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Mientras en algunos casos en los que la corrupta multinacional entregó billete en el país ya hay sentencias que establecieron qué pasó, en otros la justicia no ha esclarecido y lo sucedido y las audiencias se aplazan una y otra vez.
Este año, a fines de julio, el primer alto funcionario de Colombia capturado por el escándalo de corrupción de Odebrecht recibió el beneficio de casa por cárcel luego de haber cumplido las tres quintas partes de su condena.
El exviceministro del Gobierno Uribe, Gabriel García Morales, fue condenado a cinco años y dos meses por haber recibido 6,5 millones de dólares de coima de la corrupta multinacional brasileña, a cambio de la adjudicación del tramo II de la concesión Ruta del Sol.
Mientras el camino de la justicia se cuenta en su caso, y en los de los otros 12 condenados que van hasta ahora, aún hay varios personajes cuyo papel en el entramado criminal que movió miles de millones de pesos a cambio de negocios del Estado sigue sin estar claro.
Dos de esos personajes son un empresario y un político poco conocidos, llamados Javier Torres y Esteban Moreno respectivamente, quienes hace más de un año fueron llamados a imputación de cargos por supuestamente haber recibido billete de Odebrecht por obras que nunca se ejecutaron, a través de contratos chimbos, sin que hoy se hayan podido realizar esas audiencias porque se han aplazado una y otra vez.
Si sus procesos se aclararan, sea que los condenen o que los absuelvan, el país podría tener más información certera sobre el camino de los tentáculos de la transnacional y sus cabezas.
Los casos de Torres y Moreno son importantes porque ambos tienen cercanía a alfiles clave de la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014: Álex Char (exalcalde de Barranquilla) y Simón Gaviria (expresidente del Partido Liberal), respectivamente; y a ese proyecto electoral supuestamente entró plata de la empresa extranjera.
Esto último se lo aseguró a la justicia otro alfil reeleccionista: el exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, condenado por haberle recibido una coima a Odebrecht que, según él, invirtió en las campañas presidencial y de Congreso de 2014 y regional de 2015.
En la sentencia contra el Ñoño la Corte Suprema dejó claro uno de los modus operandi a través de los cuales la multinacional brasileña entregó su billete untado en el país: con contratos chimbos a empresas por obras que no se hacían, pero sí se pagaban con plata que esos subcontratistas terminaban entregando a unos beneficiarios.
Además, en La Silla Vacía hicimos una investigación que mostró que en esa jornada se movió plata en efectivo que entre otros aportaron contratistas, gobernaciones y alcaldías y que maniobraron los políticos regionales, dueños de las maquinarias, sin ningún control o registro.
En esta historia revisamos y comparamos cómo ha sido el camino de los casos de Torres, Moreno y el del Ñoño. Encontramos que, aún cuando tienen casi el mismo punto de partida en términos de tiempo, las velocidades de la justicia para esclarecer los hechos han sido distintas.
Camino 1: el Ñoño Camino 2: el empresario barranquillero Camino 3: el exgerente de la campaña liberal al Congreso
Prendió el ventilador en declaraciones a la Fiscalía luego de que los empresarios brasileños de Odebrecht lo mencionaran y fuera capturado. Contó que Federico Gaviria, lobbista de Odebrecht, coordinó la firma de contratos simulados para pagar los sobornos a congresistas y funcionarios, Gabriel Dumar, contratista cercano al Ñoño, puso las empresas para hacer los contratos chimbos y Bernardo Ñoño Elías, excongresista La U, recibió parte de la coima.
Fue capturado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Es citado a imputación, le libran orden de captura por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y se entrega en la Fiscalía. En su testimonio confirma la coima de 9.600 millones de pesos que recibió Ñoño Elías.
Es capturado por orden de la Corte -por su fuero- por lavado de activos, concierto para delinquir agravado, cohecho propio, tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos.
