Guáimaro: muerte, esperanza y resistencia

Apr 10, 2021

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El territorio construido a partir de la fuerza del trabajo de los campesinos y campesinas constituye un proyecto colectivo que reivindica y empodera la lucha de una comunidad.

El retorno a Guáimaro no ha sido fácil. La lucha por la tenencia de la tierra ha sido un conflicto constante en la historia reciente de sus habitantes, quienes desde los años 80 habían llegado a los playones de Laura y Castro a cultivar la tierra, tejer sus relaciones y constituir sus familias.

Con la incursión paramilitar en Guáimaro, sus habitantes comenzaron a vivir una pesadilla que les costó la vida a personas inocentes, señaladas como “auxiliadores de los grupos guerrilleros”, sufriendo diferentes formas de violencia y tortura. Esta escalada de terror acabó incluso con familias enteras. “Cada mes pasaba algo”, recuerdan los guaimareros, quienes después de padecer todo tipo de vejámenes fueron obligados por los paramilitares a abandonar sus tierras en mayo del 2000.

“El día 18 de mayo del 2000, pusieron unos grafitis donde daban 48 horas para que desocupáramos, pero no era todo el pueblo sino los invasores de los terrenos de Laura y Castro (…) Mandaron un panfleto, que los hombres se fueran y todos se fueron porque en el estado de nervios nada se ve y todo se da por cierto”.

Testimonio de una de las víctimas del conflicto armado en Guáimaro.

En Colombia, el discurso contrainsurgente del paramilitarismo, terminó por transformarse, además, en una estrategia para favorecer a los terratenientes y políticos poderosos, cuyas ansias por acumular tierra figuró como la excusa perfecta para la conformación y consolidación de estructuras armadas, que, en el caso del departamento del Magdalena, devino en un proyecto “exitoso” auspiciado por ganaderos y parapolíticos para controlar las rutas del narcotráfico, despojar a los campesinos y apropiarse ilegalmente de las tierras.

Con la desmovilización del bloque Norte de las AUC y la Ley de Justicia y Paz, el retorno que se había realizado de manera paulatina a Guáimaro se volvió masivo en 2006. Sin embargo, las víctimas se encontraron con que su lucha por recuperar la vida arrebatada por la guerra aún no terminaba y ahora debían enfrentarse a la incapacidad institucional para garantizar su reparación integral.

Un par de meses después de su retorno fueron entregados por el Incoder los predios de “Villa Denis”. Bienes expropiados a alias “El Caracol” —exjefe del Cartel de la Costa condenado en 2003— que debían ser adjudicados a las víctimas del conflicto en Guáimaro, pero que mediante procesos (aparentemente legales) terminaron asignados a personas que no hacían parte del campesinado que había sido despojado y, por el contrario y bajo muchas irregularidades, pasaron a manos de familiares de terratenientes amigos de la administración municipal.

En consecuencia, la comunidad recurrió —sin éxito— a las instituciones del Estado, exigiendo investigación y revocatoria del proceso de adjudicación. El fin era iniciar la recuperación de sus tierras, que por ley debían tener un uso social, pero que estaban siendo utilizadas para aguardar el ganado de los poderosos de la región.

La comunidad, en un ejercicio de resignificación de las experiencias traumáticas en el marco del conflicto, encontró en la movilización social y las organizaciones de base una posibilidad para responder y resistir ante el desconocimiento de las instituciones y la desidia estatal para garantizar sus derechos y dignidad.

En 2009 fueron ellos quienes “corrieron los corrales”, sacaron el ganado y se apropiaron de las tierras, que consideran son suyas por derecho y que nuevamente les habían sido arrebatadas. Volvieron a cultivar y se enfrentaron al menos a tres desalojos autorizados por la alcaldía de Salamina.

Con la conformación de la Asociación de Campesinos y Campesinas de Guáimaro se dio inicio a un proceso organizativo para mantenerse en los predios y seguir en su lucha por el reconocimiento legal de la que han llamado la “Tierra Prometida”. Por su parte, con la constitución de la Asociación Nacional de Desplazados de Guáimaro Magdalena han gestionado la inscripción de las familias que fueron desplazadas y garantizado la llegada de ayudas del Estado a personas que realmente son víctimas del conflicto; y la Asociación de Mujeres Campesinas Echadas Pa' lante surgió como una iniciativa para reivindicar el rol de la mujer en la lucha por la tierra y en la consolidación de su proyecto colectivo.

De esta manera, el territorio conformado no solo por las extensiones de tierra, sino construido a partir de la fuerza del trabajo de los campesinos y campesinas, constituye más que un bien material y se convierte en un proyecto colectivo. Reivindica y empodera a una comunidad que lucha por restablecer sus redes de apoyo y el tejido social roto a causa la violencia.

Sin embargo —pese a las batallas ganadas y el apoyo de otras organizaciones, la gestión de algunas ayudas estatales y las investigaciones adelantadas por las instituciones para la titulación de sus tierras— los guaimareros siguen en la soledad y el abandono estatal, acumulando desilusiones y atropellos. Después de más de 20 años de la masacre que desapareció violentamente a 7 campesinos y el desplazamiento forzado de todo un pueblo, los ancianos están muriendo sin ser reparados, viviendo como en “El coronel no tiene quien le escriba”: con la esperanza de adquirir al menos para un techo digno donde pasar, seguros y con dignidad, el ocaso de sus días.

“Desde un escritorio de una persona que no lo ha vivido esto es letra muerta (…) porque es que lo que a nosotros nos pasó parece que no tuviera doliente (…) hoy, 20 años más tarde, ni siquiera estas 450 familias han tenido derecho a que los indemnicen porque siempre nos han dicho: 'es que en Justicia y Paz todavía tienen una partecita, que no se sabe si las personas estas son las que hicieron el acto o no lo hicieron'. Antes de ayer se murió un anciano de 90 años en la indigencia, no alcanzó a una indemnización, siquiera para tener una casa digna. Aquí hay un señor de 95 años y todavía no le han priorizado.”

Aunque en las salas de Justicia y Paz los paramilitares declararon la participación de exfuncionarios y exalcaldes en el despojo en Guáimaro, las magistradas de la sala civil especializada en restitución de tierras —del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en 2017— desestimaron la solicitud de las 175 hectáreas que quedaron por fuera de los terrenos baldíos de los playones de Laura y Castro. Estos fueron reconocidos como propiedad privada, pero antes de los hechos victimizantes habían sido cultivados colectivamente por los campesinos. Con esta decisión dejaron en manos de particulares los terrenos que le pertenecían a la nación.

En el caso del conflicto armado en el país, la tierra tiene más que una connotación económica: reconocer y devolver a las víctimas los terrenos de los que fueron despojados. Esto es, además, una forma de reparación simbólica, de resignificación de sus historias y dignificación en sus vidas para siempre marcadas por el conflicto armado y movilizadas por la memoria.

Una memoria que demanda una verdadera reparación para quienes han sufrido en cuerpo y alma la incursión de la guerra; que la justicia no solo se aplique para autores materiales de los hechos victimizantes, sino también a quienes incidieron como autores intelectuales y que hoy gozan de la más vergonzosa impunidad, paseándose libremente por el territorio y además fungiendo como dueños de una tierra obtenida de manera ilegal, producto de las prebendas y canonjías propias de sus relaciones con el Estado de poder.

Pero sobre todo, una memoria que le devuelva la dignidad a un pueblo que aún llora a sus muertos y que continúa en pie, a pesar de la desidia de quienes deberían garantizar verdaderos procesos de justicia para la paz.