en oposición al Gobierno de turno a nivel local, regional y nacional, dando derecho a réplicas de las alocuciones del presidente y garantías para que la oposición en Congreso, Asambleas y Concejos tenga espacios en las mesas directivas.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Lo mantuvo.Sobre este punto no ha hecho cambios.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Sobre este punto Duque no ha hablado de hacerle cambios específicos.

• Qué se hizo en 2018: El Congreso aprobó el Estatuto en abril y Santos firmó la ley tres meses de después. Pero solo hasta diciembre el Consejo Nacional Electoral, CNE, sacó la reglamentación que es clave porque aterriza el Estatuto definiendo temas como cuánta plata adicional tendrán los partidos que se declaren en oposición, cuánto tiempo al mes les van a dar en canales de televisión y en qué franjas, etc. Por esas demoras, aunque el estatuto debía aplicarse en la primera legislatura del Congreso, se aplicó a medias. Por ejemplo, la bancada de oposición se quejó cuando en noviembre Duque hizo una alocución presidencial, pero como no estaban claras las reglas, no les dieron espacio para hacerle una réplica en televisión.

• Qué falta:Según dijo a La Silla Heriberto Sanabria, presidente del CNE, falta crear una oficina dentro del Consejo Nacional que se encargaría de supervisar que el Estatuto se cumpla. Esa oficina, aparte de la de Bogotá, tendría cinco regionales y para ponerla a andar, dice que falta que el ministerio de Hacienda desembolse los recursos.

• Quién se encarga: El Consejo Nacional Electoral.

Garantías de seguridad para el ejercicio de la política

• Qué dice el Acuerdo:Quedó pactado crear un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Ese Sistema es para los políticos de oposición, los líderes comunitarios y sociales, los defensores de derechos humanos, los exmiembros de las Farc y los del partido político de ellos y busca que tengan garantías de seguridad fortaleciendo el sistema de alertas tempranas y creando un programa de protección para los exguerrilleros dentro de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entre otras medidas.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Avanzó en unas cosas y retrocedió en otrasEl ministerio del Interior lanzó en noviembre un ‘Plan de Acción’ para frenar el asesinato de líderes sociales. Ese plan tiene tres patas: crear una ‘Comisión’ muy parecida a la instancia de alto nivel que ya existe para revisar qué se ha hecho hasta ahora y qué cambiarían; crear un registro único para que todas las entidades responsables de la seguridad y protección de líderes tengan la misma información; y hacerle una reingeniería al programa de protección que ya existe en la Unidad Nacional de Protección. Para darle prioridad a este tema, en febrero de 2018 Santos instaló la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad (en la que se sientan el Presidente o su delegado, los ministros del Interior, de Defensa y Justicia o sus delegados, el Comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, el director de la UNP y debe tener “participación permanente” de delegados del partido de la Farc) y de acuerdo con datos del último Informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que le hace seguimiento al Acuerdo año a año, sesionó más de 19 veces en 2018. Sin embargo, según la Alta Consejería para el Posconflicto, esa instancia no se ha vuelto a reunir desde que llegó Duque a la presidencia.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarloSobre este punto ni Duque ni el uribismo han hablado de cambios frente a lo acordado.

• Qué se hizo en 2018: Estas garantías quedaron dentro del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Sipep, que Santos creó vía decreto en mayo de 2017. El año pasado, de acuerdo con cifras que la UNP le pasó a La Silla, le asignaron esquemas de protección (que van desde un chaleco antibalas y un gps, hasta un escolta y carros blindados) a 300 miembros de la Farc, entre excombatientes y militantes. 750 de los escoltas que hacen parte de estos esquemas son exguerrilleros que entrenó la UNP y hay 300 más que venían de planta y también le prestan seguridad a los miembros del partido. Sin embargo, el Consejo Político de la Farc ha denunciado que en lo corrido del año les mataron 84 miembros de su partido y de hecho pidieron reunirse con Duque solo para hablar de eso, pero no los ha recibido aún. La cifra de líderes sociales es aún más desalentadora.El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo reportó 164 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos a dos semanas de finalizar 2018. Es la cifra más alta de asesinatos a líderes desde la firma del Acuerdo (en 2016 fueron 133 y en 2017, 126).

• Qué falta:Definir el Plan de Acción Permanente Contra Organizaciones Criminales, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de la Farc, crear la Comisión de Seguimiento y Evaluación del SIPEP y el Comité de Impulso de Investigaciones con la Fiscalía.

• Quién se encarga:La Presidencia, la Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección. .

Participación ciudadana

• Qué dice el Acuerdo: Que el Gobierno presentaría un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Se quedó quieto.Sobre este tema el Gobierno no ha avanzado. Al preguntarle por este proyecto al viceministro del Interior, Juan Manuel Daza, nos dijo “no hemos revisado el tema aún”.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:A pesar de que Duque no se ha pronunciado concretamente sobre este proyecto de ley, sí ha dicho “bienvenida la protesta pacífica, quiero que los movimientos sociales se sientan escuchados en el diseño de las políticas que Colombia necesita”.

• Qué se hizo en 2018: Sobre este tema no han avanzado nada. El Gobierno Santos debía presentar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y no lo presentó y Duque tampoco lo presentó.

• Qué falta:Que el Gobierno presente el proyecto.

