Movimiento estudiantil colombiano: la importancia y los compromisos de un Acuerdo histórico

Jan 01, 2019

Lucy Gabriela Delgado Murcia

Estos son los logros, las proyecciones y los compromisos del Acuerdo entre el movimiento estudiantil colombiano y el gobierno nacional.

Luego de dos de las más grandes movilizaciones -creativas, pacíficas y multiestamentarias- por la educación superior pública en Colombia (octubre 10 y 17 de 2018) los rectores del Sistema Universitario Estatal-SUE y de la Red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias-Red TTU recibieron el pasado 26 de octubre, en el primer acuerdo con el gobierno nacional, un incremento a la base presupuestal y recursos del Sistema General de Regalías-SGR para las Instituciones de Educación Superior-IES que dirigen.

Sin embargo, al parecer, algunos rectores no tenían las cifras claras, lo que se reflejó también en la información solicitada por la Mesa de Diálogo, cuando directivos que incluso salieron a marchar indicando que no había cómo culminar -financieramente- el 2018, señalaron ya no tener “preocupaciones” presupuestales. La falta de información inequívoca planteó la necesidad de establecer el debido análisis de cuentas y de pasivos para cada una de las IES públicas. Derivado de lo anterior, surgió el punto 7.1 del Acuerdo de la Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública.

¿Por qué continuó el paro estudiantil luego del acuerdo con los rectores?

Los anuncios mediáticos por parte de algunos rectores animaron la fuerza del movimiento estudiantil motivando un paro nacional sin precedentes, apoyado incluso por IES privadas. Además del escaso liderazgo de algunos rectores en sus comunidades, la justificación para continuar con las movilizaciones y no retornar a clases (paro), estuvo soportada en argumentos que indicaban que recursos sí había, pero no voluntad política. No se pretendía que en unos pocos meses de gobierno se dispusieran salidas a una crisis de más de 25 años, sin embargo, era el momento de ser escuchados, de establecer una hoja de ruta para superar los errores de la Ley 30 de 1992 y dar una discusión profunda sobre el modelo de educación que Colombia necesita.

Muchos se preguntaron ¿por qué los estudiantes decidieron continuar en paro para alcanzar un objetivo en el que todo el país está interesado, incluyendo al propio gobierno?

Las respuestas son variadas:

(i) Ni el gobierno ni algunos de los rectores tuvieron la disposición de atender y canalizar los argumentos presentados por el movimiento estudiantil; los rectores -salvo contadas excepciones- una vez logrado el acuerdo con el presidente Duque, lucieron ajenos al problema y dejaron de ver al movimiento estudiantil como su otrora aliado estratégico.

(ii) Un pequeño grupo de “preocupados por la educación” ha logrado incidir gobierno tras gobierno colocando sus proyectos e intereses particulares, en los escritorios de los ministros de educación de turno. Ellos, no requieren de ninguna movilización social pues tienen acceso al poder directamente y logran sus propósitos, a manera de política pública.

(iii) La participación democrática (representativa o participativa) en la construcción de políticas públicas en educación y en ciencia, fue desvirtuada por el gobierno del presidente Santos debido a que decisiones ya tomadas se validaban a través de listados de asistencia que, luego se registraban como evidencia de una participación “efectiva”.

(iv) Las consultorías -nacionales o extranjeras- se han llevado por años recursos públicos; se asumen como los planes de política pública y por lo general excluyen las realidades del sector.

Gracias a los estudiantes, los profesores integraron la Mesa de Diálogo

Además de liderar las movilizaciones, los estudiantes lograron llevar un nivel muy alto en las discusiones técnicas y ubicar en la opinión el tema de la adecuada financiación de la educación superior pública como una prioridad inaplazable.

Lo anterior, indujo a que el gobierno nacional buscara los recursos financieros para llegar al Acuerdo. En medio del paro, el gobierno nacional citó al diálogo a una de las asociaciones estudiantiles, la cual presentó como condición de aceptación, extender la invitación a las otras dos organizaciones de estudiantes; también solicitaron un lugar para los docentes, de manera que hicieran parte activa de la importante discusión por el futuro de la educación superior en Colombia, en el sentido de lo público.

De este modo, llegaron representantes de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU, de la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales a los Consejos Académicos y Superiores de las Universidades Públicas-ARPUP, de la Mesa amplia de profesores de la Universidad Nacional de Colombia-UN y el profesor Adolfo Atehortúa, invitado a título personal por las organizaciones estudiantiles***. Con la representación-vocería de quince (15) estudiantes y de seis (6) docentes, el primero de noviembre de 2018 se integró la Mesa de Diálogo con el gobierno nacional.

