Las propuestas para desactivar la bomba social detrás del paro

Ante la falta de ideas frescas de parte del Gobierno han surgido propuestas de varios sectores de la sociedad para enfrentar una crisis social con pocos precedentes. Sin embargo, la mayoría de las que revisamos, que han sido conocidas por la opinión pública, son comunicados escuestos difíciles de aterrizar que coinciden en la necesidad de que pare la violencia de todas partes, que se garantice la seguridad y que se permita el abastacemiento de alimentos y de insumos médicos. ¡Que se implemente incluso la Constitución!, como el de los rectores de siete universidades, entre ellas Los Andes y La Nacional.

Otras, como la del arzobispo Darío Monsalve, el de los exnegociadores de la Habana, Sergio Jaramillo y Humberto De La Calle, o el de la Organización Social "Movilizatorio" tienen ideas más concretas sobre cómo avanzar en el díálogo y lograr el desbloqueo. La Coalición Esperanza, Iván Cepeda y la Onic llaman la atención sobre la necesidad de implementar una renta básica.

La Silla Vacía reunió las siguientes que pueden ayudar a iluminar algo un panorama que hoy es oscuro.

La academia

Con una carta dirigida al Gobierno nacional, los rectores de siete universidades públicas y privadas del país, propusieron un “diálogo amplio” alrededor de “temas estructurales”, para construir un “pacto social”. De entrada esta es una solución distinta a la que propone el Gobierno, que trabaja sobre una agenda acotada.

La agenda del diálogo que proponen estas universidades es mucho más amplia. Incluye una discusión sobre la política fiscal, que esté vinculada a los derechos de las poblaciones más vulnerables. Además, se deben buscar mecanismos de acceso universal a la salud pública y a la atención individual de calidad, “más allá de los mercados”. Garantizar la independencia de los órganos de control y la separación de los poderes. E implementar el Acuerdo de Paz para proteger la vida de los líderes sociales, el desarrollo rural con enfoque territorial, la llegada del Estado a los territorios y la participación real de la ciudadanía en las decisiones que la afectan.

La Plataforma Nacional de las Juventudes

Conformada por jóvenes de todos los lugares del país. 40 de ellos provenientes de Bogotá, Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Putumayo, Medellín, Turbo, Montería, Cali, Armenia, Guarne, Valledupar y Puerto Carreño se reunieron con el presidente en el marco de la Conversación Nacional, pero se quejaron de no haber sido escuchados suficientemente por lo que no pudieron llegar a ningún acuerdo.

Para negociar establecieron unos mínimos que son que no haya más manifestantes heridos o muertos y que para ello cese la militarización de las ciudades. Además pidieron que el presidente se siente a dialogar con los jóvenes heridos en las marchas y con las madres de los manifestantes que han perdido la vida, y que dé información sobre dónde están los desaparecidos.

Los jóvenes de Puerto Resistencia en Cali

Como contamos en esta historia, Puerto Resistencia ha sido uno de los epicentros del paro y de los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública en el Oriente de Cali. También es uno de los lugares más deprimidos de la ciudad.

Allá varios jóvenes están realizando bloqueos. Aunque más tarde hoy anunciaron que saldría un video con sus propuestas concretas para levantarlos, Yeison Martínez, edil de la Comuna 16 donde está Puerto Resistencia, nos adelantó algunas.

Lo primero es que piden que haya una mesa de diálogo con el presidente, sus ministros, representantes de las bancadas del Congreso y organizaciones de derechos humanos como la ONU y la OEA, en la que estén representados quienes se encuentran en los diferentes "puntos de resistencia" como los llaman o lugares de concentración de los manifestantes en Cali y otras ciudades de Colombia.

Para poder reunirse, concertar unas propuestas y llegar más coordinados a ese espacio, requieren que la Fuerza Pública "deje de hostigar" a las personas que se encuentran en esos puntos, por lo que le piden que se retire. En Puerto Resistencia los jóvenes que reclaman están dispuestos a permitir el abastacemiento de comida mientras tanto.
Entre las demandas al Gobierno, en todo caso, están el retiro de la reforma a la salud, la reducción del salario de altos funcionarios del Gobierno, así como, de los congresistas, diputados y concejales, y la mayor financiación de la política pública de juventudes de Cali.

Los exnegociadores de La Habana

Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo hicieron un llamado para que se puedan encauzar las demandas ciudadanas por canales institucionales, principalmente el Congreso, teniendo en cuenta que muchas de ellas son de carácter estructural, como la reforma que requiere la Policía. Además, según Jaramillo, “la deliberación reconcilia”.

