El diálogo como instancia de participación orientada a la convivencia

El diálogo como instancia de participación orientada a la convivencia

El diálogo como instancia de participación orientada a la convivencia y la construcción de paz: el caso de Santiago de Cali

El diálogo como instancia de participación orientada a la convivencia y la construcción de paz: el caso de Santiago de Cali

El país vive un estallido social por la búsqueda de transformaciones orientadas al establecimiento de un modelo social, económico y político, para el reconocimiento de la diversidad y de nuevos escenarios de participación e incidencia. El rol de los jóvenes ha sido fundamental, aunado a la inconformidad generalizada de los sectores históricamente excluidos y golpeados por décadas de gobiernos con un actuar centralizado. Tal es el caso de Cali, epicentro de la movilización y testigo de cómo la apropiación del espacio público ha llevado a resignificar la infraestructura, la urbanidad y los procesos de resistencia. En el momento de más auge de la movilización en la ciudad, llegaron a ser 28 puntos de concentración y bloqueos, de los que podemos destacar: Puerto Resistencia, Paso del Aguante, Loma de la Dignidad, Meléndez, Glorieta de Siloé, Sameco, Cavasa, La Luna, entre otros. Sectores con elevados índices de desigualdad.

De los resultados de la movilización y la protesta se encuentra la aparición de actores que se habían mantenido al margen de los procesos sociales y políticos, convirtiéndose en “sujetos activos de la política” y proponentes en nuevas formas de hacer política, como la resignificación del espacio a través de expresiones artísticas y culturales. La aparición de la “Primea Línea” —conformada principalmente por jóvenes (hombres y mujeres) dotados con escudos de fabricación casera e indumentaria para la protección— obedece a un ejercicio de seguridad comunitaria, dirigida a enfrentar las lógicas de violencia que históricamente se han desarrollado en contra de manifestaciones en las que el descontento de la población ha llevado a tomar vías de hecho en Colombia.

Esta nueva forma de expresión de la resistencia civil ha logrado permear a diferentes actores, entre ellos: madres, grupos de sacerdotes, docentes, grupos étnicos, campesinos e incluso, grupos de profesionales de diferentes áreas.  Sin embargo, dados algunos factores —como la afectación a la movilidad—, la presión de actores políticos y sectores económicos, esta figura ha sido cuestionada sobre su legalidad y legitimidad: “son aplaudidos y apoyados, generando un reconocimiento que invita a reflexionar sobre cómo una forma de acción política violenta tradicionalmente y estigmatizada ha logrado esta valoración social”, así como ha sido repudiada por la misma sociedad que lleva limitada la generación de ingresos desde el inicio de la emergencia generada por el covid.

Como es posible observar en el siguiente mapa, los lugares de bloqueo o concentración prevalecen en los sitios periféricos de la ciudad, donde el desarrollo urbanístico se ha visto limitado, donde “la población más pobre es desplazada de los centros urbanos hacia barriadas con graves problemas de infraestructura, transporte, equipamiento y seguridad”. Adicionalmente, en cuanto a la participación en los puntos (de acuerdo al mapeo de actores adelantado por el Instituto de Investigación e Intervención para Paz de la Universidad del Valle y el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali) se encontraron en algunos puntos más de 22 personas ejerciendo su derecho a la protesta, bloqueando el acceso en diferentes vías.

Mapa 1. Presencia puntos de concentración versus el bajo logro educativo. Fuente. Instituto de Estudios Interculturales PUJ-Cali

En los sectores como la comuna 20 (al occidente), la 16, 14 o 15 (en el oriente) y la 6 (en el norte), entre otras, es posible evidenciar problemáticas relacionadas con el bajo logro educativo. La pregunta sobre el por qué de los bloqueos o concentraciones en estos puntos se pueden responder con tres vectores: ausencia  de infraestructura, oportunidades económicas y procesos sociales orientados a establecer medios de vida sostenibles. Podemos ubicar —en referencia al problema físico— la falta de infraestructura en vías, lugares para el reciclaje, museos, bibliotecas, vivienda y equipamiento cultural. En referencia al último aspecto, podríamos analizar el cruce de las comunas más vulnerables con el bajo logro educativo que, a todas luces, están en territorios con bajo o nulo equipamiento cultural.

Mapa 2. Equipamiento cultural en Cali. Fuente. Instituto de Estudios Interculturales PUJ-Cali.