El Acuerdo y la resolución 019195 del 14 de diciembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional-MEN que formalizó la Mesa de Diálogo, recogen las intensas y hasta desgastantes sesiones de no menos de 8 horas diarias, hasta la última, de 21 horas, que conllevaron al avance en los consensos.

La dinámica del trabajo de la Mesa de Diálogo planteó tres metas:

(i) Presupuestal.

(ii) Normativa.

(iii) Gobierno institucional y autonomía universitaria.

¿Qué se logró?

Algunos de los puntos más relevantes del Acuerdo, se amplían a continuación:

Recursos para infraestructura provenientes del SGR

La asignación de recursos del Fondo de Desarrollo Regional-FDR del SGR por hasta un billón de pesos en el bienio -2019-2020- para infraestructura (obra civil y dotaciones) de las IES públicas, son un aporte importante destinado por las gobernaciones como respaldo al gobierno nacional y a las IES, que apoyará la construcción de sedes, de aulas, de laboratorios, de talleres, entre otros, para mejorar el apropiado cumplimiento de las funciones misionales (punto 2 del Acuerdo). A los recursos que serán asignados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión-OCAD, deberían acceder todas las 61 IES públicas, considerando algunos aspectos consignados en el informe de la reunión entre integrantes del movimiento estudiantil y la Federación Nacional de Departamentos-FND, del 7 de diciembre de 2018(...(i) ...hacerse una selección de proyectos teniendo en cuenta...el aporte o impacto de las obras a las funciones misionales de las IES públicas...; (ii) el número de estudiantes beneficiarios, no debe ser necesariamente un criterio prioritario para la selección de los proyectos, pues estaríamos replicando el errado modelo de asignación de recursos de la Ley 30, desconociendo que las demás funciones misionales, en particular la investigación/creación, no se tasan por número de estudiantes...).

Sobre el ICETEX...

Uno de los temas álgidos en la discusión fue la reforma al ICETEX, debido a que se presenta una clara divergencia entre quienes piden su reestructuración y quienes reclaman su liquidación. La reforma estructural del ICETEX (punto 5 del Acuerdo) se hará considerando la Ley 1911 de 2018, uno de los últimos -lesivos- actos administrativos del gobierno del presidente Santos, por medio del cual se privatiza la educación superior privilegiando la demanda, creando diversos fondos y estructuras, una de los cuales involucra directamente al ICETEX. En todo caso, la reforma al ICETEX no podría conducir a la expedición de normas reglamentarias para viabilizar la Ley 1911 (crear los fondos con los alcances allí descritos, está en contravía del objetivo de la educación superior pública como un derecho, y desviaría para su operación, recursos que podrían hacer parte de la base presupuestal de las IES públicas).

Recursos para la Ciencia, Tecnología y Innovación-CTeI. Más recursos para el Departamento Administrativo de CTeI-COLCIENCIAS

El trabajo coordinado de varios profesores y expertos de las distintas IES apoyó a la Mesa de Diálogo en el desarrollo y en la argumentación de algunos puntos del Acuerdo. En particular, el incremento a los recursos para CTeI contó con la participación de docentes de la UN, quienes plantearon conseguir de los remanentes del recurso público que no se ejecuta cada año -y que es devuelto al tesoro nacional-, un rubro adicional para la gestión del conocimiento. En buena hora el movimiento estudiantil dio una mirada integral al sistema del conocimiento, articulando la educación superior -sus programas de posgrado, en particular- con los recursos que vía COLCIENCIAS son destinados a financiar programas de investigación/creación, incluidas las becas doctorales.

Es un logro significativo de la Mesa de Diálogo (puntos 2, 8 y 9 del Acuerdo) la consecución para COLCIENCIAS de:

(i) 300 mil millones de pesos en el 2019 (del 20% de los recursos apropiados y no comprometidos en 2018).

(ii) Sumas quizá equiparables, por la destinación de este mismo porcentaje, para los años 2020, 2021 y 2022.

(iii) Dichos recursos con priorización para las IES públicas.

