Las mujeres que convierten su vergüenza en fuerza

La violencia sexual es un crimen del que nadie habla. Porque conocer sus detalles es contar la historia de un país que nadie quiere conocer y las mujeres que la sufren cargan con una vergüenza que no debería ser de ellas. Convertir esa impotencia en fuerza y unir sus dolores –tan distintos unos a otros- ha exigido un largo camino que han recorrido más de mil mujeres con un solo norte: impedir que estos crímenes queden en la impunidad y en el silencio.

“Ya no estoy sola. Hace rato dejé de estarlo porque las tengo a ellas, a mi red” dice Ángela María Escobar y cuenta, ya sin lágrimas, cómo la violaron tres paramilitares en su casa en Guatapé, Antioquia, el 26 de septiembre del año 2000, partiéndole la vida en dos.

Esa red de la que habla con tanto orgullo esta mujer que era en ese entonces una líder local en temas de derechos humanos es la ‘Red de Víctimas Mujeres y Profesionales’ de la Corporación ‘Mujer Sigue mis Pasos’.

Es una organización que le ha permitido a más de 1200 víctimas de abuso sexual en siete regiones contar su dolor, dejar la humillación a un lado y denunciar.

La corporación nació a partir de un suicidio: el de Angélica Bello. Ella fue de las primeras mujeres que tuvo la valentía de pararse en un micrófono a decir “me violaron”. Angélica era una activista de la Unión Patriótica desde los ochentas y eso no se lo perdonaron los paramilitares.

De su natal Saravena en Arauca, tuvo que salir corriendo a Casanare, hasta el día en que el paramilitar Martín Llanos se le llevó a sus hijas de nueve y 14 años y su bloque abusó sexualmente de ellas durante un mes en el 2000.

Ella las buscó durante 30 días y cuando por fin logró dar con ellas y con él para reclamarle, su respuesta fue obligarla a desplazarse de Casanare y a callarse. Ella obedeció lo primero, pero no lo segundo. Se fue para Villavicencio y denunció su caso ante la Defensoría del Pueblo.

Nueve años después, saliendo del Ministerio del Interior y de Justicia en Bogotá, la secuestraron dos hombres, se la llevaron a los Cerros y la obligaron a tener sexo oral para “taparle la boca por hablar más de la cuenta”, según le contaron dos mujeres a La Silla. El sábado 16 de febrero de 2013, a las 10:50 de la noche en Codazzi (Cesar), Angélica se suicidó.

“La muerte de ella fue el detonante.Cuando muere Angélica eso fue como una chispa dentro de nosotras. No era justo seguir calladas y los tipos sueltos,” dice Fulvia Chungana una campesina de La Romelia, Tambo.

“A mi no me gusta la frase ‘pueblo unido jamás será vencido’ porque esa fue la frase con la que llegó ese guerrillero de Las FARC a violarme” le contó a La Silla. Fulvia estaba lavando una cebolla cuando un guerrillero entró a preguntarle si tenía agua hirviendo. Ella fue a buscarla y en esas el tipo le puso un cuchillo al cuello, la botó al piso, la violó y se fue .  

Fulvia era una campesina que apenas superaba los 20 años y aún no entiende por qué lo hizo, seguramente porque simplemente tenía ganas.

El guerrillero le prendió sífilis y un olor que ella siente que todavía impregna su cuerpo treinta años después. En su caso el drama es mayor porque a su mamá, una mujer sorda, la violaron a pocos pasos de su casa y ella es hija de ese crimen.

Fulvia nunca conoció a Angélica Bello pero cuando habla de ella es como si fuera su hermana. Lo mismo le pasa a Ángela, que si la conoció cuando empezó a venir a foros con otras víctimas de abuso sexual organizados por la Unidad de Víctimas en Bogotá.