Aunque para primera vuelta lo tuvo de tinieblo, el en ese momento súper votado Senador de la coalición de Gobierno fue una de las fichas determinantes para la reelección santista. Como lo detallamos en varias historias, movió su poderosa maquinaria por todo Córdoba y Sucre y estuvo coordinado con otros congresistas bajo el liderazgo de la entonces fórmula vicepresidencial de Santos, Germán Vargas Lleras, y del presidente del Partido de La U Sergio Díaz-Granados.
Aceptó dos de los cargos que le imputaron: cohecho y tráfico de influencias.
Es condenado a seis años y ocho meses de cárcel, por cohecho y tráfico de influencias, los delitos que aceptó. Sigue investigado por los demás.
Es condenado a 25 meses de prisión por cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.
Se volvió testigo del caso y fue condenado a 54 meses de prisión por enriquecimiento ilícito.
Prendió el ventilador en declaraciones a la Fiscalía, luego de que los empresarios brasileños de Odebrecht lo mencionaran y fuera capturado.
Hizo un allanamiento de la oficina de la Concesionaria Ruta del Sol II en La Lizama, Barrancabermeja, por las declaraciones de Otto Bula. Levantó información de contratos presuntamente chimbos entre la Concesionaria y diferentes empresas, entre esas el Consorcio Torrosa.
Publicaron y enviaron una carta a la Fiscalía nombrando empresas que presuntamente se prestaron para hacer contratos ficticios con Consol, entre esas Consorcio Torrosa. Pidieron establecer si, a través de Javier Torres, ese consorcio recibió 9.178 millones de pesos por “un supuesto acuerdo de mercado para participar en proyectos de la Costa”.
Dio una entrevista que, ante su fallecimiento, ese día fue revelada por el noticiero. En ella cuenta que a mediados de 2015 denunció al interior de Corficolombiana -del Grupo Aval, socia de Odebrecht- que existían varias contrataciones presuntamente falsas firmadas por la Concesionaria y el consorcio constructor, Consol. También demostró con audios que le había contado de esa denuncia a Néstor Humberto Martínez, quien para 2015 era abogado del Grupo Aval y, cuando estalló el escándalo, Fiscal General de la Nación.
En su descubrimiento, Pizano se hizo preguntas como:
“¿Por qué si se contrató a Torrosa para hacer la construcción del hito 52, dicha obra la está efectuando Consol y no Torrosa?, ¿por qué se adjuntaron actas y documentos que no corresponden con la realidad?, ¿quién elaboró estos documentos que soportaban los pagos?”
Dijo en La W que Pizano lo había buscado a través de un miembro de su unidad de trabajo legislativo desde 2016, y le dijo a su asesor que creía que la plata del contrato entre el Consorcio Torrosa y Consol se había usado para las campañas políticas del clan Char en 2014 y 2015.
Luego de la mención de Petro, La Silla Vacía averiguó y encontró que existe una estrecha relación entre el dueño de dos de las empresas del Consorcio Torrosa (Javier Torres, hoy llamado a imputación) y Álex Char, como lo detallamos en esta investigación. Como también lo destacamos en su momento, el Atlántico, donde manda el clan Char, fue determinante para la reelección de Juan Manuel Santos. Aunque ahí contaba con otros congresistas con maquinarias poderosas, los Char capitanearon la campaña porque además tenían de candidato vicepresidencial a su aliado Germán Vargas.
Intentamos contactar al exalcalde Char para conocer su versión sobre su cercanía con Torres y no fue posible.
Sacó un comunicado diciendo que en su investigación tiene información de más contratos presuntamente falsos adicionales a los de Pizano (que sumaban 22 mil millones), por hasta 65 mil millones.Y que entre lo que hasta la fecha había investigado estaban, entre otros más, los contratos de Torrosa.
El contratista barranquillero Torres fue llamado a interrogatorio.
