El Gobierno dilata la negociación con el Comité mientras la calle pierde fuerza

Es la décimo segunda reunión que tienen, tras 38 días de paro, el más largo en décadas. Pero la negociación, que comenzó el 16 de mayo, en sesiones de entre nueve y quince horas, no ha servido para avanzar. Hoy ni siquiera se han empezado a discutir los temas de fondo, los reclamos sociales que sacaron a cientos de miles de personas a las calles, y que el Comité del Paro ha concretado en lo que llaman un pliego de emergencia.  

Anoche, tras otra reunión, ambas partes seguían discutiendo el acuerdo previo para entrar a hablar del pliego. Se trata de un acuerdo sobre las garantías a la protesta social que debe ofrecer el Gobierno, y que el Comité exigió como condición para empezar a discutir el pliego de emergencia, en medio de evidencia abundante de excesos de la Fuerza Pública contra manifestantes. 

Al terminar la sesión en Compensar ayer, justo antes del partido entre Colombia y Perú, los delegados del Gobierno —algunos con camiseta de la selección—, salieron a celebrar que, después de las muchas diferencias, habían logrado llegar a acuerdo en 16 de los 31 puntos para lograr firmar un preacuerdo y sentarse a negociar. 

Una hora después, salieron al mismo pasillo los sindicalistas negociadores, después de redactar un comunicado. Su visión era más negativa: sí lograron acuerdos en 16 puntos, pero, como nos contó Nelsón Alarcón, del gremio de profesores (Fecode), y que estaba allá: “Pero eso no es nada de nada, ya habíamos llegado antes a un preacuerdo con 34 medidas que el Gobierno desmontó con sus comentarios”. 

En efecto, el Comité y el Gobierno ya habían llegado a un preacuerdo sobre todo este texto hace casi dos semanas. Pero, como contamos, cuando los representantes del Gobierno levantaron de la mesa para validarlo con el presidente Iván Duque, volvieron a ella con la exigencia de que para avanzar el Comité debía rechazar los bloqueos de carreteras. Después de eso, la mesa quedó bloqueada.  

Desde el Comité piensan que hay una estrategia deliberada de dilación en la negociación. Una promovida, dicen, por la línea dura del uribismo, que, como contamos, ha ganado influencia con Duque durante el paro. 

“Desde el 24 de mayo había acuerdo consensuado, pero ya ni ese consenso tenemos”, dijo uno de los que está en la mesa actualmente. Una impresión parecida tiene Fabio Arias, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT): “En este punto no ha pasado nada, hemos perdido prácticamente todas las horas que nos gastamos tratando de llegar a un preacuerdo y ahora quieren cambiar el 80 por ciento de lo que ya habíamos acordado”.

Esto, incluso luego de concesiones que ha hecho el Comité, por ejemplo, frente a su postura sobre los bloqueos de carreteras. Sin embargo, el Gobierno cada vez vuelve a la mesa con un nuevo pero. Más allá del fondo de los reparos, la actitud empieza a perfilarse como un giro en la estrategia negociadora del Gobierno. 

Hace dos semanas, en la mesa reinaba el optimismo de que podía haber una rápida resolución. Los incentivos de ambas partes estaban alineados a que el paro terminara. Este le había pegado duro a Duque: le hizo perder ministros, lo obligó a hacer cambios de gabinete, lo dejó cuestionado. Además, lo puso a negociar con un Comité que ya le había planteado unas reivindicaciones semejantes el año pasado, a las que Duque les había salido al paso con una Conversación Nacional que tuvo pocos resultados concretos. 

Pero las últimas dos semanas algo cambió. El Gobierno ha llenado de peros los consensos logrados en la mesa y, tras once reuniones, no ha logrado concretar acuerdos sobre ninguno de los puntos donde las partes tienen sus mayores diferencias. 

Este ritmo, si es intencional, ha rendido sus frutos en la mesa, aunque con altísimos costos económicos para el país. Por ejemplo, ayer Fedesarrollo, el centro de pensamiento económico más grande del país, calculó que el paro le ha generado costos al país de entre 4,8 y 6,1 billones de pesos.  

Pero en la calle, como mostraron las convocatorias de este miércoles, ya no hay la misma fuerza de movilización de las primeras semanas, a pesar de que desde el Comité insisten en llamar a nuevas marchas “todos los miércoles hasta que haya acuerdo”. Uno de sus negociadores reconoce este efecto: “Somos conscientes de que todas las luchas sociales tienen unas reglas, y una negociación muy larga termina por desgastar tanto la potencia de la calle como nuestra posición como representantes”, dijo a condición de no ser identificado para no afectar su posición negociadora en la mesa.   

