Los compromisos de Duque y Petro con sus apoyos

En una reunión que tuvo lugar a mediados de mayo a la que asistieron organizaciones afrodescendientes como el Proceso de Comunidades Negras, PCN, la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados, Afrodes, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, Cnoa y líderes sociales afro, Petro se comprometió a enarbolar sus causas y presentó sus propuestas para estas comunidades étnicas. En su programa se incluyen buena parte de las necesidades e intereses de las comunidades afrodescendientes en temas como el reconocimiento de la autonomía de las autoridades étnicas (incluido el fortalecimiento y reconocimiento de las guardias cimarronas) y de la soberanía sobre los territorios colectivos, el respeto y garantía de la consulta previa, la protección al medioambiente y la reglamentación de la ley 70 que es una deuda pendiente del Estado para el ejercicio de sus derechos (solo se han reglamentado algunos capítulos). Además de llevar estas banderas, un miembro del PCN y otro de Afrodes le contaron a La Silla que en la reunión que tuvieron en la capital el candidato de la Colombia Humana se comprometió a incluir a personas afrodescendientes en su equipo de trabajo para que fueran el puente con las necesidades de las comunidades y a trabajar de la mano de sus organizaciones para profundizar en el reconocimiento de las reivindicaciones y luchas de la población afrodescendiente en el plan de desarrollo de un eventual gobierno suyo.

Petro recibe el apoyo de organizaciones indígenas como la Onic, la Cric, la Opiac y la Aico. Sus compromisos con los pueblos indígenas se encuentran en un decálogo que La Silla conoció por la oficina de prensa de la Onic y que fue incluido en el programa de gobierno de la Colombia Humana. Los puntos del decálogo son: el reconocimiento, fortalecimiento y ampliación de los territorios ancestrales; la protección de los resguardos; la garantía de sus derechos como sujetos colectivos; el respeto y garantía del derecho fundamental al consentimiento y a la consulta previa, el respeto al gobierno propio y a las autoridades tradicionales (entre ellas la guardia indígena), el apoyo a la implementación como políticas públicas de sus planes de vida (que son como planes de desarrollo u hojas de ruta de las comunidades); el apoyo al desarrollo de sus propios sistemas de educación y salud, el fortalecimiento de las instituciones del Estado para proteger y defender sus derechos y el reconocimiento de que debe existir una armonía y equilibrio con la naturaleza (o la Madre Tierra) en el modelo económico y de desarrollo. Los indígenas están de lleno con Petro desde la creación de la Lista de la Decencia y han hecho parte del equipo de la Colombia Humana. La guardia indígena, por ejemplo, lo ha acompañado y custodiado en varios de sus eventos.

Con excepción de parte de las directivas de Sintrainagro, que están con Duque, buena parte de los sindicatos como la CUT, Fecode y la USO respaldan a Petro . Lo hacen porque en su programa y en los pronunciamientos públicos que ha hecho se ha comprometido con las principales luchas del movimiento sindical: mejorar las condiciones laborales y defender los derechos de los trabajadores. En plaza pública en el día del trabajador el candidato de la Colombia Humana se comprometió a tumbar la reforma laboral promovida y aprobada por Álvaro Uribe Vélez y a revivir la jornada laboral hasta las 6 de la tarde, el pago de horas extras, los recargos nocturnos y festivos y los contratos a término indefinido. Además de estas medidas para mejorar las condiciones laborales su programa se centra en el trabajo: “La única riqueza válida es aquella que nace del trabajo.” También protege la protesta como acto democrático y como mecanismo válido para el control del ejercicio gubernamental y la creación de espacios de diálogo con las instituciones. A pesar de que no hay una acuerdo explícito con los sindicatos, varios líderes sindicales lo apoyan y están haciéndole campaña porque representa sus luchas y protege los mecanismos de protesta. Como le dijo a La Silla Carlos Loza, presidente de la USO, “Es la primera vez que un candidato que representa todo lo que defendemos laboralmente, que representa a la izquierda, tiene tantas oportunidades de llegar a la Presidencia.”

Antes de la primera vuelta 11 ejecutivos de Fecode que apoyaban a Petro se reunieron con él y llegaron a algunos compromisos. Nelson Alarcón de Fecode le contó a La Silla que en esa reunión el candidato se comprometió concretamente con la reforma al Sistema General de Participaciones para garantizar de manera progresiva los recursos necesarios para el acceso universal al sistema educativo, la implementación de la jornada única y la renovación de la infraestructura educativa. También acordó fortalecer el servicio de salud para los educadores, consolidar el estatuto único para la profesión docente e invertir en la alimentación de los estudiantes, el acceso al material didáctico y la vinculación de más docentes. Buena parte del programa de la Colombia Humana y de los compromisos que adquirió el candidato en el tema educativo están contenidos en los acuerdos a los que llegaron Fecode y el Gobierno luego del paro de maestros del año pasado.