• Quién se encarga:El ministerio del Interior

Acceso a medios

• Qué dice el Acuerdo:Que hay que crear 20 emisoras nuevas, hacer una estrategia de redes sociales para hacer pedagogía del Acuerdo, abrir un programa de televisión dentro de la parrilla del canal Institucional y habilitar un canal institucional de televisión.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Retrocedió.En la política de ‘Paz con legalidad’ que presentó en diciembre el alto consejero para el posconflicto Emilio Archila, no hablan de crear 20 emisoras nuevas, como está pactado para hacer pedagogía del Acuerdo de La Habana. Dicen que se “abrirá espacio participativo en emisoras en FM de carácter comunitario”.En esos espacios se hará “pedagogía de lo que será el cambio en el campo por parte de las políticas del Presidente Duque y dar a conocer los avances de la implementación y la estabilización”, dice la nueva política. Luego de decirle a La Silla que este punto no estaba en el Acuerdo cuando sí está, el alto consejero Archila nos dijo que este punto “hay que analizarlo legalmente. Los tiempos, a partir de cuando, que se cumpla con el objeto y si se trata de emisoras o espacios al aire en emisoras. Hay que estudiar”. Si el Gobierno espera cumplir con este punto, el Acuerdo es muy claro porque habla de crear nuevas emisoras y no dar espacios en las que ya existen. Además de esas emisoras, lo pactado también es abrir un programa de televisión dentro de la parrilla del Canal Institucional y habilitar un canal institucional de televisión. En los tres casos la idea de esos espacios era explicar el Acuerdo y los avances de la implementación. La política de Duque no menciona ni el canal de televisión ni el programa de televisión en el Canal Institucional.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:No se ha referido puntualmente a este tema.

• Qué se hizo en 2018: En 2017 el ministerio Tecnologías de la Información y Comunicaciones hizo un estudio de frecuencia y cobertura para definir las coordenadas exactas en las que habilitarían esas 20 emisoras. También crearon un comité integrado por Radio Televisión Nacional de Colombia, Rtvc, Mintic y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para hacerle seguimiento a este punto. Aunque la idea era que durante los primeros dos años esas emisoras las administrara Rtcv, para luego partirlas en tres (un tercio iban para organizaciones de víctimas, otro para la cooperativa de la Farc, Ecomún, y otro para organizaciones sociales), lo más probable es que no se prendan. En cuanto al programa de televisión en el Canal Institucional, que tenía como fecha prevista de inicio el arranque el 2018, la Autoridad Nacional de Televisión, Antv, está por definir si va a presentar un proyecto de ley para definir cómo sería. Y frente a la habilitación del canal institucional de televisión cerrada, de acuerdo con el último informe del Instituto Kroc, la idea es que inicie en 2021. Hasta ahora la ANTV ha hecho unos estudios que estiman la creación del canal en dos millones de dólares, con un costo de mantenimiento de 5 mil millones al año. Para eso también toca presentar un proyecto de ley que incluya la habilitación del canal.

• Qué falta:Prender las 20 emisoras, dar el espacio en el canal institucional de una hora y media semanal con una repetición y crear el canal de Televisión.

• Quién se encarga:De las emisoras se encarga por un lado Radio Televisión de Colombia, Rtvc, que las opera, y por otro, el ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Mintic, que las regula. Para televisión, se encarga el Canal Institucional y la Autoridad Nacional de Televisión.

Reforma electoral

• Qué dice el AcuerdoEl Acuerdo creó una Misión Electoral Especial conformada por 7 expertos (que venían de la Misión de Observación Electoral, el Centro Carter, el departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, el de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria) y delegados del ministerio del Interior y de los partidos, para que discutieran los lineamientos de la reforma electoral y le presentaran un informe al Gobierno para hacer los ajustes necesarios y presentar la reforma.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Retrocedió.Aunque en su primer día como Presidente y como contamos en La Silla, Duque presentó su propia reforma, era una versión aguada de la reforma política que propuso la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo. La Misión propuso inicialmente eliminar el CNE, un órgano muy criticado porque lo componen magistrados elegidos en representación de los partidos lo que lo hace muy poco independiente; aumentaba la financiación estatal de las campañas; limitaba la reelección de congresistas, concejales y diputados a un período; y hacía más fácil crear partidos políticos. Todo esos cambios no están en la reforma de Duque, que finalmente en diciembre fue aprobada en el Congreso pero sin su corazón que era la lista cerrada obligatoria, un tema en el que el Presidente ha insistido. En cambio sí quedó la ‘tecnomermelada’, que les da a los congresistas el derecho a definir el 10 por ciento del presupuesto de inversión de todo el país sin negociar con el Gobierno y sobre la mesa.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Apenas fue presentada la reforma, Duque dijo que esperaba que entrara en vigencia para las elecciones locales de este año, pero no se refirió a modificaciones puntuales frente al Acuerdo, más allá de presentar su propia reforma.

• Qué se hizo en 2018:Este punto prácticamente murió este año. En 2017 el Gobierno Santos presentó un proyecto de reforma que, como contamos, era un árbol de Navidad que solo respondía a los intereses electorales inmediatos e incluía temas que nada tenían que ver con el Acuerdo como el transfuguismo y a pesar de que estaba dentro del fast-track, murió por falta de tiempo.El gobierno Duque presentó una reforma propia en agosto que fue aprobada, pero no contempla lo recomendado por la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo.

• Qué faltaQue se presente y apruebe una reforma política que incluya lo que dijo la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo. Pero dado que acaban de aprobar la de Duque lo más seguro es que la de la Habana quede enterrada.

• Quién se encarga:El ministerio del Interior.