Desde el Gobierno niegan que exista una estrategia de dilación y dicen que su interés es llegar a un acuerdo. Un delegado que conoce de primera mano la negociación, pero que no está autorizado para ser vocero, nos dijo: “Nosotros no nos queremos levantar de la mesa, creemos que podemos lograr algo”, dijo. Sobre este punto intentamos hablar con el Consejero Emilio Archila, líder de la negociación del Gobierno, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta nota.

Con una fuerza de protesta en la calle disminuyendo, el único factor que, por ahora, le pone presión al Gobierno para mover la negociación es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país la próxima semana. Los sindicalistas la ven como una ventana de oportunidad para sentar al Gobierno a llegar a un acuerdo: “Le dijimos en la mesa: a ustedes les conviene que puedan mostrar que han llegado a un acuerdo con nosotros cuando venga la Comisión”, nos dijo uno de ellos.

Con todo, y a pesar de las intención públicas que las partes han mostrado sobre querer avanzar, una reconstrucción rápida de lo que ha pasado hasta ahora muestra que el Gobierno sí ha puesto varias piedras en el camino.   

La negociación que se ha ido llenando de peros

Las negociaciones comenzaron el 16 de mayo con un Comité del Paro envalentonado. 

Entre los ocho representantes que lideran desde esa fecha las conversaciones están sindicalistas experimentados como Francisco Maltés, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Óscar Gutiérrez (Dignidad Agropecuaria), y otros líderes de la oposición como Alirio Uribe (ex representante a la Cámara por el Polo Democrático), Luciano Sanín (de Viva la Ciudadanía) y Elizabeth Quiñones (de Mujeres en el Paro). 

Llegaron con un documento en el que buscaban garantías para el ejercicio de la protesta que los delegados del Gobierno debían comentar. Del lado del Gobierno encabezaba la mesa inicialmente Miguel Ceballos, pero luego de que este renunciara a su cargo criticando a Uribe, quien lidera desde entonces es Emilio Archila, el Consejero para la Estabilización. Junto con él se sientan en la mesa Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. 

Tras ocho reuniones, ambas partes lograron un preacuerdo el 24 de mayo, sobre las garantías a la protesta social. El documento incluía unos compromisos que el Gobierno asumía frente a la protesta, como una promesa de no invocar la figura de la conmoción interior si la protesta era pacífica, pero sin renunciar a la facultad legal de hacerlo.

El documento llegó a tener el visto bueno del Ministerio de Defensa e Interior, y sólo faltaba que lo aprobara Casa de Nariño. Los ánimos en el Comité eran de optimismo, pues se preparaban para una negociación rápida: “si firman el preacuerdo podemos estar hablando de terminar las negociaciones incluso en una semana”, dijo entonces Nelson Alarcón, de Fecode, como contamos. Un representante del Gobierno nos dijo entonces que estaba alineado con esos tiempos.

Pero desde ahí empezó a empañarse el avance. El jueves 27 de mayo, el Consejero Archila les anunció a los miembros del Comité que para aprobar el documento de garantías a la protesta exigían “la garantía de los desbloqueos para los colombianos”, refiriéndose a los bloqueos de vías en el país, que por ese entonces se contaban en más de 200 por parte de la Policía. 

“Desde ese jueves se jodió esta negociación”, dice Alarcón. Una percepción que tienen otros miembros del Comité, pues creen que fue ahí donde Duque alineó sus decisiones con las tesis de mano dura del uribismo para manejar la situación de seguridad y la negociación con el Comité. De hecho, Álvaro Uribe aconsejó explícitamente “rechazar cualquier negociación con el Comité, pues negociar con bloqueos y violencia es continuar con la destrucción de la democracia”. 

Cuando se volvieron a reunir, el domingo 30 de mayo, a la exigencia de los desbloqueos se sumó un nuevo pero. El Gobierno les devolvió a los del Comité el texto del preacuerdo pero lleno de ajustes y de redacciones alternativas. El nuevo documento sugería cambios en varios puntos en los que apenas unos días antes había un acuerdo en la mesa.  

Por ejemplo, en el preacuerdo original las partes acordaban, entre otros temas, que no sería aplicable la figura de la conmoción interior en el contexto de la protesta pacífica; que el Gobierno respetaría la autonomía de alcaldes y gobernadores en el manejo de la protesta, y que la asistencia militar solo se aplicaría ante hechos de grave alteración a la seguridad. Sobre todos estos puntos el Gobierno cambió de opinión y sugirió ajustes. 

