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Cosmética internacional de la paz
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La actual Cancillería colombiana está intentando vender a nivel internacional la idea de un Gobierno comprometido con el Acuerdo de Paz. Para hacerlo, muestra a la comunidad internacional indicadores relativamente exitosos de los procesos de desarme y reinserción, procesos en los que el país cuenta con una institucionalidad instalada, fruto de tres décadas de negociaciones realizadas con distintos grupos armados.
El gobierno de Iván Duque se arroga así los resultados positivos de la paz como logros propios y presenta los resultados negativos como fallas de la contraparte —en este caso, la exguerrilla— o como problemas de diseño del Acuerdo, culpando implícitamente al gobierno anterior. La semana pasada, por ejemplo, la Cancillería afirmó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la existencia de disidencias guerrilleras es una prueba del incumplimiento al Acuerdo por parte de esta organización.
Este argumento es insostenible a la luz de la teoría y la historia política. La Cancillería y algunos miembros del partido de gobierno han intentado defender en el ámbito nacional esta aseveración, pero haciendo una precisión: el incumplimiento es individual y no colectivo. Persisten, sin embargo, en poner el énfasis en el incumplimiento de los exguerrilleros, dando a entender así que el Gobierno cumple, pero la exguerrilla no.
Toda negociación de la paz —inclusive, de sometimiento a la justicia— con un grupo alzado en armas supone una tasa de disidentes. No existe un proceso de negociación donde absolutamente todos los combatientes se desmovilicen y desarmen. La teoría y la historia muestran que deben siempre hacerse los mayores esfuerzos, especialmente por parte del Gobierno, para evitar que la tasa de disidentes —que es inevitable— aumente.
En otras palabras, las disidencias individuales no son un incumplimiento por parte del grupo desmovilizado. Más bien son una amenaza para el proceso de paz y un fenómeno que debe neutralizarse manteniendo la cohesión del grupo y el ejercicio de autoridad estatal. Es decir, el Gobierno tiene que mostrar interés, compromiso y capacidad para cumplir con todo lo acordado a la vez que somete a los disidentes a la justicia. Este Gobierno muestra más entusiasmo en lo segundo que en lo primero.
Distintos expertos señalaron, desde el inicio de la negociación, que cumplir con todo lo acordado es una de las mejores formas de evitar el incremento de las disidencias y con ellas el riesgo del colapso del proceso de paz. La percepción o la constatación del engaño estatal fortalece la fuga disidente.
Estas indicaciones no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno Duque y su partido. El Acuerdo de Paz es un mero punto en la agenda de este Gobierno; reducirlo a ese nivel ha sido el resultado de una labor realizada con anterioridad por los sectores que ahora ocupan el ejecutivo. Bajo esta égida, los seis puntos que conforman el Acuerdo quedaron convertidos en el tradicional programa de reinserción y reincorporación.
Este gobierno no ha presentado mayores proyectos para desarrollar legislativamente la paz; además el partido de gobierno es uno de los mayores opositores a los proyectos que se han presentado en el Congreso para continuar con el desarrollo del acuerdo.
Convendría a la Cancillería tener presente que las medidas cosméticas y las cifras separadas de la realidad pueden funcionar con una parte de la población colombiana, pero no en un escenario como las Naciones Unidas, donde la información sobre el desempeño del Gobierno en el cumplimiento del Acuerdo muestra la cara de la paz sin maquillaje.
Si bien las partes suscribientes del Acuerdo tienen responsabilidades que las vinculan, la responsabilidad es diferenciada. Por eso es el Estado el principal encargado de la implementación y por lo mismo el responsable de lidiar con la amenaza de las disidencias al Proceso de Paz. Esa responsabilidad es la que están evadiendo nacional e internacionalmente la Cancillería y el Gobierno.
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