El eslabón clave en el caso de corrupción que enreda a Richard Aguilar (Segunda entrega)

La investigación por corrupción más grande que enfrenta la segunda generación del clan Aguilar de Santander involucra a Richard Aguilar, hoy senador de Cambio Radical. 

Como contamos en la primera parte de esta historia, el enlace clave entre unos esposos -la exsecretaria de Infraestructura de Aguilar, Claudia Toledo, y su pareja, el contratista Lenin Pardo- que denuncian un presunto entramado de corrupción en Santander y el ahora congresista, es un exfuncionario de su administración llamado Julián Jaramillo. 

Para esta esta segunda entrega La Silla Vacía investigó cuáles son los otros contratos que tienen alguna relación con Jaramillo durante la gobernación Aguilar, en la que fue director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura. 

Estos contratos suman casi 15.000 millones de pesos y fueron adjudicados por el departamento y la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant. Una racha afortunada que coincide con el periodo del exgobernador Aguilar, y el trabajo de Jaramillo en su administración. 

Esta investigación es importante porque toca a un político clave del clan político más poderosos de Santander. Richard Aguilar fue gobernador de Santander, es hijo del exgobernador condenado por parapolítica e investigado por presunto lavado de activos, Hugo Aguilar, y hermano de Mauricio Aguilar, actual gobernador del cuarto departamento más rico de Colombia. 

En los presuntos hechos de corrupción, también está involucrado Edwin Ballesteros, hoy representante del Centro Democrático, y exfuncionario en la gobernación de Richard Aguilar.

A Aguilar y a Ballesteros los investigan por presunta corrupción, y luego de las confesiones los esposos, ambos involucrados en los presuntos hechos criminales, podrían empezar a enfrentar indagaciones por delitos de obstrucción a la justicia. 

Desde hace casi dos años los esposos que denuncian las presuntas irregularidades están negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía. El primero fue negado, pero hace dos semanas fue radicada la segunda petición para que el fiscal General, Francisco Barbosa, decida si les otorga ese beneficio, que los obligaría a declarar en un eventual juicio contra los congresistas y demás salpicados en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. 

Los puntos de encuentro con las denuncias

Según grabaciones hechas por los esposos, Julián Jaramillo, es el enlace clave entre los contratos cuestionados por corrupción y los congresistas Aguilar y Ballesteros.

Él fue, según esas grabaciones y detalles entregados por los esposos a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, reveladas por Noticias Caracol, quien les ofreció plata para comprar su silencio, y quien tenía la tarea de amañar las licitaciones en las que se pagaron coimas a cambio de beneficiar contratistas. 

Jaramillo trabajó durante la gobernación de Aguilar primero como asesor y luego como director de proyectos de la secretaría de Infraestructura.  

Ahí coincidió con la pareja de testigos. Los esposos son la exsecretaria de Infraestructura de Richard Aguilar en la gobernación, Claudia Toledo, y Lenin Pardo, un contratista de infraestructura que se paseaba por los pasillos de la Administración.  

Dentro de sus confesiones Lenin Pardo, el esposo de la exsecretaria de Infraestructura, señaló un contrato para la construcción del Acueducto de Landázuri, un municipio de 3.700 habitantes.

Ese contrato fue adjudicado por la Esant, que era dirigida por el ahora congresista uribista Edwin Ballesteros y, según el relato de Pardo, se lo adjudicaron por orden de Aguilar.

Como contamos en la primera entrega, Pardo relata en su confesión que buscó asociarse con Jaramillo para ejecutar ese contrato de 4.346 millones de pesos. Dice que Jaramillo prestó $100 millones de pesos para pagar la presunta coima por adelantado al hoy congresista Ballesteros y también que fue Jaramillo quien buscó a dos empresas para armar el consorcio que construiría el acueducto.

Las dos empresas que nombra Pardo, y que en efecto aparecen como contratistas del Acueducto de Landázuri son: Procinco e Ingecol SA. 

Procinco es una empresa que Jaramillo había fundado con su socio Pedro Beltrán Dulecy en 2011 y a la que renunció dos meses después de creada justo antes de posesionarse en la Gobernación. 

Es decir, que según los testigos, Jaramillo participó en el direccionamiento con coimas de un contrato para su antigua empresa, manejada por su socio. 