A parte del problema de acceso a servicios de salud, vivienda digna y educación, se deben sumar factores ligados a diferentes formas de expresión de violencia: “como la inseguridad, los altos índices de criminalidad y en general una abrumadora insatisfacción de los habitantes”. Estos últimos factores han incidido en los procesos de construcción de imaginarios desarticuladores en torno al espacio público, principalmente impulsados por la apropiación y utilización de grupos delincuenciales que limitan su potencial para establecer acciones orientadas a la integración y la convivencia, perpetuando la condición  de vulnerabilidad de las comunidades que habitan el sector. Este fenómeno se ha visto potenciado debido al manejo que se le ha dado a la movilización social, como lo plantean Carlos Duarte e Inge Valencia en la concepción del enemigo interno 2.0.

En relación a las oportunidades económicas, de acuerdo con el Dane, en 2021 en Cali la línea de pobreza extrema es de 152.415 y de pobreza monetaria es de 356.962. En referencia a la pobreza monetaria para el 2019 era de 558.360 y para el 2020 de 934.350, con una diferencia de 375.990, representado en un aumento del 10,6 por ciento.

El diálogo para la convivencia

La implementación de un modelo orientado al mejoramiento de la convivencia en espacios urbanos históricamente golpeados por hechos violentos, originados por una predisposición al establecimiento de barreras sociales, económicas y culturales —como en el caso de Santiago de Cali— representa una oportunidad para la discusión desde la autonomía y la participación ciudadana, que permite a los habitantes de la urbe diseñar y efectuar planes de intervención que faciliten abordar las problemáticas de la ciudad, lo que debe llevar a generar y aprovechar oportunidades para la construcción de imaginarios articuladores en cada uno de los sectores que la componen.

La necesidad de implementar herramientas que permitan identificar y abordar las causas de la violencia directa como resultado de fenómenos presentes en la estructura de la ciudad, implica que cualquier iniciativa dirija su acción, no solo hacia la interlocución y disminución de la conflictividad entre los actores sociales presentes en los territorios, sino también los factores sociales que dinamizan este tipo de lógicas en las comunidades, teniendo como punto de partida: la defensa y denuncia de violaciones a los derechos humanos, la apropiación y cuidado del espacio público, la dignificación de las condiciones de vida, el fomento de la participación ciudadana y el diálogo entre los diferentes sectores sociales y las instituciones del Estado.

Ante la importancia que representa la implementación de un modelo integral de atención a los conflictos y problemáticas generadoras de violencia para la transformación social, es necesaria la implementación una línea formativa que funja como elemento transversal que oriente los procesos de manera continua, a fin de lograr aportes tangibles en la construcción de paz urbana, para lo que la estrategia debe resaltar la importancia de la participación de quienes habitan en los territorios en las diferentes fases, es decir: durante el diseño, la construcción, la implementación y el seguimiento.

Además, la implementación de una línea formativa transversal a las actividades desarrolladas implica —según la concepción de John Paul Lederach sobre educación para la paz— la aceptación de la realidad imperfecta en la que convivimos como seres humanos, la importancia del conflicto como dinamizador de la búsqueda de respuestas, así como las diferencias de posiciones y las contradicciones deben verse “desde una dinámica creativa, positiva”, elemento fundamental de los procesos de construcción de estructuras sociales basadas en la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades.

Durante décadas, los planes y programas de reducción de la violencia —no solo de los entes estatales del orden local, regional y nacional, sino también de las organizaciones nacionales e internacionales— han basado su intervención en el mejoramiento de las condiciones de relacionamiento y convivencia, tomando como referente variables como la violencia homicida o el número de hurtos o casos registrados de agresión que dejan de lado los factores sociales, económicos, culturales e incluso de planeación urbana y el ordenamiento territorial. Con esto no ponemos en duda la efectividad de iniciativas de control en los territorios, más bien corresponde a la necesidad de implementar acciones puntuales, articuladas con procesos de fortalecimiento social que apunten a mejorar las posibilidades que poseen los habitantes de la ciudad en el desarrollo de planes de vida sostenibles con un fuerte componente articulador.