Circunscripciones especiales

• Qué dice el AcuerdoEl Acuerdo creó estas 16 curules especiales en la Cámara para que representantes de zonas golpeadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso. La idea era que en esas los habitantes pudieran votar dos veces: por un representante a la Cámara en las elecciones ordinarias y por un segundo candidato de listas de organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro para las elecciones del 2018 y del 2022.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Lo cedió a Uribe.No se ha movido para que este acto legislativo prospere en el Congreso.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:El Presidente no está a favor de crear estas 16 circunscripciones electorales en la Cámara para que representantes de zonas golpeadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso. Seis meses antes de ser elegido, dijo en su Twitter que “las circunscripciones especiales, que según el Gobierno son para campesinos y para víctimas del conflicto, son un mecanismo de manipulación de las circunscripciones electorales para favorecer a las Farc”. Esa crítica también la comparte su partido, el Centro Democrático. De hecho, paralelo a la ponencia del senador Barreras, que buscaba mantener las 16 curules del Acuerdo, el senador uribista José Obdulio Gaviria presentó otra ponencia que buscaba cambiar este punto porque reducía a 8 el número de circunscripciones y proponía que 2 de ellas fueran para “miembros de la Fuerza Pública que sean víctimas de delitos de lesa humanidad” y una para las víctimas que residen en el exterior.

• Qué se hizo este añoEl acto legislativo que presentó Santos no fue aprobado dentro del fast-track y aunque en la primera legislatura de Duque el senador de la U, Roy Barreras, le insistió al presidente del Senado, Ernesto Macías, que las aprobaran, el acto legislativo no pasó en parte porque el Gobierno le dio prioridad a otros temas como la Ley TIC y la reforma tributaria.

• Qué faltaToca volver a presentar el acto legislativo que crea estas circunscripciones cuando se reanude el Congreso en marzo.

• Quién se encargaEl ministerio del Interior.

Zonas de concentración y entrega de armas

• Qué dice el Acuerdo:Se pactó que los ex combatientes de las Farc irían a 26 zonas veredales y que ahí se quedarían mientras dejaban todas las armas.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Avanzó.En la política de ‘Paz con Legalidad’ que el alto consejero Archila presentó en diciembre, dicen que el Gobierno hará un ‘Plan de Choque’ a corto plazo para terminar de dotar las zonas (por ejemplo hay diez sin luz permanente y otras con problemas de alcantarillado), lo que indicaría que continuará dándole permanencia a estas zonas anunciadas inicialmente por el gobierno Santos como puntos transitorios. El gobierno también siguió pagando el arriendo de las tierras donde están estos campamentos.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Duque viajó en octubre a la zona veredal de Pondores, en La Guajira, y le dijo a los ex combatientes que “les vamos a cumplir a los que genuinamente están en este proceso”.El discurso de Duque desde que estaba en campaña y que ha mantenido en sus primeros meses en la Presidencia, es tenderle la mano a las bases guerrilleras pero apretar a los de arriba

• Qué se hizo en 2018:Este punto, que fijaba los tiempos para que los ex combatientes llegaran a las zonas veredales y dejaran las armas, ya se cumplió. Los siete mil ex combatientes terminaron de concentrarse a finales de febrero de 2017 y cuatro meses después, a finales de junio, dejaron las armas. Las zonas pasaron a llamarse Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, para hacer sus proyectos productivos y se convirtieron en barrios en los que viven los excombatientes que se quisieron quedar ahí. El lío ahora es que, como lo viene señalando el informe Kroc y como hemos contado en varias historias de La Silla, la mayoría de ETCRs están en terrenos arrendados o están en territorios colectivos y como se supone que eran espacios transitorios, no para que se quedaran a vivir, el Gobierno tiene que resolver qué va a pasar con los dueños de los predios. Para agosto de 2017, cuando estaban recién creadas, en las zonas vivían 7100 exintegrantes de las Farc. Hoy, según cifras de la Alta Consejería para el Posconflicto, viven menos de 3500.

• Qué falta: Dado que este punto era para que las Farc se concentraran y dejaran las armas, ya se cumplió este punto, pero falta definir qué va pasar con los predios donde hoy están construidos los espacios.

• Quién se encarga La Alta Consejería para el Posconflicto y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Reincorporación política

• Qué dice el Acuerdo:Este punto buscaba que las Farc se convirtieran en partido político y que tuvieran todas las garantías, como hoy las tiene cualquier partido, para hacerlo.

• Que ha hecho el Gobierno Duque: RetrocedióEste es uno de los puntos más sensibles y en los que si bien no ha hecho cambios, el Gobierno sí ha dado declaraciones que dan a entender que quiere hacerlos, para lo cual necesitaría pasar una reforma constitucional que no ha impulsado hasta ahora. Aún si no la presenta, el que mantenga vivo en el discurso el argumento de que los senadores de las Farc actuales no son legítimos para ejercer su cargo significa un retroceso en términos de su reincorporación política.

• Qué ha dicho Duque: Desde que estaba en campaña, Duque dijo que “Farc pueden estar en el Congreso, pero no quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”. En ese sentido, en la política de ‘Paz con Legalidad’ dice textualmente que “creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules que hoy ocupan”.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo: Desde que estaba en campaña, Duque dijo que “Farc pueden estar en el Congreso, pero no quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”. En ese sentido, en la política de ‘Paz con Legalidad’ dice textualmente que “creemos que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, haciendo claridad que su partido puede reemplazarlos para que no pierdan las curules que hoy ocupan”.

