Lo que esperan las víctimas del acuerdo sobre víctimas

Hasta ahora no se se conoce qué van a entregar las Farc para reparar a las víctimas. Sin embargo, Sigifredo López, el único sobreviviente de los once diputados secuestrados por las Farc en Cali en 2002 y luego asesinados en 2009 y presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) pide que además de verdad, el acuerdo de víctimas tenga un compromiso explícito de las Farc para reparar económicamente a las víctimas como reconocimiento de su culpa.

Para él, esta responsabilidad de la guerrilla no puede ser asumida por el Estado.

“Las Farc se han lucrado con el narcotráfico, con la minería ilegal. Tienen plata y bienes como los que les ha incautado el Estado”, dice. Por eso, aunque considera que esta reparación puede ser en conjunto con el Estado, las Farc sí deben comprometerse a aportar lo que tengan a un fondo para reparación de víctimas. De lo contrario, para él, la reparación podría terminar siendo una burla y una vergüenza que no respetará el dolor y el sufrimiento de las víctimas.

María Eugenia Cruz fue una de las primeras víctimas que viajó a La Habana. Ella espera que en el acuerdo que se presentará mañana se reconozca el delito de violencia sexual y se tome en cuenta con mucho más detalle que como se hizo en la Ley de Justicia y Paz.

“Quien ha violado debe asumir la responsabilidad y ser sancionado”, dice en referencia a que en el caso de los paramilitares se juzgó a los máximos responsables a pesar de que no todos los jefes fueron los que cometieron las violaciones. Por eso, muchos de los violadores de los paramilitares hoy están libres y siguen intimidando a las mujeres.

Además, para ella es claro que este delito no se circunscribe al conflicto armado por lo que se deben tomar medidas para contrarrestarlo a fondo. “La realidad de la violencia sexual es que ocurre donde las mujeres se deberían sentir más protegidas, como en su casa o en sus comunidades”. Eso, para ella se debe reconocer y combatir.

Para María Doris Tejada, la mamá de Oscar Alexander Morales Tejada, que fue asesinado por el Ejército en un supuesto combate con bandas criminales y aún está enterrado en un cementerio de El Copey, Cesar como NN, es importante que además de que los militares involucrados en estos hechos cuenten toda la verdad paguen cárcel porque si no -dice- “la justicia sería demasiado injusta”.

Para ella, el caso de su hijo, que por más de seis años estuvo en la justicia penal militar y hasta finales del año pasado logró pasar a la justicia ordinaria es una muestra de cómo los militares han actuado para dilatar los procesos y evitar que se sepa qué pasó.

Por eso, pide que se sepa toda la verdad y que quienes participaron en estos crímenes que ya suman más de 4 mil casos, cuenten quiénes fueron los autores materiales, los intelectuales y qué militares de alto rango están involucrados. Y pidan perdón públicamente para que “todo el mundo sepa lo que hicieron”, dice.

A pesar de que el comunicado sobre el acuerdo de justicia transicional incluye a los militares, todavía no es claro si los falsos positivos entrarán o no dentro de la justicia transicional como crímenes cometidos “en relación con el conflicto armado”. Y si, en caso de ser aceptados, los implicados en falsos positivos tendrán que contar toda la verdad antes de poder recibir los beneficios de la pena alternativa y si eso incluye delatar a los superiores y a los que coordinaron, planearon y participaron en estos crímenes.

Para Ángela María Giraldo, hermana del diputado del Valle Francisco Javier Giraldo, asesinado por las Farc cuando estaba en cautiverio junto a 10 de sus colegas en el 2009, lo más importante que debe quedar en el acuerdo de víctimas es que las Farc se comprometen a la no repetición. “Le apuesto al acuerdo para que otras personas no tengan que vivir lo que mi familia vivió con el secuestro y el asesinato de mi hermano”, dice.

Para ella, para que ese compromiso se concrete, las Farc tienen que dejar las armas definitivamente. Como contó La Silla, hasta ahora, las Farc han aceptado que la negociación debe conducir al fin del conflicto armado y a la dejación de las armas pero hay cierta ambigüedad de hasta cuándo las tendrán en su poder. Solo ayer sacaron sus Diez Propuestas Mínimas para el Fin del Conflicto, y dicen que la dejación de sus armas “se harán concordar con el proceso de dejación social de las armas y con la dejación de armas por parte del Estado” y previo un acuerdo político con todas las fuerzas del Establecimiento.

