10 personajes claves para el posconflicto en los Santanderes

César Jérez es uno de los superpoderosos de la movilización social en Colombia. Se dio a conocer en 2013 cuando lideró, junto a dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, el paro campesino que sitió a Norte de Santander por 53 días.

Empezó su trabajo con organizaciones campesinas en 1998 cuando se vinculó a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc. Desde entonces ha sido uno de sus voceros y también impulsor de la figura de las zonas de reserva campesina, figura que defiende la Farc.

En 2001 fundó junto a otros líderes sociales Prensa Rural, medio que desde su creación guardaba afinidad con la desmovilizada guerrilla y que funciona como un medio de comunicación especializado en la actividad de las organizaciones campesinas.

Es el líder más visible de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, que busca constituir y ejecutar los planes de desarrollo de las zonas de reserva en el país.

Su liderazgo es visible tanto en la Acvc como en Ascamcat, dos de las organizaciones campesinas del Magdalena Medio y Catatumbo, respectivamente, y en el aterrizaje de los acuerdos por lo que seguramente será una de las voces más visibles de las dos regiones.

Quintero fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc y será uno de los cinco representantes a la Cámara que el partido Farc tendrá de manera directa el próximo año en el Congreso.

Nació en una familia campesina de Palmar, Santander e ingresó a la exguerrilla cuando tenía 16 años. Tanto cuando estaban en la guerra como en la etapa de la desmovilización, Quintero ha sido uno de los hombres de confianza de Felix Antonio Muñoz, antes ‘Pastor Alape’.

En medio del proceso de paz de La Habana, Quintero fue uno de los delegados de las Farc e integró la Consejo Nacional de Reincorporación.

Según El Tiempo, Quintero era el encargado de recibir el dinero de extorsiones en el nordeste antioqueño y sur de Bolívar, cuando fue guerrillero, pero, según un líder social y un investigador de la región, también hizo trabajo político.

Como desde ya tiene un cupo asegurado en la Cámara por Santander, Quintero le contó a La Silla que uno de sus ejes de trabajo estará en Barrancabermeja, la capital del Magdalena Medio.

Sobre la materialización de los acuerdos de La Habana en esa región, según él, su partido se va a enfocar en pedir seguridad para incentivar la actividad política, fortalecer las reservas campesinas (existen dos en el y en que el Estado llegue con su oferta institucional a las zonas más apartadas del territorio.

Es profesional en ciencias políticas y Gobierno y ha trabajado en la dirección política contra las drogas del Ministerio de Justicia, como director del Programa Contra Cultivos Ilícitos del Departamento para la Prosperidad Social. Actualmente es el director de acceso a tierras de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que reemplazó al Incoder.

Su dirección tiene a cargo, entre otras, la tarea de destrabar las zonas de reserva campesina y hacerle seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo de esas formas de organización territorial.

Dado que en el Magdalena Medio hay dos zonas de reserva campesina constituidas (la de Morales y Arenal y la del Valle del Río Cimitarra), y que en el Catatumbo un sector de los campesinos quiere formalizar otra su rol será clave en esas dos zonas del oriente del país.

Además, aunque esa entidad solo tiene presupuesto para la formalización de la propiedad de los campesinos, también se encarga de articular la oferta del Estado con los intereses campesinos.

Barón es el director de la territorial en el Catatumbo de Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito de la dirección de Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, dependencia que lidera uno de los puntos claves del acuerdo de La Habana: la sustitución de cultivos ilícitos en el país.

En el Catatumbo, el segundo departamento del país con más coca con 24.800 hectáreas sembradas según el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la labor de la dirección es crucial para el aterrizaje del posconflicto.

De que empiecen a avanzar con los acuerdos de sustitución voluntaria en toda esa región, que como ha contado La Silla, han avanzado a paso lento y en medio la disputa interna de poder de organizaciones campesinas locales, depende el éxito del posconflicto en Norte de Santander.

No solo porque en el Catatumbo también hay presencia del ELN y EPL, guerrillas que están dinamizando el negocio de la coca; sino también porque el Ejército está avanzando con la erradicación y eso puede generar una crisis social debido a que los campesinos han dicho que se enfrentarán a la fuerza pública en caso de que les quiten las matas a la fuerza.

Desde que fundó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en 1995, el padre jesuíta Francisco de Roux ha sido uno de los referentes en la construcción de paz en los territorios por su trabajo con víctimas, la creación de redes comunitarias, y el seguimiento al conflicto.

Fue el primer ganador del Premio Nacional de Paz y por su labor es una de las voces más respetadas en temas de conflicto.

A inicios de este mes fue nombrado presidente de la Comisión de la Verdad, uno de los órganos creados por los acuerdos de La Habana para garantizar la reparación integral a las víctimas y para construir la memoria del país en torno a todos los episodios de la guerra.

Su rol será especialmente importante, debido a que ademas de que conoce por dentro el conflicto, en regiones como el Magdalena Medio ayudará a esclarecer muy bien lo que sucedió porque lo vio de primera mano.

Su rol también le permitirá a las organizaciones de víctimas tener a alguien cercano a ellas de su lado.

En palabras de un líder social: “quién más que él para aportar a la memoria y a la verdad en nuestro territorio”.

Los 13 personeros (11 del Catatumbo y los dos de Río de Oro y González en el Sur del Cesar) crearon el año pasado una asociación con el fin de actuar articuladamente para darle más visibilidad a los problemas de la región.

