La justicia que no llega para las mujeres violadas

Uno de los legados que le deja el exfiscal Eduardo Montealegre a su futuro reemplazo es la política de priorización y uno de sus mayores retos en términos de investigación judicial será comenzar a mostrar resultados en lo que tiene que ver con la violencia sexual, un crimen que es descrito por las víctimas como una forma de “matarlas a poquitos”.

La Fiscalía de Montealegre comenzó a darle prioridad a la investigación de este delito cuando se creó la Unidad de Contexto en 2012 y uno de los temas priorizados fue la violencia sexual atribuida a las Farc.

Desde entonces, esta dirección -que con el cambio de director tuvo un reenfoque frente a la idea original- ha estado trabajando en encontrar patrones y conductas de la guerrilla de Timochenko en lo que tiene que ver con la violencia sexual, y ahora comenzó a hacer lo mismo con el ELN. El objetivo de ellos es poder armar un informe sólido para llevar a la Jurisdicción especial de paz que juzgará a los responsables de los delitos más graves en el conflicto armado.

Paralelo a eso, la dirección de Justicia y Paz, que venía investigando los crímenes de los paramilitares y que ahora se llama de Justicia Transicional, decidió también priorizar la violencia basada en género para hacer lo que llamaron “macroimputaciones”.

Su mayor logro hasta ahora ha sido la sentencia contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en 2014, en la que se identificó que había un patrón de uso de la violencia sexual como arma de guerra. Aunque él ya está pagando su condena en Estados Unidos, fue la primera vez que se dio un reconocimiento judicial de que esto, que las organizaciones de mujeres venían denunciando hace años, había sucedido.

Ese mismo año, en enero, la cúpula de la Fiscalía retomó el tema y definió una política de priorizacióncuando les llegó el auto 0092 de la Corte Constitucional que le ordenaba a la Fiscalía atender de manera urgente varios casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado que estaban impunes y luego el 09 de 2015 con nuevos casos. 

En líneas generales, la estrategia definida tenía tres líneas: hacerle un seguimiento a los casos ya judicializados pero separándolos según el grupo armado que había perpetrado las violaciones para que la Dinac liderara las investigaciones contra las Farc, la de Justicia Transicional la de los paras y la de derechos humanos los casos de Fuerza Pública.

Para los 172 casos no judicializados que aparecían en el auto de la Corte nombraron cuatro fiscales especializados en diferentes regiones para que establecieran qué era lo que había pasado, el grupo responsable y las pistas para armar los casos.

Y por último, crearon un subcomité de priorización de violencia sexual en el marco del conflicto al que van todas las direcciones que tienen que ver con el tema para unificar las estrategias de investigación y hacerle un seguimiento detallado al avance de los casos.

Los resultados

A pesar de la políticas de priorización, el o la Fiscal que llegue hereda un panorama bastante difícil.

Porque a pesar de la política de priorización que diseñó la Fiscalía, son más los casos por resolver que los resueltos y como ellos mismos reconocen en la Fiscalía falta mucho por hacer.

En su más reciente informe de seguimiento a los autos 092 y 009, la ONG Sisma Mujer concluyó, entre otras cosas, que no hay garantías para denunciar, que en solo tres de cada diez casos hay un castigo, que no hay un acompañamiento jurídico a la víctima después de su denuncia y que en la mayoría de casos, las mujeres se sienten todo menos reparadas.

Una de las estrategias que creó la Fiscalía para agilizar el proceso fue hacer jornadas de denuncia masiva en distintas regiones del país, con la participación de la Unidad de Víctimas, para que las mujeres tuvieran que relatar su caso solo una vez y fuera más ágil el proceso.

A ese tipo de jornadas, por ejemplo, fue Ángela Escobar, una víctima de Antioquia a la que violaron tres paramilitares. “Yo siento que las jornadas sí funcionan porque es algo colectivo y nos hacemos oír más cuando somos muchas, que cuando va solo una a denunciar.”

Ángela hace parte de la Red de Víctimas Mujeres y Profesionales, una organización que reúne más de mil mujeres, que a punta de esas jornadas ha logrado recoger 866 casos de mujeres violadas por actores armados en siete departamentos del país para que sus casos sean juzgados en el Tribunal de Paz que se pactó en La Habana.

Lo que el informe de seguimiento se pregunta es si una jornada de denuncia de un solo día es suficiente para oír a fondo los testimonios de todas las que van y qué pasa con las que no van porque simplemente no quieren.

Porque de los 267 casos que fueron reportados como atendidos en jornadas de denuncia masiva en el Auto 009, según la Mesa, la Fiscalía no informa el estado procesal en 206. Es decir que en el 77 por ciento no se sabe qué pasó con esa información. Y hay 59 casos que ni siquiera tienen número de radicado.

La Fiscalía nos dijo que es cierto que no todas las jornadas de denuncia masiva funcionan. “Nosotros reconocemos que hay que trabajar en la sensibilización de algunos de nuestros funcionarios para que atiendan mejor esas jornadas, pero la mayoría si funcionan”, nos dijo una funcionaria de la Fiscalía.  

“Algo que tiene que mejorar es el trato de los funcionarios en las regiones. Yo sé de mujeres que van a denunciar y (el que les recibe el caso) les dice que lo hacen es por plata o que le dicen a uno que si no dice quien lo violó, entonces van a ir a preguntarle a la familia de uno”, nos dijo Ángela.

