Diez líderes Caribe para implementar la paz

Con el Acuerdo de Paz firmado y las Farc desarmadas y rumbo a convertirse en un partido político, la acertada implementación de lo pactado en La Habana se erige como uno de los principales retos que debe asumir el país de cara a los próximos 10 años.

En ese contexto de posconflicto, desde el Caribe se perfilan varios liderazgos clave para la implementación y el aterrizaje de lo acordado en terreno.

Por ello, en La Silla Caribe armamos este listado -que no es un ranking- para el cual consultamos a 15 fuentes, entre académicos, empresarios, políticos, periodistas y líderes sociales y gremiales, que nos dieron sus mejores argumentos acerca del trabajo y funciones de estos personajes. Sus opiniones las complementamos con reportería propia.

Este barranquillero e ingeniero del Instituto Politécnico de Worcester en los Estados Unidos, se ha desempeñado por 25 años como presidente de Promigas, la empresa más grande de gas del país, desde donde ha liderado iniciativas sociales, culturales y filantrópicas que lo han convertido en uno de los empresarios más representativos e influyentes de la región Caribe.

Él se ha manifestado públicamente a favor del proceso de paz y es uno de los miembros del Consejo empresarial para una paz sostenible, que se creó para asesorar al presidente Juan Manuel Santos durante la negociación de La Habana y se mantiene en el seguimiento a la implementación del Acuerdo.

Además, ha defendido públicamente la idea de que “a los guerrilleros hay que volverlos empresarios”, y promovido que el empresariado colombiano se vincule activamente al proceso de reincorporación de los excombatientes, desde espacios gremiales que preside como Naturgas, que agrupa a las principales empresas de gas del país.

También es promotor de tanques de pensamiento como Fundación Ideas para La Paz (FIP), del cual integra su Consejo Directivo y Observatorio Caribe, que proponen políticas públicas en materia de construcción de paz y desarrollo territorial al Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

El actual presidente del Congreso, Efraín José Cepeda Sarabia, un economista barranquillero de 67 años, será una de las piezas fundamentales para la implementación del Acuerdo de Paz, ya que de él depende en gran parte garantizar la aprobación de los últimos proyectos de Ley que deben pasar por el legislativo en la recta final del “fast track” que va hasta noviembre de este año.

Como presidente del Congreso, Cepeda tiene el poder de definir la agenda de los proyectos y debates, de dar la palabra y de definir cuándo se vota. Esto es clave, más con la agenda de implementación permeada por las campañas políticas de las elecciones de 2018, y teniendo en cuenta que al Congreso todavía le faltan por debatir temas tan gruesos como la Ley de Tierras y la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, proyectos que aún no han empezado a ser discutidos en el legislativo.

Es una economista, docente, activista política y líder histórica de la Unión Patriótica en la región Caribe oriunda de Valledupar, Cesar. Después de ser amenazada de muerte durante el exterminio a la UP en la década del 80, se fue exiliada a Suecia. En 2015 regresó a Colombia para aspirar a la Gobernación de su departamento y desde el año pasado integra el Movimiento Voces de Paz, que hace veeduría a la implementación del Acuerdo de Paz en el Congreso por parte de las Farc.  

Es la única integrante costeña de Voces de Paz, movimiento que tiene tres miembros en la Cámara y tres en el Senado, y juega un papel importante en las discusiones que le restan al legislativo para los temas gruesos de la agenda de implementación, como la Ley Estatutaria de la JEP, la Ley de Tierras, las Circunscripciones Especiales para La Paz y el marco normativo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque Voces de Paz no puede votar en el Congreso, puede intervenir al inicio de cada debate con un tiempo igual que el de los ponentes de los proyectos, además de presentar objeciones y mociones de orden, al igual que los demás congresistas.

Fundadora y directora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, que ganó el Premio Nacional de Paz en 2003 y tiene incidencia en los 15 municipios de Bolívar y Sucre que integran la región de los Montes de María.