Lo que indica que vendrá una discusión fuerte sobre el momento y la manera de hacerlo. Aunque para el Gobierno, no hay firma del Acuerdo Final sin la dejación previa de las armas.

Barbosa es un campesino de 29 años de La Uribe (Meta), que en 2008 fue víctima de una mina antipersonal, probablemente sembrada por las Farc, después de salir corriendo de un río al oír una explosión. Como consecuencia del impacto, le tuvieron que amputar una pierna. Poco después salió desplazado hacia Bogotá, donde hoy estudia sistemas y se ha convertido en un líder de las víctimas de minas, liderando su propia organización a nivel bogotano (Adisman), creando la primera red nacional de asociaciones de víctimas de minas y además siendo su representante en la Mesa Nacional de Víctimas.

Barbosa también es la cara visible de otro grupo de víctimas que tradicionalmente no ha sido muy visible: el de las personas que se encuentran en situación de discapacidad física debido al conflicto. Y que en total son 145.437 personas, o el dos por ciento de todas las víctimas en el país. “Queremos que no haya más víctimas de minas. Que no se siembren más minas y que saquen las que están. Que nos den mapas de su ubicación. Pero aunque entreguen todo eso, habrá muchas que se quedarán porque nadie sabe dónde están y va a haber más accidentes”, dice.

Por eso, para él, la reparación a las víctimas, sobre todo a las que perdieron parte de sus capacidades por la explosión de las minas deben incluir mucho más de lo que se ha considerado hasta ahora: se debe garantizar que las personas que perdieron más del 30 por ciento de su cuerpo tengan derecho a una pensión vitalicia de no más de un salario mínimo mensual para tener derecho a una vida digna. Y dice que sabe que se puede lograr porque ya hay ejemplos como en El Salvador donde ya se entrega este mínimo vital a las víctimas de las minas que han perdido el 15 por ciento de su capacidad laboral.

A pesar de que él mismo les hizo esta propuesta a los negociadores de La Habana porque fue una de las 60 víctimas que viajó a la isla el año pasado, aún no sabe si este punto quedará o no en el acuerdo.

Aunque su mamá está en La Habana hoy recibiendo de primera mano el acuerdo sobre el punto de víctimas, Andrea, su hija y la abogada de la Fundación Nydia Erika Bautista que se ha dedicado a avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas, espera desde aquí que las recomendaciones que les alegró mucho ver en el comunicado de prensa sobre el acuerdo de desaparición forzada que se reveló en octubre, queden desarrolladas en el acuerdo final.

Aunque es optimista, sabe que mucho de lo que se mencionó en ese comunicado, todavía “está en el limbo, en una nube negra” que espera que el acuerdo sí formalice.

Para ella es clave por ejemplo, que la Unidad Especial de Búsqueda de personas desaparecidas que creó este punto tenga efectivamente dientes para buscar y encontrar a los desaparecidos. Eso quiere decir que tenga fuerza política, logística y humana.

Además, espera que en el acuerdo quede establecida una conexión obligatoria entre la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas para no repetir el ejemplo de la ley de justicia y paz, donde les entregaban sus restos pero sin ninguna responsabilidad ni reconocimiento de quiénes ni por qué habían desaparecido a sus familiares.

El acuerdo debe definir también cómo será la participación de los familiares de las víctimas de personas desaparecidas, las ONGs y las organizaciones de derechos humanos en el funcionamiento de la Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas y en el proceso de recolección de pruebas e información. Y cómo esa información que se recoja será enviada al Tribunal de Paz y a la Comisión de la Verdad para reconstruir los hechos y lograr una conexión entre la búsqueda de las personas desaparecidas y la justicia.

Pastora Mira nació en el municipio de San Carlos, Antioquia, y desde pequeña ha sido víctima de la violencia. Primero fue su papá, al que mataron por ser liberal a principios de los sesenta. Luego, en la década del 2000, los paramilitares secuestraron, asesinaron y desaparecieron a dos de sus hijos. Sin embargo, ella no se fue como sí lo hizo la mayoría del pueblo que salió desplazado de San Carlos. Se quedó y se convirtió en una de las líderes del exitoso retorno a San Carlos, en el Oriente antioqueño, de cientos de personas que habían llegado a Medellín desplazados por los paras, las Farc y el ELN.

