La terna para la Corte Constitucional: otra derrota para el Procurador

?

La Corte Suprema de Justicia tiene agedado hoy la definición de la terna.

Tras casi dos meses de discusiones, finalmente hubo humo blanco en la Corte Suprema y quedó lista la terna para reemplazar a Nilson Pinilla en la Corte Constitucional. Los tres ternados son Gloria Stella Ortiz, Jorge Luis Quiroz y John Jaime Posada.

En esta primera etapa, el Fiscal General Eduardo Montealegre derrotó al procurador Alejandro Ordóñez, que vio hundir a sus candidatos. Pero este pulso seguramente se trasladará ahora a la elección en el Congreso.

Gloria Stella Ortiz, que era una de las favoritas desde que comenzaron las votaciones en marzo, es una constitucionalista oriunda de Nariño y es la mano derecha de Montealegre, de quien ya había sido magistrada auxiliar en la Corte Constitucional y luego socia en su firma de abogados.

Es abogada del Externado y arrancó en la Corte Constitucional como magistrada auxiliar de Alejandro Martínez Caballero. Fue quien lideró la ambiciosa reforma reciente de la Fiscalía emprendida por Montealegre y actualmente en la Fiscalía está encargada de varios asuntos clave, incluyendo crear un área de Derecho Constitucional para que la entidad fije y refuerce su posición en temas constitucionales.

Ella tiene un talante liberal como el del fiscal Montealegre, mucho más que el del magistrado Nilson Pinilla, que entraría a reemplazar.  Como su jefe, también respalda ciento por ciento el proceso de paz en la Habana. De hecho, la reestructuración de la Fiscalía se hizo previendo que la Fiscalía estaría a cargo de la aplicación de la justicia transicional en caso de que la negociación en la Habana prospere.

Como dato curioso, Ortiz es sobrina política de Luis Guillermo Guerrero, magistrado de la Constitucional pastuso como ella.

Jorge Luis Quiróz, que es el magistrado auxiliar de Luis Gabriel Miranda (el presidente de la Corte Suprema) y que también era visto como uno de los firmes, es un abogado laboralista de la Universidad Católica, originario de Córdoba y parte de la coalición mayoritaria en la Sala Laboral de la Corte Suprema.

Llegó hace una década a la Suprema como magistrado auxiliar del sucreño Carlos Isaac Nader y luego lo heredó el polémico magistrado Francisco Ricaurte, que -según una persona que conoce la movida en la Corte- es quien más lo impulsó.

Tras un paso como magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá, volvió a la Corte para trabajar con Miranda, quien -como contó La Silla- impulsó su designación como cuestión de honor para la Suprema, que así puede tener un candidato de su entraña en la terna.

?

Gloria Stella Ortiz es la más opcionada para llegar a la Corte Constitucional.

?

Jhon Jaime Posada fue el tercero que salió de la Sala Civil cuando los dos candidatos del Procurador Ordóñez no lograron los votos suficientes.

Tras un paso como magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá, volvió a la Corte para trabajar con Miranda, quien -como contó La Silla- impulsó su designación como cuestión de honor para la Suprema, que así puede tener un candidato de su entraña en la terna.

El tercer cupo, que era es el que más demoró la votación, se lo quedó finalmente John Jaime Posada, un penalista antioqueño -graduado de la Universidad de Antioquia- que ha hecho casi toda su carrera en la Procuraduría.

Posada es actualmente procurador judicial penal II en Medellín y coordinador de procuradores judiciales de Antioquia. Según dos personas que lo conocen, ha sido muy activo en acompañar los procesos de Justicia y Paz, en investigar el paramilitarismo en Antioquia y en implementar el sistema penal acusatorio allí. Ha sido profesor de derecho procesal penal en la Universidad de Antioquia y Eafit, y además dirigió una revista reconocida en el ámbito jurídico antioqueño que analizaba jurisprudencia de la Corte.

Tres personas le confirmaron a La Silla que, aunque trabaja en la Procuraduría, no está alineado ideológicamente con Ordóñez y que, de hecho, tiene un talante liberal.

?

Eduardo Montealegre ha defendido públicamente la posibilidad de que la Fiscalía busque fórmulas para facilitar un acuerdo con las Farc.