(iv) 500 mil millones de pesos de los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del SGR para el próximo bienio, de los cuales, el 50% será para obras de infraestructura de investigación en IES públicas y el otro 50%, para el programa de becas doctorales nacionales. Importante el direccionamiento de este recurso, teniendo en cuenta que las administraciones anteriores del MEN y de COLCIENCIAS, ponderaron la inversión en formación de alto nivel hacia el exterior, vía “Colombia Científica-Pasaporte a la Ciencia” y Colfuturo. En otras palabras, promovieron la inversión en el exterior, habiéndose otorgado registros calificados a más de 300 programas de doctorado en Colombia, los cuales se vieron seriamente afectados por la reducción de becarios y de proyectos de investigación/creación financiados.

La base presupuestal y la formalización docente

El tema más crítico para alcanzar el Acuerdo (punto 18) refiere al aumento a la base presupuestal. Siempre se insistió en que se debía llegar al menos a un incremento del Índice de Precios al Consumidor-IPC + 4,65% desde el 2019, a fin de estabilizar el déficit anual (dato del SUE), que debido a una inadecuada proyección en la Ley 30 de 1992, conllevó a la grave crisis que hoy padecen las finanzas de la educación superior pública. A pesar de no haber conseguido ese incremento (sólo se alcanzó para el último año del gobierno, para el 2022), lo logrado desacelera el déficit y permite recuperar algunos recursos de la base (funcionamiento) que hoy están cubriendo gastos de inversión. Para quienes preguntaban por qué con tanto dinero ofrecido por el gobierno no se firmaba el Acuerdo, es importante mencionar que parte de esos recursos, están destinados al rubro de inversión y no al de funcionamiento, comparable con tener una vivienda con los servicios públicos - “funcionamiento”- suspendidos, pero recibir electrodomésticos nuevos –“inversión”- (los que no se podrían usar con los servicios públicos cortados). Sin embargo, con un aporte significativo de recursos de inversión, incluidos los alcanzados para COLCIENCIAS, parte de la base presupuestal que hoy se destina a proyectos de inversión, quedaría disponible, incluso para formalizar a profesores que no son de planta, vinculados como ocasionales y catedráticos, y que hoy son cerca del 70% de los docentes de las IES públicas, acorde con cifras de ASPU. Con recursos adicionales para funcionamiento, se esperaría que pronto las IES públicas abran concursos meritocráticos, buscando la inclusión laboral formal de los docentes que trabajan en condiciones precarias y porque no, de quienes, habiéndose formado como investigadores (doctores), no han encontrado oportunidades laborales estables en los sistemas de educación y científico, en Colombia.

¿Qué pidió el gobierno en el Acuerdo?

Levantar el paro.

Los estudiantes y los profesores de la Mesa de Diálogo indicaron que las asambleas eran el espacio en el cual se procedía a socializar el Acuerdo y se decidiría retornar a clases. De este modo el compromiso de los estudiantes y de los profesores de la Mesa de Diálogo fue asumir la explicación del Acuerdo y las proyecciones del trabajo de la Mesa, en cada espacio institucional, en cada asamblea, en cada oportunidad; respondiendo ante las comunidades por lo alcanzado.

De resaltar la labor de la ministra de educación, quien asumió personalmente las discusiones, así como las capacidades de su equipo (viceministro y asesores), y de los directores de COLCIENCIAS y del ICETEX. Las competencias técnicas de la ministra como cabeza del sector le valieron por parte de los estudiantes y de los docentes, en la Mesa de Diálogo, un reconocimiento especial. Se identificó una clara diferencia con sus antecesoras, quienes, por el miedo a lo desconocido, nunca fueron capaces de sostener una discusión sin libreto con miembros del sector educativo, menos científico, que representaban.

Para quienes suponen que estudiantes y profesores “engañarán” al gobierno porque asumen que la crisis financiera de las IES públicas era sólo una “excusa” para permanecer en paro, es oportuno recordar que fueron los mismos estudiantes quienes al instaurarse la Mesa de Diálogo, solicitaron garantías para no perder el periodo académico, razón por la cual, ningún semestre fue cancelado y todos los calendarios fueron modificados. No se recupera un periodo académico sin volver a clase.

¿Por qué es histórico el Acuerdo?

