Con el pliego de cargos a Edmundo del Castillo, el Procurador se mete con el círculo íntimo de Uribe

Hoy, Alejandro Ordoñez le abrió pliego de cargos al Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, por la polémica reunión que sostuvo el 23 de abril de 2008 en Casa de Nariño con alias Job, desmovilizado de las autodefensas.

En esa reunión, delegados de Diego Murillo Bejarano 'Don Berna' (su abogado Diego Álvarez y Antonio López 'Job') le entregaron a del Castillo y al jefe de prensa César Mauricio Velásquez unas supuestas pruebas que vinculaban a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con una conspiración contra el presidente Álvaro Uribe. Del Castillo será investigado no por la reunión sino por no haber denunciado el hecho. El Secretario guardó las pruebas durante un mes en su oficina y luego las entregó al DAS.

El Procurador Ordoñez consideró además que del Castillo asumió funciones penales y disciplinarias que no eran de su competencia y encontró que hubo un manejo ilegal de los elementos probatorios.

El procurador también concluyó que no existió manipulación de testigo por parte de la Corte, ni complot de esta corporación para afectar al Gobierno. Pero tampoco complot del Gobierno contra la Corte.

Ahora Del Castillo tendrá la oportunidad de hacer sus descargos. Por ahora, dijo en la W radio que seguirá en el cargo, "a menos que el señor Presidente de la República determine otra cosa".

Con las palabras del Procurador, "se confirma que no hubo un complot de parte de la Presidencia de la República contra la Corte Suprema... De ese señor alias "Job", sólo vine a saber quién era cuando lo mataron", sostuvo Del Castillo en la entrevista radial. "Celebro que se haya desmontado la teoría esa del complot, y ahora vendrá una etapa probatoria en la que tendré que demostrarle al Procurador y al país, por supuesto, que no tuve ningún tipo de omisión de denuncia, como se señala en las declaraciones", remató.

Este abogado rosarista, con cursos de negociación en Harvard, llegó al gobierno Uribe por Sandra Suárez, quien le abrió un espacio como contratista externo de la Consejería Presidencial para el Plan Colombia.

Entró al uribismo con dos muy buenas amigas en Palacio, Alicia Arango, la Secretaria Privada del Presidente, y María del Pilar Hurtado, ex asesora del anterior Secretario General Alberto Velásquez y ex directora del DAS, a quien hoy el Procurador también le abrió pliego de cargos por las chuzadas durante el tiempo en el que ella estaba a cargo de esta entidad. Las conoció porque su esposa Diana Margarita Beltrán estuvo, como ellas, vinculada a la administración Peñalosa.

Estas amistades le sirvieron para ponerse en la fila de candidatos cuando Mauricio González Cuervo dejó vacante la Secretaría Jurídica al ser elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Con su firma Del Castillo & Asociados, el actual Secretario Jurídico de Palacio asesoró múltiples entidades públicas y se volvió un experto en contratación pública.

Las consecuencias

Si como anticipan sus críticos, Ordoñez sigue la estrategia de su antecesor Edgardo Maya, de abrir espectaculares pliegos de cargos y luego más discretamente aceptar los descargos, las consecuencias jurídicas de esto son mínimas. No así las políticas.

La primera implicación de la decisión del Procurador es que sitúa el bochornoso incidente de la visita del "jefe para" en el terreno de la ilegalidad. Hasta el momento, se había cuestionado este hecho en términos políticos y éticos. El que ahora el Procurador decida que hay suficiente material para investigar si se violó la ley coloca la discusión en otro terreno.

Que el Procurador General de la Nación –sobre todo si es tan uribista como se le tilda- abra una investigación a cualquier funcionario del sanedrín de Palacio tiene consecuencias. Pero que le abra pliego de cargos al Secretario Jurídico tiene implicaciones institucionales más serias.

El Secretario Jurídico de la Presidencia es quien decide la legalidad de los actos del Gobierno. A él le corresponde decidir si los proyectos de ley, los contratos más importantes, los tratados internacionales y en general, cualquier decisión importante del Presidente se ajusta a la ley.

La decisión del Procurador tiende un manto de duda sobre la legalidad de su actuación en el caso de Job y por ende ataca la misma esencia de su cargo.

La segunda consecuencia, y quizás la de mayor repercusión a corto plazo, es que saca a del Castillo de la terna para Fiscal. Él y Camilo Ospina eran los dos más opcionados para el reemplazar a Mario Iguarán en julio. Como estas investigaciones duran más de dos meses, su nombre difícilmente se podrá poner a consideración.

Eso aumenta los chances de que el ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre entre ahora a formar parte del abánico de candidatos para el cargo.

Montealegre era uno de los candidatos más opcionados del Consejo de Estado para dirigir la Procuradoría pero a última hora prefirieron meter a Ordoñez. En ese momento se rumoró que Montealegre prefería el cargo de Fiscal.

La última consecuencia es más de tipo político. En un mismo día, el Procurador le abrió pliego de cargos al abogado de Uribe por recibir en Palacio a un criminal que supuestamente tenía pruebas contra la Corte Suprema de Justicia; a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y al ex director Joaquín Polo a raíz de las chuzadas del DAS a funcionarios de la Rama Judicial, a periodistas y a políticos; y otra, para investigar si funcionarios beneficiaron de manera ilegal a Tomás y Jerónimo Uribe. Tres casos que cuestionan transparencia de las actuaciones del círculo cercano al Presidente Uribe.

Que el Procurador vuelva a poner en el centro del debate –y de los medios internacionales- el tema de las chuzadas y del hostigamiento contra la Corte Suprema precisamente cuando el Gobierno esperaba relanzar su ofensiva por el TLC en Estados Unidos y acercarse a Barack Obama después de su último encuentro (y autógrafo) no ayuda.