Líos de la sustitución ratifican el fracaso del posconflicto en sur de Córdoba

En el último mes, las bandas criminales que operan y están en guerra en el sur de Córdoba le han dado un fuerte golpe al programa de sustitución de cultivos, pues han asesinado, con crueldad, a dos de sus integrantes. Aunque no se sabe si ese era el motivo, el hecho ha causado terror entre los beneficiarios de la sustitución. 

Además de la guerra, que ya ha cobrado la vida de otros trece campesinos miembros del programa desde que éste inició en 2017, la sustitución en el sur del departamento va a cuentagotas -en un escenario similar al del resto del país-  y los campesinos están empezando a perder la esperanza en este programa que nació en La Habana y cuyo fin va más allá de simplemente erradicar las hectáreas de coca.

En el sur de Córdoba, la sustitución se ha quedado, simplemente, en la erradicación voluntaria de las matas de coca y no llegó a generar el bienestar con el que se pensó.

Esto porque, en general, ha habido un retraso en los pagos que debía hacer el Gobierno para generar el tránsito de la economía ilegal a la legal; y no ha empezado ninguno de los proyectos productivos que les permitirían a los campesinos generar ingresos para comenzar a vivir de otros cultivos que no fueran la coca.

A esto se le suma la guerra que hay en la región entre varias bandas criminales por el control de la coca, la minería y las rentas de la extorsión en la zona del Nudo de Paramillo que incluye, no sólo el sur de Córdoba, sino, también, el Bajo Cauca antioqueño.

Esta guerra, sumado a los líos propios del Pnis, tiene a los campesinos a punto de perder la esperanza de los beneficios que, supuestamente, traería el posconflicto.

Los líos del Pnis en Córdoba

El Pnis arrancó en el país en el primer semestre de 2017 cuando el Gobierno Santos y las Farc empezaron a socializar con las comunidades de los territorios más golpeados por el conflicto las condiciones que debían aceptar las familias que se comprometieran con la sustitución voluntaria.

Las comunidades que aceptaran estos términos firmaron lo que se llama un acuerdo colectivo en donde se comprometían a erradicar manualmente las hectáreas de coca y, por ello, recibirían los beneficios del programa.

En Córdoba, se firmaron dos acuerdos colectivos: uno en el municipio de Tierralta (abril de 2017) y otro que incluía a los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano (agosto de 2017).

En total, hay, actualmente, 2.046 familias inscritas al Pnis en todos estos municipios.

Según lo que definieron el Gobierno y las Farc, tras identificar a las familias y verificar su existencia cruzando datos con la Registraduría, el Sisbén y la Unidad de Víctimas, el Gobierno giraba un primer cheque de dos millones de pesos que comprometía a los campesinos a erradicar la totalidad de sus cultivos de coca en un plazo máximo de 60 días. 

Esto sería, luego, verificado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, una vez ésta certificara que la coca había sido arrancada, el Gobierno hacía el segundo desembolso.

En total, son seis giros bimensuales que suman doce millones de pesos.

En Tierralta, este proceso tiene dos años de retraso, pues hasta ahora sólo han hecho el primer desembolso de dinero y las familias están a la espera de la verificación de la ONU.

De acuerdo a lo que nos contó un exfuncionario que conoció de frente el proceso y que nos habló a condición de no mencionar su nombre, el problema en este municipio fue que, una vez firmaron el acuerdo colectivo e hicieron la verificación, descubrieron que la mayor parte de los cultivos de coca estaban en el Parque Natural Nudo del Paramillo y en los predios de la Reserva de Urrá.

Por ende, no era posible implementar el programa en esas tierras porque no eran propiedad de los campesinos, sino del Estado (en el caso del parque natural) y de un privado (la represa).

Esto quiere decir que en esos terrenos no podían llevarse a cabo los proyectos productivos con los que se pretende que los beneficiarios del programa reemplacen la siembra de coca, pues en los parques naturales no puede haber cultivos y en los predios de la represa tendrían que tener un permiso de la empresa.

Gracias a un paro en el que bloquearon por varias semanas importantes vías del sur de Córdoba en febrero y marzo de este año, los campesinos lograron que el Gobierno girara la primera bolsa de plata, mientras se encuentra una solución a este problema. 

De esta forma, a la vez que se va llevando a cabo el programa, hay una mesa de negociación entre los campesinos, diferentes entidades del Gobierno, el Parque Natural Nudo de Paramillo y la Represa de Urrá para buscar los predios en donde se desarrollarán los proyectos productivos que ayudarán a los antiguos cultivadores a pasar a la economía legal.

Hasta el momento, han concertado que otras agencias del Gobierno buscarán la tierra para hacer estos proyectos y la Represa de Urrá donará 135 hectáreas. 

En los municipios de San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador el primer desembolso les llegó a las familias inscritas entre noviembre y diciembre del 2017.

Aunque los desembolsos llegaron a tiempo, la asistencia técnica, que debía acompañar a los campesinos en el proceso para generar proyectos productivos que les permitieran subsistir dentro de la legalidad, ha tenido varios retrasos.

De acuerdo a lo que acordaron el Gobierno y las Farc, mientras se giraban los primeros desembolsos, cuyo objetivo era garantizar que los campesinos tuvieran qué comer una vez erradicaran la coca, contarían con el apoyo de un operador de asistencia técnica que los orientaría a elegir qué podían sembrar o qué animales podían criar para desarrollar sus propios proyectos productivos.