Denominar como histórico el Acuerdo es más que pertinente al contrastar los logros de la Mesa de Diálogo con los alcanzados por otros movimientos estudiantiles recientes, como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil-MANE, en el 2011. El retiro del proyecto de modificación de la Ley 30 de 1992 que refería abiertamente el ánimo de lucro para las IES, fue uno de los logros más significativos de la MANE, que llevó además a que el Consejo Nacional de Educación Superior-CESU liderara por dos años y medio la construcción de una política pública para la educación, consignada en el “Acuerdo por lo Superior 2034” (entregado el 4 de agosto de 2014). Una vez posesionado el presidente Santos en su segundo periodo, la entonces ministra de educación desconoció el Acuerdo del CESU y a los pocos meses dio apertura entre otros, al controvertido programa “Ser Pilo Paga-SPP” que benefició a menos del 2% de los bachilleres que podían acceder a la educación superior. El resultado financiero posterior a la MANE fue: 4 billones de pesos direccionados a SPP, de los cuales el 83,8% llegó a universidades privadas, incluyendo los recursos desviados del recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE (destinado supuestamente a fortalecer las IES públicas). La MANE no tuvo proyección en el tiempo.

Por su parte, en la Mesa de Diálogo se lograron más de cinco (5) billones de pesos para las IES públicas, incluyendo recursos para COLCIENCIAS y se proyectó bajo la resolución del MEN, un trabajo posterior conjunto con el gobierno nacional, para el seguimiento del Acuerdo y hacia “soluciones a las problemáticas estructurales de la Educación Superior Pública” (Artículo 5, resolución 019195).

Compromisos

Estudiantes, profesores, trabajadores, rectores, padres de familia y gobierno, serán los principales garantes del cumplimiento del Acuerdo, de lo allí consignado, así como de lo asumido de palabra en la Mesa de Diálogo:

(i) Garantizar la culminación del segundo periodo de 2018 y desarrollar -ojalá sin contratiempos- los periodos académicos del 2019.

(ii) Garantizar la entrega de los recursos conseguidos a través del Acuerdo y vigilar todos los recursos públicos que llegan a las IES, ejerciendo activamente el control (incluido el control social). Es urgente un proceso de autocrítica para ejercer de la manera más responsable la autonomía universitaria.

(iii) Las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, que con el Acuerdo lograron el trato equiparable al de las universidades oficiales -que siempre habían buscado-, deberán hacer los ajustes estructurales del caso, empezando por analizar y reformar sus programas curriculares para diferenciarse con claridad de las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano -cuando aplique-.

(iv) Los Consejos Superiores Universitarios-CSU y los cuerpos directivos colegiados de las demás IES públicas, deberán vigilar con absoluta transparencia, la debida distribución y ejecución de los recursos. El presidente Duque conoce la importancia de enviar delegados idóneos a los CSU, sin conflictos de interés, que rindan cuentas y que trabajen para las IES y no para su beneficio particular. Se espera confiadamente que se preste atención a estas representaciones, de manera que los gobiernos -nacional o territorial- asuman a través de sus delegados, las corresponsabilidades a que haya lugar, en la administración efectiva de cada IES.

El cumplimento del Acuerdo debe ser vigilado por todos. Estudiantes, profesores, trabajadores y gobierno nacional deberán honrar la palabra comprometida y con seguridad, avanzarán en los derroteros trazados en la “Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública”.

¡Que vivan los estudiantes! Mejor fue posible.

***A partir del 29 de noviembre de 2018 hice parte de la Mesa de Diálogo en reemplazo del profesor Adolfo Atehortúa (como su suplente), en sus mismas condiciones (elegida por los estudiantes representantes y voceros de la Mesa de Diálogo, y a título personal).

Algo más

(i) Todas las formas de violencia son repudiables. No más violencia por parte del ESMAD. Deben hallarse los responsables de los ataques a los estudiantes durante las movilizaciones, en particular quienes provocaron la pérdida de su ojo a Esteban Mosquera.

(ii) Son necesarios todos los partidos políticos en la construcción de las políticas públicas para la educación y para la ciencia. Esta causa no pertenece a alguno -político o partido- en particular; la educación y el conocimiento son un propósito de país. No al oportunismo.

(iii) El nuevo ministerio de ciencia y tecnología no puede ser la simple transformación de COLCIENCIAS. Este ministerio propuesto desde el año 2014 por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, debe ser el eje de creación de un verdadero Sistema de CTeI, debe ser el líder generador de las políticas públicas para el desarrollo de una sociedad del conocimiento, debe contar con recursos adecuados y ser un referente de meritocracia, en todos sus niveles. Debe demostrar que estaban equivocados quienes infirieron que podría ser un fortín politiquero y burocrático más.