Pensar en una agenda de construcción de paz urbana —que vaya más allá del concepto “limitado” ligado a la ausencia de formas de expresión directa de la violencia— representa una oportunidad para el dialogo social, la concertación entre opiniones contrarias y posiciones diversas, así como la planeación participativa, el diseño e implementación de estrategias dirigidas a superar posibles focos de violencia en los territorios. Sumado a esto, identificar oportunidades de intervención a problemáticas sociales por parte de la comunidad, generando avances en los procesos de superación de la pobreza en los sectores más vulnerables de la ciudad y la visibilización y atención de la violencia oculta al ojo público, característica representativa de los sectores sociales con mejores condiciones económicas.

El contexto sociopolítico del país ha evidenciado cómo el dialogo y la reflexión sobre la realidad social podrían impulsar a las personas a trascender la “normalidad” en la que habitan, generando efectos sobre las potencialidades de los grupos sociales y los individuos, siendo conscientes de su entorno, los factores que generan impactos y efectos en el comportamiento y convirtiendo la interacción entre actores en un mismo escenario en una herramienta que conduce a la construcción de paz positiva como una forma de dignificar a la persona, a la vez que facilita los esfuerzos por garantizar el disfrute de los derechos, el respeto a las diferencias, su reconocimiento y la posibilidad de realización como ser humano.

En lo local, se han venido construyendo imaginarios que distorsionan la realidad del relacionamiento en la urbe. En el caso de Santiago de Cali existen hasta cuatro principales “identidades”, marcadas incluso por la distribución de la infraestructura de la ciudad. La primera de ellas corresponde a los sectores que componen el oriente, habitado principalmente por comunidades afro provenientes del pacífico y separado por la principal avenida de la ciudad. La segunda se compone por la zona de ladera ubicada al occidente de la ciudad y habitada en su mayoría por comunidades mestizas e indígenas. Tercero, “la Cali de las postales”, que va desde el sur, tomando parte del oeste y el norte, donde se ubican los sitios turísticos, el sector histórico, los principales lugares de interés y de comercio. Por último, el área rural, organizado en 15 corregimientos, algunos de ellos con precarias condiciones de acceso.

Reconocida la realidad que vive la ciudad, tomando como base la breve caracterización realizada anteriormente, es posible afirmar que la construcción de una nueva pedagogía permitiría responder al llamado de la ciudadanía sobre la necesidad de un dialogo social con resultados medibles, esto último con el ánimo de generar información que facilite una lectura del comportamiento y las variaciones después de la implementación de la propuesta en el territorio. En ese sentido, resulta necesario establecer mecanismos y metodologías que permitan construir a una población que se cuestione a sí misma sobre su rol y responsabilidad frente a los cambios sociales, culturales y ambientales, a la vez que aporta soluciones aterrizadas a las problemáticas primarias en los territorios, es decir, que no solo responda a necesidades puntuales de la comunidad, sino también a la creación de un espacio analítico, crítico y creativo, tanto en la esfera individual como en la social.

El diseño de la propuesta pedagógica, así como de las metodologías para la ejecución de iniciativas en los territorios, deben tener como base enfoques orientados a la participación ciudadana, la construcción de conocimiento basado en la experiencia, un componente diferencial que reconozca la importancia de la diversidad en un contexto urbano como el de Santiago de Cali, y un elemento artístico y cultural alrededor del cual se puedan generar encuentros para el diálogo y la convivencia.

“Más que desbloquear vías, desbloqueemos la ruta del diálogo”

Como ha sido evidenciado, luego de más de un mes de movilizaciones, tensiones, discusiones ciudadanas y acciones violentas —desatadas tanto por algunos miembros y representantes de las instituciones de seguridad del Estado, como grupos específicos de ciudadanos— es imperativo generar las condiciones necesarias que permitan defender la vida, mantener el diálogo y la paz. Para ello se han abierto rutas posibles de camino de entendimiento en las que debe prevalecer la confianza y el respeto por las diferencias del otro, donde los esfuerzos y medidas de atención correspondan a soluciones integrales que vayan más allá de la necesidad real de una solución pronta al conflicto social y que deben comprender planes de acción dirigidos a la coyuntura y a los problemas estructurales de la población caleña.

El establecimiento de una ruta de diálogo, debe permitir la conformación de vocerías de cada uno de los puntos de bloqueo y concentración, comprender el contexto, las razones, los actores y las solicitudes que han llevado a la consolidación de los pliegos de petición. Frente a esto último, desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali se ha realizado un análisis que permitió ubicar 10 dimensiones e “ideas fuerza”:

Dimensión

Ideas fuerza

Verdad, justicia y reparación para la construcción de paz territorial.