Se fijó por primera vez la audiencia para abrirle formalmente la investigación por enriquecimiento ilícito. La imputación fue aplazada por petición de la defensa de Torres, a cargo del abogado Iván Cancino y reprogramada para el 1 de agosto. La Fiscalía tiene la hipótesis de que esa plata, al igual que en el caso de Dumar, fue usada para financiar política, aunque no se conoce prueba o testimonio directo que dé fe de eso. A diferencia de él, a Dumar -el empresario con relaciones probadas con el Ñoño Elías- lo investigan por otros tres delitos, incluyendo lavado de activos.
Se aplazó nuevamente porque Iván Cancino estaba de viaje y no lo habían notificado de la audiencia.
Se volvió a reprogramar para finales de septiembre, según la defensa de Torres, por petición de la Fiscalía que tenía otras audiencias.
Tampoco se hizo, porque la Fiscalía solicitó retirar la audiencia. Desde entonces no se ha reprogramado. La Silla conoció un documento del Centro de Servicios Judiciales en el que consta que el fiscal que tenía el caso, Daniel Hernández, solicitó retirar la audiencia. No dice las razones pero lo llamativo es que ni Torres ni su abogado asistieron.
Prendió el ventilador en declaraciones a la Fiscalía, luego de que los empresarios brasileños de Odebrecht lo mencionaran y fuera capturado.
Hizo un allanamiento de la oficina de la Concesionaria Ruta del Sol II en La Lizama, Barrancabermeja, por las declaraciones de Otto Bula. Levantó información de contratos presuntamente chimbos entre la Concesionaria y diferentes empresas, entre esas Gistic Soluciones y RGQ Logistics.
Publicaron y enviaron una carta a la Fiscalía nombrando empresas que presuntamente se prestaron para hacer contratos ficticios, entre esas Logistic Soluciones Integrales y RGQ Logistics.
Pidieron a la Fiscalía establecer si el 9 de junio de 2014 “le entregaron a Esteban Moreno (Logistic Soluciones Integrales SAS) 3.894 millones de pesos” y si “Para saldar cuentas pendientes” a Esteban Moreno, a través de RGQ Logistics le hicieron ocho pagos de 490 millones (total 3920 millones) entre marzo y noviembre de 2015.
Esa fue la primera vez en que apareció su nombre en el radar del escándalo de Odebrecht.
Declaró libremente y por voluntad propia en la Fiscalía. En su testimonio, que fue revelado por Vicky Dávila en 9 de julio de 2019, no sólo menciona más personajes, sino que involucra con nombre propio al Partido Liberal, como supuesto destinatario de la plata de Odebrecht para ser usada en campaña.
Dijo que su exjefe y exsocio David Portilla le habló de un posible negocio, que él asistió a una reunión con los supuestos contratantes, pero que nunca participó en la firma de ningún contrato. También que después Portilla lo llamó y le dijo que le iban a consignar mucha plata a la cuenta de su empresa y que tenía que retirarla rápido. Que él la retiró y se la entregó personalmente a Esteban Moreno, quien, según él, fue a recogerla con camionetas blindadas y muchos escoltas, y además le dijo que el billete era “para campaña presidencial” y que los que venían a recogerla eran del Partido Liberal.
Dio una entrevista que, ante su fallecimiento, ese día fue revelada por el noticiero. En ella cuenta que a mediados de 2015 denunció al interior de Corficolombiana -del Grupo Aval, socia de Odebrecht- que existían varias contrataciones presuntamente falsas firmadas por la Concesionaria y el consorcio constructor, Consol. También demostró con audios que le había contado de esa denuncia a Néstor Humberto Martínez, quien para 2015 era abogado del Grupo Aval y, cuando estalló el escándalo, Fiscal General de la Nación.