Por eso, dice, el acuerdo de víctimas que se presentará mañana tiene que tener un componente primordial que es la recuperación de la memoria colectiva de las personas que como ella han convivido con la guerra durante toda su vida. “Eso le ayuda a la gente a entender los mecanismos que causaron la guerra, a no repetirlos. A aprender a respetar los derechos de los demás y a construir”, dice.

Espera que la construcción de la memoria quede institucionalizada en el acuerdo, dentro del marco normativo que regirá su implementación. Y que estos informes que den cuenta de lo que pasó y que construyan las rutas del conflicto a nivel territorial, sean usados por al Comisión de la Verdad y para fortalecer la operación de la justicia.

Ángela Cerón ha acompañado por lo menos seis procesos de reparación colectiva y conoce muchos de los 306 casos que existen actualmente gracias a la Ley de Víctimas y que ocupan por lo menos la tercera parte del país. Sin embargo, reconoce que ninguno de esos procesos ha terminado con éxito porque la forma en la que están planteados no reconoce las necesidades particulares de las poblaciones sino que usan recetas. Dice, por ejemplo, que la Unidad de Víctimas llevó instrumentos musicales a San Onofre en Bolívar, a Riachuelo en Santander y a las veredas de El Tigre y el Placer en el Putumayo a pesar de que nunca preguntaron si a esas personas les interesaba la música, “si hay algún pájaro que canta” en esos territorios.

“El Estado debe reconocer que no ha estado y no puede llegar a imponerse. Tiene que construir con la comunidad, con sus propias propuestas. Si no se sienta a escuchar, las personas no se van a sentir identificadas”, agrega. Cuenta además que en los casos en las que las poblaciones se han dado autonomía para crear los procesos de reparación ésta sí ha tenido efectos, sobre todo para fortalecer el tejido social de las comunidades. Como por ejemplo en el corregimiento de Libertad en San Onofre, Sucre, o en Apartadó donde la gente tomó las riendas y se resistió a que hubiera una nueva entrada de los actores armados.

Por eso, cree que en el acuerdo de víctimas debe quedar definido explícitamente qué entienden las partes por reparación colectiva e individual y por reparación restaurativa donde espera que se reconozcan a las víctimas como sujetos que opinan, que tienen intereses y que pueden aportar al proceso.

Camilo Villa es el coordinador nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el hijo del ex senador liberal Ricardo Villa Salcedo, quien fue asesinado por los paramilitares el 23 de diciembre de 1992 en Barranquilla. El año pasado, además hizo parte de una de las delegaciones de víctimas que viajó a La Habana. Para él, aunque ha habido alguna discusión sobre con qué bienes las Farc van a reparar a las víctimas, todavía falta un compromiso del Estado sobre cómo va a financiar a las víctimas que debe ser explícito y tangible.

Además, cree que es fundamental que se diferencie entre las víctimas con ocasión del conflicto y aquellas en las que se usó el conflicto para exterminar a grupos políticos como defensores de derechos humanos, líderes de la oposición y sindicalistas. En estos casos de los que él es víctima, el papel de la Comisión de la verdad debe ser fundamental para esclarecer cómo fue la participación del Estado y qué información tiene el Estado sobre cómo sucedieron los hechos. Además, para él, el Estado debe reconocer su responsabilidad en esa violencia sociopolítica que hoy no existe y comprometerse a contar lo que sabe.

El periodista Herbin Hoyos, que fue secuestrado por las Farc en 1994 y que se ganó el Premio Nacional de Paz por su programa radial “Las voces del secuestro” es uno de los mayores críticos del acuerdo de paz con las Farc. Lo es porque cree que desde el principio se tomaron decisiones incorrectas como no haber obligado a la guerrilla a liberar a todos sus secuestrados antes de arrancar los diálogos, a pesar de que en teoría, esta fue una de las condiciones de Santos para empezar a negociar. Ahora, aunque exige que se liberen los que todavía siguen secuestrados, teme que pueda ser demasiado tarde porque como ocurrió con los paramilitares, la mayoría ya pueden estar muertos.

Pide que hasta que todos los secuestrados no regresen no se otorguen los beneficios a los guerrilleros. Dice que las familias que aún están buscando a sus secuestrados están en un limbo jurídico porque ahora es muy difícil que los victimarios reconozcan que todavía pueden tener secuestrados. “El Gobierno dejó pasar el tiempo más importante y más valioso para que regresaran”, asegura.