El Ministro Fabio Valencia se empleó a fondo en el debate de referendo la semana pasada en la Plenaria de la Cámara. Foto: Cortesía de Luis Eduardo Noriega Arboleda, usuario de La Silla Vacía.

Ayer el precandidato liberal Rafael Pardo reiteró en una entrevista de El Espectador y con base en una investigación que La Silla Vacía publicó hace dos semanas  (ver artículo "Cada quien tiene su palacio"), que la remodelación de palacios municipales con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia puede ser una ayudita extra dada por el Ministro del Interior para aceitar el referendo.

César Gaviria, director del Partido Liberal, lo secundó en su denuncia afirmando ante una multitudinaria reunión política en Norte de Santander que el Gobierno está comprando conciencias para aprobar la reelección. Para defenderse, Valencia Cossio sacó el retrovisor y se fue lanza en ristre contra el gobierno de Gaviria, del que Pardo fue Ministro de Defensa.

“Hemos construido centros municipales a través de convenios institucionales, pero no hemos construido ninguna ‘Catedral’, ni hemos hecho alianzas con delincuentes para combatir a otros delincuentes”, señaló Valencia en un comunicado de prensa sin dar una respuesta de fondo a las acusaciones. Gaviria uso su derecho de réplica.

Cuando Pardo denunció ante el procurador Alejandro Ordóñez el tema de los palacios, el Ministro dijo que las acusaciones eran mentirosas y “producto de la desinformación de la oposición” y aclaró que estos palacios se entregaban a través de “convenios interinstitucionales” firmados con los alcaldes y gobernadores.

Creyó que con eso las dudas quedaban solucionadas, pero no. El Ministro no ha explicado por qué se disparó la entrega de palacios municipales financiados con recursos del Fonsecon durante los meses claves de la aprobación del referendo (el Ministerio ha entregado en lo que va corrido del año 52 palacios municipales, que es casi lo mismo que entregó en el 2007, el año en el que más financió obras en las sedes de los alcaldes); por qué salieron beneficiados congresistas clave en este trámite como el recientemente capturado Odín Sánchez, Hernán Andrade o Eduardo Enríquez Maya; y por qué, en medio de las vacas flacas, no priorizó la inversión de estos recursos en proyectos con un impacto más directo en el fortalecimiento de la seguridad urbana, que es el objetivo con el que fue creado Fonsecon.

Desde antes de publicar el primer artículo sobre el tema, el 10 de agosto pasado, La Silla Vacía envió un cuestionario a la oficina de prensa del Ministerio, pero aún seguimos esperando su respuesta.

Es cierto, como dice el ministro Valencia, que estos palacios se entregan a través de “convenios interinstitucionales” firmados con los alcaldes y gobernadores, pero estos convenios no son garantía de transparencia pues antes de firmarlos ya han pasado muchas cosas. Es en el proceso de selección de los municipios que van a ser beneficiados con las partidas, donde los criterios políticos pueden opacar los criterios técnicos.

En Fonsecon todo cabe

El Fonsecon es una cuenta especial administrada con total autonomía por el Ministerio del Interior que se alimenta de la contribución del cinco por ciento que el Gobierno cobra sobre los contratos viales para invertir en seguridad. Es una fuente de recursos con pocos filtros y requisitos, que el ministro de turno utiliza para financiar una amplia gama de proyectos y programas en los municipios. Su flexibilidad le permite ser la caja menor del Ministro del Interior.

Hasta julio de 2003, el decreto 2093 de julio del 2003 que regulaba el Fonsecon específicaba siete rubros en los que se podían gastar los recursos de estos fondos, que estaban directamente relacionados con actividades de inteligencia, de construcción de instalaciones militares y de reconstrucción de edificios u obras públicas destruidas en ataques terroristas.

Pero este decreto fue derogado por el ministro Sabas Pretelt y reemplazado por el decreto 2170 de 2004 que es mucho más amplio. Ahora, para acceder a esta platica, los alcaldes y gobernadores solo deben presentar proyectos que ayuden a “propiciar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, por lo que podrá financiar o cofinanciar proyectos y programas que desarrollen dicho objetivo”.

Este criterio tan flexible para priorizar los recursos permite que los alcaldes presenten proyectos que van desde la activación del sistema 1,2,3 y la dotación de cámaras de seguridad para sus localidades, hasta la remodelación de los palacios. Y a los congresistas les conviene ayudarles a los alcaldes a gestionar estos 'proyectos', pues el mandatario local es el primer escalón en su red política y les sirve tenerlos agradecidos.

"Yo acompañó a mis alcaldes y al gobernador a gestionar recursos. En Boyacá hay casas de gobierno que fueron totalmente destruidas por los grupos armados y están siendo reconstruidas. Yo le pido el favor al ministro que invierta en estas mejoras de infraestructura. Es mi labor", le dijo el representante conservador, conciliador del referendo, Gustavo Hernán Puentes a La Silla Vacía.

"Esos centros (los palacios) los están construyendo con partidas del presupuesto que son estrictamente para seguridad, o sea que están incurriendo en un peculado. Las partidas del presupuesto no son para hacer política, ni para hacer centros municipales. Ya la Corte Suprema dijo que eso era delito”, sentenció Gaviria, presidente del liberalismo, como parte de la pelea con Valencia.

Criterios políticos vs. técnicos

Mientras en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional de Planeación Nacional, que es donde tradicionalmente los alcaldes piden recursos para proyectos de inversión, los proyectos presentados son objeto de un exigente escrutinio de varias oficinas antes de ser incluidos en el presupuesto nacional y pasar por el Congreso, los palacios aprobados en Fonsecon solo son evaluados por la Dirección de Infraestructura del Mininterior, que depende del viceministro de Justicia Miguel Antonio Ceballos.

Esta oficina, creada principalmente para encargarse del tema carcelario, es la que da luz verde a los proyectos y la que decide cuál alcalde merece su palacio. De cientos de peticiones, escogen solo algunas, hacen una lista y se la presentan a la junta del Fonsecon. Esta está integrada por la viceministra del Interior, el de Justicia, la secretaria general, la directora de Gestión Territorial y el director de la oficina jurídica.

La junta revisa la lista de los elegidos y firma el acta que ordena el inicio de los trámites para hacer los convenios interinstitucionales con los alcaldes beneficiados.

“Un convenio interinstitucional es la manera de hacer un contrato sin tener que abrir licitación para buscar contratista. El alcalde y el Ministerio firman el convenio y pueden escoger el contratista que va a construir el palacio a dedo”, le dijo a La Silla Vacía una ex funcionaria del viceministerio del Interior que no quiso que se mencionara su nombre.

Esto coincide con lo que varios congresistas le dijeron a La Silla Vacía: el senador o representante que gestionó un palacio municipal es quien con frecuencia selecciona el contratista encargado de la obra, y en muchos casos, este contratista es quien financia su próxima campaña.

El procedimiento con el que se tramitan los proyectos del Fonsecon está lleno de huecos sin control legal ni técnico. Es ahí donde una buena recomendación política se puede colar. Para saber qué pasó en el caso de los 52 palacios, habrá que esperar mejores respuestas del Ministro.