Establecimiento de una instancia de esclarecimiento de los hechos de vulneración de DDHH en el marco de la movilización, no judicialización, acciones de protección de la vida, seguridad humana y garantías de participación del equipo de líderes y lideresas.

Apertura social para la economía informal, del cuidado y campesina.

Fortalecimiento de los mercados campesinos urbanos de las comunas y creación nuevos, con logística, redes, insumos, transporte. Ayudas dignas y reales a los negocios de los pequeños comerciantes de la comuna afectados por la pandemia.

Educación y formación integral para todos y todas con pertinencia territorial, étnica y de género.

Extensión universitaria, matrícula cero, jardín infantil diurno y nocturno, centro de formación profesional y tecnológico, museos y construcción de bibliotecas, no al endeudamiento para educarse.

Salud para la vida y el bienestar.

Cordones humanitarios y plan de salud preventivo escolar y territorial, vacunación integral y, acceso y cobertura a la salud.

Revitalización del territorio a través del arte, el deporte, la recreación y la paz.

Más presupuesto para el programa de estímulos, manejo trasparente de los recursos, escenarios deportivos de alto rendimiento con programas financiados que garanticen ir más allá de la infraestructura e incluyan tutores y programas deportivos completos, cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Empleo integral con impacto social.

Programas de empleo directo con el Estado, derechos para la comprensión integral del empleo. Plan de choque inmediato y obligatorio que vincule a los jóvenes.

Participación horizontal en la construcción de la política pública y proyección social.

Cabildo abierto en los barrios, política de juventud, congreso juvenil, Destinación del presupuesto asignado para la localidad a planes y programas enfocados a las personas en sus edades de juventud y niñez.

Vivienda, entornos y territorios dignos.

Cuidado del medio ambiente, fortalecimiento y profundización real de la figura de ecobarrios en la comuna y prácticas medioambientales, creación de una planta recicladora para la ciudad.

Seguridad Alimentaria.

Ampliación y fortalecimiento de los comedores comunitarios.

Tabla 1. Relación Dimensión – Ideas fuerza. Fuente. Acercamientos para la observación y análisis de los pliegos de peticiones de los puntos de resistencia realizados por el IEI.

Lo anterior evidencia una apuesta de ciudad que, sin duda alguna, resalta los posibles aportes de la movilización, así como el desarrollo de las acciones entorno a procesos legítimos, impulsados por necesidades presentes en los territorios históricamente, marcando una posible ruta de diálogo entre los entes descentralizados del poder Estatal, el Gobierno Nacional y los grupos de resistencia civil, con temas definidos y soluciones permanentes, con impacto en lo coyuntural y en lo estructural.

Los jóvenes y la ciudadanía en movilización hacen un llamado a discutir cuestiones estructurales que han perpetuado fenómenos de violencia en el país. Por lo tanto, la respuesta de los actores políticos no puede limitarse al uso de la fuerza, sino a garantizar escenarios efectivos de diálogo donde sea posible identificar, priorizar y atender las necesidades e inconformidades de la población.

Es necesario avanzar en la búsqueda dialogada a las tensiones y conflictos que ha traído el proceso de movilización nacional, siendo preciso que el Gobierno nacional busque alternativas a la militarización a través del fortalecimiento de la gestión pública, lo que permitiría mostrar su voluntad para el diálogo.

Algo parecido tuvimos en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), con una buena opción, pero la gestión pública con la falta de articulación institucional en todos los niveles, el poco interés en cumplir los Acuerdos de Paz y la reconfiguración del conflicto armado han conllevado —en parte— a su fracaso o por lo menos que las comunidades no se sientan escuchadas, atendidas y comprometidas con la construcción de paz.

La historia nos ha enseñado que —ante la falta de espacios y oportunidades para garantizar el desarrollo de acciones orientados al establecimiento de modelos de vida éticos— es posible generar la reconfiguración del conflicto y con ello nuevas formas de expresión de la violencia. Deberíamos preguntarnos como sociedad si estamos preparados para abrir efectivos y reales canales de diálogo y si estamos dispuestos, de una vez por todas, a pasar la hoja de la guerra y violencia de nuestro país. 

Esta columna fue escrita en coautoría con Edilberto Vergara y Jordi Ayala.

*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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