La ejecución de ese contrato, que costó más de 4 mil millones de pesos en 2015, y que hoy está suspendido y en un 57 por ciento de avance, es clave dentro de la línea de tiempo de las denuncias de los esposos Toledo y Pardo. 

Según lo que le dijo la pareja a la Corte Suprema, una de las grabaciones que le hicieron a Jaramillo fue en una reunión citada para hablar sobre ese contrato. 

En esa reunión, según los esposos, además de Jaramillo, asistió Pedro Beltrán Dulcey, el socio que se quedó en el mundo de la contratación mientras Jaramillo pasó a la Gobernación. El motivo de la reunión era definir qué iba a pasar con el contrato porque el contratista Pardo quería vender su parte debido a que ya estaba en líos con la justicia.

Es decir, en la denuncia de ese acueducto, no solo aparece una relación con Jaramillo vía la empresa que fundó, y de la que es dueño su amigo personal, sino que también hay prueba de una reunión privada en la que se habla de esa obra pública.

Más allá de ese relato, La Silla encontró que la suerte de Procinco en la administración de Richard Aguilar fue tal que tuvo una racha de contratación a pesar de que llevaba pocos meses de creada. 

La racha

Como contamos en la primera entrega, desde 2009 Julián Jaramillo fue socio de dos empresas de construcción: Construmarca y  Procinco. 

Ambas las tuvo en sociedad con Pedro Beltrán Dulcey, del que Jaramillo le dijo a La Silla que es amigo personal. 

Julián Jaramillo vendió su participación a Beltrán Dulcey en ambas empresas en noviembre de 2011, cuando Richard Aguilar ya había ganado la gobernación y a pocas semanas de entrar a trabajar en su administración. 

La Silla revisó los reportes de contratación de esas dos empresas y encontró que aunque Construmarca no contrató con la Gobernación de Santander en la administración de Richard Aguilar, Procinco, que desde 2011 es representada por Milena García, la esposa de Beltrán Dulcey, tiene una historia muy diferente.

Procinco prosperó en la contratación del departamento como parte de uniones temporales o consorcios, en los que casi siempre tuvo la mayor participación accionaria. Principalmente contrató con la Gobernación de Aguilar y la Esant, que dirigió el representante Edwin Ballesteros. 

Según las cuentas de La Silla, Procinco ganó 14.960 millones en contratos públicos entre 2012 y 2015 en la Gobernación y la Esant, justo cuando Jaramillo trabajaba para Aguilar.

    - En 2013 Procinco un contrato para el mantenimiento y adecuación del estadio Alfonso López, por 4.782 millones de pesos, con el 60 por ciento de participación. También dos interventorías que suman 655 millones y en cada una tenía el 60 por ciento de participación.

    - A finales de 2014 se ganó un contrato con la Esant para construir el acueducto del municipio de Contratación por 1.877 millones de pesos, en el que tenía el 35 por ciento de participación y en el que no tuvo competencia, pues el segundo proponente no fue habilitado.

    - En 2015 se ganó tres interventorías que suman 2.646 millones de pesos en la Gobernación de Santander. Una de esas, por 700 millones de pesos, fue la del contrato de administración del banco de maquinaria. Ese contrato finalmente no se ejecutó porque fue denunciado por presuntas irregularidades por la administración que sucedió a la de Richard Aguilar. En 2015 también contrató con la Esant la optimización de alcantarillado de Mogotes, por 5.000 millones de pesos, con el 56% de participación en el contrato y ese mismo año ganó el contrato, que hoy en el ojo de la justicia para la construcción del acueducto de Landázuri, por 4.346 millones de pesos

La versión de Jaramillo es que no tiene responsabilidad en la contratación de Procinco: “Cuando salí de Construmarca vendí mi parte a condición de que no contrataran con la Gobernación para que no surgieran suspicacias. Con Procinco no hice lo mismo porque solo llevaba un mes de fundada y no podía oponerme al derecho que tenían de contratar”.

Sin embargo, La Silla encontró que los lazos que unen a Pedro Beltrán Dulcey con Julián Jaramillo, una vez terminó la administración de Richard Aguilar en la Gobernación de Santander, se reestablecieron.

La reaparición

Desde que salió de la Gobernación de Santander, Julián Jaramillo bajó el perfil, pero sus lazos con empresas dedicadas a la contratación pública volvieron a aparecer.