• Qué se hizo en 2018:Este punto también ya se cumplió en su totalidad porque buscaba que las Farc se convirtieran en partido político y ya lo hicieron. Sin embargo, vale la pena mencionar que este año fue el primer termómetro electoral para la Farc y no les fue bien. Arrancaron el año lanzando a la Presidencia a Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’) y fueron tantos los abucheos que en febrero decidieron suspender la campaña. En las elecciones de Congreso tampoco les fue bien. Sacaron 52 mil votos a Senado, una cifra muy por debajo del umbral (que es tres por ciento) y con la cual, si no tuvieran curules fijas, no les alcanzaría ni para poner un senador.En agosto organizaron en Bogotá el ‘Consejo Nacional de los Comunes’, la primera reunión de la plana mayor de la exguerrilla desde que crearon el Partido. A ese encuentro de los 111 miembros de la dirección no fueron 29, cinco de ellos porque renunciaron. Más de la mitad de esos ausentes no presentaron excusa para no ir, incluyendo a ‘Iván Márquez’, ‘El Paisa’ y Romaña, que hasta hoy siguen ausentes y aparecen con cartas de vez en cuando. El Partido realizó un segundo encuentro de toda la dirección a comienzos de diciembre en Melgar, Tolima.

• Qué falta:No falta nada porque este punto ya se cumplió.

Curules

• Qué dice el Acuerdo:Que las Farc tendrán diez curules fijas (cinco en Senado y cinco en Cámara) en 2018 y en 2022.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Retrocedió.Este punto también es uno de los más sensibles y aunque hasta ahora no han hecho cambios, el Gobierno sí ha dado pistas que dan a entender que quiere hacerlos.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Aunque Duque no se ha referido puntualmente al caso de la curul de Márquez, sí ha dicho que tanto el ex jefe negociador como todos los demás ausentes del partido tienen que responder físicamente ante la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y no por medio de cartas o abogados. Frente al caso Santrich, Duque ya dijo que estaría dispuesto a firmar su extradición. “Perfectamente si procede la extradición se debe mantener la cooperación mientras se cumple la pena en Estados Unidos con los compromisos con la justicia colombiana. Sin duda alguna firmaría la extradición de Santrich, pues hay una evidencia en ese caso”, dijo el Presidente a comienzos de diciembre.

• Qué se hizo en 2018: La Farc participaron en las elecciones de marzo a Congreso y el 20 de julio ocho de los diez elegidos ocuparon sus curules. Faltó Jesús Santrich, que iba para la Cámara, pero comienzos de año el CTI de la Fiscalía lo capturó por estar supuestamente metido en narcotráfico después de la firma del Acuerdo. Hoy está preso a la espera de que la Sección de Revisión de la JEP decida si los hechos que le atribuye la justicia gringa y la Fiscalía ocurrieron antes o después de la firma. A mediados de diciembre la Cámara posesionó en su reemplazo al ex guerrillero Benedicto González. Tampoco se posesionó Iván Márquez al Senado, quien dijo que no lo haría en parte por la captura de su amigo Santrich, bajo el argumento de que todo es un montaje del fiscal Néstor Humberto Martínez para torpedear el proceso. En reemplazo de Márquez, que además abandonó el espacio de capacitación de Miravalle, en Caquetá, seguía en la lista Benkos Biohó, pero no se ha posesionado aún porque el caso pasó a revisión del Consejo Nacional Electoral y aún no ha tomado ninguna decisión.

• Qué falta:Que el CNE decida qué va a pasar con la curul de Márquez. Ahí hay todo un debate porque como él no quiso posesionarse y no es como Santrich que físicamente no puede ir al Congreso porque está preso, la pregunta es si en caso de no ocupar la curul por voluntad propia aplica la regla de posesionar al siguiente en la lista o si al no querer, el partido perdería esa curul.

• Quién se encarga:El Consejo Nacional Electoral

Reincorporación económica

• Qué dice el AcuerdoEste punto fija las condiciones para la entrada a la vida civil de los excombatientes. Se pactó que cada uno recibiría un pago de 620 mil pesos mensuales por dos años para vivir, dos millones apenas dejara el arma y ocho millones de pesos para que montara un proyecto productivo. El Gobierno también se comprometió a crear la cooperativa de las Farc, Ecomun, y gestionar con ellos proyectos productivos colectivos para los que le entregaran sus 8 millones para eso.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Avanzó.El Gobierno destinó 2.570 millones de pesos para financiar 5 proyectos productivos y antes de diciembre fueron aprobados por 14.998 millones

• Qué ha dicho Duque sobre modificarloEl Presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que su Gobierno está comprometido con la base guerrillera y que van a meterle el acelerador a los proyectos productivos, lo cual sí han hecho.

• Qué se hizo en 2018:Este punto, que busca que los miembros de la ex guerrilla tengan un proyecto productivo, fue uno de los más empantanados durante el gobierno Santos y la razón principal por la que más de 3 mil ex combatientes abandonaron los Espacios de Capacitación. Aunque en diciembre de 2017 se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, en el que se sientan Gobierno y Farc a definir y aprobar los proyectos productivos para los ex combatientes, la mayoría no tenían financiación o no cuentan con la tierra para sacarlos adelante. Sin embargo, el Alto Consejero Archila sí avanzó en este frente. De agosto a diciembre, aprobaron 34 proyectos productivos colectivos liderados por la cooperativa de las Farc Ecomún en el Consejo Nacional de Reincorporación, quitándole a los desmovilizados un argumento poderoso para retomar las armas. Santos dejó a corte de agosto, 12.475 desmovilizados que ya habían recibido los dos millones de pesos que les dan una vez estén acreditados y bancarizados. Quedan pendientes 574 de los 13.049 acreditados.Según cifras que le pasó la Alta Consejería de Posconflicto a La Silla, a diciembre había 12.845 personas bancarizadas. Es decir, bancarizaron 370 de los 478 que faltaban por bancarizar.

• Qué Falta:Ejecutar los proyectos productivos acordados con este gobierno.

• Quién se encargaLa Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, y la Alta Consejería para el Posconflicto.

