La bomba en Cúcuta: golpe duro al Ejército con repercusiones políticas de baja intensidad

El soldado en la entrada charló con el conductor del carro bomba unos segundos, revisó el baúl y le dio paso. Según la Fiscalía, la camioneta, una Toyota modelo 2017 que hace unos días fue comprada a un particular en 120 millones de pesos, se parqueó frente al dispensario por dos horas. Luego, la persona que lo conducía la movió y la dejó cerca a las oficina de la Fiscalía y de inteligencia militar. Caminó cinco minutos hasta la salida del Cantón, a las 2:50 de la tarde, como quedó registrado en una cámara de seguridad. Once minutos después, sonó la primera explosión. Tres minutos después, explotó de nuevo.

La cronología oficial revela un boquete de seguridad enorme. Un golpe físico y moral a las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Militares. Uno que reconoció implícitamente el presidente Iván Duque, que desde el Cantón en Cúcuta le pidió al Inspector del Ejército, la autoridad disciplinaria, que se desplazará al lugar para adelantar una investigación.

La base queda en un departamento que enfrenta amenazas muy serias. Entre ellas, la mayor cantidad de cultivos de coca del país, al ELN, varias disidencias de las Farc, Los Pelusos, y la inestable frontera con Venezuela. Para enfrentarlas está la Fuerza de Tarea Vulcano, una de las tres que tiene el Ejército en todo el país, y la Fuerza de Despliegue Rápido No.3, una de las cuatro que existen. Ambas son comandadas por generales desde el Cantón San Jorge. Encima, había 11 asesores militares estadounidenses del Comando Sur, uno de los cuales resultó herido junto a 33 soldados y 2 civiles.

La carga explosiva, sin embargo, no era tan grande y la explosión no dejó muertos. “A Dios gracias”, dice Camilo Granada, consultor político, “pero, y suena horrible decirlo, eso hace que la noticia no sea tan influyente”. 

Honda explosiva política de baja intensidad

Tras la explosión, figuras políticas del uribismo lanzaron advertencias sobre los peligros del regreso del terrorismo. “Qué dolorosa costumbre aquella que crearon de hacer ‘la paz’ por la presión de las bombas terroristas!”, escribió Álvaro Uribe. 

Sin embargo, para César Caballero, director de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, “en dos semanas nadie se va a acordar de esto, al final no impacta a nadie”. Granada apunta en la misma dirección, “es totalmente distinto a la General Santander”, el atentado de enero del 2019 que dejó 22 cadetes muertos en Bogotá , “no solo porque no hubo muertos, sino porque el momento político es distinto, el lugar es distinto, todos sabemos que en el Catatumbo hay de todo, y para muchos es el país lejano”.

Después del atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá, la opinión en el país cerró filas alrededor de Duque. Sus índices de popularidad crecieron, el rechazo al ELN se mezcló con la estrategia para sacar del poder a Maduro, y el Gobierno ganó propósito e iniciativa. Pero las primeras reacciones al carro bomba en Cúcuta, que hasta ahora ningún grupo se ha atribuído, llegan en un momento distinto.

Una de las primeras tendencias en Twitter luego de la explosión, de la que hubo varios videos impresionantes, fue “autoatentado”.

Esta teoría la apoyaron influyentes políticos de izquierda. El senador Gustavo Bolívar, de la primera línea del petrismo, usó el hashtag #AtentadoEnCucutaEs para señalar inconsistencias en una foto del carro que había explotado. Ángela Robledo, precandidata presidencial, se preguntó “¿A quién le sirve detonar un carro bomba contra el Ejército? A los que profesan la «seguridad democrática»”.

Sin embargo, el nivel de influencia, como el del costo humano del atentado, puede no ser tan grande. De acuerdo al consultor Granada, “el Centro Democrático encuentra ahí un espacio para revalidar su discurso de que `la culebra está viva`. Pero creo que el país de derecha le copia menos a Uribe en ese tema que en el temor a Petro”. Petro no se refirió al atentado.  

Otra gruesa falla de seguridad

Antes de que hayan avanzado las investigaciones, el Gobierno relevó a siete militares, tres oficiales y cuatro suboficiales encargados de la seguridad del Cantón San Jorge.

Si el golpe político puede que no mueva tanto la aguja, sí vuelve a poner en discusión la falta de competencia del Gobierno uribista de Duque para cumplir su promesa de garantizar la seguridad.  

Sobre los autores, los primeros pronunciamientos han apuntado a los sospechosos de siempre en la región, sin pruebas ni pistas concretas. Según el ministro de Defensa Diego Molano, todo apunta al ELN. El Fiscal Francisco Barbosa, que también viajó a Cúcuta, dijo que existe una hipótesis “muy importante atada al ELN”, pero agrega que “no se descarta la hipótesis de la Nueva Marquetalia, ni la del frente 33 de las Farc”. Es decir, los que tienen por sospechosos son casi todos los principales grupos armados que actúan en Norte de Santander. 

Sin una atribución de ningún grupo hasta ahora, solo quedan investigaciones aún por hacerse, señalamientos predecibles y la imagen de otro carro bomba entrando a una instalación de alta seguridad de la Fuerza Pública.

“Obviamente es un hecho grave”, le dijo a La Silla el general retirado Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército, quien pide cautela antes de llegar a conclusiones sobre responsabilidades. El presidente Duque anunció que un equipo investigador del FBI apoyará esas labores. Pero la sigla extranjera logra distraer sobre el golpe moral para el Ejército. 

“Entrar y salir de una instalación militar de tal nivel de seguridad es prácticamente imposible sin algún nivel de colaboración”, dice el congresista y exguerrillero Marín, con conocimiento de causa. “En términos militares, no solo es un golpe material sino moral, es mostrar que pueden ser golpeados al interior”, añadió. 

Un golpe que se siente dentro del Ejército, y que para el Gobierno solo entra a reforzar el momento de debilidad extrema en el que queda luego del Paro. Aunque este también podría ser de impacto moderado, porque, como dice el encuestador Caballero, “Duque más golpeado no puede estar”.