Así, a punta de compartir su dolor, de sentirse acompañadas y no permitir que el caso de Angélica quedara en el silencio, nació hace tres años, con las uñas, la Corporación ‘Mujer Sigue mis Pasos’. Una organización de mujeres que conocían a Angélica, pero no se atrevían a hablar y tampoco sabían qué pedir. Ya saben.

Lo que sueñan

Cuando crearon la Red se propusieron dos cosas: organizarse para exigir sus derechos y acompañarse de personas técnicas que las pudieran asesorar en ese camino. Y lo primero que hicieron fue a salir a buscar más mujeres como ellas.

Viajaron 14 de ellas a Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Meta, Putumayo y Nariño a buscar casos de abuso sexual en niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres adultos. Cada una tenía la meta de buscar 60. Comenzaron por los sitios donde ya conocían un caso y esa víctima las ponía en contacto con otra y esa con otra. Así fue como Ángela conoció a Fulvia. Y así en menos de ocho días ya tenían identificadas las sesenta.

Con ellas, hacían una jornada colectiva de dos días a la que asistían funcionarios de la Defensoría del Pueblo para oír los testimonios de las víctimas y formalizar sus denuncias. Esto se replicó en varios municipios hasta completar 866 casos de abuso sexual en el país.

Casos que ya denunciaron ante la Fiscalía y que esperan ahora llevar ante la Jurisdicción Especial de Paz.

Son muchas las ilusiones que estas mujeres tienen frente al proceso de paz. Sueñan que sean los “propios”, los perpetradores y no un Iván Márquez o un Timochenko, los que les pidan perdón y reconozcan públicamente que además de secuestrar y torturar, también abusaron sexualmente de las mujeres.

Esperan ser escuchadas en la Comisión de la Verdad que ya fue acordada en La Habana y que sus casos sean juzgados en el Tribunal de Paz. La Silla habló con varias que dijeron que también querían verlos en la cárcel.

Además, esperan que el proceso de paz les permita visibilizar que la violencia sexual va más allá del conflicto armado, porque buena parte de estas mujeres han sido abusadas por paras, guerrilleros y hasta policías, pero también por sus esposos, papás, hermanos y profesores.

Ese abuso, el que ocurre en los lugares donde se supone que las mujeres se sienten protegidas, es el que falta por destapar.

“La no repetición también tiene que ser doméstica.” dice María Eugenia Cruz, una de las coordinadoras nacionales de la red.

¿Cuántas de estas ilusiones se harán realidad?  Es difícil saberlo en este punto.  Pero lo que ellas sí han hecho es ir adelantando el trabajo para el Tribunal, que se supone debe crearse tres meses después de firmada la paz.

Al Tribunal de Paz llegarán los casos por dos vías. Por la vía de la Fiscalía, que elaborará un informe con toda la información de los crímenes que no son amnistiables -incluido el abuso sexual- y que será el punto de partida para el trabajo de la Sala de Verdad y Reconocimiento.  Para esto, esta red de mujeres ya presentó los casos ante la Fiscalía y espera que ésta las incluya en su informe.

La otra puerta de entrada, que también esperan estas mujeres cruzar, es presentar como organización de víctimas su propio informe ante la sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz.

Con base en esta información, y en otros documentos e investigaciones como los de Memoria Histórica o los del Auto especial sobre abuso sexual que sacó la Corte Constitucional hace unos años cuando ordenó a la Fiscalía investigar este crimen silencioso, la Sala de Reconocimiento comenzará su trabajo.

La Sala se va a concentrar solo en los casos más graves y representativos y en los patrones o prácticas más recurrentes.

La Red de Fulvia, Angela María y las demás mujeres ya tienen identificadas algunas de esas conductas sistemáticas.

Por ejemplo, los bloques paramilitares comandados por Salvatore Mancuso en el Catatumbo, Norte de Santander, Córdoba y Montes de María tienen 645 hechos de violencia sexual documentados en la Fiscalía.

En el Magdalena Medio violaron a las mujeres que creían que tenían algún vínculo con la guerrilla como una forma de castigo y de profundizar su control en el territorio.