Acreditación y tránsito a la legalidad

• Qué dice el Acuerdo:Este punto del Acuerdo dice que las Farc debían entregarle un listado con todos sus miembros (incluidos presos y milicianos) al Gobierno, para que apenas dejaran las armas, fueran acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta acreditación es necesaria para que el excombatiente pueda tener todos los beneficios del Acuerdo, desde los pagos mensuales y la plata para un proyecto productivo, hasta la afiliación al sistema de salud, su bancarización, etc.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Se quedó quieto.No ha hecho pero por culpa de la Farc porque muchos ex combatientes no aparecen.

• Qué se hizo en 2018:La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp acreditó en total a 12.811, pero de acuerdo a los listados entregados por las Farc de sus miembros (incluyendo presos y milicianos), están pendientes por acreditar 232 ex combatientes. La mayoría, según datos de la Alta Consejería para el Posconflicto, no han sido ubicadas por las Farc y por eso no se ha podido verificar su identidad. Sin ese requisito, la Oacp no puede acreditarlas porque tienen que firmar un acta de compromiso de no reincidencia. Hay otras 253 personas que están en observación, porque no se sabe si son o no de las Farc. Esos casos están siendo analizados por el Comité Técnico Interinstitucional compuesto por Gobierno y Farc

• Qué ha dicho Duque:No se ha referido puntualmente a este tema.

• Qué falta:Avanzar en las acreditaciones que faltan y tratar de ubicar a los ex combatientes que abandonaron las zonas. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, no saben del paradero de más de 3 mil excombatientes. Es decir, el Estado no sabe el paradero de una cuarta parte de los ex combatientes.

• Quién se encarga:La Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP.

Sustitución de cultivos

• Qué dice el Acuerdo:El corazón de este punto es que lo campesinos que se comprometan a sustituir la coca, tendrán a cambio unos pagos y apoyo técnico para que arranquen proyectos productivos distintos que les permitan salir de la hoja. Dice el Acuerdo que en los casos de campesinos que no estén dispuestos a sustituir, el Gobierno va a entrar a hacer erradicación manual y deja como último recurso la aspersión aérea.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Mantuvo unas cosas, pero retrocedió en otras. En la política de drogas ‘Ruta Futuro’ que presentó el ministerio de Justicia en diciembre, dice que el Gobierno va a retomar la aspersión aérea. Y aunque ha mantenido el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, decidió no firmar ni un acuerdo más de sustitución porque dice que no hay plata para cumplirles a más familias de las que ya firmaron.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:El Presidente ha dicho que el Gobierno va a cumplirles a las familias que firmaron acuerdos de sustitución con el gobierno de Santos.

• Qué se hizo en 2018:El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, se lanzó en mayo de 2017 y se puso la meta de erradicar manualmente 50 mil hectáreas en un año. Esa estrategia, que fue central durante el gobierno Santos, tuvo muchos retrasos durante el anterior gobierno por varios factores que iban desde que la asistencia técnica se demoró en llegar a muchos municipios hasta la amenaza de las disidencias a los campesinos que arrancaran la mata. A partir de agosto, desde que arrancó la era Duque, el Pnis sufrió un duro golpe porque el Gobierno anunció que retomaría la aspersión aérea. Ese mensaje no solo aumentó la desconfianza de los cocaleros, sino que se volvió el caldo de cultivo para que amenazaran al Gobierno con paralizar las carreteras. A eso se sumaron declaraciones de Duque y Archila en las que dijeron que no iban a firmar más acuerdos de sustitución que los suscritos con Santos. Sin embargo, las familias que sí firmaron acuerdos en su mayoría cumplieron. Como lo muestra el último informe ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, publicado el 7 de diciembre de 2018, de las 44.748 hectáreas que las familias reportaron con coca, la Unodc confirmó que sí había en 23.959. De esas más de 23 mil, la Unodc verificó que arrancaron la mata en 22.028 hectáreas. Es decir, en más del 90 por ciento del área que tenía coca se erradicó gracias al Pnis.

• Qué faltaDe acuerdo con datos de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, el Gobierno Santos firmó acuerdos colectivos (que es un acuerdo municipal o departamental en el que las comunidades manifiestan su voluntad de dejar atrás la coca) con 123.225 familias. De esas, 83.161 firmaron un acuerdo individual en el que ya hay un compromiso familia por familia de arrancar la hoja a cambio de unos pagos y asistencia técnica.El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, dijo a La Silla que el Gobierno va a cumplirle a las familias que firmaron acuerdos. Es decir, no solo a las que ya firmaron acuerdos individuales, sino también a las que firmaron acuerdo colectivo, pero aún no individual. Por lo tanto, quedan 40 mil familias que deberán firmar un acuerdo individual con la Oficina de Drogas que ahora pasará a ser una dependencia de la Agencia de Renovación del Territorio, ART. A esas familias, al igual que a las demás, hay que cumplirles con los pagos y con la asistencia técnica.

• Quién se encargaLa Dirección de Drogas en Presidencia y la Agencia de Renovación del Territorio.

Tratamiento penal diferencial

• Qué dice el AcuerdoQuedó pactado que el Gobierno presentaría un proyecto de ley para quitarles la sanción penal por un año a los pequeños campesinos que se comprometan a dejar de cultivar coca.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Se quedó quieto.En 2018 año el Gobierno no se movió para sacar adelante este proyecto. En la política de ‘Paz con legalidad’ que presentó el alto consejero para el posconflicto Archila en diciembre, el Gobierno dice que le dará trámite a esa ley, aunque Archila dijo a La Silla que no tendrán en cuenta los proyectos de ley que ya había radicado el ministerio de Justicia en la era Santos y que redactarán su propio proyecto. Sin embargo, no es claro cuál será la diferencia pues lo redactado en la política parece muy similar a lo del Acuerdo.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Antes de ser elegido, Duque menciona en esta columna que lo que busca esta ley es “que quienes siembren coca hasta 5 canchas de fútbol como la del Estadio Atanasio Girardot, eviten la sanción penal del Estado, bajo la premisa de considerarlo cultivos de subsistencia”. La Silla no encontró que el Presidente se haya vuelto a referir a este proyecto.