Su papel en la implementación será importante porque Soraya es una de las líderes de víctimas de la región Caribe con mayor incidencia a nivel nacional e integró el tercer grupo de víctimas que viajó a La Habana en las discusiones del quinto punto del Acuerdo de Paz. Actualmente se proyecta como una de las candidatas a la circunscripción especial de paz de los Montes de María, un espacio de representación política diseñado por el Acuerdo de Paz para los territorios más afectados por el conflicto armado.

Su tránsito del liderazgo social al político representa uno de los objetivos de La Paz, para darle voz y visibilidad a las comunidades que históricamente han vivido en la sombra de la guerra.

Es la ONG más importante del Caribe en materia de defensa de los derechos de la población LGBTI. Fue fundada en Cartagena en 2009, actualmente tiene su sede en Barranquilla y desde ahí tiene incidencia en todos los departamentos de la región. Está dirigida por Wilson Castañeda, quien hizo parte de la Comisión de Género que viajó a La Habana y participó en las discusiones del enfoque transversal de género de los acuerdos.

Va a ser importante en la implementación porque en torno a ella se han unido otras organizaciones más pequeñas de la sociedad civil para formar espacios de convergencia como la Coalición Ciudadana del Caribe (una plataforma que reúne a 73 Ong costeñas que tratan temas de derechos humanos y grupos poblacionales vulnerables), que tomó parte activa en la promoción del Sí en el Plebiscito y hace seguimiento a la implementación del Acuerdo en el territorio. También de Reclamantes por la Verdad, que está postulando a candidatos costeños para conformar la Comisión de la Verdad.

Caribe Afirmativo creó en octubre del año pasado las Casas de Paz, lugares donde las víctimas del conflicto armado, la población LGBTI y las organizaciones de la sociedad civil, convergen y desarrollan actividades culturales, artísticas y sociales en pro de superar su condición de vulnerabilidad. Esas casas se han convertido en espacios de participación donde las organizaciones se reúnen para discutir y hacer propuestas para la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio y hoy enmarcan su trabajo en la formación de líderes para integrar los Consejos Territoriales de Paz, órganos consultivos de los gobiernos locales que en el marco del posconflicto se visionan como importantes espacios de incidencia para las organizaciones sociales.

Hasta el momento hay cuatro de estos centros en lugares del Caribe especialmente afectados por el conflicto como son Maicao en La Guajira, Ciénaga en Magdalena, Soledad en Atlántico y los Montes de María en Bolívar. Para 2018 tiene proyectados la apertura de uno nuevo en Codazzi, Cesar.

Este abogado sucreño defensor de víctimas es el director de la ONG Sembrando Paz, que trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado en temas de reconstrucción del tejido social y tiene incidencia en los departamentos de Sucre, Córdoba Cesar y Guajira.

Ricardo también fundó Justapaz, institución de la iglesia Menonita que lidera procesos de paz, reconciliación y acciones de justicia y no violencia, del cual fue su director por 13 años, y durante 10 años fue representante de las iglesias protestantes en el Consejo Nacional de Paz, organismo asesor de la Presidencia de la República.

Además, su liderazgo en el restablecimiento del tejido social de las comunidades de los Montes de María sucreños y de la Alta Montaña en el Carmen de Bolívar, le valió en 2008 ser ganador del Premio de Paz Pfeffer, otorgado por la Fellowship of Reconciliation de Estados Unidos. Su organización, Sembrando Paz, ha sido clave para otros procesos de liderazgo comunitario y social como el de las tejedoras de Mampuján que ganaron el Premio Nacional de Paz en 2015.

El trabajo que viene haciendo desde Sembrando Paz, y que continuará durante el posconflicto, fue destacado por los cuatro activistas de derechos humanos que consultamos y que trabajan en territorios afectados por el conflicto armado.

Oriundo de Magangué, este abogado, exdirector de la Unidad de Víctimas de Bolívar, ex Defensor del Pueblo de su departamento y exmiembro de la Comisión Nacional de Reparación Y Reconciliación, en donde estuvo hasta 2011; actualmente dirige la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bolívar, Sucre y Córdoba.