En Catatumbo, Norte de Santander, que es una zona donde la guerrilla ha tenido una fuerte incidencia, obligaban a las niñas de colegio a desfilar en las calles. A las más bonitas las escogían para luego violarlas.

A las prostitutas que tuvieran enfermedades de transmisión sexual o que sirvieran de informantes para el ejército o la guerrilla, las mataban.

Otro patrón bastante documentado es el de esterilización forzada, sobre todo en la Costa. Donde los paramilitares se sentían ‘autoridad’, su gran solución para el embarazo precoz o demasiado frecuente, era obligar a las mujeres a ir a donde los médicos de la organización y ‘desconectarlas’.

En cuanto a Las Farc, la mayoría de denuncias encontradas provienen de Nariño, Cauca y Antioquia. En la red no han encontrado todavía un patrón porque en comparación con los de los paras son más casos individuales de guerrilleros que ‘satisfacían’ sus apetitos después de un combate o simplemente al pasar por un pueblo cogiendo cualquier mujer al azar y violándola como le sucedió a Fulvia.

Era un comportamiento castigado por las Farc y por eso las víctimas se llenaban de miedo y preferían no denunciar ante las amenazas de los guerrilleros que las habían violado.

También tienen casos de militares y policías pero no son muchos y no han identificado un patrón.

La desilusión

El problema para esta Red, y para miles de otras víctimas en el país, es que sus ilusiones de ver su derecho a la verdad y a la justicia resarcido podría verse frustrado en parte.

En el caso de ellas, porque la mayoría de los crimenes documentados por esta red fueron perpetrados por los paramilitares, que fueron excluídos explícitamente de la Jurisdicción Especial de Paz.

El argumento para hacerlo es que para esos casos existió la jurisdicción de Justicia y Paz creada a raíz de la negociación con las Auc.

Pero estas mujeres sienten que en los tribunales de Justicia y Paz no hubo verdad ni justicia para sus casos específicos porque solo declararon los máximos responsables mientras que a los autores de sus violaciones les fue suspendida la pena y nunca tuvieron que declarar.

Los guerrilleros y agentes del Estado que sí cometieron violaciones sí podrían ser juzgados.

En este caso, con base en toda la información que aportarán, la Sala de Reconocimiento sacará un informe con los casos y conductas más graves de abuso sexual y se los trasladará a las Farc si los encuentra responsables, así como a los guerrilleros específicos, militares y policías que logre individualizar.

Si ellos reconocen estos delitos, pasan el caso a la sección de primera instancia del Tribunal de Paz para que les aplique una sanción, que en ningún caso será cárcel. Lo más seguro es que los obligue a una reparación que puede ir desde construir un acueducto en la zona hasta desminar.

Si no reconocen estas violaciones, los casos van a la Unidad de Investigación para que arme una acusación ante la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Paz, que los puede llegar a condenar a 20 años de cárcel.

Como la mayoría de casos son de los paramilitares, a lo que más podrían aspirar es a la verdad. Seguro, tendrán un espacio para contar ellas lo que padecieron y que los colombianos lo oigan de ellas directamente.

Si tienen suerte, sus victimarios -incluidos los paramilitares- podrían ir y confesar sus crímenes. El problema es que, a diferencia de los guerrilleros y agentes del Estado que tienen que hacerlo para obtener el beneficio de la pena alternativa, los paras no tendrán ningún incentivo para confesar salvo quizás quitarse un peso de la conciencia.

Pase lo que pase después de La Habana, estas mujeres sienten que el simple hecho de poner la cara es una forma de librar a otras de sufrir lo que ellas todavía cargan en el alma.  “Yo todavía tiemblo y me encierro cuando me acuerdo. Pero entonces pienso en las demás, en las que pueden violar si nosotras no hacemos nada. Y entonces me levanto,” dice Hilda Osorio, violada a sus 19 y a sus 45 años.