El fracaso de la seguridad: el flanco más débil del Mindefensa

Hoy Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa y eventual precandidato presidencial uribista, enfrentará ante el Congreso el primero de dos debates de moción de censura en menos de una semana. 

Como adelantamos, las posibilidades de que salga del cargo son casi nulas. Aún así, el debate en la Cámara de Representantes será la oportunidad para poner en el banquillo a la política de seguridad del gobierno uribista, un debate en el que el Ministro tiene las de perder.

Este gobierno considera que más que las organizaciones criminales, la verdadera amenaza de seguridad son las rentas ilícitas, porque son las disputas alrededor de ellas las que elevan los niveles de violencia.

De ahí que su principal indicador de éxito sea la reducción de hectáreas sembradas de coca: este año se han erradicado hasta agosto 69.830 hectáreas, casi 16 mil más que durante el mismo periodo del año pasado y 36 mil más que en 2018. 

Es el único avance significativo no atribuíble al Covid en el documento de logros de la política de seguridad que el Ministerio de Defensa envió el 29 de septiembre a la Secretaría de la Cámara de Representantes, en preparación al debate de hoy. 

Varios de los expertos en seguridad consultados por La Silla atribuyen a esta definición de éxito el error más fundamental de la política de seguridad de este gobierno.

“El resultado más importante que debería buscar la política de seguridad es que la gente viva más tranquila y con menos miedo. Reducir cultivos o neutralizar cabecillas de organizaciones criminales no consigue ese objetivo, a no ser que se pretenda a corto plazo acabar con todos los mercados ilegales, lo cual no es viable”, dice Miguel La Rota, codirector del Laboratorio de Justicia y Política Criminal.

En todo caso, a pesar de la reducción de cultivos de coca, la lucha contra el narcotráfico hoy está más perdida que cuando Duque asumió la Presidencia. 

“El balance es que el narcotráfico es más fuerte hoy”, dice Jeremy McDermontt, director de Insight Crime, el medio que mejor seguimiento le hace al narcotráfico en todo el continente. “La mafia de la ex Farc ha crecido desde que Duque asumió la Presidencia; el ELN profundizó su participación en el narcotráfico; los Urabeños se han recuperado un poco desde que el General Vargas los tenía en los rines; la producción de cocaína ha aumentado; el Gobierno parece tener menos control del territorio que cuando Duque asumió el poder”.

En efecto, no solo aumentó un 8 por ciento la producción de cocaína entre 2018 y 2019, sino que la Fuerza Pública ha sido menos efectiva en destruir cocinas y laboratorios.

Vista la política de seguridad a través de un lente más amplio del que usa el gobierno, el balance del Ministro tiene un saldo en rojo:

Problema: Homicidios y masacres

Diagnóstico: Peor

Razones: Las masacres se han disparado este año.  Según cifras del Gobierno, en 2020 ha habido 18 masacres con 91 víctimas (el año pasado hubo 22 con 77 víctimas). Según la ONU, para 2017 hubo 11 masacres. 

El aumento de las masacres responde a conflictos locales, como contamos acá, y la estrategia del Gobierno no ataca directamente a esas dinámicas tan particulares, que cambian de región en región.

“Hay grupos que matan a familias de miembros de sus enemigos, como pasó en Llorente y El Charco, en Nariño; o problemas de gobernanza y control de la vida de la gente, como las masacres en Buenos Aires en Cauca por violación de la cuarentena; y masacres directamente vinculadas al negocio narco, como las bolsas con cuerpos encontradas en Tumaco, porque esa gente no le pagó a las GUP (Guerrillas Unidas del Pacífico) por un negocio”, dice Kyle Johnson, cofundador de Conflict Responses, y uno de los investigadores que más sabe del conflicto en el sur del país.

El informe del Ministro a la Cámara de Representantes muestra que los homicidios han caído este año: de enero a agosto hubo 7.425 asesinatos, frente a 8.505 que habían ocurrido en ese mismo periodo de tiempo en 2019 (en total el año pasado hubo más de 12 mil asesinatos 2019).

Sin embargo, esa leve disminución obedece más al Covid que a la política del gobierno.  Según las cifras de la Policía, en enero y febrero hubo más homicidios que en esos meses del 2019; cayeron durante la cuarentena cuando todo el país se encerró; y  se dispararon por encima de las cifras del año anterior apenas se relajaron las restricciones de movilidad en julio y agosto.  

“Estamos igual en términos de homicidios que hace cuatro años, eso es lo grave, porque Colombia venía teniendo una tendencia a la baja, pero ya no bajamos”, explicó Johnson.

