Los grupos que la Defensoría del Pueblo asegura están en Bogotá son los mismos sobre los que viene alertando desde hace años, y todavía atemorizan, en el municipio vecino.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret y el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
Los grupos que la Defensoría del Pueblo asegura están en Bogotá son los mismos sobre los que viene alertando desde hace años, y todavía atemorizan, en el municipio vecino.
La alerta de la Defensoría del Pueblo por la posible presencia de bandas criminales y reductos de las Farc y el ELN en Ciudad Bolívar no sólo llamó la atención sobre la aparente llegada de esos grupos a Bogotá, sino que evidenció cómo se trataría de una extensión a la capital del fenómeno que desde hace años azota a Soacha.
En Bogotá, mientras la Alcaldía y la Personería descartan que se trate de esos grupos criminales organizados, el Ministerio de Defensa prometió intensificar la inteligencia para determinar qué es lo que ocurre.
Pero en todo caso, los hechos que recogió la Defensoría para redactar la alerta temprana comienzan a parecerse a los que esa misma institución ha denunciado en distintos reportes sobre Soacha, que linda con Ciudad Bolívar. Además porque esa misma institución deduce que ambos territorios harían parte del mismo corredor de droga que las bacrim estarían intentando controlar.
Desde 2011 la Defensoría viene documentando la presencia de bandas criminales en Soacha, como Águilas Negras y Urabeños (hoy conocidos como Clan del Golfo).
Y desde hace dos años en sus reportes pide “especial atención” a una estructura local conocida como ‘los Paisas’, que también retoma en su alerta sobre Ciudad Bolívar y son un ejemplo de cómo organizaciones de ese tipo llegaron a ese municipio con objetivos delincuenciales específicos.
Según una nota de seguimiento de la Defensoría en 2016, en mayo de ese año llegaron a Altos de Cazucá, límites con Ciudad Bolívar, 50 personas del Valle de Aburrá (Antioquia) que entre ellas se decían “paisanos”. De ahí, al parecer, se deriva el nombre de ‘los Paisas’, y llegaron a atemorizar a los habitantes de la Comuna 4 imponiendo un toque de queda con la idea de regular la movilidad de la gente en la noche.
La nota agregaba que muchos de los asesinatos y desapariciones en ese tiempo se debían o se asociaban a la presencia de ese grupo, pues los homicidios ocurrían de noche, después del ‘toque de queda’.
“Algunas víctimas fueron halladas sin vida y con signos de violencia en algunos humedales, y otros cadáveres fueron encontrados en zonas rurales contiguas a los límites urbanos, como la vereda Panamá” , señala el documento.
Ese año, Medicina Legal reportó 212 homicidios en Soacha, 40 más que en 2015, así como 83 desaparecidos.
En otra nota de seguimiento de 2017, la alerta sobre la presencia de estos grupos se mantuvo, con un ingrediente adicional: la Defensoría mencionó la posible relación de ‘los Paisas’ con la Oficina de Envigado, que, agregó, se ha venido fortaleciendo económicamente gracias a una alianza con el Clan del Golfo (en ese entonces conocido como ‘los Urabeños’).
La tesis que comenzó a desarrollar la Defensoría es que la presencia de ‘los Paisas’ en el municipio tenía como objetivo controlar los corredores que hay entre Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar para poder transportar droga a Bogotá.
El microtráfico es pan de cada día en ese sector, según la Policía de Soacha. Sus cifras indican que este año han capturado a 473 personas allá, en su mayoría por negociar con droga, y han incautado 30.644 dosis de estupefacientes y 37 armas de fuego.
Las evidencias también indican que pretenden mantener control a través de la violencia, pues a ‘los Paisas’ se les atribuyen torturas, violaciones a menores, extorsiones, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados.
Ya fuerte, ese grupo comenzó a expandirse a Ciudad Bolívar, junto con las otras organizaciones criminales, desde finales de 2017, como señala la alerta temprana conocida esta semana para esa localidad, que en realidad es del 3 de abril.
Los efectos de esa expansión quedaron resumidos en 19 casos que describe la Defensoría en su más reciente alerta sobre la localidad del sur de Bogotá.
Por ejemplo, las amenazas de muerte y agresiones físicas a una integrante del partido de la Farc por parte de dos encapuchados; dos disparos a un ambientalista militante de Marcha Patriótica que llevaba un chaleco antibalas porque ya había sido amenazado, y el asesinato a un joven de 24 años mientras consumía sustancias psicoactivas.
Lo paradójico es que mientras la Defensoría advierte sobre la expansión de ‘los Paisas’ y de las demás bacrim hacia Bogotá, en Soacha la Policía minimiza la incidencia de ese grupo, mientras líderes de la comunidad reiteran sus preocupaciones porque no sienten que se hayan ido.
El coronel William Javier Lara, Comandante de la Policía de Soacha, le dijo a La Silla Cachaca que “‘los Paisas’ ya no existen” porque, precisamente, los desmantelaron hace unas semanas en un operativo con ayuda del Gaula en el que capturaron a cinco personas por extorsión y secuestro.
Además, que los panfletos amenazantes que aparecen aproximadamente cada seis meses firmados por la Águilas Negras, según le dijeron a La Silla Cachaca tres fuentes que conocen la situación en terreno, “no son de ningún grupo criminal y son más que todo bromas de la gente”.
Y que las Alertas Tempranas de la Defensoría “son exageradas”, ya que Lara no reconoce la presencia de ninguna banda criminal en el municipio. “Son tres o cuatro personas que hacen desorden, pero no hay ninguna doctrina ni mucho menos una organización grande”, remató.
La Silla se comunicó desde la semana pasada con las oficinas de prensa de la Alcaldía y de la Gobernación de Cundinamarca, así como con la Personería de Soacha para constatar si validan esa visión del problema, pero no fue posible concertar entrevistas.
En todo caso, la zozobra sí se mantiene en las comunas.
La Silla habló con dos líderes y el trabajador de una organización que estudia los problemas sociales y de orden público de Soacha, cuyas identidades no revelamos por seguridad. Ellos coinciden en que hay grupos organizados que ejercen control en zonas como Altos de la Florida, en la Comuna 6. “Hay zonas que están monitoreadas por gente armada, saben quién entra y quién sale”, nos dijo uno.
Además, perciben como un fenómeno nuevo la extensión del consumo de drogas en niños. “Esas comunas se han narcotizado”, agregó otro.
Son grupos, añaden, que buscan legitimarse frente a la población porque, más allá de usar la violencia, ofrecen lotes baratos.
Son testimonios que se alinean con las alertas que viene haciendo la Defensoría desde hace años, y que hoy sirven como espejo ante la advertencia que acaba de hacer esa institución sobre la expansión de los grupos hacia Ciudad Bolívar.