En 2016, nueve meses después de su desaparición en el sector público, creó junto a su esposa una empresa llamada Lucca SAS.

Esa empresa tiene un objeto social tan amplio que va desde vender papelería, hasta construir y asesorar proyectos de ingeniería. 

Cuando se registró en Cámara de Comercio, Lucca puso como referencia a Pedro Beltrán Dulcey,  y desde entonces esa empresa de Jaramillo comparte con Procinco y Construmarca contador y revisor fiscal.  

Además, La Silla encontró que Procinco, según sus propios registros de Cámara de Comercio, compartió sede con una oficina de Julián Jaramillo entre 2018 y parte de 2020.

Además, La Silla comprobó que en febrero de 2020, María Fernanda Ríos, la esposa de Julián Jaramillo, se convirtió en socia de Pedro Beltrán Dulcey, y le compró la mitad de Construmarca, una de las empresas que su esposo había vendido antes de convertirse en funcionario de Richard Aguilar. 

Sobre eso aseguró Jaramillo: “Mi esposa vendió su participación en Construmarca dos meses después porque finalmente el negocio no se cerró… Jessica es una gran contadora, no tenía trabajo y la contratamos por unos meses en ese proyecto”.

En la Cámara de Comercio no aparece registrada la salida de la esposa de Jaramillo de Construmarca, así que por lo menos en papeles públicos sigue figurando como socia de uno de los contratistas que, así como Jaramillo, termina metido con nombre propio en las denuncias de los esposos Toledo y Pardo sobre la contratación de Santander en la era de Richard Aguilar. 

Lucca también marcó el retorno de Jaramillo al mundo de la contratación de obras públicas.

Jaramillo fue subcontratista de un contrato por 1.499 millones de pesos firmado por la Alcaldía de Bucaramanga para la remodelación de 12 salones comunales. La firma MCI Ingenieros, de propiedad de Raúl Cardozo Ordóñez -tío de Raúl Cardozo Navas, otro de los contratistas que nombran los esposos denunciantes- le delegó la ejecución de la obra por 1.394 millones de pesos. Es decir, Jaramillo fue quien realmente ejecutó el contrato en 2017.

Lucca también fue subcontratista en un proyecto que una de las firmas de los hermanos Valderrama ganó en la Alcaldía de Funza, en 2018, para la construcción del “Complejo Cultural” de ese municipio de Cundinamarca.

Además, encontramos que desde 2017 Lucca ha registrado en Cámara de Comercio giros por 660 millones de pesos por parte de Titanium, proyecto de vivienda privada en un zona exclusiva de Bucaramanga en el que tienen participación los hermanos Valderrama. 

El grupo Valderrama es uno de los constructores más grandes de Santander, en la administración de Richard Aguilar se quedaron con la ejecución de miles de millones de pesos en medio de licitaciones que, como contó Vanguardia, fueron denunciadas por presuntas irregularidades.

Ricardo Valderrama, le aseguró a La Silla que es “normal” que el grupo subcontrate empresas de construcción para actividades dentro de las obras que ejecutan, y dijo que no había extrañeza en esa coincidencia. 

Como contamos en la primera entrega, Jaramillo empezó a contratar obra pública junto con los Valderrama. Ricardo Valderrama le negó a La Silla que él o sus hermanos tuvieran una relación de amistad con Jaramillo y dijo que lo conocían como a cualquier funcionario o contratista del departamento, pero Jaramillo nos aseguró que los conoce de toda la vida y que la amistad surgió porque fue al colegio con uno de los hermanos. 

En estos momentos, Julián Jaramillo tiene abierta una indagación en la Fiscalía por lo que han declarado los esposos en su contra y el papel que habría jugado dentro del presunto entramado de corrupción como el hombre clave de Aguilar. Además, es testigo a favor del exgobernador y actual congresista en el proceso que le adelanta la Corte Suprema por estos mismos hechos.

La versión de Jaramillo es que nada de lo que dicen los esposos es cierto y que las grabaciones están descontextualizadas y editadas. La de los congresistas Aguilar y Ballesteros también es que los esposos están mintiendo.

Con todas las relaciones que encontramos de Jaramillo, él seguramente tendrá que dar más explicaciones. Como aún falta que el fiscal General, Francisco Barbosa, decida sobre el principio de oportunidad de los esposos, habrá que ver si la defensa de los implicados continúa en medio de un ventilador encendido.