Su papel en la implementación es importante porque desde esa entidad tiene la responsabilidad de implementar las políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que en el marco del posconflicto ejecutará la Ley de Tierras y la Reforma Agraria que apruebe el Congreso como consecuencia del punto uno del Acuerdo de Paz. Además, la ANT deberá articularse con la Agencia para la Renovación del Territorio, que tiene a su cargo la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDET), elementos claves para implementar el acuerdo en lo rural.

Lo incluimos en este listado porque aunque hay otros directores de agencias de tierras en la región, esta une a tres departamentos en los que hay PDET. Además, a lo largo de su carrera pública Zea ha demostrado ser un comprometido con los acuerdos y con la reconciliación, evidenciado por ejemplo en el liderazgo que tuvo en los proceso de reconciliación de las víctimas de Las Brisas, Mampuján y El Salado con los desmovilizados del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC. Esas Credenciales hicieron que un grupo de 73 organizaciones sociales del Caribe lo postularan a la Comisión de la Verdad.

Este doctor en economía barranquillero e historiador de 63 años ha hecho gran parte de su carrera en el Banco de la República, en donde inició como investigador senior en 1995, luego pasó a gerenciar la sucursal del Emisor en Cartagena y desde el 2013 ejerce como codirector nacional, cargo que ocupará hasta julio del próximo año cuando pase a la rectoría de la Universidad del Norte, la más grande de la región Caribe.

Su papel en la implementación será importante gracias a iniciativas como la Casa Grande Caribe, que es coordinada por él, nació en julio de este año y  aglutina a los principales tanques de pensamiento de la Costa para organizar conferencias y realizar investigaciones en temas como educación, salud, vivienda, nutrición, entre otros.

Esos espacios son fundamentales para las discusiones que se darán en pro de la implementación y para posicionar una agenda Caribe que se pueda incorporar en el plan de desarrollo del nuevo gobierno que llegue a la Casa de Nariño en 2018, y el cual tiene al posconflicto como un elemento clave para el desarrollo de la región.

Pastoral Social, la ONG de la Iglesia Católica que articula su trabajo con las comunidades, es una organización con presencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, destacamos la de La Paz, Cesar, por el trabajo pionero que vienen haciendo para que los exguerrilleros se encuentren con sus familias, un asunto clave dentro de su reincorporación y para el posconflicto.

Puntualmente, esa iniciativa la lidera la Parroquia San Francisco de Asís de La Paz (Cesar), pueblo donde se encuentra la zona veredal de Tierra Grata en la que se encuentran  excombatientes del Bloque Caribe de las Farc. Su coordinador es Daniel Morón, quien trabaja de la mano del sacerdote Miguel Ávila, párroco de la iglesia de La Paz.

En un plan piloto que la Pastoral Social de La Paz arrancó en Tierra Grata el pasado 21 de mayo, lograron reunir a 10 familias de excombatientes que se encuentran  en esa zona veredal. Para las siguientes fases, en las que buscan hacer lo mismo con 30 familias más de la misma zona y otras 50 de la vecina vereda de Pondores en La Guajira, cuentan con el apoyo de la embajada de Suecia y el acompañamiento de Naciones Unidas.

Milton de Jesús Toncel Duarte, más conocido como Joaquín Gómez, es un exguerrillero guajiro que hizo parte del Secretariado de las Farc y del grupo negociador de esa guerrilla en La Habana, Cuba, durante las conversaciones de Paz con el Gobierno. Fue el comandante del Bloque Sur de las Farc por nueve años hasta la dejación de armas de la guerrilla y ahora es uno de los miembros de la Dirección Nacional del Partido Farc. Es el líder de la zona de reincorporación de Pondores en La Guajira.

De cara al posconflicto el papel obvio de Gómez en el Caribe será el de procurar que los excombatientes cumplan lo pactado. Aunque su principal área de influencia es La Guajira, lugar donde ha manifestado el deseo de ser candidato a la Gobernación, también tiene ascendencia en los excombatientes que se encuentran unidos para la reincorporación en la vecina zona de Tierra Grata (Cesar).

Además, Gómez integra la Comisión de Implementación del Acuerdo de Paz, un organismo consultor del cual hacen parte otros antiguos mandos guerrilleros y miembros del Gobierno Nacional para velar por la correcta implementación de lo pactado en La Habana.