A esto hay que sumarle que la disminución de los homicidios en zonas controladas por grupos ilegales, como en Tumaco (88 asesinatos en 2020 frente a 122 en 2019), no responderían a acciones de la Fuerza Pública, sino a pactos entre grupos ilegales, como contamos en su momento.

Problema: Protección de líderes sociales

Diagnóstico: Peor

Razones: Según documentó el Ministerio del Interior, a corte de septiembre, la ONU ha verificado 47 asesinatos de líderes sociales en lo que va del año. El Gobierno dice que es la cifra más baja desde 2016, cuando hubo 66 homicidios verificados por el organismo internacional. En 2017 hubo 84; en 2018, 115 y en 2019, 108. 

La cifra, que ya es escandalosa y puede subir a la medida que la ONU verifique los casos más recientes, el Gobierno la presenta como un avance porque entre 2019 y lo corrido de 2020 hay una reducción del seis por ciento, que aduce a los avances del Plan de Acción Oportuna (PAO), lanzado por el presidente Duque a finales de 2018. 

Sin embargo, dado que el país duró encerrado varios meses atribuirle al gobierno esa reducción es similar a echarle la culpa por la disparada del desempleo a raíz del Covid. 

Sobre todo, porque, con excepciones, el gobierno no ha implementado las soluciones de corto plazo de protección colectiva que ha pactado con las comunidades, como instalar antenas repetidoras para ampliar la señal de celular para pedir ayuda en caso de una amenaza, como lo registró La Silla con el caso de los indígenas Awá, que sufrieron la última masacre, ni tampoco soluciones más estructurales que han demandado los líderes sociales como cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Según el Ministerio de Defensa en este informe que presentó al Congreso la semana pasada, “una de las estrategias más efectivas para la protección” es lanzar el cartel de los más buscados por asesinatos de líderes, en agosto de este año. Según sus cifras, ya capturaron a 16 de los 31 vinculados a este grupo, “el 61 por ciento del cartel”, de acuerdo con el Ministerio. 

Pero en ese mismo cartel está la mayoría de miembros del Coce del ELN, que de acuerdo con los expertos del conflicto, poca o nula incidencia tienen en determinar los homicidios en terreno, pues esas decisiones las toma esa guerrilla a nivel local sin consultar al Coce. 

Las estrategias de descabezamiento tampoco parecen debilitar las organizaciones criminales ni el negocio del narcotráfico, ni disminuir la violencia. “Pueden, incluso, aumentarla”, dice La Rota. 

Cita como ejemplo el caso de Tumaco, donde cayó ‘Don Y’, dieron de baja a ‘David’ y a ‘Guacho’ y la violencia no bajó, salvo en unos territorios donde los grupos ilegales pactaron treguas.

A lo que se suma que son grupos cuyos líderes son fácilmente reemplazables: cuando las fuerzas militares dieron de baja a Guacho y David, líderes de FOS y GUP en Nariño, fueron de inmediato reemplazados por alias El Gringo y alias Borojó, que hicieron parte de las Farc en armas cuando eran adolescentes y no tienen más de 30 años de edad.

Problema: Control de las fronteras

Diagnóstico: Peor 

Razones: Pese a la creación y fortalecimiento de entidades como Migración Colombia y la gerencia para la Frontera con Venezuela, el control territorial de la frontera de más de 2 mil kilómetros con el país vecino es, como hemos contado, insuficiente para la amenaza de grupos ilegales que controlan las trochas y los pasos ilegales.

Eso ocurre, como nos dijeron dos fuentes en terreno en Arauca y Norte de Santander, principalmente por la presencia de ELN, grupos narcotraficantes y disidencias de las Farc que desde 2018 vienen ganando control de las rutas ilegales, que cobran peajes a los migrantes pendulares que vienen a trabajar al país, o reclutan tanto a colombianos como venezolanos.

Este problema, de todos modos, no atañe solamente al gobierno colombiano. “La connivencia de las autoridades venezolanas con ELN y las disidencias es un problema enorme que no controla Colombia”, nos dijo Juan Pappier, Investigador de Human Rights Watch, que ha documentado la presencia de grupos colombianos en Venezuela.

Esa situación difiere de la que, por ejemplo, ocurre con la frontera al extremo sur de Ecuador. Entre 2018 y 2019 hubo un despliegue conjunto de casi 20 mil uniformados para dar de baja a alias Guacho, quien para ese momento era el disidente más visible del país y que asesinó a ecuatorianos en territorio nacional.

La protección de fronteras, sobre todo marítimas y aeroportuarias sí ha tenido avances invisibles, como nos dijo Jorge Restrepo, del Centro de Análisis del Conflicto (Cerac). Principalmente, con la creación y fortalecimiento de entidades como Migración Colombia, o la depuración de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que han ayudado a mantener control en sitios propensos a las rentas ilegales, como el puerto de Buenaventura.

