El Gobierno les apuesta a los privados para avanzar en la vacunación

Después de meses de buscar una forma de adquirir dosis para que las empresas puedan vacunar a sus empleados, ya es un hecho que el Gobierno les va a servir de intermediario para comprar 2,5 millones de dosis de Sinovac.

Aunque la resolución para que puedan negociar e importar vacunas salió hace un mes y permitiría que compraran directamente, las farmacéuticas ya les dijeron que por ahora solo les venden a gobiernos y a Covax. Así, por lo menos en el corto y mediano plazo la única opción viable es que el Gobierno les sirva de puente.

Con esta negociación, todo indica que el sector privado empezará a vacunar entre finales de junio y principios de julio, cuando deben llegar las vacunas que ya negoció el Gobierno con la farmacéutica china como parte de un paquete de 5 millones de dosis, las que le faltan para completar las del Plan Nacional de Vacunación (PNV) y las de los privados.

La idea es que para ese entonces esté lo suficientemente avanzada la etapa 3 del PNV, en la que se deben vacunar a 6,5 millones de personas incluyendo adultos con comorbilidades, docentes, Fuerza Pública y la Fiscalía. 

Eso porque la resolución que permite a los privados aplicar vacunas pone como condición que solo lo hagan cuando “el Gobierno nacional haya avanzado en la vacunación de las personas priorizadas en la etapa 3”.

Contactamos al Ministerio de Salud para aclarar qué avance de la etapa 3 se requeriría y otros puntos, pero al momento de la publicación no habíamos recibido respuesta.

Esa es la manera en que busca no romper la fila de la priorización con la que se armó inicialmente el PNV, y que si bien está ya debilitada por presiones políticas, si los privados pudieran vacunar antes a personas jóvenes y sanas, rompería definitivamente con la lógica de solidaridad con la que el Gobierno diseñó el plan.

Como la resolución no dice qué es “haber avanzado” en la etapa 3, si los privados empiezan a poner dosis cuando por ejemplo la mayoría de profesores de colegios sigan sin vacunas, ese cambio a la lógica puede salir costoso, especialmente con un país en plena efervescencia social y con un claro descontento que mostró la más reciente Gallup Poll.

Sobre ese riesgo, los privados esperan que la inequidad sea la menor posible y que la que produzcan se vea compensada por una vacunación más rápida, y con la claridad de que sus dosis son adicionales a las del PNV. 

Tres de los dirigentes gremiales con los que hablamos confían en que el Gobierno les permita aplicar las vacunas tan pronto lleguen al país. 

El lío es que si todo sale como se planea, sus dosis llegarán antes que por lo menos 48 millones de las del PNV, así que la foto de vacunas a personas jóvenes que tienen la suerte de tener un empleo formal y un empleador que quiso vacunar llegará meses antes de que los jóvenes desempleados o informales puedan quedar inmunizados. Y son estos los que están en las primeras líneas del paro.

Y si llega a haber retrasos en las entregas de dosis para el PNV, como ya ha pasado, esa foto podrá despertar todavía más molestia. 

Por eso, al final ese pacto lo que muestra es que el Gobierno Duque le apuesta a los privados para acelerar la vacunación, que no ha podido acelerar por su cuenta, con un ritmo que continúa persistentemente por debajo de las metas que anuncia MinSalud. 

A principios de este mes aspiraban a aplicar 200 mil dosis diarias, lo cual lograron solo durante un día, el 4 de mayo. Su meta pasó a ser 254 mil dosis diarias para finales de mes, pero en lo que va de mayo ni siquiera han logrado volver a superar las 200 mil. El promedio de los últimos 7 días es 134 mil dosis diarias. 

Ahora, subir el ritmo con los privados encaja en la visión de la economía del presidente Iván Duque y en su cercanía con el empresariado.

El acuerdo con el Gobierno

Hace dos semanas, en la mesa de negociación con los gremios encabezados por la Andi, el Gobierno ofreció un camino para que compren el lote de vacunas de Sinovac. Los gremios aceptaron.

El mecanismo consiste en que el Gobierno compra las dosis y los privados se las pagan con una contribución al Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) que creó Duque para enfrentar el covid, y que financia las inversiones de la salud para enfrentarla (como nuevos ventiladores) y programas de gasto social (como los subsidios). 

El costo final de cada dosis debe confirmarse entre esta semana y la siguiente, y se calcula que será entre 17 y 20 dólares. 

Con eso ya claro, la semana pasada la Andi abrió una convocatoria para que las empresas interesadas en participar alzaran la mano. Recibió más de 5 mil solicitudes, que está en proceso de consolidar. Aunque le consultamos cuáles son algunas de esas empresas que quieren entrar al negocio, nos dijeron que esos datos no los pueden revelar.

Ahora que confirmaron que usarán el cupo que les ofrecieron, el paso siguiente es que el Gobierno les confirme esas dosis y firmen el convenio. Para esto, la Andi espera algunos ajustes a la normatividad, que según su presidente, Bruce Mac Master, “son ajustes menores, y el Gobierno ha mostrado su disposición”. Por eso esperan definir el convenio antes de que se acabe este mes.

Este camino tiene una ventaja adicional para los privados: el Gobierno asumirá los potenciales efectos adversos que puedan ocasionar las vacunas, porque será quien las compre (lo que puede ser un motivo adicional de inconformidad).

A cambio de esa ayuda, la vacunación por los privados ayudaría a acelerar el proceso, pues según le dijeron a La Silla tres dirigentes gremiales que han estado involucrados en la negociación, sus dosis son adicionales y no le restarán a las que requiere el PNV. 

