El debate es sobre si conviene que el Gobierno, de manera unilateral, declare que mientras se firma del Acuerdo Final con las Farc se suspendan formalmente las acciones contra esa guerrilla.
Gobierno evalúa si declarar una tregua ya
Foto: presidencia.gov.co
El debate sobre el plebiscito y la “antefirma” de la paz no es el único que se está dando en Casa de Nariño. Hay otro que ha pasado bajo el radar incluso de gente clave de Palacio y que tiene que ver con la posibilidad de declarar una tregua antes de que se concrete el cese bilateral.
La discusión es sobre si conviene que el Gobierno, de manera unilateral, declare que durante los próximos 30 o 45 días –el término que anteceda a la firma del Acuerdo Final con las Farc- se suspendan formalmente las acciones contra la guerrilla.
En el gobierno hay dos posiciones.
Del lado de los que defienden esta idea, en donde está por ejemplo Humberto De la Calle. Según supo La Silla, el argumento más fuerte es que los negociadores de las Farc van a comenzar a venir a Colombia cada vez más y que es demasiado riesgoso para el proceso en su etapa final que un error como el reciente enfrentamiento accidental en La Uribe, Meta lleve a que le pase algo a alguno de ellos.
El otro argumento es que, después del anuncio con bombos y platillos del 23 de junio de que era “el último día de la guerra”, si hay más enfrentamientos de cualquier tipo se corre el riesgo de que se repita lo del 23 de septiembre del año pasado, cuando se anunció el acuerdo de justicia con bombos y platillos y después resultó que no estaba finiquitado.
Del lado de los que tienen otra perspectiva, la voz más fuerte ha sido la de los militares, que consideran que el Presidente les dio una “línea roja” muy clara al comienzo de la negociación: habría un cese bilateral solo cuando hubiera un Acuerdo Final firmado con las Farc, concentración de tropas de la guerrilla y verificación internacional.
Como eso no ha sucedido, consideran que declarar oficialmente una tregua es una mala idea porque, si bien reconocen que las Farc sí han cumplido su cese unilateral y no han vuelto a atacar a la Fuerza Pública, a la población ni a la infraestructura, eso es solo lo que el General Alberto Mejía, comandante del Ejército, llama “la punta del iceberg”. Lo de abajo, según han defendido, sigue vivo: el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión.
Por eso la estrategia del general Mejía, en aplicación de la visión Espada de Honor, ha sido el copamiento de todos los centros urbanos o bases de operaciones, desde donde se genera la logística que alimenta a las Farc.
“Romperles la alcancía”, es la orden que les ha dado Mejía a sus subalternos, según le confirmó el comandante del Ejército a La Silla.
El temor desde el lado de Defensa es que con una tregua oficial, los soldados no puedan controlar estas actividades ilegales y que los guerrilleros aprovechen el tiempo que les queda en armas para fortalecer sus finanzas.
Lo práctico y lo concreto
En la práctica, según dos expertos en temas militares, es posible que una tregua no cambie mucho la situación en terreno pero declararla oficialmente sí tiene un valor simbólico.
Tanto dos fuentes militares, como dos del Ministerio de Defensa le confirmaron a La Silla que ya existe un cese bilateral de facto.
“En las zonas de minería y cultivos ilícitos donde están las Farc no se ve Fuerza Pública haciendo control efectivo, sino de manera esporádica”, dice Daniel Mauricio Rico, experto en temas militares de la Fundación Ideas para la Paz. Por ejemplo, en la Serranía de San Lucas, donde hay un batallón de alta montaña que logró interrumpir un corredor de movilidad de las Farc, el Ejército no patrulla donde están la coca o la minería ilegal, según una fuente que ha estado haciendo trabajo de campo en la zona.
Un alto oficial del batallón de entrenamiento le contó a La Silla que en la vereda Gallo, sobre el embalse Urrá en el Alto Sinú, donde habrá una zona de concentración, desde hace dos o tres meses no había tropa. Allí hay presencia de las Farc y un corredor de Bacrim. Cuando le preguntamos por qué no estaban ahí, dijo: “Por todo esto de los tratados de paz”.
Las cifras de guerrilleros muertos en combate, que este año han sido cuatro, demuestran que las dos partes sí se están esquivando. Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa también muestran que tanto los desmovilizados como los capturados han bajado, pero siguen lejos de estar a niveles de un dígito.
Si bien en lo corrido del 2016 se han desmovilizado un 33 por ciento menos de guerrilleros que en el mismo período del 2015 y se han capturado un 59 por ciento menos, en todo caso han desertado 305 guerrilleros y 238 han sido capturados.
El problema es la zona ‘gris’. Cada vez más, según le contó a La Silla una fuente que conoce bien a la Fuerza Pública por dentro, los policías y los militares enfrentan el dilema de qué hacer con los guerrilleros que se encuentran.
Como los guerrilleros están cada vez más relajados, a veces bajan de uniforme a la cabecera del pueblo a comprar algo y un soldado los ve y no sabe qué hacer, pues la actitud no es hostil pero igual es un guerrillero armado. Otras veces están patrullando en la selva y detectan a un grupo bañándose, a tiro de fusil, y no tienen claro cómo proceder.
Según supo La Silla, Juan Manuel Santos, quien tiene la última palabra, aún no ha tomado una decisión al respecto y el debate sigue abierto.
Simbólicamente, la tregua sería un gesto del gobierno de desescalamiento equivalente al de Timochenko dando la orden a sus frentes de no extorsionar. Pero como simbólicamente tiene el valor contrario para los de este lado, no es una decisión fácil la que tiene el presidente en sus manos.