Detrás de los mercenarios en Haití hay miles de soldados olvidados en Colombia

“Es una compañía medianamente seria que organizó a 150 muchachos para llevarlos a Santo Domingo y que luego les dijeron que los repartían por Centroamérica”, dice Iván Días, ex oficial del Ejército que hoy trabaja como asesor en seguridad.

Más de 20 exmilitares colombianos aceptaron, según cifras que aún no son exactas, y son los que terminaron involucrados en la operación que acabó en el asesinato del presidente de Haití, Jovel Moïse, baleado 14 veces y torturado antes de morir en su propia casa en Puerto Príncipe, la capital. 

Horas después, tres colombianos murieron en un operativo de la policía haitiana, 19 fueron capturados, y las autoridades buscan a varios más. Los capturados fueron fotografiados en custodia, y sus armas y pasaportes colombianos organizados en una mesa para las cámaras.  El jefe de policía, Leon Charles, los presentó como los “autores materiales”, y agregó que “ahora estamos cazando a los intelectuales”. 

“No están en servicio activo”, resaltó hoy desde Bogotá el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, marcando distancia.  

“Tengo dos muchachos que los llamaron. Están asustados, porque los que se fueron son amigos, incluyendo los suboficiales muertos”. Por ese temor no revela ni sus nombres, ni el de la compañía, pero el modo de reclutamiento, dice Diaz, le pareció irregular: “Normalmente a ellos les hacen muchos exámenes médicos, físicos y de antecedentes legales, pero en este caso, muy a las carreras, les ofrecen de entrada 2.700 dólares. Lo único que les pedían era pasaporte y certificado de fuerzas especiales”. 

Diaz agrega que, como suele hacer con estas ofertas, desaconsejó tomarlas, “usted ofrece sus servicios al mejor postor y lo dejan pagando”. 

“Estoy plenamente seguro de que no les dijeron qué iban a hacer”, dice William Amaya, un soldado que estuvo a sueldo en Emiratos Árabes, “ni el más loco se anima a ir a hacerle un atentado a una cabeza de estado, por la plata que sea”.

Hoy el director de la Policía, el general Jorge Luís Vargas, afirmó que investigan cuatro empresas. Los uniformados colombianos no asumieron que los colombianos hubieran sido los autores del crimen. Vargas dijo que Colombia enviará una comisión policial, acordada por el presidente Iván Duque con su homólogo hatiano, para “esclarecer los hechos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar”. 

Al año, según cálculos de la principal asociación de soldados profesionales en retiro, en Colombia salen entre 4 mil y 6 mil soldados profesionales e infantes de marina de las Fuerzas Militares. Todos están, además de altamente entrenados, curtidos por un conflicto activo, constante y diverso. Y luego de los 20 años de servicio reglamentario para acceder a su pensión, lo que se conoce como retiro asistido, los soldados se enfrentan a una dura realidad. 

Ser soldado retirado en Colombia

“Nos están dando en la cabeza, como decimos en el argot popular”, dice Raul Musse, presidente de Acosipar, que agremia a más de 2 mil soldados e infantes retirados. “Yo me pensione en el 2011, ganaba 2 millones, y cuando me retiré me quedó el sueldo de retiro en 680 mil pesos. Mire ese jalonaso tan brutal”.

Musse fue paracaidista de las Fuerzas Especiales del Ejército. Fue entrenado por estadounidenses y pasó por Israel. “Hago parte de la generación que cambió la historia de Colombia”, dice recordando su participación en operaciones de principio de siglo que golpearon a las Farc. Hoy, a sus 49 años, se volvió experto en decretos, conceptos, proyectos de ley, y subsidios. Además de presidir Acosipar, trabaja con el representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, quien ha abanderado las causas de los veteranos. 

“A los soldados profesionales nos desconocieron el subsidio familiar. Desde entonces, buscamos la vía jurídica. Logramos recuperar el subsidio. De estar ganando 680 me llegan ahora 2 millones 200. Eso gano yo. Pero resulta que tenemos soldados de ahí para abajo, en millón 800, hasta millón 400”, dice Musse. 

