Así llegaron los 'falsos positivos' a los Generales

El llamado a interrogatorio a cuatro generales de la República, incluido Mario Montoya, por su presunta relación con falsos positivos, es resultado de la nueva aproximación a la investigación penal que ha impulsado desde su llegada Eduardo Montealegre. Y si esas investigaciones avanzan hasta su juicio, seguramente alinearán a los militares con la justicia transicional en un eventual proceso de paz.

Además de Montoya, quien fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008 cuando estalló el escándalo de los falsos positivos, la Fiscalía llamó a los generales retirados Ricardo Andrés Bernal Mendiola, denunciado por uno de sus subalternos de haber participado en la masacre de 12 personas en Ocaña, Norte de Santander; y a Jorge Arturo Salgado Restrepo, investigado por la muerte de dos personas en el 2006 en Antioquia y quien más tarde fue comandante de la Brigada XI (en Montería) y superior del coronel Luis Fernando Borja, que ha confesado su participación en 50 casos de falsos positivos.

El único general activo de este grupo es Henry William Torres Escalante, llamado a rendir versión libre. Un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) compulsó copias contra Torres después de condenar a 22 años de cárcel a uno de sus subalternos, el teniente Marco Fabián García, por el asesinato de un campesino. Según García, el comandante “sabía de todos los falsos positivos”.

Este llamado no tiene antecedentes no solo porque se trata de tantos generales sino porque envía un mensaje de que la responsabilidad de un alto oficial se puede establecer así no haya una “prueba reina” que indique que mandó cometer un delito. Basta con comprobar que a pesar de la información que tenían no hicieron lo necesario para castigar y evitar la comisión de nuevas ejecuciones extrajudiciales.

En el caso de Montoya, según pudo establecer La Silla con fuentes de la Fiscalía, se le llama a interrogatorio más por los falsos positivos que ocurrieron en las divisiones del Ejército cuando él era su comandante que por un hecho específico en el que se haya comprobado que él hizo algo activamente. Es más por omisión. 

La estrategia de paz del Fiscal

Desde que llegó a la Fiscalía General, Eduardo Montealegre asumió la paz como una de sus prioridades.

Mientras que hacia afuera se ha dedicado a fijar posiciones al respecto –muchas de ellas polémicas por su contenido y por el hecho de que sea él quien lidere esos debates, normalmente reservados a los ministros y políticos- hacia adentro definió una estrategia de investigación para la paz que comienza a dar sus frutos. Estos llamados a altos mandos militares por los falsos positivos son uno de ellos.

La estrategia de paz fue definida en el despacho del Fiscal con la Dirección de Políticas Públicas y de Planeación, también creada por Montealegre (y que dirige el esposo de la directora de este medio). Esta tiene como objetivo preparar a la Fiscalía para el momento en que comience a operar la justicia transicional como parte de un Acuerdo de Paz (si es que se firma). E incluye reunir la información judicial contra los actores del conflicto, incluidos máximos comandantes de las Farc, los paramilitares y altos oficiales de las Fuerzas Militares y una aproximación más estratégica a los casos.

En el caso particular que condujo al llamado a interrogatorio a los generales, la Dirección de Análisis y Contextos, desde su inicio, definió un esquema de investigación para los falsos positivos enmarcado en una etapa específica: los años entre finales de 2005 y 2008, cuando se dio el pico de estas ejecuciones extrajudiciales.

Esta dirección realizó toda la investigación durante 2013 recopilando pruebas y practicando allanamientos, entre otras cosas. Posteriormente, a partir de noviembre del 2014, se dio un impulso nuevo a estas investigaciones, comenzando una  fase más analítica. Se redoblaron los esfuerzos para encontrar “los elementos institucionales” que subyacen en los crímenes de falsos positivos: es decir, aquellos indicios que mostrarían que no se trató de manzanas podridas dentro del Ejército sino que sucedieron en una amplia porción del territorio, en un período de tiempo determinado y en el que participaron por acción u omisión altos niveles jerárquicos.

La estrategia incluyó sacar gente de varias divisiones, incluyendo de la Dirección de Contextos, para que los fiscales a cargo de estos procesos tuvieran menos carga laboral y más investigadores y analistas. Y también mirar los casos en conjunto y no aisladamente como venía sucediendo.

Lo más importante es que comenzaron a conectar las investigaciones que tenía la Dirección de Derechos Humanos contra la tropa con las de la Unidad Delegada para la Corte Suprema que investiga a los altos mandos.

“Comenzamos a construir de abajo hacia arriba, apoyados en un grupo de enlace entre ambos”, explicó a La Silla Sebastián Machado, asesor del despacho del Fiscal. “Así pudimos ver cómo se estaba comportando todo un grupo”.

Por último, se hizo un proceso de priorización dentro de los casos ya priorizados para que los fiscales se concentraran en aquellos casos donde se habían presuntamente cometido conductas más graves o donde había mayor claridad de que se había cometido un delito.

Todo esto permitió acelerar las investigaciones contra altos mandos que condujo a la captura de cinco coroneles (cuatro de ellos activos) hace tres meses y ahora a este llamado a interrogatorio de los generales.

El caso de Montoya

Entre 2002 y 2003, el General Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, que opera en Antioquia - el departamento donde más casos de falsos positivos se investigan en todo el país- . En el 2006 pasó a ser el comandante del Ejército hasta el 2008.