Francisco Maltes, uno de los negociadores del Comité, dice que esos cambios de postura lo sorprendieron: “Todos los que están hoy en la mesa estaban el 24 de mayo, cuando llegamos al preacuerdo. Los ministros, consejeros y los otros asesores. Pasamos cerca de 50 horas construyendo el preacuerdo. Es inadmisible que con las mismas personas que negociamos el preacuerdo ahora nos pidan más explicaciones y tengan tantos puntos en contra”.  

Con estas distancias comenzó de nuevo la negociación esta semana, con los nuevos peros del Gobierno y con un Comité cuya postura era que no rechazaba la obstrucción total de vías, pues sus cierres con intermitencias los consideraba como parte de la protesta legítima. Pero el martes, y ante las crecientes acusaciones de no querer mover la negociación, los del Comité cambiaron el tono.

Percy Oyola, sindicalista que participa de la mesa, anunció que iban a la mesa con una nueva actitud: “Tenemos una decisión política desde el Comité para trabajar en la dirección de distensionar concentraciones en las vías y cortes de rutas”. Presentaron como evidencia de esta voluntad que entre el lunes y el martes se desbloquearon 40 puntos en el país. 

Pero este cambio en el lenguaje tampoco fue suficiente. Emilio Archila respondió, aunque reconociendo el cambio de actitud: “Hay una diferencia cualitativa importante entre desescalamiento y no bloqueos”, sugiriendo que la condición para empezar a negociar es que se levanten todos los bloqueos, no algunos. 

En la última reunión que tuvieron, que terminó ayer en la noche, Archila reafirmó esta postura: “Hemos tenido la oportunidad de reiterar la preocupación del Gobierno de Iván Duque respecto de los bloqueos. Están causando mucho dolor”.

Pero esperar a que los bloqueos se acaben por completo para negociar está difícil, porque  a pesar de que los datos muestran que las vías sí se han ido reabriendo, los bloqueos que persisten no tiene que ver necesariamente con la línea que da el Comité. 

El Comité no controla los bloqueos que persisten

Son los mismos datos de la Policía los que señalan que en la última semana se han reducido los bloqueos en el país. El viernes pasado, el Mayor General de la Policía, Jorge Luis Vargas, reportó bloqueos en 109 vías principales y secundarias. Pero ya el miércoles la Dirección de la Policía hablaba de 44 bloqueos en siete departamentos. Especialmente en Valle del Cauca (15), Cauca (8), Huila (7) y Arauca (4). 

Ayer, en la mesa, se hablaba de que todavía persistían 23 puntos de bloqueo, muchos de los cuales ya están en proceso de diálogos. Como en Cali, por ejemplo, donde la mesa entre manifestantes y el alcalde Ospina logró levantar el cierre de la vía Panorama, que lleva de Cali hasta La Virginia; O en Huila, donde acordaron abrir el puente Santander de Neiva. 

También, como nos lo explicaron cinco sindicalistas que están en la negociación, las razones sobre por qué se abrieron más de 40 puntos de bloqueo a comienzo de esta semana van más allá de que exista una capacidad del Comité del Paro para coordinar que los bloqueos sigan o se acaben. Como dijo Hami Gómez, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), “Nosotros no podemos mandar a quitar lo que no mandamos a poner”. 

Por su parte, Óscar Gutierrez, de Dignidad Agropecuaria, dice que nunca han orientado bloqueos con la intención de hacer cierres totales de vías, aunque reconoce que algunas organizaciones del paro sí estuvieron en las vías con bloqueos intermitentes y “corredores humanitarios”. Como en Norte de Santander, donde los arroceros del movimiento Dignidad Arrocera hicieron bloqueos hasta que una negociación en la que estuvo el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, acordó la creación de un fondo para mantener estables los precios del arroz.

Por eso, para Gutiérrez, son otros los actores que han estado quitando los bloqueos. “Unos han sido movidos por camioneros que tienen sus propias formas de protestar. Otros, por chicos en las ciudades que incluso hablan en contra del Comité del Paro. Y también hay organizaciones muy fuertes que habían convocado a gente a las calles, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que es es muy autónomo, o la Organización Nacional Indígena, que decidieron levantarse autónomamente”.

Desde los puntos viales bloqueados que todavía persisten, se ve también que no le marchan a lo que dice el Comité del Paro. 

Es el caso de “El Gordo”, como le dicen a un joven de unos 29 años que está en la primera línea en un punto que con vallas de tránsito, troncos de árboles y barricadas soldadas en la vía bloquea una carretera a 10 kilómetros de Buga, en Valle del Cauca. 