Además de esto, el Gobierno giraría 1.800.000 pesos para garantizar la seguridad alimentaria -para que la familia, por ejemplo, pudiera cultivar una huerta casera,-y nueve millones de pesos en el primer año y 10 en el segundo para financiar los proyectos productivos que garantizarían la supervivencia de la familia en el futuro. 

En Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, los dos operadores que fueron contratados por las Naciones Unidas no han terminado de cumplir con su obligación; lo que ha hecho que hoy, casi dos años después de la firma del acuerdo colectivo, en la región no esté andando ningún proyecto productivo.

Además de esto, el Gobierno no le ha girado a las familias ni el millón ochocientos de la seguridad alimentaria ni los 19 millones para los proyectos productivos.

“Acá hay una mamadera de gallo con los proyectos productivos. Llevamos ocho meses sin entrada de dinero, ya vamos dos años desde que quitamos los cultivos y no hay proyectos productivos. Los campesinos estamos con hambre”, le dijo a La Silla Caribe el líder campesino Arnobis Zapata.

Nos comunicamos con el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, para conocer su versión sobre estas demoras y, hasta el momento en que se publicó esta historia, no respondió a nuestras preguntas.

Más allá de Córdoba, la demora en la puesta en marcha de los proyectos productivos es una constante en todo el país.

El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz -publicado en abril de este año- sobre el estado de la sustitución de cultivos en Colombia, afirma que mientras el nivel de cumplimiento de las familias cocaleras en erradicar es del 94 por ciento, sólo el 67,5 ha recibido el primer pago, el 40 cuenta con asistencia técnica y sólo el 17 se ha beneficiado del componente de seguridad alimentaria.

De hecho, una de las conclusiones a las que llega el informe es que “los mayores avances del Pnis se han dado en la erradicación voluntaria de coca, mientras que la generación de condiciones para la sustitución y el tránsito a la legalidad ha tenido importantes rezagos”.

A esto hay que sumarle que, como hemos contado en La Silla Vacía, el Pnis está sin cabeza y que su lógica cambió desde la llegada de Iván Duque a la Presidencia, lo cual ha causado malestar con las organizaciones sociales que operan en el territorio.

En Córdoba, a esta crisis general del Pnis, hay que añadirle, también, la guerra entre bandas criminales que ya ha cobrado la vida de quince campesinos desde que inició el programa.

La guerra que enreda aún más la sustitución

Como hemos contado varias veces en La Silla Caribe, el sur de Córdoba es azotado por una guerra entre el Clan del Golfo y una disidencia suya, llamada los Caparrapos, que, en alianza con una disidencia del antiguo Frente 18 de las Farc, se pelean el control de las rentas ilegales del sur del departamento.

Este año, esa guerra se ha encrudecido a tal punto que los grupos criminales han asesinado a un aspirante a la Alcaldía, amenazado a un congresista y 2.645 personas han tenido que desplazarse de su hogar para salvar su vida.

La Defensoría del Pueblo ha alertado, en cuatro Alertas Tempranas a las que La Silla Caribe tuvo acceso, sobre el riesgo en el que viven los habitantes de la región, entre los que se encuentran los campesinos que firmaron los acuerdos de sustitución de cultivos.

Una de las alertas detalla que, aunque no ha habido ataques explícitos contra la población por pertenecer al programa pues el riesgo lo tienen todos los habitantes de la zona, una de las formas con la que los grupos criminales quieren “desarticular los procesos sociales en la región” es a través de “la circulación de rumores sobre supuestas agresiones contra los que apoyen la política de sustitución de cultivos ilícitos”.

Del mismo modo, el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre la implementación del Acuerdo de Paz, afirma que es preocupante “los ataques contra los participantes en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito” y destaca, como ejemplos, tres asesinatos cometidos este año en San José de Uré.

Según la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba, este año han asesinado a ocho firmantes de acuerdos de sustitución que hacían parte de la organización.

Los dos homicidios más recientes sucedieron el 27 de junio y el 6 de julio.

El 27 de junio fue asesinado el campesino Manuel Gregorio Fernández por integrantes del Clan del Golfo. Su cuerpo fue encontrado al costado de una carretera destapada y mostraba signos de haber sido torturado antes de morir.

Poco más de una semana después, miembros de los Caparrapos decapitaron al campesino Manuel Osuna Tapias y, luego, quemaron su casa.

Aunque oficialmente se desconoce si Fernández y Osuna fueron asesinados por pertenecer al Pnis, pertenecer al programa sí es un riesgo en una zona de conflicto, pues afecta directamente el negocio de las bandas criminales que están interesadas en traficar con coca.

“Hay mucha incertidumbre frente a la sustitución. La gente perdió la fe. No son sólo los incumplimientos, sino que cada vez se siente más la presión de los grupos criminales”, le dijo a La Silla Caribe un líder campesino que prefirió que no reveláramos su nombre por cuestiones de seguridad.

“Se siente como el regreso a la época de los paramilitares, en donde están asesinando a campesinos acusándolos de sapos y de pertenecer al otro grupo”, aseguró, a su vez, Arnobis Zapata.

En estas condiciones de ausencia estatal, en las que hay constantes combates entre grupos armados y los asesinatos selectivos son pan de cada día, es casi imposible que un programa, cuya intención es integrar a las zonas más remotas con el resto del país, pueda salir adelante.

Por eso, además de los líos internos del programa, en el sur de Córdoba la sustitución está enredada, pues es una tierra que, por ahora, no ha visto las mieles que prometía el posconflicto.