Informe firmado por asesores de Biden contradice la política antidrogas de Duque

La comisión que creó la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2017 para revisar su política global en contra de las drogas publicó ayer su informe final y sus recomendaciones son un golpe a la política antidrogas y de seguridad del Gobierno Duque. Y, dado que algunos miembros de la Comisión son cercanos al próximo Gobierno de Estados Unidos, podría ser una señal de que con Joe Biden la aproximación a este tema tan fundamental para Colombia puede cambiar.

Lo que dice el informe

El informe fue publicado ayer por la Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental, que creó la Cámara de Representantes gringa hace tres años para evaluar lo que ha sido la política de drogas de Estados Unidos en estas décadas y dar unas recomendaciones finales que permitan hacer mejores políticas públicas.

La Comisión no sólo analizó las políticas implementadas en Colombia, sino también en México, Centroamérica y el Caribe.

Pero uno de los seis capítulos se dedica a estudiar el caso colombiano.

La Comisión analiza los resultados del Plan Colombia, que empezó a implementarse en el Gobierno de Andrés Pastrana (2000) y terminó en el de Juan Manuel Santos (2016).

Luego de resaltar que en el Plan Colombia se invirtieron 10 billones de dólares, el informe asegura que de los dos objetivos que tenía el Plan, frenar la producción de cocaína y permitirle al Estado ganar control frente a las guerrillas y otros grupos armados en zonas apartadas, sólo el segundo se logró.

“Mientras el Plan Colombia fue un éxito en la lucha contrainsurgente, fue un fracaso en la antinarcóticos. El país es el mayor productor de cocaína, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos por décadas para erradicar cultivos y prohibir cargamentos”, dice.

La Comisión después asegura que la erradicación es costosa, tiene pésimos resultados, pero, aún así, sigue siendo la principal estrategia antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia. También destaca que los expertos que consultaron coincidieron en que “la erradicación de cultivos de coca no es suficiente".

Una de las conclusiones más importantes del informe es que cuestiona la efectividad de la aspersión con glifosato —que fue una de las estrategias del Plan Colombia y la que el Gobierno Duque argumenta, en contra de varios estudios, es indispensable para luchar contra el narcotráfico y frenar la violencia que crece en las regiones— y les da un espaldarazo a algunos puntos del Acuerdo de Paz que su Gobierno se ha resistido a implementar.

La Comisión retoma estudios que han hecho expertos sobre la fumigación —como Vanda Felbab-Brown, Daniel Mejía y Adam Isaacson— que muestran que la aspersión aérea no es efectiva, es mucho más costosa y aleja a las comunidades rurales que terminan viendo al Estado como “un actor opresor que busca matarlos de hambre y empobrecerlos”.

Entre las razones por las que argumentan que la aspersión no es efectiva está que los cocaleros han aprendido a untar las hojas con melazas que protegen a la hoja de coca del glifosato, o mueven los cultivos a parques naturales y otras áreas protegidas.

El hecho de que muchos cultivos estén en parques naturales y zonas de frontera es uno de los puntos que utiliza la Comisión para argumentar que el Plan Colombia “es imposible hoy en día”, pues el Gobierno tendría que sortear muchos obstáculos “legales, financieros y políticos”. 

Como contamos, pese al interés del Gobierno en revivir la fumigación, el proceso está frenado por órdenes judiciales producto de tutelas de comunidades que están en contra. 

Por eso, la Comisión concluye, entre sus recomendaciones, que la erradicación forzada (ya sea aérea o manual), debe hacerse solo en cultivos de muchas hectáreas y concertando con los líderes locales para evitar la resiembra.

Propone, en cambio, concentrar los esfuerzos en la destrucción de laboratorios y en confiscar los químicos que se utilizan para preparar la cocaína, pues es más barato y más efectivo y menos dañino para las comunidades, como muestra el estudio de Daniel Mejía.

El informe también recomienda construir vías terciarias, reforzar la titulación de tierras, ofrecerles a los campesinos alternativas a los cultivos de uso ilíctio y proteger a los líderes sociales y a los excombatientes de las Farc. Todos estos puntos están incluidos en el Acuerdo de Paz que Duque está implementando a paso de tortuga.

Por ejemplo, la construcción de vías terciarias está contemplada en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que la Comisión destaca como una de las cosas a las que se le debe apostar.

“Si se llevan a cabo, los Pdet no tendrían precedente: primero, como un ejercicio para sentar raíces y planear de abajo hacia arriba en un país en el que un abismo económico y político ha separado a las élites urbanas de los campesinos; y segundo, como una gran transferencia de recursos y saberes desde la riqueza del centro del país hacia su empobrecida periferia”, dice.

Sin embargo, aunque la implementación de los Pdet que es uno de los puntos del Acuerdo que el Gobierno presenta internacionalmente como un logro, está desfinanciada. Al ritmo de inversión que van, terminarían de implementarse en 40 años y no en los 15 que están previstos en lo pactado.

La titulación de tierras también esta quedada, pues, como contamos en nuestro balance de la implementación, hasta ahora el Gobierno ha formalizado poco menos de dos millones de hectáreas de las siete que se comprometió para 2028. A ese paso, esta meta se cumpliría en 2035.

La protección a los líderes sociales tampoco marcha bien. Al día de hoy han asesinado a 448 líderes sociales, según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, y a 243 excombatientes de las Farc.

Aunque el impacto que tenga este informe en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos todavía no puede saberse, sí es una muestra de que con el nuevo presidente gringo el discurso alrededor de la lucha contra las drogas podría tener un cambio en una dirección contraria a la planteada por Duque.

El impacto

Aunque el impacto de la publicación del informe en Estados Unidos ha sido casi nulo puesto que todos los ojos están puestos en la transición entre Joe Biden y Donald Trump, una vez posesionado Biden, el informe puede tener repercusiones. 

La razón es que lo firman dos exfuncionarios de Barack Obama, que fueron asesores de Joe Biden en la campaña y que suenan ahora para ser parte del nuevo gabinete. Se trata de los colombianos Juan González, que fue subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Dan Restrepo, que fue asesor de Seguridad Nacional para América Latina.

El hecho de que el informe haya sido firmado por dos personas que posiblemente lleguen a asesorar a Biden en temas de América Latina —y que, de hecho, hablaron en campaña de lo que implicaría para los países latinos el triunfo del Demócrata— significa que existe una posibilidad de que el Presidente electo se entere de lo que dice o por lo menos aquellos a cargo de la política antinarcóticos.

El informe también podría alimentar un cambio en la política de drogas entre Estados Unidos y Colombia en el mediano plazo, pues fue escrito por una comisión compuesta por republicanos, demócratas y hasta un general retirado de la Fuerza Aérea.

“El hecho de que lo firmen estas personas es importante porque les da argumentos a los demócratas más cautelosos, a los más moderados, para que tomen decisiones para cambiar su postura frente a este problema”, le dijo a La Silla Vacía Adam Isaacson, director de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Más allá de lo que pueda suceder más adelante, lo que dice el informe es una fuerte crítica a la política antidrogas que ha defendido el Gobierno de Iván Duque en estos dos años. Y, aunque es lo que llevan años diciendo expertos en Colombia, que lo digan en Estados Unidos puede hacer la diferencia.