En efecto, en varias sentencias, el Consejo de Estado ha fallado a favor de los soldados profesionales, que a diferencia de los suboficiales y oficiales, no contaban con el subsidio familiar, un monto de acuerdo al tamaño de su familia, en sus asignaciones de retiro.       

De acuerdo a los cálculos de Acosipar hay 21 mil militares retirados de los escalafones de base de las fuerzas, soldados e infantes. Muchos han caído en la indigencia, incluyendo veteranos de la guerra de Corea.  

“Todos los soldados piensan que van a retirarse ganando 3 millones, pero no, es millón y pico y la mayoría sale pagando créditos de vivienda. Entonces todos están supeditados a trabajar”, dice Musse. Y muchos recurren a ofertas de empresas de seguridad extranjeras. 

Mercenarios de alto nivel

Las Fuerzas Especiales de Colombia han ganado nueve de los 14 campeonatos de Fuerzas Comando, un concurso hemisférico, en el que participa Estados Unidos, de fuerzas especiales. “Este es un país lleno de máquinas de guerra bien entrenadas”, dice Diaz, el ex capitán y ahora asesor de seguridad. 

Williama Amaya, soldado retirado, recuerda todo con fechas exactas. “Salí de la fuerza el 30 de septiembre del año 2010. Me sacaron sin ninguna preparación para enfrentar la vida civil, luego de 20 años dentro de la fuerza donde uno tiene funciones militares”. A los quince días lo llamaron de una empresa extranjera para irse a Medio Oriente.  

“El 2 de octubre del 2010 ya teníamos que presentar pasaporte. El 12 de septiembre del 2010 nos llevan sin saber nada. Nos ofrecieron un sueldo de 2.570 dólares. ¿Qué íbamos a hacer? No nos explicaban”. Las motivaciones de Amaya fueron económicas: “En actividad me ganaba un millón 900 mil pesos, y en retiro quedé con 540 mil pesos”.

Amaya fue uno de los primeros en irse a Emiratos Árabes Unidos, la alianza de pequeños países del Medio Oriente que incluye Abu Dabi y Dubai, que armó su ejército con soldados de otros países, la mayoría colombianos. “Solo allá nos dijeron, ustedes van a trabajar y entrenar para defender este país”. Amaya no vio combate, ganó bien, y estuvo dos años completos por fuera. 

Pero aún hoy resiste ser llamado un mercenario: “No es como dicen que somos gente que la llevan allá a matar”. Dice que fue tratado con respeto y no tuvo interacción con civiles en zonas de conflicto. Incluso, le ofrecieron quedarse, con una prima de 6 mil dólares, pero prefirió no volver a dejar a su familia. “Mi hija tenía 14 años y le prometí que sería por dos años y fueron dos años”.
 
Durante esa época la fuga de talento militar colombiano al Medio Oriente se volvió un problema de seguridad nacional porque no solo se fueron soldados en retiro. A través de militares colombianos, como el coronel Oscar García Batte, que participó en la Operación Jaque, y luego se fue Abu Dabi, el país empezó a perder fichas activas ante las ofertas internacionales.

Tanto que, por orden del entonces presidente Juan Manuel Santos, un alto funcionario del Ministerio de Defensa viajó a Emiratos Árabes por ese problema. Una fuente que conoció el tema de primera mano, que pidió omitir su nombre, dijo que llegó a haber alrededor de 1.500 militares colombianos en ese país, “una brigada entera”. El funcionario que viajó buscó que, cuánto menos, privilegiaran a los militares que no estaban en servicio activo. 

Un oficial que era activo en esa época, y que pidió no ser nombrado porque tiene un proceso pendiente disciplinario en curso, recuerda que lo contactó “el segundo de García Batte”. “Estaban monitoreando oficiales y suboficiales con problemas en unidades especiales, como fuerzas especiales e inteligencia, y me ofrecieron más de 4 mil dólares mensuales. Era el doble de lo que yo ganaba. Al final decidió no ir.”, cuenta.

Cuando Amaya, el soldado que sí se fue se retiró, recuerda que hace diez años “la fuerza o el ministerio no tenían la precaución de preparar a la gente, lo sacaban a uno a la bruta”. Eso, reconoce, ha cambiado. 

