Así se mueven los grupos criminales donde atentaron contra el Presidente

El desazón no es aislado. En el último año, la inseguridad en Cúcuta se disparó, la violencia en el Catatumbo –que colinda con esa capital– se desbordó, y la reconfiguración del poder ilegal en la frontera con Venezuela golpea con fuerza la zona rural y las comunas marginadas de la ciudad. 

Ese es el cóctel de conflicto armado en Norte de Santander, región que Duque visitó, irónicamente, para presentar resultados de su política de paz con legalidad. 

El hervidero en Cúcuta y el Catatumbo  

El secretario de Seguridad de Cúcuta, José Alejandro Martínez, le dijo a La Silla que cuando recibió los balazos, el helicóptero en el que se transportaba Duque estaba sobrevolando los barrios Camilio Daza y Bolívar, muy cerca al aeropuerto. Esos barrios pertenecen a la comuna 7 que, junto a la comuna 8, conforman la ciudadela Juan Atalaya. 

Atalaya es la periferia de Cúcuta. Donde viven más de 300 mil personas de estratos uno y  dos. Donde la mayoría de barrios fueron primero asentamientos urbanos y en la última década se han legalizado. Donde la población migrante más vulnerable que huye de Venezuela llega a crear nuevos asentamientos. Donde la criminalidad tiene amplia influencia. 

En Atalaya hay al menos una olla de microtráfico en cada barrio. Pero hasta 2019, las estructuras que las controlaban solían ser pandillas o bandas pequeñas. Hoy en cambio, en algunas zonas de la ciudadela los Rastrojos, en alianza con el Clan del Golfo —autodenominado ahora Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— más allá de sus actividades de microtráfico están comenzando a ejercer un control social sobre la población, tal y como nos dijo un funcionario público que trabaja con derechos humanos en la región. 

“El problema con la presencia de las AGC es que la gente le tiene mucho temor a hablar del tema. Es muy reciente su aparición, apenas este año y casi ni se puede evidenciar”, nos dijo.

No conseguimos detalles del actuar de las Autodefensas Gaitanistas en los barrios de Cúcuta, pero en el último año la influencia del poder ilegal en Atalaya sí se ha hecho más visible. Empezando por el terror.

Como contamos en esta historia, en barrios de Atalaya hubo denuncias de patrullajes nocturnos promovidos por supuestos grupos de vigilancia privada. Una práctica de control social que el paramilitarismo instauró en la región a principios de los 2000. 

Eso, con el telón de fondo de la violencia recrudeciendo. Con todo y cuarentena estricta, el aumento de homicidios en Cúcuta (un 30 por ciento más en 2020 que en 2019) estuvo focalizado allí y también en la zona rural. 

En la zona rural de Cúcuta sí es totalmente visible el rastro de las Autodefensas Gaitanistas. Cúcuta tiene 10 corregimientos. Unos colindan con Venezuela y otros con el Catatumbo. Los cultivos de coca se han disparado, hay minas antipersonal, desplazamientos masivos entre veredas y asesinatos que ocurren del lado colombiano y cuyos cuerpos son tirados en Venezuela, y viceversa. 

Todo, en medio de la guerra que el ELN y los Rastrojos están librando por el control de la línea fronteriza en el área metropolitana de Cúcuta, clave para el contrabando y narcotráfico. En esa guerra, tal y como contamos en esta historia, aparecieron las AGC como aliados de los Rastrojos. 

Esa aparición de las AGC ha recrudecido la violencia en la región. Según nos dijeron dos fuentes que siguen la dinámica de conflicto en el departamento, las dos bandas criminales aliadas están extendiendo su control territorial a otros municipios del Catatumbo, como Sardinata, que está apenas a hora y media en carro de Cúcuta y donde justamente el presidente Duque estaba entregando resultados de su política de paz antes del atentado.

Hasta ahora, según dijeron ambas fuentes, estos dos grupos criminales no han podido entrar porque las guerrillas que están en ese municipio desde hace años —ELN, EPL y ahora disidencias de las Farc– no lo han permitido.  Su estrategia para evitarlo es amedrentando a la gente, intensificando la violencia y haciéndose más visibles.

Algo similar está sucediendo en Tibú, que junto con Sardinata lidera las cifras de hectáreas de coca sembradas en el país. En este municipio a tres horas de Cúcuta, desde enero hay un plan pistola de las disidencias Farc y ELN contra la Fuerza Pública y, además, en los últimos dos meses se ha vivido una ola de feminicidios, como contó La Silla. 

Así, las organizaciones criminales en Cúcuta están cada vez más organizadas. Con todo y que hay una brigada regional, una fuerza de tarea especial y una fuerza de despliegue rápido. Justo las comandancias de esas tres estructuras militares están ubicadas en el cantón San Jorge, donde hace diez días estalló un carro bomba.

Sobre ese episodio aún no se conoce la evaluación de en qué falló la inteligencia militar ni hay resultados de las investigaciones de la Fiscalía. De hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, se negó a responder las preguntas de los periodistas al respecto en la visita del Presidente a Sardinata de ayer. 

Lo hizo horas antes de que se produjera el segundo atentado terrorista en menos de diez días en la región y casi 20 años después del último intento que hubo de matar a un presidente en Colombia: cuando Álvaro Uribe se posesionó por primera vez el 7 de agosto de 2002.