La seguridad para líderes comunitarios en el Caribe sigue deteriorándose

Jul 09, 2021

Luis Fernando Trejos Rosero

Esta columna fue escrita en coautoría con Camila Orozco Flores .

En el primer semestre del 2021 se registraron 6 defensores de derechos humanos asesinados en el Caribe. Los casos se presentaron en los departamentos de Córdoba (2), Sucre (1), Magdalena (1), La Guajira (1) y César (1). Asimismo, se registra el inicio del 2021 como el más violento desde el 2018, lo que incrementa las afectaciones humanitarias a la población civil, entre ellos, los líderes comunitarios y los defensores de derechos humanos.

Si bien se muestra una disminución en los asesinatos en comparación con el primer semestre del año 2020, la violencia sistemática no cesa. Existe una tendencia selectiva que corresponde por lo general a líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes, promotores de procesos de sustitución de cultivos ilícitos, reclamantes de tierras y ambientalistas.

Este es el perfil de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios asesinados en el Caribe colombiano entre enero y junio del 2021:

Teniendo en cuenta el aumento de las acciones bélicas, sobre todo en las subregiones de los sures de Bolívar y Córdoba, se espera que los casos de atentados a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios aumente. Los asesinatos ocurrieron en territorios con presencia de Grupos Armados Organizados (AGC, Acsn, ELN, Caparros). Además, se mantiene la tendencia de no adjudicarse públicamente la autoría de los asesinatos, tratando de evitar los costos jurídicos y políticos que este tipo de crímenes producen, lo que dificulta el análisis. La presencia de estos grupos obedece al valor estratégico de cada territorio, que radica en gran medida en el control de las rentas (legales e ilegales) presentes en el mismo.

La situación de seguridad en el Caribe sigue deteriorándose, no solo por el aumento de las acciones bélicas, sino por la continua incursión desde Venezuela de unidades de la Segunda Marquetalia en la zona rural del municipio de Fonseca (Guajira), muy cerca del Aetcr de Pondores. Esto no solo pone en riesgo a la población de excombatientes en proceso de reintegración, también a las comunidades campesinas e indígenas que habitan ese territorio de la Serranía del Perijá.

En este complejo contexto, el Centro de Pensamiento UNCaribe reitera las siguientes propuestas tendientes al mejoramiento de las condiciones de (in)seguridad de los defensores de derechos humanos del Caribe colombiano:

El Gobierno nacional y los gobiernos locales deben promover campañas en distintos medios de comunicación. Resaltando el trabajo de los defensores de derechos humanos y la importancia que para las comunidades y la democracia tiene su actividad.
Instar a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación a presentar periódica y públicamente los resultados de sus investigaciones en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (Ctjt), normados por la Ley 1148 del 2011 y que deben ser presididos por los alcaldes de cada municipio del país. Igualmente, la Procuraduría debe emitir una circular ordenando que en los municipios donde haya procesos penales que investiguen amenazas y victimizaciones contra defensores de derechos humanos se publiquen estos informes de manera periódica comunicando los avances de cada proceso penal y/o disciplinario en el marco de estos Ctjt que, según la ley, deben reunirse por lo menos cuatro veces al año.
Fortalecer con mayores recursos humanos y financieros a la Unidad Nacional de Protección, con el fin de disminuir los tiempos de sus procesos internos.
Involucrar activamente a los alcaldes y gobernadores de municipios y departamentos en los que esta problemática es crítica, con el fin de formular políticas públicas con enfoque territorial específico, teniendo en cuenta las capacidades institucionales reales de dichas administraciones.
Tener en cuenta las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para articular la institucionalidad territorial. Esto con el objetivo de prevenir o anticipar la violencia que se ejerce en contra de los defensores de derechos humanos y establecer protocolos de rápida evacuación humanitaria en aquellos casos de extrema gravedad.
No desligar la seguridad de los defensores de derechos humanos de la agenda de desarrollo local integral, entendiendo que existe una relación directamente proporcional entre ambos temas.
Establecer una instancia de coordinación entre Estado nacional, regional y local para construir planes de acción integral con objetivos de mediano y largo plazo (varias administraciones) que posibiliten la creación de circuitos económicos legales, el fortalecimiento institucional y la articulación y cualificación de la sociedad civil en la Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de Maria, el centro y norte de la Serranía del
Perijá y los sures de Cesar, Bolívar y Córdoba.
Promover la suscripción de acuerdos o pactos humanitarios locales entre comunidades y actores armados ilegales o los poderes de facto que controlen dichos territorios. Estos pactos pueden ser facilitados y acompañados por la Iglesia católica, las iglesias cristianas y la cooperación internacional, y en ellos deben establecerse unos límites claros sobre qué temas pueden gestionarse o denunciarse públicamente y crear mecanismos de resolución de los conflictos que surjan en el marco de la aplicación e interpretación de los pactos.
Acelerar la implementación del Acuerdo del Teatro Colón.