A eso se suma otro obstáculo y es que en muchos casos las mujeres sienten vergüenza, miedo, no saben como poner una denuncia o viven lejos de los cascos urbanos de sus pueblos, y eso en conjunto, es una falta de garantías para que hablen.

La Fiscalía asegura que la información que recogen en las jornadas no se queda ahí y que las mujeres que decidan no ir, tienen los canales normales para denunciar y no es que se queden sin la atención del Estado.

Sobre el auto 092, por ejemplo, dicen que 38 de los casos fueron archivados: veintinueve porque prueban que el hecho no pasó o porque a veces reciben denuncias tan abstractas como que hay un bloque de las autodefensas en una región y están “amenazando”, pero no dice nada más; cinco porque ya se murió el violador y tres más porque el caso prescribió, es decir, se venció el tiempo para tomar una decisión.

“El resto siguen en estudio y hay que aclarar que a todas las denuncias se les hace un seguimiento desde las direcciones que tenemos creadas según el perpetrador”, nos dijo Gina Cabarcas, subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía. 

A partir de la estrategia de priorización, la tasa de imputación ha aumentado en un 10 por ciento en el último año, de 17 por ciento a 20 por ciento. Es una tasa más alta que para otros delitos como aquellos contra la administración pública, pero también significa que para la mayoría de estos delitos todavía ni siquiera hay un acusado a pesar de ser un delito priorizado.

De los 634 eventos de violencia sexual reportados en los Autos 009 y 092, sólo 14 se han resuelto con sentencia condenatoria. Eso, según el informe, es apenas el 2,2 por ciento del total de casos. Por lo que concluyen que la impunidad supera el 97 por ciento.

Pese a esa cifra, se ha logrado que hoy existe una mayor verdad judicial sobre este crimen que hasta hace unos años cuando era totalmente invisible. Se sabe, por ejemplo, que los paramilitares encabezan la lista como los que más han violado mujeres en la guerra. Lo hacían, sobre todo, como una forma de castigo a las que tuvieran algún vínculo con la guerrilla y también como una forma de profundizar su control en el territorio.

También está documentado que a las prostitutas con enfermedades de transmisión sexual o que sirvieran de informantes para el Ejército o la guerrilla, las mataban; y hay casos registrados de esterilización forzada, sobre todo en la Costa, donde para hacerse sentir como la gran autoridad, su solución para el embarazo precoz o frecuente, era obligar a las mujeres a ir a que los médicos de confianza de los paras para que las “desconectaran”.

Para el caso de las Farc, donde la violación sexual se castiga, no hay un patrón tan claro como en los paramilitares. Aunque son los segundos perpetradores de este tipo de violencia, incluyendo al ELN.

Y un verdadero interrogante sigue siendo la Fuerza Pública, porque de acuerdo con los casos reportados en esos autos, es el tercer actor que más ha violado, por encima, incluso, de las bandas criminales. Hay en total 44 casos denunciados, 11 de ellos hechos en alianza con paramilitares y ninguno, de acuerdo con la Mesa, tiene condena.

“¿Con qué tranquilidad va ir una mujer a denunciar en una de esas jornadas que la violó un policía? esa es una barrera muy difícil de superar”, le dijo a La Silla Génica Mazzoldi, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz y autora, junto a Isabela Marín, del artículo “La violencia sexual y de género: el continuum entre la guerra y la paz.”

En la Fiscalía le explicaron a La Silla que el hecho de que un caso no haya terminado en sentencia condenatoria, no significa que no se está haciendo nada. Dicen que hay etapas intermedias entre la denuncia y la sentencia, en las que la mayoría de estos casos están, y eso no significa que hayan quedado en la impunidad.

En la etapa de juicio, por ejemplo, entre 2012 y 2015 el número de personas condenadas y la cantidad de casos con al menos una imputación por ese delito aumentó en un 22 por ciento. Y los casos con condena pasaron de 1798 en 2014 a 2100 en 2015.

La Mesa igual dice que en muchos casos no es claro por qué la Fiscalía decide archivar un caso, o por qué precluyen.

En el órgano de investigación nos dijeron que todos los casos que archivan o son muy abstractos, porque como nos decía una funcionaria: “dicen que en tal pueblo, los paramilitares violan a las mujeres y no dicen más” o el sindicado ya murió o a veces ni siquiera corresponden a delitos asociados con la violación sexual en sí.

“Una parte de los casos que recogen esos autos hablan de ‘amenazas’ o ‘intimidación’ a las mujeres en plural hace más de diez años y con esa información es muy difícil encontrar pruebas”, nos dijo una de las funcionarias.

Algo en lo que se quejan mujeres como Ángela, es que después de la denuncia, la Fiscalía no hace un acompañamiento a la víctima. “A mí apenas hasta la semana pasada me llamaron de la Fiscalía a decirme que mi caso lo tiene el fiscal 42 de Medellín. Imagínese. Quince años después...”, dice.

Todo este difícil panorama es el que le espera al Fiscal que llegue. Porque aunque la violencia sexual es uno de los crímenes priorizados, investigarlo y sobre todo probarlo, sigue siendo un largo camino en Colombia. Más allá del debate sobre el equilibrio político que ha rodeado la elección del próximo Fiscal, existen debates como éste.