Dos meses después de que se conociera el caso de los 12 falsos positivos de Soacha, el General Montoya renunció. Antes de él, ya habían salido 27 militares de alto rango. Casi cuatro meses después, en febrero del 2009, fue nombrado por el entonces presidente Álvaro Uribe como embajador en República Dominicana. Ese fue el momento en el que empezaron a aparecer las denuncias en su contra.

En 2009, la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación preliminar por la posible participación de los paramilitares en la Operación Orión que él lideró. Esta operación se llevó a cabo en octubre de 2002, y consistió en la entrada de las Fuerzas Militares en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo de atacar las milicias urbanas de las Farc.

Después, Montoya ha sido señalado de otros delitos por coroneles, por el ex paramilitar “El Tuso” Sierra e incluso por el ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien lo responsabilizó de la falsa desmovilización de la Cacica Gaitana.

A esas denuncias se suman las que han hecho sus subalternos en relación a su participación en los falsos positivos. El polémico coronel Robinson González del Río dijo en junio del año pasado que Montoya fue “el cerebro” detrás de “la creación de los falsos positivos”, que por lo menos el 20 por ciento de las muertes que fueron reportadas como en combate estuvieron relacionadas con estos crímenes.

También habló del macabro ranking con el que Montoya medía a las unidades a través de un “famoso top 10 de las unidades del país clasificadas según las bajas”, que priorizaba bajas sobre capturas. Incluso, dijo que le había oído decir que él no quería reguero de sangre, “sino ríos de sangre”.

Una pieza más para la justicia transicional

Montoya ha negado todos esos señalamientos y ahora tendrá -como los otros tres generales- la oportunidad de dar su versión de los hechos durante el interrogatorio en la Fiscalía.

Dependiendo de qué tan satisfactorias sean sus respuestas, se les vinculará o no formalmente a una investigación que establecerá si en realidad cometieron algún delito.

Si el proceso avanza como es posible que lo haga dado el material probatorio que supuestamente ha recopilado la Fiscalía, estos procesos ayudarán a comprender el fenómeno criminal de los falsos positivos ocurrido durante el gobierno de Álvaro Uribe y cuando el actual presidente Santos era su ministro de Defensa. Uno de los capítulos terribles del conflicto armado.

El Informe Suárez producido por una comisión creada por Santos y Uribe para investigar los falsos positivos cuando estalló el escándalo, estableció que las supuestas operaciones donde habían muerto esos supuestos guerrilleros, carecían de una verdadera planeación salvo unos mapas de la ubicación geográfica del supuesto combate; los operativos no tenían una misión clara como lo exige el Plan de Campaña; los capitanes se saltaban la cadena de mando y ordenaban la acción directamente a los vice-sargentos segundos o cabos terceros y la mayoría de las acciones no tenían datos precisos sobre los ‘bandidos’ dados de baja. La negligencia y la falta de profesionalismo en las operaciones era la norma.

Curiosamente la mayoría de los muertos no eran reportados como guerrilleros, sino como miembros de bandas criminales o meros delincuentes. La razón de esto es que así no los tenían que ubicar en un organigrama de las FARC o del ELN ni asignarles un alias.

Otro dato impresionante era la cantidad de munición que invertían en cada supuesto combate. Daba para matar a decenas. En realidad no las utilizaban para cometer el asesinato, sino para venderla en el mercado negro y luego compartir la recompensa por ‘recuperarla’.

Como lo contó La Silla en su momento a partir de entrevistas realizadas 'off-the-record' con personas que investigaron el tema, los falsos positivos en cada zona tuvieron unas variables regionales.

Por ejemplo, en zonas como Norte de Santander, donde el narcotráfico es intenso, en algunos casos se produjo una ‘triangulación’ con paras y narcotraficantes que le proveían a miembros corruptos de la brigada muertos a cambio de su silencio cómplice frente al narcotráfico.

Pero en todos los casos, la falta de inteligencia, la ausencia de valores de miembros de la tropa, algunos de ellos con pasado en las filas paramilitares, y sobre todo la falta de controles por parte de los superiores, influyeron mucho.

Para los comandantes de las brigadas y las divisiones era más importante quedar bien con el general Mario Montoya, cuya presión a las tropas por guerrilleros muertos es ampliamente reconocida (es famosa su insistencia en querer “ver litros de sangre” de los guerrilleros dados de baja), y cumplir con la exigencia de resultados del presidente Uribe, que examinar realmente la legalidad de los positivos.

Aunque el Informe Suárez, investigaciones periodísticas y el reporte del Relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston, han aportado mucha información sobre cómo fue el modus operandi, solo si estos procesos avanzan se sabrá la verdad judicial, que es más difícil de ignorar.

Pero más importante aún es que dado que la investigación preliminar de la Fiscalía que conduce a estos interrogatorios apuntó a encontrar esos “elementos institucionales”, si se vincula formalmente a los generales y sus procesos avanzan, seguramente se constituirán en una presión para que el estamento militar reconozca que sí hubo unos incentivos o diseños institucionales que facilitaron los falsos positivos o que por lo menos evitaron que se actuara rápidamente sobre las denuncias de aquellos militares que denunciaron que esto estaba sucediendo. Y para que desmonten los que persistan.

La contraprestación para ese reconocimiento de responsabilidad organizacional que seguramente se daría en la Comisión de la Verdad creada por la mesa de negociación entre el gobierno y las Farc serían generosos beneficios penales para los involucrados ya que muy probablemente los falsos positivos entrarían a la justicia transicional. De esta manera, los intereses de poderosos miembros de las Fuerzas Militares quedarían alineados con los que quieren que el proceso de paz llegue a feliz término.