Cali se les salió de las manos al alcalde y a Duque

Cali se les salió de las manos al alcalde y a Duque

Desde que hace 12 días la capital del Valle se convirtió en el epicentro de las manifestaciones en el marco del paro nacional, han surgido dos visiones contrapuestas de Cali: la ciudad que resiste a la represión policial de la protesta y sigue luchando por sus derechos, y la ciudad que se siente sitiada, con grupos organizados que destruyen estaciones del MIO y CAI  y donde salir de la casa da pánico.

Hoy, cuando en el resto del país se creía que la tensión comenzaba a bajar, en Cali se está viviendo lo que parece una guerra urbana: ciudadanos que responden a bala a los bloqueos e intimidación por parte de indígenas de la Minga, que según fotos y videos en el lugar estaba con machetes, ha dañado carros y algunos de sus integrantes lanzaron piedras a otras personas. Incluso hay rumores, que La Silla no ha podido comprobar, que dicen que los indígenas entraron a condominios en el sur de la ciudad. El reporte de la Minga es de 10 heridos, una de gravedad.

La violencia que está viviendo Cali parece anticipar el siguiente ciclo de violencia que podría vivir todo Colombia. Uno que explota hoy en este paro, pero que en Cali viene incubándose hace años, como contamos acá, acá y acá, tras ser receptora de muchos problemas sin resolver de todo el país: la pobreza extrema de Nariño y de algunas zonas del Cauca, el lavado de dinero y lugar de entretenimiento de los narcos del suroccidente y de los mineros ilegales; y el problema de concentración de tierras ociosas en unos pocos. Cali es tanto la retaguardia para cerrar negocios ilegales como para huir de enemigos o de la persecución policial en otras ciudades.

Además de recibir los coletazos de la región, al ser el principal centro urbano del Pacífico, también se vuelve una ciudad receptora de migrantes venezolanos, de víctimas del conflicto armado que huyen de sus territorios o de quienes buscan mejores oportunidades para su futuro.

En este momento de alta confusión, parece haber, sin embargo, una certeza que atraviesa todas las fracturas de la ciudad: la sensación de que a Jorge Iván Ospina se le salió la ciudad de las manos y se la entregó ya sea a la Fuerza Pública o a los vándalos, dependiendo el lado de la ciudad donde se viva o desde dónde se mire. Y que el gobierno de Iván Duque, lejos de ayudar a resolver la situación, se niega a ir a la ciudad aún cuando la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali le han pedido que llegue a la capital del Valle. 

Además, lo que Duque ha hecho ha empeorado la situación. Como mandar al Ministro de Defensa que no logró mejorar la crisis que atraviesa la ciudad y que a apesar de tener unas 4 mil personas entre Policía y Ejército en las calles, "la presencia de las fuerzas armadas no se siente", como nos dijo un empresario caleño. La llegada del ministro de Interior tampoco ayudó a la imagen del alcalde.  

Una de las críticas recurrentes por parte de los manifestantes con los que ha hablado La Silla en diferentes puntos de la protesta, es que desde que llegó el Ministro de Defensa, Diego Molano, Ospina “le entregó” la ciudad y no fue capaz de frenar los abusos policiales.  El reciente vídeo de unos policías civiles que le disparan a los manifestantes solo ha ahondado esa desconfianza.

En redes sociales, también se ha transmitido ese malestar.

 

Tras estos señalamientos, el domingo pasado, Ospina hizo una transmisión en Facebook en la que pidió perdón por si en algún momento llegó a estigmatizar la protesta y aclaró que nunca ha dado la orden de disparar a los manifestantes. 

Por otro lado, están los que se sienten “secuestrados” en sus casas ante la destrucción de comercios, la imposibilidad de movilizarse y el desabastecimiento de víveres, medicamentos y gasolina que ya sufren debido a los cierres de las vías en los puntos de entrada y salida de Cali.  Ellos le piden a Ospina que tome cartas en el asunto y recupere el control de la ciudad.  Aún más ahora que llegó la Minga indígena y está bloqueando diversos puntos de la ciudad.

Lo más preocupante, como lo muestran varios vídeos que están circulando,de trabajadores de fincas armados advirtiendo que si se acercan a la finca se atienen a las consecuencias y de los civiles que le comenzaron a disparar a los indígenas, es que alguna gente comienza a armarse para defenderse e imponer el orden por mano propia.

Esto ha llevado a que en twitter, de un lado y de otro, empiecen a mover la tendencia #OspinaRenuncie, que coincide con el momento en el que el comité #SOSCali revocatoria ya! empezó a recoger firmas para tumbar al mandatario.

Las 10 fuentes con las que hablamos para esta historia  —entre políticos regionales, empresarios y analistas— coinciden en que Ospina enfrenta uno de los peores escenarios para un gobernante. 

Según Catalina Ortiz, representante a la Cámara por el partido Verde, el mismo del Alcalde, esa situación tan compleja en la que está el mandatario se ha puesto en evidencia en varias ocasiones. Como cuando Ospina dijo que garantizaba el derecho a la protesta, pero luego puso toque de queda; o cuando tras constantes invitaciones a cuidarse del covid luego convocó una marcha con el fin de recuperar la ciudad.

“Hoy en día tenemos un alcalde que no tiene el control de la ciudad, que no sabe si hacer un día cívico, si quitarse la camisa o si pedir la militarización o la no militarización. Uno está muy confundido frente a qué es lo que el alcalde está llamando a hacer”, nos dijo Ortiz.  

Varias de nuestras fuentes coincidieron en que la Alcaldía de Ospina ya padecía una crisis de liderazgo y que los cuestionamientos a su gestión administrativa y la inseguridad que vivía la ciudad ya habían roto el vínculo de confianza con la ciudadanía.

Una desconfianza que hace más difícil no solo la reconciliación de la ciudad sino el manejo de los recursos que tendrá ahora con menos controles ya que decretó la urgencia manifiesta en la ciudad por tres meses tras la situación de orden público. 

Esa medida le da facultad a la administración para contratar directamente servicios o realizar ejecuciones de obras sin tener que licitar, siempre y cuando estén relacionadas con la situación por la que fue decretada. Las críticas no se han hecho esperar:

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