La idea es que los congresistas jóvenes de distintos partidos que puedan tener un mejor acercamiento con los manifestantes, lideren el proceso y sirvan de interfase. Algunos de ellos podrían ser: Carlos Ardila y Juan Carlos Losada del Partido Liberal, Gabriel Santos del Centro Democrático, Juanita Goebertus y Catalina Ortiz de la Alianza Verde, José Daniel López de Cambio Radical, María José Pizarro de la Lista de los Decentes y Adriana Matiz del Partido Conservador.

Estos congresistas podrían arrancar viajando a Cali y con apoyo de organizaciones con experiencia en participación política, como el Consejo Nacional de Participación y Foro por Colombia, abrir espacios para recibir y tramitar todas las demandas de los jóvenes que se están movilizando.

La iglesia en Cali

Monseñor Darío Monsalve lleva ocho años como Arzobispo de Cali, haciendo trabajo social en los lugares más deprimidos de esa ciudad. En esta jornada de paro ha logrado que los manifestantes habiliten corredores humanitarios.

Desescalar lo militar, y así darles espacio a la ciudadanía y a las autoridades locales que, según él, fueron paralizadas por la acción militar. Para ello propone suspender todos los permisos de porte de armas y que la Fuerza Pública haga retenes para decomisar las armas que estén en poder de cualquier persona. Adicionalmente, cree que la Fuerza Pública debe rechazar enérgicamente los ataques de civiles armados, como se vio en algunos videos en Jamundí ayer.

Se debe infundir confianza en los actores de la primera línea que son los del bloqueo, para convertir los puntos de bloqueo en puntos de concertación. Según Monsalve, los que bloquean “son jóvenes que han vivido históricamente excluidos. El Estado tiene que reconocerlos e integrarlos como parte de la solución”. Para ello propone que el Estado les dé garantías de no penalización inmediata y que se les respete su derecho a la vida. Para esto Monseñor considera fundamental que los negociadores tengan legitimidad en las bases sociales por el trabajo que han realizado.

Las organizaciones sociales

Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para Colombia y Latinoamérica, dirigido por Juliana Uribe, propone descentralizar la conversación. Que se haga en universidades, iglesias, calles y parques de zonas rurales y centros urbanos. Y que no sean solo a puerta cerrada, sino que se lleven a los espacios donde las personas se están movilizando y que sean transmitidas vía streaming.

Se debe, según Uribe, vincular a sectores y actores no organizados y usar una metodología que garantice la participación y escucha activa. También debe haber un mecanismo de seguimiento tanto del Gobierno como de las organizaciones y de la sociedad civil de los acuerdos a los que se llegue y socializar los avances en redes sociales y WhatsApp, en radio, televisión y prensa.

Los empresarios

En un comunicado conjunto que publicaron el 5 de mayo, la Andi, Anif, Cámara de Comercio, Fedesarrollo y ProBogotá hicieron un llamado para desescalar el conflicto. La visión de estos empresarios y centros de pensamiento económico se alinea con la estrategia del Gobierno de no abrir grandes discusiones sobre temas estructurales.

En la declaración piden que se asegure el abastecimiento alimentario y se mantengan activos los servicios de salud. En la misma línea, que se garantice el derecho al trabajo y a la actividad empresarial como mecanismo para la recuperación económica y social.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señala que hay que llegar a dos acuerdos fundamentales para poder avanzar en los diálogos. El primero es que cualquier propuesta, reclamo o diálogo que se haga, o cualquier cambio que se busque, tiene que darse sobre la base de que primero se desescalen todas las violencias.

Y el segundo, que no se pueden vulnerar los derechos. Sin perder de vista el derecho a la protesta, pero tampoco el derecho a la vida, la alimentación, la movilidad, el trabajo y el estudio. Por muy fuertes que sean las quejas y reivindicaciones, afirma Mac Master, se deben respetar los derechos de los otros.

La Andi, además, se mantiene firme en su propuesta inicial de una reforma que no toque el IVA ni ajuste la base gravable del impuesto de renta, sino que el recaudo corra en su mayoría por cuenta de las empresas.

Organización Nacional Indígena de Colombia -Onic-

Mediante varios comunicados, las diferentes poblaciones indígenas proponen que se realice una mesa de diálogo intercultural de manera presencial.

Entre sus peticiones está que se cumplan los acuerdos de paz con los actores armados, el respeto a la vida y el derecho a la protesta, retirar el proyecto de reforma a la salud, fortalecer la vacunación masiva, matrícula cero para instituciones públicas y "no" a la alternancia educativa.