• Qué se hizo en 2018:En este punto el Gobierno Santos presentó el proyecto de ley, pero murió por falta de tiempo en el Congreso. En la primera legislatura de Duque, la Farc presentó un proyecto de ley que pretendía revivir ese tratamiento penal para los cocaleros (que por años fueron su base social) pero nunca se discutió.

• Qué faltaFalta todo el trámite de esta ley.

• Quién se encarga:El Ministerio de Justicia.

Consumo y salud pública

• Qué dice el AcuerdoEste punto buscaba poner a andar un Programa de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas y dentro de ese Programa, una política de reducción de consumo.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Retrocedió Duque ha avanzado en sus propias medidas, pero no van en línea con el Acuerdo. A punto de cumplir su primer mes como Presidente, sacó un polémico decreto que le permite a la Policía decomisar cualquier dosis de droga que porten los ciudadanos en las calles. Ese decreto buscaba reducir el consumo de drogas en espacios públicos, aunque fue muy criticado, como lo explicamos en esta historia. La lógica del Gobierno es el retorno a la guerra contra las drogas, atacando los eslabones más débiles, en vez de ver el tema de drogas más desde una perspectiva de salud pública, que era la del Acuerdo. Por eso hay un retroceso.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Aunque Duque no ha dicho si cambiaría este punto, en el que lo que quedó pactado es poner a andar el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de drogas ilícitas, su discurso frente a este punto es de mano dura con los ‘jíbaros’.

• Qué se hizo en 2018El ministerio de Salud de Duque siguió con el Programa de Prevención del Consumo y Salud Pública que desde 2017 estaba siendo diseñado por la Comisión Técnica Nacional de Reducción de Demandas de Drogas.

• Qué faltaPoner a andar el Programa, que se supone estaría listo antes de que terminara el Gobierno Santos.

• Quién se encarga: Ministerio de Salud

Narcóticos

• Qué dice el Acuerdo: El compromiso era poner a andar una estrategia de política criminal para investigar y judicializar a cualquier organización que compre o venda drogas y además hacer un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Avanzó.El Presidente lanzó dos estrategias para frenar el fenómeno del narcotráfico. Por un lado, recién elegido lanzó el ‘Plan el que la hace la paga’ en la Policía y la Fiscalía y por otro, el ‘Plan Diamante’, enfocado en las Fuerzas Militares y lo presentó como un “golpe mortal contra el crimen”. Además, el ministerio de Justicia en cabeza de la ministra Gloria María Borrero, presentó un acto legislativo que busca que el narcotráfico y el secuestro no tengan conexidad con delitos políticos. Ese proyecto de acto legislativo pasó el tercero de los ocho debates que necesita porque es una reforma constitucional.Sin embargo, como explicamos en esta historia, si ese acto legislativo llegara a ser aprobado, no cambiaría para nada el Acuerdo con las Farc. Esto porque hay un principio constitucional básico de favorabilidad que obliga a que el procesado o condenado se le aplique la ley más favorable que exista a partir del momento en que comete el delito. Eso significa que a los exguerrilleros de las Farc que por el Acuerdo fueron amnistiados o que podrían serlo por haber secuestrado o traficado en conexidad con su delito político, mantendrían esa amnistía así se endureciera la norma. A quienes sí tocaría esa reforma es a los miembros del ELN, que no han firmado un Acuerdo de paz y que si lo hicieran con el acto legislativo ya aprobado irían a la cárcel (salvo que, como parte de la negociación, lo tumben).

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:El discurso del Presidente está sustentado en que “el que la hace la paga” y en la idea de que su Gobierno tendrá mano dura contra el narcotráfico.

• Qué se hizo en 2018En diciembre, el ministerio de Justicia en cabeza de Gloria María Borrero lanzó la política de drogas que contempla como uno de sus cuatro pilares “desarticular y afectar las estructuras criminales”. Aunque aún no se conoce el texto definitivo, en el resúmen ejecutivo que salió publicado en diciembre, dice que van a fortalecer la inteligencia dentro de la Fuerza Pública y a promover mecanismos de cooperación internacional para contrarrestar la entrada y salida de drogas por las fronteras.

• Qué faltaPara seguir el espíritu del Acuerdo, faltaría desarrollar el Estatuto de Prevención y lucha contra las finanzas ilícitas.

• Quién se encargaEl ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el que tendría que aprobar el Estatuto

Comisión de verdad

• Qué dice el AcuerdoEl Acuerdo crea esta Comisión, que tiene la función de investigar qué pasó en Colombia en todas estas décadas de guerra y convocar audiencias públicas para oír a todas las partes involucradas, para construir un informe que le cuente al país cuál es la verdad detrás de lo sucedido.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque para modificarlo: Se lo dejó a UribeHasta ahora el Presidente no ha intentado cambiar este punto. Días antes de llegar a la Presidencia Duque se reunió con Pacho de Roux, el presidente de la Comisión y le dijo que el Gobierno apoyaría su trabajo. En el presupuesto del 2019 quedó con 81.480 millones de pesos.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarloAunque Duque no ha hablado de cambiar este punto, desde su partido, el Centro Democrático, sí intentaron cambiarlo. Como lo contamos, el año pasado el representante antioqueño del uribismo, Óscar Darío Pérez, presentó un proyecto de acto legislativo para que la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP no pudieran pedirle a las entidades públicas información sobre operaciones militares, estatales, de inteligencia y de contrainteligencia. Eso bajo el argumento de que hacerlo ponía en riesgo la seguridad nacional.Impedirlo podría quitarle herramientas al sistema que creó el Acuerdo para conocer la verdad de lo que pasó en el conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de los militares.El Gobierno dijo que no conocía el proyecto y a finales de octubre el representante Pérez lo retiró.