La asociación, que es precidida por Miguel Duarte, el personero de el Tarra, tiene un rol clave en esa zona de Norte de Santander porque además de que son conocidos y respetados por todos los actores (desde los campesinos, hasta los armados), son los que hacen las veces de interlocutores y a la par garantizan la protección de los derechos humanos en una zona tan convulsionada como el Catatumbo.

Su labor hizo que este año estuvieran nominados al Premio Nacional a la Defensa de los DDHH en Colombia y que entraran dentro de los 16 finalistas.

En medio del aterrizaje de los acuerdos la asociación será clave para visibilizar tanto los incumplimientos como los obstáculos de la implementación.

El brigadier general Jaime Carvajal es el comandante de la Segunda División del Ejército, que tiene su jurisdicción en Boyacá, Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur del Cesar.

En esas regiones, que incluyen al Magdalena Medio y al Catatumbo, debe combatir y frenar la avanzada del ELN, las bandas criminales y hasta el reducto del EPL que opera en Norte de Santander.

Además debe proteger la red de hidrocarburos en ambas regiones, custodiar los 843 kilómetros de frontera con Venezuela en Norte de Santander.

Su labor es clave, porque dependiendo de la avanzada territorial de sus hombres el Estado podrá retomar el control de los territorios, además, podrá frenar el aumento de los cultivos de coca y desarticular las redes del narcotráfico que sobretodo están en el Catatumbo.

En el Magdalena Medio deberá atacar la minería ilegal, y frenar el creciente dominio de bandas criminales sobre ese negocio ilegal

En la erradicación de coca su papel también será muy importante. El Catatumbo es uno de los lugares priorizados para erradicar, pero para no generar una crisis social deberá articularse con la Oficina de Drogas.

Tanto en el Magdalena Medio como en el Catatumbo las organizaciones campesinas desempeñan papeles protagónicos que serán decisivos en la implementación de los acuerdos de La Habana.

En la primera subregión, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc, y en la segunda, la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, serán particularmente importantes.

Ambas tienen una histórica afinidad política con la desmovilizada guerrilla, y desde que se firmaron los acuerdos de La Habana se han querido poner al frente del aterrizaje de cada uno de sus puntos.

En el Catatumbo Ascamcat (una de las cabezas más visibles es Juan Carlos Quintero, quien está en la imagen) creó la territorial de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, y como ha contado La Silla, ha entrado en conflicto con otras organizaciones porque quiere ser la única que lidere la implementación.

Sin embargo, dado que en esa misma región, organizaciones como el Comité de Integración del Catatumbo, Cisca, (afín a los postulados políticos del ELN) y el Movimiento Constituyente Popular, MCP, (afín a los postulados políticos del EPL), así como varias asociaciones de juntas de acción comunal, tienen su propia base social, su rol también va a ser decisivo en lo que viene.

En el Magdalena Medio el aterrizaje del posconflicto también dependerá de la posición que asuma frente a la implementación de los acuerdos la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar (Cisbcsc) y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), ambas organizaciones afines a Congreso de los Pueblos y más en línea con los postulados políticos del ELN.

Es el actual defensor del pueblo en la regional Magdalena Medio, entidad que tiene jurisdicción en 43 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Santander.

Tres líderes sociales del Magdalena Medio le dijeron a La Silla que la Defensoría será protagonista en el posconflicto porque debido a su labor, que ha sido mucho más cercana a las víctimas que las personerías, entiende las particularidades del conflicto en esa región.

Aunque su presupuesto se ha reducido en los últimos años (en 2014 cerró la sede de esa regional en San Pablo, Sur de Bolívar), según tres líderes de la región, sigue siendo la principal aliada de los líderes sociales allí.

Si bien en el último año ha tenido varios cambios en sus directivas, y luego de la salida de Angélica María Gaona, quien duró seis años en la territorial, tuvo de director a Jovany Díaz, quien solo duró seis meses porque falleció, y solo hasta agosto llegó Eduardo Mojica, la Defensoría como entidad se ha convertido en la más cercana a los líderes sociales y de sus comunidades.

En medio del aterrizaje de los acuerdos la asociación será clave para visibilizar tanto los incumplimientos como los obstáculos de la implementación en el Magdalena Medio.

Tanto en el Magdalena Medio como en el Catatumbo las organizaciones no gubernamentales son protagonistas en el aterrizaje del posconflicto porque además de que llevan acompañando a las comunidades por años, serán veedoras de lo que se viene para esas poblaciones.

En el Catatumbo la Pastoral Social de Tibú, en cabeza del padre Omar Mendoza (en la foto), trabaja fortaleciendo juntas de acción comunal y acompañando proyectos campesinos en varios municipios del Catatumbo. También está la Fundación Progresar, dirigida por Wilfredo Cañizares, que además de trabajar por la defensa de derechos humanos, hace continua veeduría al conflicto y aporta a la reconstrucción de la memoria histórica de la región.

En el Magdalena Medio está la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, dirigida por Iván Maderos, que trabaja por los derechos humanos, atención y protección a víctimas. Credhos fue reconocida en 2016 como sujeto de reparación colectiva por parte de la Unidad de Víctimas y este año se ganó el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos.

Adicionalmente en ambas regiones hacen presencia organizaciones internacionales que además de sus propios programas, también trabajan articuladamente con las Ongs y líderes sociales.

Entre esas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estado Americanos, MAPP-OEA, serán especialmente importantes debido al reconocimiento que tienen dentro de los territorios históricamente en conflicto.