Alejandro Ordóñez ha sido un fuerte crítico del proceso de La Habana y ha advertido en repetidas ocasiones que éste no puede terminar en lo que a su juicio sería impunidad.

Para elegir la terna, internamente hicieron un acuerdo que ya han hecho en el pasado para agilizar este tipo de elecciones: que cada una de las tres salas llevara su candidato y las demás se lo votaban.

Ortiz, desde un principio, se convirtió en la favorita de la Sala Penal y para ello el que fuera apadrinada por el fiscal Montealegre fue definitivo. Dada la amistad entre Montealegre y Leonidas Bustos su candidatura también contó internamente con el apoyo de este magistrado.

A Quiroz lo eligió la Sala Laboral, donde contar con el padrinazgo del poderoso magistrado Ricaurte -cuya influencia en esta sala es grande- fue fundamental.

De la Sala Civil se anticipaba que saldría el candidato del Procurador, que además, estaba siendo patinado por Ruth Marina Díaz, la ex presidente de la Corte Suprema que se dio a conocer públicamente por su famoso crucero. El candidato inicial de esta sala era Jaime Ardila, el polémico ex Auditor de la Nación, que como contó La Silla, impulsó la reforma constitucional de un “artículito” para hacerse reelegir.

Sin embargo, cuando lo llevaron a Sala Plena no alcanzó los votos necesarios. Tampoco los alcanzó el segundo candidato del Procurador, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Marco Rueda.

Aunque el acuerdo era que apoyarían el candidato que propusiera cada sala, un grupo de magistrados decidió atravesársele al Procurador Ordóñez. “La gente que viene empujando desde abajo siente que el Procurador se está quedando con todo. Y decidieron vetar a sus candidatos”, dijo una fuente que conoció el proceso de selección.

La elección de María Claudia Rojas Lasso como presidente del Consejo de Estado y de Fernando Castro Caballero como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema habían sido recientes victorias de Ordóñez en las Altas Cortes.

Al final, entonces, la Sala Civil optó por Posada, que contaba con el apoyo de los antioqueños y que, a pesar de trabajar en la Procuraduría, no era visto como una ficha de él. Fue, entonces, una derrota grande para el Procurador Ordóñez (la segunda en la misma semana después de la restitución de Petro) y para su rosca encabezada por Ruth Marina Díaz dentro de la Corte.

La terna quedó integrada entonces por una pastusa, un antioqueño y un costeño, con lo cual, se anticipa que el factor regional entrará a pesar a la hora de la elección en el Congreso.

Se anticipa que a Quiróz le ayudará en el Congreso el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, cordobés como él y quien también hizo lobby a favor de los magistrados Alberto Rojas y Luis Guillermo Guerrero con los que comparte sala plena. Dos fuentes consultadas creen que seguramente contará con el apoyo del bloque costeño, que son muchos y poderosos en el Capitolio.

Ortíz ha estado buscando desde que parecía favorita en la terna el apoyo de los pastusos pero como opinó un congresista lo importante es que “Nadie le niega un voto a un Fiscal General”. A un fiscal, al que además, le quedan dos años y que una nómina de más de veinte mil puestos.

Si el Procurador quiere entrar en la contienda y evitar que llegue a la Corte la candidata del Fiscal -su rival ideológico-, tendrá que apadrinar a Posada. Sin embargo, no le serviría de mucho porque ideológicamente están en orillas opuestas. Así las cosas, Ordóñez se quedaría sin una ficha clave en la Corte Constitucional en un momento clave para la negociación de paz en la Habana pues cualquier decisión que se tome en el Congreso sobre la justicia transicional terminará llegando a la Constitucional.

En todo caso, de estos tres, Ortíz es la que llega con más fuerza a la contienda. Es la única constitucionalista de la terna en un momento en que solo hay otro constitucionalista en la Corte y tiene una trayectoria profesional muy respetada.  A esto se suma el poder del Fiscal que la respalda y, si se mantiene lo que se acordó en la comida del Fiscal de hace unas semanas que contó La Silla, también contará con el respaldo tácito o explícito del Gobierno.