• Qué se hizo en 2018: Este año la Comisión de la Verdad hizo reuniones en nueve regiones del país con víctimas, organizaciones sociales, empresarios, ex combatientes de las Farc y de otros grupos armados, entre otros sectores, y tuvo su lanzamiento oficial en noviembre. A partir de entonces arrancaron a correr los tres años que tiene para presentar un informe que intente explicarle al país lo que pasó en 50 años de conflicto.

• Qué falta: Falta toda la etapa de construcción del informe, que dura tres años. Para eso, los once comisionados se repartirán en nueve regiones y en dos áreas temáticas (exilio y grupos étnicos) así: Ángela Salazar, el Pacífico; Alfredo Molano, la Orinoquía y Amazonía; Saúl Franco, el Nororiente; Marta Ruiz, el Caribe e Insular; Alejandra Miller, la región Surandina; Lucía González, el Magdalena Medio y Alejandro Valencia, Antioquia y Eje Cafetero. Carlos Beristain será el encargado del exilio y Patricia Tobón de territorios étnicos.

• Quién se encargaLa Comisión de la Verdad

Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas

• Qué dice el Acuerdo:En este punto el Acuerdo crea esta Unidad de búsqueda y dice que se encargará de “dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entre digna de los restos”.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque para modificarlo: Se lo dejó a Uribe.Hasta ahora el gobierno Duque ha mantenido la dinámica que venía con la Unidad.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Aunque el Presidente no ha hablado de cambiar este punto y de hecho su alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, dijo en agosto que el Gobierno está comprometido con impulsar el trabajo de la Unidad, desde la bancada del Centro Democrático sí intentaron cambiarlo. Como lo contamos, el año pasado el representante antioqueño del uribismo, Óscar Darío Pérez,presentó un proyecto de acto legislativo para que la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP no pudieran pedirle a las entidades públicas información sobre operaciones militares, estatales, de inteligencia y de contrainteligencia. Eso bajo el argumento de que hacerlo ponía en riesgo la seguridad nacional.Impedirlo podría quitarle herramientas al sistema que creó el Acuerdo para conocer la verdad de lo que pasó en el conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de los militares.El Gobierno dijo que no conocía el proyecto y a finales de octubre el representante Pérez lo retiró.

• Qué se hizo en 2018: Luz Marina Monzón se posesionó como directora de la Unidad en febrero. En el primer semestre del año la Unidad tenía diez funcionarios que inicialmente ayudaron a conseguir oficina, a buscar personas que entraran a trabajar y en general, a armar la estructura de la entidad. El 2 de agosto, cinco días antes de terminar su mandato, el entonces presidente Juan Manuel Santos dejó firmado decreto que creó la estructura interna de la Unidad de Búsqueda y las funciones de cada una de sus dependencias. Un mes después, el ministerio de Hacienda ya bajo Duque comenzó a darles la plata para que entrara formalmente en operación. En total, según cifras que la Unidad le pasó a La Silla, fueron 10.300 millones de pesos que les fueron entrando hasta diciembre. Paralelo a eso, la Unidad comenzó a acercarse a las familias de desaparecidos. En total lo hicieron con 500 familias en 13 departamentos. Esos encuentros sirvieron para hacer acercamientos como antesala para el Plan Nacional de Búsqueda, que es el que debe abordar cómo será el paso a paso para buscar personas dadas por desaparecidas en el conflicto. De esas reuniones salieron sugerencias cómo, por ejemplo, que la lógica de búsqueda no debería ser por departamentos sino por regiones que pueden incluir más de dos departamentos; o que las intervenciones en territorios sagrados (por ejemplo, exhumaciones) deben hacerse teniendo en cuenta las cosmovisiones de los indígenas, etc. Paralelamente, también se han sentado con representantes de la Farc que viven en los Espacios de Capacitación para que ellos ayuden a recopilar la información de los desaparecidos con los ex combatientes; lo mismo han hecho con el Centro de Memoria Histórica, Medicina Legal, Fiscalía y Unidad de Víctimas. Con estas últimas entidades han firmado convenios para que puedan acceder a la información sobre desaparecidos.

• Qué falta: En este momento hay 95 personas de planta trabajando para la Unidad, pero la idea es que sean 522, según cifras que nos pasó esa entidad. Todo ese personal es necesario para empezar el trabajo en terreno.

