El frenazo indígena a la consulta previa

El sábado, mientras Santos le entregaba unas hectáreas a unos indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Bogotá se terminaba un foro en el hotel Tequendama con representantes de los pueblos indígenas agrupados en la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, Onic, representantes indígenas de Perú, Bolivia, Ecuador y Suecia, y delegados del Gobierno para hablar sobre la consulta previa.

Un chicharrón que el Gobierno no ha podido resolver y que ahora parece que se le complicó todavía más, y que consiste en cómo aplicar la obligación del Estado de preguntarle a los indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y comunidades rom si están de acuerdo con que se realicen proyectos en sus territorios, como una forma de proteger la diversidad cultural.

Esta mañana la Onic sacó un comunicado en el que pide, entre otras cosas, “el retiro inmediato del anteproyecto de ley radicado ante la secretaría técnica de la Mesa Permanente de Concertación, MPC”. Esa mesa es el espacio para negociar entre el Gobierno y los indígenas todo lo que afecta a sus territorios.  

La Onic lo pide, entre otras cosas, “porque el Gobierno brilló por su ausencia en el foro y porque nos oponemos a que pretendan que el proyecto de ley pase por fast-track”, dijo a La Silla Silza Matilde Arias, vocera de la ONIC y quien además fue la maestra de ceremonias del evento.

¿Las sillas vacías?

El foro, que organizó el ministerio del Interior de jueves a sábado en el hotel Tequendama de Bogotá, es parte de lo que Gobierno e indígenas llaman “ruta de acercamiento”.

Esa ruta consiste en una serie de eventos con partidos y movimientos políticos y con representantes indígenas de otros países, que el Gobierno y la Onic pactaron, pero que no es el espacio de consulta de la consulta previa.

Al foro estaban invitados el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente Germán Vargas, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y los representantes de asuntos indígenas de esa cartera.

Pero no fueron ni Santos ni Vargas, y Cristo solo fue a la instalación el jueves. Los delegados del Interior sí fueron y se quedaron todo el tiempo según dijo a La Silla el viceministro Luis Ernesto Gómez.“Todos los encargados de asuntos indígenas estuvimos y nos quedamos. Decir que porque no estuvo el presidente, no estuvo el Gobierno, es exagerado.”

El viceministro también nos dijo que que aunque Vargas y Santos sí estaban invitados y a ambas oficinas les mandaron una invitación, “sus agendas son muy apretadas y es difícil cuadrar los horarios. Ahí ya nosotros no podíamos hacer más”

Pero el jefe de prensa de Vargas, Gerardo Aristizábal, nos dijo que en la agenda del vicepresidente no estuvo nunca un evento con indígenas el jueves pues él tenía ese día agenda en cuatro municipios de Córdoba. 

Sin embargo, para los indígenas, que no hayan ido ni Santos, ni Vargas y que Cristo haya llegado una hora tarde, según nos dijo Silza Arias, "es una muestra del desinterés que tienen en escucharnos (...) Es un evento que ellos organizan y brillan por su ausencia”.

Lo curioso es que esa impresión no sólo se la llevaron los indígenas.

“No estaban los funcionarios del Gobierno con competencias referentes a los derechos de los pueblos indígenas. Había funcionarios menores de los que facilitan la operatividad de esos eventos”, dijo a La Silla una fuente que estuvo presente y que nos pidió reservar su nombre para no tener problemas con los funcionarios del Gobierno.

“Los indígenas durante todas las sesiones se recordaron a sí mismos que estaban discutiendo entre ellos solitos porque no había nadie del otro lado con quien hablar”, agregó esa fuente.

Frente a eso, el viceministro Gómez nos dijo que “el espacio de negociación con los indígenas es la Mesa, no el foro. El Gobierno no tenía nada que decir en ese evento. Su tarea fue escuchar y el ministerio del Interior estuvo los tres días”.

El malestar

Más allá del foro y la ausencia de los altos funcionarios, hay un malestar que viene desde noviembre del año pasado cuando, como también los contamos, el Gobierno presentó el proyecto de ley que reglamenta la consulta y que no fue bien recibido por los indígenas porque sintieron que no fue concertado con ellos.

Y que, además, trae cambios como poner tiempos limitados para la consulta, o que si las comunidades no se presentan en tres reuniones del proceso, se entiende que no les interesa y que el proyecto ya fue consultado. Lo mismo ocurre cuando sí van “pero adoptan posturas dilatorias”. 

A ese malestar se suma el hecho de que hace unas semanas se supo, como contamos, que el Gobierno planeaba presentar por fast-track ese proyecto.

Si lo hace, se saltaría el proceso de consulta de esa reglamentación con los indígenas.

Por ahora, según nos dijo el viceministro Gómez, el Gobierno no ha tomado la decisión de que el proyecto vaya por fast-track.

Esa decisión se tiene que tomar el próximo 15 de marzo, que es la próxima reunión de la Mesa de concertación entre el Gobierno y los indígenas. Ahí hay tres caminos: que el proyecto se apruebe como una ley estatutaria normal (es decir en ocho debates), que pase por fast-track (en cuatro debates) o que lo saquen por decreto.

Los indígenas no quieren que pase por el Congreso porque les da miedo que entre una cosa y salga otra, y la posición del Gobierno es que si lo sacan por decreto “no tendría la seguridad jurídica que sí tiene una ley” dice el viceministro Gómez.

En ese debate están ahora y, con los indígenas indignados por lo que para ellos fue un desplante, ese encuentro no será fácil.