Sobre el Comité tiene una visión desdeñosa: “A ellos les pasa lo mismo que al Gobierno. Representan una lucha que no han vivido. Ellos pueden venir a decir que desbloquean las vías, pero nosotros somos los dueños de las vías, entonces si no las levantamos quedan como un culo. Y esto no solo pasa acá sino en casi todo el Valle”. 

Su caso es muy semejante al que se ve en otros sectores en Cali, como la Luna o la Loma de la Cruz, donde todavía persisten algunos puntos de bloqueo, aunque actualmente están negociando bajo la identidad de la Unión de Resistencias de Cali. La Alcaldía de Jorge Iván Ospina ya los reconoció como un movimiento, y está en mesas hablando con ellos desde el 31 de mayo.

Juana Peláez, vocera desde la Loma de la Cruz, dice que su situación no depende de lo que se negocie en Bogotá con el Gobierno: “No vamos de la mano con lo que diga el Comité porque no nos vemos representados ahí. A nosotros sólo nos representa la Unión de Resistencias de Cali”. 

Estos dos ejemplos, que son apenas una muestra de los otros puntos donde todavía persisten bloqueos en el país, apuntan a que lo que motiva a muchos a seguir en las vías está desconectado de la negociación en Bogotá, por lo que será difícil poner su desbloqueo como una condición para avanzar en los diálogos. 

La lenta negociación sobre garantías a la protesta

Además de los bloqueos, los desacuerdos sobre el texto de garantías para la protesta --sobre el que ya se había llegado a un preacuerdo hace casi dos semanas-- siguen siendo grandes.  

En el comunicado que leyó Luciano Sanín, un abogado de la organización Viva la Ciudadanía que está en la mesa representando al Comité, precisó un poco más los puntos logrados y las discrepancias luego de la negociación de ayer. “En 16 puntos tenemos acuerdo, en 11 hace falta precisar, y en 9 se identifican grandes discrepancias, en temas como la no participación de las Fuerzas Militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del Esmad en las protestas, y el mecanismo de seguimiento al acuerdo”, dijo Sanin. 

Justamente la discusión de ayer giró en torno a un párrafo sobre el tema del uso o no de armas de fuego en las protestas, frente en el que finalmente no llegaron a un consenso sobre cuál debería ser su redacción. 

“En algunas cosas llegamos a acuerdos, como protocolos de denuncias sexuales en las protestas, o el acompañamiento de las comisiones de verificación de la sociedad civil, pero todos los temas donde tenemos diferencias más grandes están sin abordar. Ayer nos tomó un día completo darle vueltas a ese párrafo en el que se plantea la discusión sobre si la Policía Nacional debe usar armas de fuego y ahí no tenemos acuerdos”, dijo uno de los negociadores que pidió reserva para no delatarse.  

Por eso, aún con los 16 puntos acordados, los que están sentados no ven cómo van a destrabar hoy esos temas en los que, a pesar de que ya habían llegado a una redacción compartida, ya no hay una misma posición. 

“En la mesa los ánimos se caldean, ellos dicen una cosa para picarnos la lengua y nos encendemos, hasta al cura que está de garante lo hemos regañado para que intervenga y ayude a mover la negociación. Pero es que no logramos todavía ni tener un consenso sobre cuál mecanismo de verificación crearemos para que lo que se prometa en esta mesa no quede en el aire”, nos contó uno de los negociadores al final de la noche.   

En gran parte, la negociación entre el Comité del Paro y el Gobierno va tan lento porque es una donde se negocia mucho más que un pliego de peticiones. Sus protagonistas calculan que su resultado dejará una foto que contará en las elecciones del próximo año. 

Por eso el Gobierno tiene la presión de no entregar como logros del Comité puntos como la renta básica y la matrícula cero, los cuales ha presentado como políticas suyas. Pero también tiene la mirada de la comunidad internacional puesta sobre la negociación, por lo que no puede simplemente disolverla, como han sugerido desde el uribismo.  

Del lado del Comité, la apuesta, por ahora, es a quedarse en la mesa para no quedar como los que no quisieron seguir, pero ya han discutido internamente alternativas si la negociación se llega a congelar, como pararse de la mesa y volver a convocar a movilizaciones en un mes o dos, cuando haya más fuerza. 

Ayer la mesa se levantó, dicen algunos, porque Archila tenía afán de ver el partido de fútbol que Colombia terminó ganando contra Perú. No era una victoria cantada, pues la selección venía de perder dos compromisos. Tampoco hoy, al comenzar la nueva jornada de negociación, las partes saben si se irán con victoria o con derrota. O como viene siendo el caso hasta ahora, con un empate sin goles, en el que los costos económicos y sociales del paro los pagan los ciudadanos.