Desde la presidencia de Covax, Colombia sigue defendiendo las patentes

A mediados de abril, el ministro de Salud, Fernado Ruiz, fue designado como copresidente del mecanismo Covax, que busca lograr el acceso equitativo a la vacuna contra el covid para países en vía de desarrollo. 

Aunque Ruiz ahora representa a los países de ingresos medios en Covax, Colombia sigue alineado con los países de ingresos altos frente al debate de las patentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un tema que ante la escasez de las vacunas se vuelve cada vez más relevante.

La iniciativa de suspender las patentes de las vacunas ya cuenta con el apoyo de 110 países de ingresos bajos y medios. Colombia no está entre ellos. 

Esto a pesar de que el 90 por ciento de la población en la mayoría de los países pobres podría terminar este año sin vacuna contra el covid-19, según una carta enviada a Joe Biden el pasado 15 de abril, con firma de más de 170 exmandatarios y Premios Nobel.

La Silla habló con seis expertos en temas de salud, vacunas y propiedad intelectual para entender el lío de las patentes y las posiciones —aparentemente contradictorias— de Colombia en el debate. 

Propiedad intelectual versus salud pública

Las patentes son un mecanismo de protección intelectual que garantiza que, durante 20 años, solo la persona o empresa dueña del invento puede explotar el conocimiento comercialmente. 

La idea de esto es incentivar la innovación, pues el monopolio comercial le permite al inventor recuperar la inversión que hizo durante el proceso de investigación y además obtener un margen de ganancia. 

Pero como le dijo a La Silla Henry Mora, líder de innovación del Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT), “en el caso de la salud, es complejo lograr un balance entre la protección de los resultados de las investigaciones farmacéuticas, que implicaron años de trabajo y grandes cantidades de dinero, y la protección de la salud de la población”.

Frente a asuntos de salud pública, los países tienen la potestad de levantar temporalmente la exclusividad de las patentes, permitiendo la entrada de competidores, lo que se llama una licencia obligatoria. El problema es que, en la práctica, el proceso puede demorarse meses o años para un solo país, y al final, muy pocas veces se consigue. 

Colombia, por ejemplo, ha intentado obtener licencias obligatorias para tres medicamentos diferentes y no ha conseguido ninguna. La última, que se solicitó en 2015, aún no se ha resuelto. 

“El problema de la escasez o inequidad mundial se debe a que pocas empresas están produciendo las vacunas, porque tienen solicitudes de patente, en trámite o concedidas, que les dan el monopolio”, explica Óscar Lizarazo, profesor de la facultad de derecho en la Universidad Nacional y experto en propiedad intelectual. “Y estas empresas no tienen la capacidad por sí solas para abastecer toda la demanda”. 

Y como los recursos para el desarrollo de la vacuna salieron en gran parte de dineros públicos, y no de las mismas farmacéuticas, tampoco se justifica mantener la propiedad intelectual con la excusa de que las empresas recuperen su inversión, según explica Tatiana Andia, investigadora en temas de salud y profesora de la Universidad de los Andes. 

De hecho, un estudio publicado en la revista médica The Lancet reveló que cada una de las cinco mayores farmacéuticas recibió entre mil y dos mil millones de dólares de recursos públicos y organizaciones sin ánimo de lucro. 

De ahí surge la propuesta que plantearon India y Sudáfrica ante la OMC, para que mientras dure la pandemia no apliquen las normas de propiedad intelectual, con la idea de que se aproveche al máximo la capacidad instalada de otras empresas para producir vacunas. 

Esto tiene un sustento jurídico en los acuerdos de la OMC, y ya cuenta con el apoyo de 110 países, de un total de 174 miembros de esta organización. La Unión Europea y Estados Unidos se oponen (aunque con Biden, parece haber una posibilidad de que entre en consideración). Y Colombia inicialmente optó por guardar silencio.

Las decisiones de Colombia

Eso cambió en febrero de 2021. En un foro de la OMC, dijo que se requería más evidencia de que la propiedad intelectual estaba actuando como barrera para el acceso a las vacunas.

En marzo se alejó aún más de la propuesta de India y Sudáfrica, y apoyó una tercera vía de acción, basada en que la industria farmacéutica ceda voluntariamente sus derechos de propiedad intelectual —cosa que hasta el momento ninguna farmacéutica ha ofrecido. 

Esta vía la proponen siete países: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Noruega, Chile, Turquía y Colombia. 

“Creo que al alinearse con esta postura primó un análisis geopolítico, en el que vio la alianza con los países ricos y la industria farmacéutica como el mejor escenario posible para mantener un abastecimiento rápido. Y sigue manteniendo ese argumento a pesar de que los datos dicen lo contrario”, opina Claudia Vaca, farmacoepidemióloga y profesora de la Universidad Nacional. “Entonces yo veo que Colombia tiene un síndrome de rico con casa de pobre”, concluye.

Esta postura brilla por su inconsistencia frente al nuevo rol del ministro de Salud, Fernando Ruiz, como copresidente de Covax, donde Colombia debe representar los intereses de los países de ingresos medios, muchos de los cuales apoyan la propuesta de levantar las patentes.