Según explicó hoy en una rueda de prensa el general Navarro, el comandante de las Fuerzas Miliatares, “durante un año antes del retiro se preparan para su retorno al servicio civil y reciben capacitación en el Sena”. El programa, que además incluye consejerías familiares, sin embargo, tiene sus limitaciones. 

Según Musse, el presidente de la asociación de soldados retirados, esos cursos no siempre están disponibles para la vocación de cada soldado, y según esté ubicado le toca aceptar la oferta que haya. Además, afirma, las habilidades que adquieren en el Ejército no se pueden homologar en la vida civil.

“Yo soy paramédico. Si me dicen: ‘Musse hay que suturar’, yo se la suturo. Y, ¿sabe qué es lo triste? Si me dicen de aquí a mañana: ‘lo necesitamos en una clínica', no tengo un certificado, porque el Ejército nos entrenó, pero los cursos no son válidos afuera”, explica el ex Fuerzas Especiales. 

Por eso, dice, la mayoría de retirados terminan haciendo su propio camino con negocios pequeños, en empresas de seguridad como vigilantes, y en los mejores casos como supervisores o escoltas. 

Esa visión de desenganche es explícita en la manera de pensar de los militares. “El seguimiento después no se hace”, dijo el hoy general Navarro, acerca de qué pasa con los retirados cuando salen de las fuerzas, “porque ya se vuelven ciudadanos en uso de todos sus derechos y no tenemos ninguna atribución específica a lo que hace cada uno”.

Sin política de veteranos

A pesar de su largo conflicto, solo hasta el 2019 se reconoce la figura del venterano de guerra en Colombia. Esto surgió a través de la Ley 1979, que, sin embargo, se queda corta incluso para los mismos soldados que ayudaron a hacerla. 

Musse fue uno de ellos, trabajando con el representante Uscátegui, hijo de un militar. “Hay que ser agradecido con el Gobierno porque es el primero que tiene la intención, pero los soldados somos los que menos beneficios tenemos en esa ley”. 

La ley, que aún no se ha reglamentado del todo, ofrece beneficios varios, sobre todo en el acceso a educación y ofertas de empleo, pero son tímidas. Por ejemplo, eximir a los empleadores de pagar el aporte a Cajas de Compensación al emplear veteranos de guerra. O muy amplias, como ordenar decir que “el Ministerio de Trabajo articulará con sus entidades adscritas la implementación de una Ruta para la Promoción del Empleo y el Emprendimiento”.   

Otros beneficios son simbólicos, homenajes y protocolos, o promesas aún lejanas. Por ejemplo, la ley dice que los veteranos recibirán un descuento en el transporte público, pero deja a los municipios la responsabilidad de reglamentar el descuento. 

En otros países, por ejemplo Estados Unidos, los veteranos de guerra tienen un puesto en el gabinete del presidente, separado al sector defensa. Por ahora, en Colombia, arrancan con esta ley. 

Por eso, al juzgar cuál habrá sido el rol de los militares colombianos en Haití, aún en medio de la incertidumbre, sus colegas retirados se abstienen de criticarlos como asesinos a sueldo. 

Diaz, el asesor de seguridad, también es escéptico del rol de los militares colombianos como asesinos, y dice que parecen ser los “chivos expiatorios”, de un plan más elaborado, como han sugerido voces internas en Haití, en una trama que aún sigue en desarrollo. 

Pero más allá de sus colegas en Haití, señala los peligros internos que ese evento internacional pone de presente para Colombia. Sobre todo ahora, que la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente se está reduciendo casi totalmente, con la salida de tropas de Iraq y ahora Afganistán, muchos de los mercados menos oscuros de mercenarios se están cerrando.

Especialmente, frente al riesgo de que esa mano de obra militar termine aún más involucrada en el conflicto interno. Los casos de ex miembros de la Fuerza Pública involucrados en grupos armados han estado presentes siempre en Colombia, y podrían estarlo aún más en el futuro, con el ritmo actual de militares retirados.  “Esos mismos a los que usted persiguió acá en Colombia, esos mismos nos están buscando para ofrecernos trabajo”, dice.