En Antioquia, la promesa del desminado choca con la reactivación del conflicto

"Somos optimistas”, dijo en su intervención, y el contexto le daba razones: el proceso de paz con las Farc estaba en su etapa final y había expectativas por el rol protagónico de los exguerrilleros en el desminado. Para esa fecha, había un piloto exitoso de colaboración entre excombatientes y el Ejército para desminar en Antioquia y Caquetá.

Pero cinco años después el panorama es muy distinto al proyectado.  Las cifras de víctimas por minas antipersona vienen en aumento desde el 2018 y en algunos territorios en los que se preveía priorizar el desminado con ayuda de los excombatientes —como en el occidente de Antioquia— los nuevos actores armados que entraron a ocupar el lugar de las Farc están sembrando nuevas minas. 

Desde el año pasado, las comunidades indígenas de Murindó, Dabeiba y Frontino han sufrido confinamientos en sus resguardos por la presencia del Clan del Golfo y el ELN, que en su disputa por la ruta del narcotráfico hacia el Pacífico han sembrado nuevas minas antipersona.

Solo la semana pasada hubo dos víctimas: Remilda Benítez Domicó, una indígena de 22 años, quien murió tras pisar una mina en la comunidad de Bachidubi en Murindó; y Horacio Carupia Pernía, también de 22 años, de la comunidad de Amparradó Medio en Dabeiba, quien perdió una pierna.

Los hechos se dan solo tres meses después de que el Ejército desminó la zona, como respuesta a otro accidente en el que un niño de 13 años perdió una pierna en Murindó. El occidente de Antioquia concentra 8 de los 11 accidentes con minas que se han dado en el departamento en el primer semestre de 2021.

De la esperanza a la crisis

Después de varios días de confinamiento, el 20 de junio Remilda Benítez decidió salir del resguardo Bachidubi en Murindó, donde estaban encerrados por las amenazas del ELN y el Clan del Golfo. Esperaba caminar hasta una propiedad suya a 2 horas de allí, en la que tenía animales y provisiones. 

Era madre de cinco hijos. Cuando pisó la mina, llevaba en brazos a su hija menor, que sobrevivió a la explosión.

Días antes de su accidente habían vuelto a circular panfletos y audios de Whatsapp con amenazas en la zona. En en uno de ellos, del 13 de junio, un anónimo que se identifica como miembro del ELN dice que se han “visto obligados a sembrar minas defensivas” en los caminos reales de Dabeiba, Frontino y Murindó, como respuesta a las que está instalando el Clan del Golfo.

Ese escenario, propio de los peores momentos de la guerra en esta zona que es disputada por actores ilegales desde los 90, parecía lejano hace cinco años.

Tras la firma del acuerdo, el occidente de Antioquia se proyectaba como un caso exitoso reincorporación: allí se ubicó uno de los 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), y varios medios reportaron la experiencia de convivencia entre exguerrilleros y la comunidad.

También fue una de las zonas en las que las Farc esperaban aportar con el desminado a través de la organización Humanicemos, creada tras la firma del Acuerdo como una de las opciones de reincorporación de los excombatientes.

Sin embargo, desde 2018 el espacio que habían dejado los exguerrilleros en el occidente de Antioquia comenzó a ser ocupado por otros grupos armados ilegales. En junio de ese año, la Defensoría emitió la primera alerta temprana por los enfrentamientos entre el ELN, que ocupó la zona luego de la salida de las Farc, y el Clan del Golfo, que comenzó a disputarle el control territorial.

Un año después, la Defensoría reportó que ambos bandos comenzaron a recurrir a minas antipersona.

“El Estado no copó los territorios que dejó las Farc, un caso similar a lo que ocurrió en otras zonas como Catatumbo, y Chocó, con el que el occidente de Antioquia conecta”, dijo Carlos Zapata, del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.

Los grupos han reclutado a miembros de las comunidades. En junio del año pasado una menor de 16 años, que había sido reclutada por el ELN, perdió sus manos cuando explotó una de las minas que estaba instalando.