• Quién se encarga:La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

Jurisdicción Especial de Paz

• Qué dice el Acuerdo:El Acuerdo crea esta Jurisdicción y dice que “estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Se lo dejó a Uribe.Aunque el Gobierno no le ha hecho cambios a este punto, su partido sí intentó hacerlo. La senadora uribista Paloma Valencia presentó en septiembre una reforma constitucional que buscaba crear nuevas salas y secciones en la JEP para procesar a militares, un ajuste grande al Acuerdo y un caramelo para los militares en líos penales. Sin embargo, como lo contamos en La Silla en noviembre, un pacto que se selló en la Comisión Primera de Senado entre las bancadas pro paz y de oposición (salvo el Polo que votó en contra y la Farc que no votó porque estaba impedida), logró evitar que se crearan esas nuevas salas y en su lugar acordaron dos cosas, aunque aún le quedan más debates. Primero, que a las salas que ya existen puedan entrar 14 magistrados nuevos seleccionados por un nuevo mecanismo (aunque el uribismo dejó la constancia de que pueden pedir que sean más); segundo, que la sola confesión de una persona ante la JEP no puede ser la única prueba para que se condene a otro que no acepte su responsabilidad ante ella, como puede pasar con muchos militares. Frente a este debate, el gobierno de Duque o se metió ni se pronunció. Se lo dejó a Uribe.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Duque ha tenido un discurso duro frente a la JEP, en lo que tiene que ver con los ex comandantes de las Farc que no se han presentado personalmente como “El Paisa” e Iván Márquez. Frente al caso Santrich, que también toca a la JEP porque están por definir si le aplica la garantía de no extradición, Duque ya dijo que estaría dispuesto a firmar su extradición.

• Qué se hizo en 2018:El año pasado, de acuerdo con cifras a diciembre que le pasó la JEP a La Silla, en total suscribieron actas de compromiso para acogerse al sistema 9.676 ex combatientes de la Farc, 1927 de la Fuerza Pública y 35 agentes del Estado. La JEP recibió 148 informes escritos de organizaciones sociales, víctimas e instituciones del Estado y un informe oral, además de los de la Fiscalía.El año pasado fue clave además porque por primera vez el país oyó los testimonios en audiencias de varios ex secuestrados como Ingrid Betancourt, Alan Jara, el excongresista Luis Eladio Pérez y el general (r) de la Policía Luis Herlindo Mendieta, entre otros. También asumió casos claves en los que se juega su legitimidad como la presentación ante la JEP del general Mario Montoya, ex comandante del Ejército del ex presidente Álvaro Uribe y la pieza clave para entender el escándalo de los falsos positivos. Aunque Montoya dijo que no tenía ninguna responsabilidad en ese caso. Al mismo tiempo, fue el año en el que las Farc comparecieron por primera vez ante este sistema de justicia en una audiencia que abrió formalmente el primer macro caso de la JEP, sobre secuestros. A esa sesión fueron Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Los otros 28 exguerrilleros llamados a comparecer presentaron poderes con sus abogados.

• Qué faltaEste año la JEP tendrá en sus manos una decisión que puede golpear el futuro del Acuerdo y es el caso Santrich. El 28 de enero se vence el plazo que la JEP se puso a sí misma para que la Fiscalía de Estados Unidos les responda la carta rogatoria que le enviaron pidiéndole las pruebas que sustentan el ‘indicment’ con el que la justicia norteamericana acusó a Santrich de narcotráfico. Si la justicia de ese país decide no contestarles nada para esa fecha, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP puede decretar pruebas por su cuenta, y tendría que pedirle a las partes involucradas en este caso (Santrich y su defensa y a la Procuraduría) que presenten sus alegatos. No quedó un plazo establecido para que la JEP decida si a Santrich le aplica la garantía de no extradición, pero si llegara a decidir que no le aplica, eso le daría una excusa a los ex comandantes ausentes como Iván Márquez y ‘El Paisa’ para decir que no tienen garantías y retirarse definitivamente del Acuerdo (que solo prohíbe la extradición para delitos previos a la firma).Sumado a ese caso, la JEP deberá tomar las primeras decisiones frente a militares, ex combatientes y agentes del Estado, lo cual seguramente hará que siga siendo protagonista como lo fue el año pasado.

• Quién se encarga:La Jurisdicción Especial de Paz

Plan Marco

• Qué dice el AcuerdoQuedó pactado que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (Csivi) debía sacar adelante el Plan Marco, que es la hoja de ruta de la implementación de los acuerdos. Esta hoja debe tener los plazos, los costos, los cronogramas y las instituciones responsables de cada punto. Tiene una vigencia de diez años, entra en el Plan Nacional de Desarrollo y cada año la Csivi tiene que revisarlo para hacerle los ajustes que necesite.

• Qué ha hecho el Gobierno Duque: Avanzó.La Alta Consejería para el Posconflicto se dedicó en estos primeros meses a hacer una revisión de este Plan Marco, que es la hoja de ruta de la implementación del Acuerdo, y construyó una especie de “libro blanco” que revelamos en La Silla, en la que le hacía un corte de cuentas a los avances del gobierno Santos en cada uno de los 501 indicadores de ese Plan.Duque mantuvo la la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final (CSIVI), en la que se sientan representantes del Gobierno y las Farc, y es el órgano clave para verificar la implementación.

• Qué ha dicho Duque sobre modificarlo:Duque no ha dicho que quiera modificar este punto

• Qué se hizo en 2018:El Plan Marco fue publicado en diciembre de 2017 por el Gobierno Santos, y según dice el Acuerdo, se trata de la hoja de ruta de la implementación. Es el documento que define las metas, los tiempos y los responsables de cumplir cada punto. Durante la era Duque, el alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, arrancó un trabajo de revisión de ese Plan, como contamos arriba, y presentaron a finales de año la política de ‘Paz con legalidad’, que será en adelante la hoja de ruta definida por el Gobierno para implementar el Acuerdo de Paz.

• Qué falta: Poner en marcha todo el Plan Marco, que ahora tiene como hoja de ruta la política de 'Paz con Legalidad', que está incluida dentro del Pacto por la Construcción de Paz del Plan Nacional de Desarrollo de Duque.

• Quién se encargaLa Alta Consejería para el Posconflicto.