Sacó un comunicado diciendo que en su investigación tiene información de más contratos presuntamente falsos adicionales a los de Pizano (que sumaban 22 mil millones), por hasta 65 mil millones.Y que entre lo que hasta la fecha había investigado estaban, entre otros más, los contratos con RGQ Logictics y Gistic Soluciones Integrales SAS.
“Respecto de todas las empresas se han realizado todos los actos investigativos pertinentes, tales como entrevistas, informes contables, declaraciones e inspecciones judiciales”, dice el comunicado.
Compulsó copias de la declaración de Sanmiguel al Consejo Nacional Electoral, encargado de investigar la presunta entrada irregular de plata no reportada a campañas.
Reveló los chats del computador de Andrés Quimbaya en los que hablan de un giro que haría Odebrecht y mencionan al Partido Liberal. La conversación aparece así textualmente:
Aparece el radicado del caso de Andrés Sanmiguel, David Portilla y Esteban Moreno en Rama Judicial. Es decir, la Fiscalía oficialmente se dispone a imputarles el delito de enriquecimiento ilícito, contrario a Dumar -el empresario con relaciones probadas con el Ñoño Elías- a quien investigan por otros tres delitos, incluyendo lavado de activos.
Se aplazó la audiencia para imputarlos porque el abogado de David Portilla no pudo asistir.
Reabre la indagación preliminar para averiguar si la reelección de Santos se pasó topes de campaña y llama a rendir declaraciones, entre otros, a:
Pero no cita a:
Que ya había sido citado a imputación y es mencionado por Sanmiguel como destinatario de la plata.
Se aplazó por segunda vez la audiencia para imputarlos. Esta vez, por petición del abogado de Esteban Moreno, quien sufrió una calamidad doméstica.
Publicó la transcripción de una conversación de audio de la que no se conoce fecha (por el contenido, podría ser antes de las elecciones de 2018 porque dicen que “se caería la candidatura de Vargas”) en la que Moreno le dice a Sanmiguel que si la investigación avanza, comprometería al Presidente (en ese entonces Juan Manuel Santos) al punto de tumbarlo a él y a “el establecimiento de este país”. Y también, textualmente:
Publicó que David Portilla, exjefe y socio de Andres Sanmiguel, rindió interrogatorio en la Fiscalía. Una fuente de la Fiscalía que conoce el caso nos contó que no fue por petición del ente investigador sino por petición del mismo Portilla.
Se aplazó por tercera vez la audiencia para imputar a Esteban Moreno, Andrés Sanmiguel y David Portilla. Esta vez, porque el abogado de David Portilla no pudo ir porque ese mismo día tenía una audiencia en Cali. Desde entonces no ha sido reprogramada.
Publicó en Semana el audio completo de la conversación entre Esteban Moreno y Andrés Sanmiguel. En el audio Moreno dice que le mandó razón a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe:
Tras el llamado a interrogatorio, fue a declarar al CNE, pero guardó silencio.
Reveló un documento constancia que radicó Amparo Cerón, exfiscal coordinadora de investigación Odebrecht, tras ser apartada del caso en marzo de este año y finalmente renunciar a la Fiscalía. Un apartado dice:
“En el mes de enero del presente año en diligencias adelantadas con empresarios de la firma Odebrecht que prestaron sus servicios en este país (declaraciones juradas) hicieron referencias a aportes a campañas políticas en donde señalaron entre otras personas a Andrés Quimbaya, Esteban Moreno, Andrés Garaberian [Garabedian] Gallego y Simón Gaviria”.
Para el momento en el que supuestamente ocurrieron estos hechos, Simón Gaviria era el jefe del Partido Liberal. Como miembro del comité político de la campaña santista, organizó la maquinaria del trapo rojo. Además, su papá, el expresidente César Gaviria, tras la derrota de Santos en primera vuelta se convirtió en el jefe de la reelección
Intentamos hablar con Simón Gaviria para conocer su versión sobre sus menciones en estos chats y en la constancia de la exfiscal Cerón y no obtuvimos respuesta.
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