Además, los privados deben usar una infraestructura adicional a la del plan, para no quitar ritmo a la vacunación sino ayudar a aumentarlo, como quedó establecido en la resolución que les permite vacunar.

Para esto planean apoyarse en las cajas de compensación, coinciden seis fuentes entre voceros gremiales y empresarios.

“Las cajas de compensación son el apoyo adicional que tiene el sector privado. Cada empresa tiene su propia caja de compensación, que ya tiene toda la información de sus trabajadores”, explica Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, gremio del sector asegurador. 

Aunque las cajas hacen parte de la red del PNV, los consultados sostienen que no habrá choque. 

“Podemos poner capacidad adicional. Lo que hemos visto es que hay cajas que tienen los recursos en este momento para hacerlo, y seguramente el grueso de las cajas que tienen IPS van a apoyar”, afirma Luis Guillermo Vélez Atehortúa, director corporativo de salud de la caja de compensación Comfandi.

Según Vélez, cuatro cajas ya han confirmado que pondrán infraestructura para vacunar empresas en sus regiones. Y la próxima semana habrá una reunión entre los gremios y representantes de las cajas de compensación para vincular otras cajas que han mostrado interés.

Adicionalmente, dos fuentes de la Andi le confirmaron a La Silla que están explorando la posibilidad de vincular otros prestadores, como prepagadas y hospitales privados que no hacen parte del PNV.

Esta red debe quedar establecida en el próximo mes, cuando deben llegar las dosis y se verá si la vacunación de privados alimenta o no el descontento. 

Un riesgo que los privados asumen porque invertir en vacunar a sus empleados les ayuda a reabrir sus actividades con más fuerza, pero también porque las otras opciones no cuajaron.

Los otros frentes de negociación siguen varados

El principal obstáculo para negociar sin pasar por el Gobierno es que las farmacéuticas que producen vacunas que se pueden traer a Colombia no negocian directamente con privados, ni permiten que intermediarios traigan las vacunas para revenderlas.

Ese portazo lo dieron claramente hace un mes, cuando ya los gremios y empresarios habían logrado que el Gobierno sacara la resolución que les permite vacunar, pero las farmacéuticas presentes en Colombia dijeron que solo pactarían con gobiernos porque su producción aún es limitada.

En el mercado secundario tampoco encontraron mayor suerte a pesar de que, como contamos, buscaron distribuidores, fondos de inversión y empresas que estaban ofreciendo vacunas. 

“Hemos tenido acceso a este mercado pero la resolución del Gobierno presenta dificultades que hay que resolver, como las autorizaciones que se tienen que dar a cada importador y las cláusulas de indemnidad”, explica Ana María Vesga, de la Andi. 

Para que un tercero pueda traer vacunas, el titular de la vacuna (farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca o Moderna) debe haberle dado una autorización y el Invima debe haberla recibido y avalado. 

“Ahí es donde se vuelve difícil, porque ningún laboratorio está entregando la autorización si no es al gobierno”, le dijo a La Silla Julio César Cruz, de la empresa Valentech, que busca traer vacunas al país.

Adicionalmente, quien compre la vacuna deberá responder por posibles efectos adversos. 

“Ese es un tema que muchos privados están temerosos de asumir”, explica Andrea Ariza, de la empresa Scalpi, que también busca importar vacunas. “Estamos trabajando a ver si se puede lograr algo, pero todavía no hay ningún avance claro”.

Scalpi busca importar vacunas Sputnik, uno de los únicos laboratorios que vendería a terceros, pero su vacuna no está autorizada en Colombia por el Invima. 

Aunque hace un mes se hizo un primer acercamiento para lograr esa autorización y se definió un representante legal del titular de la vacuna en Colombia, el Invima confirmó a La Silla que no hay una solicitud formal de autorización. 

Y aunque es posible que en los próximos meses otras farmacéuticas le abran la puerta al sector privado en la medida en que hayan cumplido sus entregas a los gobiernos, las fuentes que consultamos coinciden en que por ahora no hay señales de eso.

Así que por el momento los gremios se enfocan en que funcione la vacunación con las dosis de Sinovac y el Gobierno repita la oferta. 

Esto es clave para ellos porque los 2,5 millones de dosis no son suficientes para todas las empresas interesadas en vacunar: Mac Master calcula que las solicitudes que han recibido equivalen a 3,5 millones de dosis.

Además, el 63 por ciento de empresas, según una encuesta que hizo la Andi, estaría dispuesta a vacunar también las familias de los trabajadores. Algo que no está contemplado en la resolución actual pero que, según Vesga, el Gobierno está evaluando. 

Por ahora, las empresas que quieran participar en la primera compra deberán poner el dinero en una fiducia. Y, según lo que ha definido la Andi, las dosis se van para las empresas que primero lo hagan.

Mac Master le dijo a La Silla que guardan la esperanza de que, cuando consoliden los números de todas las empresas que enviaron solicitudes, el gobierno amplíe el cupo de las 2,5 millones de dosis, y si no, que puedan pactar un segundo lote. 

“Si este primer ejercicio nos funciona bien, yo creo que seremos un buen apoyo para el Gobierno”, opina Vélez, de Comfandi. “Todos estamos esperando que estos 2,5 millones de dosis fluyan, y eso va a dar la pauta para que se abran nuevas puertas”.

Eso, claro, si la apuesta sale bien. Pero si sale mal, o incluso si se vacuna pero exacerba el descontento, el costo social y político puede ser muy alto.