La gramática reaccionaria del No

Riesgo: El derecho soberano de los propietarios, que quedarían inmunes a cualquier limitación en el Acuerdo si quedara así redactado, sería el camino más directo para proteger el status quo. Un empresario podría alegar, por ejemplo, que un programa de desarrollo rural podría limitar su libre iniciativa empresarial.

Aunque la Constitución protege explícitamente la propiedad privada y el Acuerdo de Paz no va en contravía de este derecho, los sistemas jurídicos modernos -incluido el colombiano- permiten todo tipo de límites a la propiedad y a la iniciativa empresarial en función de la prevalencia del interés general. Por ejemplo, porque una norma ambiental lo regula o porque el POT determina otro uso del suelo.

Aclaración: El senador Duque le aclaró a La Silla que ellos pidieron esa precisión para evitar que, por ejemplo, las zonas de reserva campesina, cuya creación es discrecional del Estado, se puedan activar de manera automática a solicitud de los campesinos. También quieren que se precise que en los planes rurales el desarrollo agroindustrial podría ir de la mano de los proyectos de los pequeños campesinos, algo que no prohíbe el acuerdo pactado pero cuya precisión ayudaría a cuidarse en salud.

Riesgo: El Acuerdo no cambia para nada la forma de extinción ni expropiación, solo menciona que las tierras que no cumplan con su función social y ecológica podrán ser expropiadas para nutrir el Fondo de Tierras que se distribuirán entre campesinos que la necesiten.

Dado que siendo Colombia un Estado de Derecho siempre se aplica la ley y la Constitución vigente, con esta redacción de los uribistas se corre el riesgo de que un juez interprete que lo pertinente a la extinción y expropiación queda congelado como es hoy en día.

Aclaración: uque dice que como el Acuerdo iba a entrar en el bloque de constitucionalidad el temor de su partido era que por esta vía se abriera un margen de interpretación para modificar la expropiación o la extinción administrativa vulnerando el derecho de propiedad. Pero que, cuando hablan de la ley o Constitución vigente es la que exista en el momento en que se haga la extinción o expropiación y no la que existe el día en que se firme el nuevo acuerdo.

Riesgo: Como lo explicó La Silla, el riesgo con esta propuesta es que por esta vía se terminen legalizando por la derecha tierras que fueron despojadas a sangre y fuego. Hoy, de acuerdo a sentencias judiciales aplicando la ley de restitución de tierras de 2011, los dueños que compraron sus tierras de buena fe a terceros que a su vez se las compraron a muy bajo precio a los campesinos desplazados por los paramilitares o los guerrilleros pueden perder sus tierras si no logran probar que fueron suficientemente diligentes para establecer la cadena de propiedad de su predio.

Para evitarlo, Uribe propone una presunción absoluta, no desvirtuable, de que actuaron sin culpa. Es decir, que así no hayan hecho nada para revisar ese origen de las tierras, y así fuera en zonas donde el despojo era conocido y evidente, se entienda que no actuaron con culpa, un blindaje absoluto que implicaría cambiar la Ley de Restitución de tierras y toda la política de restitución del Gobierno y protege a grupos de propietarios como los que ha cortejado Alejandro Ordóñez en Magdalena y Cesar.

Aclaración: Duque explica que más del 65 por ciento de las tierras en Colombia tienen una difícil trazabilidad de su propiedad porque fueron compradas de manera informal. Y que entonces es difícil si alguien acredita que originalmente era un baldío hace 70 años acreditar que no lo era. Es un problema que se vive con mucha intensidad -según explicó- en El Caquetá, Vichada y los Llanos, para citar unos casos.

Dice que como los baldíos indebidamente apropiados entran al Fondo de Tierras, es importante fortalecer y precisar lo que ya está en la ley de restitución para evitar abusos en la conformación del nuevo Fondo.

Riesgo: Si el criterio para avaluar cuánto cuesta la tierra es lo que produce y no lo que podría producir, hay un riesgo de estimular la tierra de engorde, que va en contravía de las políticas económicas contemporáneas que dicen que lo que se debe es buscar que las tierras sean lo más productivas posible.

Aclaración: Duque dice que si se utiliza como criterio para el avalúo catastral el uso potencial y no la productividad se abre la rendija para que un alcalde determine que, por ejemplo, una finca que siembra fresas en Subachoque tiene un uso potencial industrial y que le cobre un impuesto tan exhorbitante que termine quebrando al dueño.

Riesgo: Tal como está redactado este artículo, corre el riesgo de mantener el estado actual en el que hay millones de hectáreas improductivas o con ganadería extensiva porque no hay estímulos para mejorar la productividad ni tampoco se incurre en un costo por tenerlas engordando.

Aclaración: Duque, como lo ha dicho Álvaro Uribe públicamente, invoca el hecho de que en los últimos diez años años el avalúo catastral pasó de 32 billones a más de 140 billones. “Hay una valoración exponencial”, dice. Y explica que la propuesta del Centro Democrático es que se vaya actualizando de manera gradual para evitar la quiebra de los dueños de tierras.

Riesgo: Las FARC dejarán de existir como grupo armado, pero de la redacción de este punto parecería que el uribismo quisiera excluir de tajo también al partido político que nazca después de la dejación de armas.

El Acuerdo dice que habrá una Misión Electoral conformada por siete expertos de alto nivel que incluye a la MOE y a seis expertos seleccionados por el Centro Carter, el Departamento de Ciencia Polícia de la Nacional y los Andes, el Instituto Holandés Nimd para que haga recomendaciones sobre las cuales el Gobierno presentará su propuesta de reforma.

En conclusión, en esta Misión no hay ningún partido. Pero la propuesta de que la cree el Congreso corre el riesgo de que nada sustancial cambie en el régimen electoral pues la mayoría de congresistas que se benefician del status quo tienen el incentivo de nombrar en ella gente que garantice que sus privilegios se mantenga. Si hubiese duda de esto, a renglón seguido en la Bitácora del No se dice expresamente que En ningún caso del Acuerdo se derivará compromiso alguno de reforma”.

Aclaración: El Senador del Centro Democrático aclaró que no es que ellos busquen excluir al partido que surja de las Farc sino que lo que quieren es que todos los partidos participen en igualdad de condiciones y en su recinto natural que es el Congreso.

Riesgo: Tal cual está redactada esta frase equivaldría a un veto perpetuo a un partido específico, lo cual iría en contravía de la Constitución. Sobre todo porque ésta permite que los partidos minoritarios ocupen entre todos una silla en el órgano que supervisa el proceso electoral.

Aclaración: Duque dice que evidentemente ellos no se oponen a que el Partido que surja de las Farc eventualmente ocupe una silla en el CNE. Aclaró que a lo que se oponen es a que por derecho propio tengan un delegado ante esta corporación con voz pero sin voto de manera transitoria, como lo establece el Acuerdo.

Riesgo: De quedar así redactado en el nuevo acuerdo, se corre el riesgo de imposibilitar la reparación por parte de las Farc pues después de 50 años de guerra difícilmente tienen un bien que no tenga orígen ilícito.

Aclaración: Lo que quieren los uribistas es que las Farc reparen, como organización y como guerrilleros individualmente, con todos sus bienes y no solo con los adquiridos ilícitamente. Pero si compraron ganado o tierras u otros bienes con plata ilícita también quisieran que repararan con eso.