Problema: Control territorial y lucha contra grupos criminales

Diagnóstico: Peor

Razones: Quizás el mayor fracaso de la política de seguridad liderada por Carlos Holmes es el fortalecimiento de las disidencias y la aparición de nuevas mafias en regiones donde las Farc tenían control territorial o lo disputaban con otros grupos

Para 2018, según un informe de la FIP, ya había 17 disidencias en 11 departamentos; para 2019, según inteligencia del Ejército, las disidencias tenían presencia en 24 departamentos y contaban con más de 2 mil miembros.

El mismo MinDefensa en su informe al Congreso de la semana pasada dice que desde 2017 estos grupos “han venido consolidando planes de fortalecimiento armado y estructural”, en Chocó, Valle, Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Córdoba, la Costa Caribe, y los llanos orientales.

Sin contar, que en efecto, como el mismo ministro lo denunció a raíz del vandalismo en las protestas del 8 y 9 de septiembre, ahora tengan la capacidad de concertar acciones simultáneas y coordinadas entre el ELN y las disidencias de Márquez en decenas de barrios en el corazón de Bogotá.

Según los datos de la Policía, las acciones subversivas se duplicaron este año, mientras que las bajas, arrestos y deserciones del ELN están en sus niveles más bajos desde el 2013.

Hay indicios de que las disidencias de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez se están aliando con grupos más pequeños de nivel local lo cual aumentaría el poder de la ilegalidad en esas regiones y evidenciaría que el Gobierno dejó perder la ventana de oportunidad que abrió la desmovilización de las Farc.

Solo en 2019, hubo 440 combates donde participaron grupos ilegales, sobre todo del ELN (127) que ocurrieron en casi todo el territorio nacional, a excepción de la Amazonía, parte de los llanos y San Andrés.

Es un cóctel de grupos que va más allá de las dos disidencias.  Ejemplo claro de esto lo documentamos en Cauca y Nariño.

Al norte del Cauca, llegaron emisarios de Los Pelusos provenientes del Catatumbo desde finales de 2018, que pelean la ruta ilegal que colinda con el sur del Valle con las disidencias de alias Mayimbú, que tiene una alianza con Gentil Duarte, líder de las disidencias del sur del país que también crece en Arauca, Nariño y Putumayo.

En Nariño, desde antes de la dejación de armas ya había disputas internas en las Farc por integrantes disidentes que querían mantener las rentas del narcotráfico. De ahí surgieron las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Frente Oliver Sinisterra (FOS), cuyos fundadores ya fueron dados de baja por el Ejército, pero los grupos siguen controlando las rutas de droga del pacífico nariñense, ahora también con el grupo Contadores.

A lo que se suma que estructuras del ELN y el Clan del Golfo han venido fortaleciendo su presencia en territorios donde no llegó el Estado tras la salida de las Farc, como el Chocó, Catatumbo, Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, donde además hay grupos disidentes que, ante la caída de los grandes capos de la droga, han hecho alianzas con carteles narco de México para garantizar la exportación de sustancias ilícitas, como reportamos en terreno.

La respuesta del Gobierno ha sido, principalmente, militar: según el MinDefensa hay desplegadas 11 operaciones en tierra, ríos y aire en el marco de un plan estratégico para atacar las estructuras del ELN, el Clan del Golfo (y su disidencia, los Caparros) y las disidencias de las Farc.

Estrategia que, para los expertos, desconoce los cambios en el conflicto, donde la amenaza no la representa una guerrilla del tamaño y capacidad de hacer daño como fueron las Farc en la época de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe; sino grupos más pequeños con control territorial de menor escala.

A la respuesta militar que no debilita de manera estructural a las organizaciones criminales, se suma un componente que todos los expertos nos dijeron: la falta de confianza que hay en los territorios en las fuerzas militares.

“En las zonas donde está más deteriorada la seguridad, la relación es muy tensa y así no se puede consolidar una estrategia de seguridad”, nos dijo Juan Carlos Garzón, director del área de conflicto de la FIP. “En esas regiones hay una alta dependencia de las economías ilegales y la percepción de la Fuerza Pública es que llega a erradicar cultivos y que el resto del Estado no está llegando, lo que es un caldo de cultivo para que los grupos armados ganen legitimidad”.

En conclusión, la retórica de mano fuerte contra el crimen que seguramente exhibirá hoy en su debate el ministro Trujillo es mucho más contundente que sus acciones para garantizar la seguridad de los colombianos.