La Onic también le apuesta a la propuesta de una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Acompañada de la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal y campesina), detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato, ofrecer garantías constitucionales a la movilización y la protesta, desmilitarizar las ciudades, acabar las masacres, castigar a los responsables y el desmonte del Esmad.

Los partidos

Centro Democrático

El partido de Gobierno también ha hecho varios llamados al presidente Duque. Y sus propuestas incluyen discusiones sobre reformas profundas. En términos tácticos, pide que se dialogue en las regiones. Para ello debe coordinar con gobernadores y alcaldes la instalación de mesas de discusión con estudiantes, la Iglesia, profesores, trabajadores, sindicalistas, empresarios, gremios, miembros de la Fuerza Pública y otras organizaciones de la sociedad civil, para acordar soluciones que concluyan las protestas.

En cuanto a reformas de fondo, propone reformar la Constitución para reducir el tamaño del Congreso y ponerles un impuesto a los altos salarios en Colombia.

Óscar Ivan Zuluaga, el excandidato presidencial, reapareció en la opinión pública con el paro. Le escribió una carta a Iván Duque en la que lo invita a conformar un gabinete de unidad nacional, lo que implicaría que estén representados otros sectores diferentes a las personas de confianza del presidente. También cree que el presidente debería implementar un programa de generación de empleo de corto plazo para un millón de colombianos.

Partido Liberal

En una llamada al presidente Duque, César Gaviria le puso condiciones para reunirse en persona con él en representación del Partido Liberal. Entre estas condiciones están que se instale una mesa de diálogo y concertación en Cali para acabar la ola de violencia en el Valle del Cauca y que Duque dialogue directamente con los líderes del paro para escuchar sus peticiones para ponerles fin a las protestas.

Gaviria recalcó que el liberalismo no va a apoyar una nueva tributaria ahora, solo la tendrían en consideración después del mes de julio.

Polo Democrático

El Senador de esa colectividad Iván Cepeda dijo que después de escuchar a decenas de jóvenes de los barrios populares de Cali, el presidente debe ordenar la creación de una renta básica universal si quiere comenzar a encontrar solución al paro nacional.

Coalición de la Esperanza

Los políticos Humberto De la Calle, Juan Fernando Cristo, Angela María Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, entre otros, creen que el presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica, y debe dialogar con el Comité del Paro, incluyendo a la Minga Indígena y voceros de los jóvenes, y no solo con las fuerzas políticas.

Debe también anunciar un plan de emergencia social que incluya una renta básica para 6,2 millones de hogares pobres, matrícula cero en universidades públicas y extensión y ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef).

El Gobierno tiene que desmontar los beneficios al sector empresarial de la reforma tributaria de 2019, que explican la caída de los ingresos fiscales en más de un punto porcentual del PIB en 2020. Además, piden suspender la compra de aviones militares por 14 billones de pesos y revisar el aumento de los gastos de inversión previstos para este año.

Los alcaldes

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, ya tiene una propuesta lista para presentarla al Gobierno Duque. Después de afirmar que había recopilado las preocupaciones de los jóvenes en Barranquilla, hizo una lista de peticiones, entre las que se encuentran: no hacer una gran reforma sin que haya concertación social y política, redoblar los esfuerzos para mantener los programas sociales sin tocar el bolsillo de los más vulnerables, no decretar la conmoción interior y actuar con contundencia pero respeto hacia quienes cometen actos vandálicos.

El alcalde además pidió evitar bloqueos por el paro, crear programas de oportunidad y empleabilidad para jóvenes, impulsar la educación gratuita en los estratos 1 y 2, y escuchar a los territorios, alcaldes y gobernadores.

Claudia López, por su parte, ha dicho que los congresistas tienen la responsabilidad de proponer soluciones concretas y que cualquier acuerdo nacional de recaudo e inversión social depende de ellos. También ha insistido que el presidente hable directamente con los jóvenes que están manifestándose.

Jorge Iván Ospina, por su parte, mencionó seis puntos que debe tener en cuenta el Gobierno nacional para que el diálogo que está adelantado arroje resultados positivos: que todos los actores sociales puedan participar de la conversación, que se construya una agenda de problemáticas que afectan en general a los colombianos, que se respete la vida por encima de cualquier cosa, que se establezcan corredores humanitarios seguros para que la ciudadanía esté abastecida de alimentos, medicamentos, combustibles y otros elementos de primera necesidad, que se convoque a la iglesia católica, cristiana, protestante y de otros credos, porque en los territorios hay afecto hacia sus representantes y que se garantice la seguridad ciudadana en los territorios.