La situación escaló este año. El 3 de marzo, 168 indígenas de las comunidades de Turriquitadó Alto, en Murindó, se desplazaron hacia otros resguardos en el mismo territorio por la amenaza de minas y enfrentamientos. El Ejército respondió con desminado militar en la zona. El 31 de marzo reportaron que habían retirado 10 artefactos explosivos en Murindó.

Por su parte, la Unidad de Víctimas reunió ayudas humanitarias para los indígenas confinados en sus resguardos, que no podían salir a pescar o cultivar por las minas. La Gobernación se encargó de las entregas por vía aérea: una en Murindó, en marzo, y otra en Frontino, el 26 de mayo.

En esa última, sin embargo, encontraron señales de que los grupos ilegales siguen minando la zona.

Las comunidades confinadas en la vereda de La Blanquita, en Frontino, tuvieron que caminar varios kilómetros hasta una zona en la que les entregaron las ayudas. “De regreso, por el mismo camino, hubo un accidente con una mina, que gracias a dios no fue fatal”, cuenta María Fernanda Posada, directora de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

Para Dobayibi Sinigui, gobernador de los cabildos de Murindó, la respuesta militar no ha sido suficiente.

“El Ejército mandó una tropa de 80-100 personas que se suele quedar en una comunidad, y luego se mueve a otra. En cuanto se van, llega el ELN. Y cuando se va el ELN, llegan los paramilitares. Es como si hicieran turnos”, dijo.

Y en medio de ese ciclo, la promesa del desminado aún es lejana.

En qué va el desminado

El año pasado la Instancia Interseccional para la Acción Integral contra Minas, (IIDH), presidida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, priorizó a Dabeiba y Murindó como municipios para desminado humanitario. Este es distinto al desminado militar, pues solo puede realizarse en zonas en las que no esté activo el conflicto. 

Los municipios del occidente de Antioquia y de Urabá le fueron asignados a la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), una de las 8 ONG certificadas para hacer desminado aparte de los militares. 

Álvaro Jiménez, director de la CCCM, le dijo a La Silla que esperan comenzar a desminar en 2 o 3 meses, pero solo en las zonas en las que el conflicto lo permita. 

“Estamos en el proceso de formación de unas 112 personas de las comunidades y veredas en Urabá y el occidente de Antioquia. En las zonas puntuales que veamos que no se cumplen los criterios para el desminado humanitario, no podríamos, como Amparradó Alto, por ejemplo, pero hay otras zonas del mismo municipio en las que sí se puede”, dijo.

Frontino, el tercer municipio que sufre confinamiento, aún no ha sido incluido en la priorización por falta de condiciones de seguridad, según dijo la Oficina del Alto Comisionado. 

Jiménez hace énfasis en que el desminado humanitario, incluso en las zonas en las que puede hacerse, no resuelve los problemas de fondo: “La presencia de minas no determina el todo. Al contrario, las minas son una señal de un problema estructural”.

Y parte del problema tiene que ver con la implementación del acuerdo. Como contamos, desde el comienzo de este gobierno se le han puesto trabas a la certificación de exguerrilleros para realizar desminado. El presidente Iván Duque, y su partido, el Centro Democrático, también han sido críticos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que podría asignar labores de apoyo al desminado entre sus penas alternativas a los exguerrilleros

A esto se suma que, al momento de dejar las armas en los ETCR, las Farc no dejó el registro de quienes eran sus explosivistas en cada región. Ellos son claves pues conocían las zonas en las que se habían sembrado los explosivos. Cinco años después, con la dispersión de los excombatientes y el reclutamiento de algunos por las disidencias y otros grupos ilegales, no es claro que esa memoria aún pueda recuperarse. 

Hay avances, como que el año pasado se destrabó el desminado por parte de excombatientes de la organización Humanicemos en Caquetá, pero con un alcance muy distinto al que se esperaba hace cinco años: de 1.200 empleados que proyectaba entonces tener la organización, con presencia en 16 municipios, pasó a operar en dos municipios con 114 vinculados. 

Media década después de firmado el Acuerdo de Paz, y de la promesa de desminar la mayoría de Colombia para 2021, ese proceso afronta el desafío no solo de retirar las minas de la guerra anterior, sino de las que son sembradas en medio de los nuevos conflictos como el del occidente de Antioquia.