Como viceministro de Alejandro Gaviria durante el gobierno de Santos, Ruiz dio una pelea fuerte contra la propiedad intelectual para conseguir la licencia obligatoria del medicamento Glivec, contra el cáncer. Esta no sería la primera vez que se niega a defender una posición que sostuvo firmemente en su paso por el viceministerio, como contamos en esta historia sobre su postura frente al glifosato. 

En las dos semanas que lleva en el cargo, Ruiz no se ha pronunciado sobre el tema. Al momento de esta publicación, el Ministerio de Salud no nos había dado una respuesta. 

“Yo sí esperaría de un copresidente de Covax que, independientemente del país que venga, represente los intereses del sur global y sea la voz de quienes reclaman que haya más equidad en el acceso a vacunas”, le dijo a La Silla Tatiana Andia. “Yo espero que apoye el levantamiento de patentes”. 

Covax es un mecanismo para la compra y distribución de vacunas que pretende acelerar la producción a partir de donaciones de países de ingresos altos, y con esto garantizar dosis para países de ingresos bajos y medios. 

Pero tres expertos consultados por La Silla coinciden en que el mecanismo no soluciona los problemas de acceso a las vacunas. 

“Es como la historia donde hay un papá que le enseña al hijo a pescar y otro que le da el pescado. Covax es dar el pescado”, explica Carolina Gómez, fundadora del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder. 

“No tiene ningún componente de hacer los bienes públicos para que todo el mundo los pueda producir, el conocimiento sigue siendo de la misma empresa que lo desarrolló. Covax no tiene ningún componente para modificar el status quo”, agrega Gómez. 

Por esta razón, Gómez y Vaca consideran que la postura de Colombia frente a las patentes no es del todo incoherente con su nuevo liderazgo en Covax.

“Es un contrapago del discurso obediente. Colombia consistentemente ha defendido ese status quo, y es mejor tener en Covax a alguien que esté alineado con esa postura”, le dijo Vaca a La Silla.

El argumento principal para defender la posición de Colombia es que, incluso si suspenden las patentes, el país no podría producir vacunas. Sin embargo, esto no significa que no se vería beneficiado. 

“Puede que Colombia no tenga la capacidad tecnológica para producir vacunas, pero se beneficiaría porque sería mayor la oferta mundial, menor la escasez y se podría cumplir con los cronogramas y las dosis”, explica Óscar Lizarazo. 

Carolina Gómez señala que hay empresas y países con gran capacidad de producción que en este momento no están en el mercado. Las mismas alianzas que están haciendo las farmacéuticas son muestra de que la capacidad global no se está usando al máximo. 

Por otro lado, Vaca argumenta que Colombia sí podría desarrollar la capacidad para producir vacunas: “Tenemos la calificación humana para absorber la tecnología, y tenemos cierta infraestructura: empresas de control de calidad, producción de envases de biológicos… Habríamos podido insertarnos en algún eslabón de la cadena”, dice. 

Y agrega: “Si Colombia se alinea con la tercera vía en la OMC, uno piensa que tiene un plan bien hecho para poder producir acá, y resulta que tampoco. Yo quiero entender por qué Colombia habla de la tercera vía sin un plan local de producción”. 

El problema de fondo

Para Lizarazo, el problema de producción local tiene antecedentes claros en las posturas del país frente a la propiedad intelectual. 

“En los últimos 10 años, los países con criterios estrictos de patentabilidad han fortalecido sus industrias de genéricos al dejar cierto margen de maniobra para hacer copias legales de medicamentos. En cambio, Colombia se ha dedicado a conceder más patentes más rápido y más fácil, y eso dificulta la posibilidad de producir en el país”, dice Lizarazo.

Según los datos del OCyT, de las 11.555 patentes registradas entre 2009 y 2018, solo 1.046 (el 9 por ciento) fueron presentadas por personas o empresas residentes en el país. 

Esto implica que más del 90 por ciento no provienen de la industria local, sino de empresas multinacionales que vienen a comercializar sus productos.

Y en el sector farmacéutico, de 3.137 patentes concedidas, solo 48 fueron presentadas por residentes. El 98,4 por ciento vino de afuera. 

“Entonces no es solo un bloqueo actual, sino un acumulado histórico que impide que los nacionales creen capacidades locales. Las empresas que tienen capacidad de producción en el sur global es porque han aprendido haciendo genéricos y biosimilares”, dice Lizarazo. 

“En la industria farmacéutica, excepto por unas pocas compañías, todo nos viene de afuera”, le dijo a La Silla John Mario González, inmunólogo y profesor de la Universidad de los Andes. “Y lo que hay aquí es gente que trae toneladas de insumo y empaca. Tampoco hay realmente un proceso de producción. Aquí hay un retraso de décadas”.

Así, seguimos dependiendo de la producción (insuficiente) de otros países para abastecernos de vacunas. Y mientras las dosis llegan a cuenta gotas, Colombia sigue defendiendo la propiedad intelectual en la OMC y hablando de equidad en Covax.