El programa de Petro recoge varios de los puntos del pliego de exigencias de la Cumbre Agraria Étnica y Popular (convergencia de 14 organizaciones sociales como Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, Onic, Fensuagro). Jimmy Alexander Moreno, uno de los voceros de esta colectividad le contó a La Silla que aunque no se han reunido con él para suscribir formalmente el pliego, sí han trabajado con el equipo programático de la Colombia Humana en temas agrarios, de transición minero energética, respeto de la naturaleza, autonomía de las comunidades étnicas, paz territorial y garantías a los movimientos sociales. En su programa Petro enarbola causas históricas del movimiento agrario como el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y las garantías para la producción y comercialización de los productos. Tiene propuestas como impulsar la economía campesina 'democratizando' la propiedad, renogaciar algunas cláusulas de protección de los Tratados de Libre Comercio, proteger las semillas como patrimonio cultural y base de la soberanía alimentaria, implementar las zonas de reserva campesina, garantizar el acceso al crédito y construir o mejorar vías para que se reduzcan los costos de intermediación de los productos y se facilite su comercialización. Sus propuestas también responden a los puntos mínimos de la asociación de Dignidad Agropecuaria Colombiana

Las propuestas de Petro en educación reflejan las reivindicaciones del movimiento estudiantil en la defensa de la educación como un derecho fundamental y un bien común. Las organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, el espacio de articulación Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, Enees, y en su tiempo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, han buscado que el Estado aumente la inversión en educación, investigación, ciencia y tecnología, garantice el acceso y fortalezca la educación pública mejorando su calidad e infraestructura. Aunque no hay un compromiso puntual entre el candidato y el movimiento o alguna de las organizaciones estudiantiles su propuesta en educación responde a buena parte de sus causas. Petro propone crear el Sistema de Educación Superior Pública para garantizar una educación de calidad, universal y gratuita, plantea la eliminación de ser 'Pilo Paga' para fortalecer la universidad pública y aumentar su cobertura y se compromete a priorizar la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el gasto público. "El presupuesto de educación, ciencia, cultura, deporte y protección de la primera infancia se incrementará progresivamente a un 7 por ciento del PIB al final del gobierno," dice su programa. Otra de las propuestas de Petro que demuestra que representa las reivindicaciones del movimiento es su postura frente al Icetex. En algunas de sus declaraciones dice que lo eliminará y condonará sus deudas. En mayo en el día del maestro la fórmula de Petro, Ángela María Robledo, se reunió con estudiantes de la Universidad Nacional y les presentó estas propuestas. Aunque las organizaciones no tienen una relación directa con el candidato y algunas como la Organización Colombiana de Estudiantes, Oce, votarán en blanco porque consideran que Petro fue en contra de los intereses del movimiento estudiantil cuando fue alcalde, La Silla supo por dos fuentes de organizaciones estudiantiles que se lo contaron por a parte que algunos líderes del movimiento se reunieron con el equipo programático de la Colombia Humana para ayudar a aterrizar y tecnificar las propuestas en educación.

"Las 70 mil familias cocaleras de todo el país, que representa la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana Coccam,se acogieron al programa de sustitución de cultivos suscrito por el Gobierno y las Farc en el Acuerdo de La Habana (que les da beneficios con alternatividad penal a los pequeños cultivadores), buscan que se defienda la sustitución de cultivos ilícitos con garantías de no persecución y subsistencia en los territorios donde habitan. También que se defiendan los acuerdos de paz con las Farc. Por iniciativa del senador petrista Iván Cepeda, Coccam se reunió en audiencia pública el 17 de mayo con el Gobierno Nacional, y los congresistas Alirio Uribe y Alberto Castilla (ambos de Petro) para hablar de la sustitución voluntaria y las necesidades de las comunidades cocaleras. El grueso de esa organización en todo el país está con Petro, según nos dijo Jhon Gil, representante de la Coccam de Valle. Como contamos, Petro plantea que este tema sea "conciliado y validado con la participación de las organizaciones de los pequeños cultivadores, particularmente en la definición de los tamaños prediales a ser cobijados en la alternatividad penal” (en los Acuerdos se estableció que los pequeños productores cultivaban un máximo de 3.8 hectáeas, y ahora está en discusión si ese mínimo se reduce a 1,78). Petro, en su programa de drogas, plantea profundizar la concertación de las comunidades y organizaciones de cultivadores de coca para que sean claves "en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y de restauración ambiental de las áreas afectadas por los cultivos de uso ilícito”, es decir, que sean los campesinos mismos los que planteen las reglas de juego para acabar con los cultivos.

En octubre del 2017, textileros y confeccionistas de todo el país protestaron por la pérdida de más de 130 mil empleos que les estaba generando el contrabando, y para pedirle al gobierno subir los aranceles para textiles, bajar los aranceles para hilos con producción nacional y emplear un solo impuesto para la formalización, para fortalecer la indiustria nacional sobre las importaciones. La Cámara Colombiana de la Confección llegaba que los decomisos por contrabando no pasan del 1 por ciento. Iván Duque se reunió con la Cámara Colombiana de Confección a mediados de abril y se ganó su respaldo porque se comprometió con ellos a "garantizar que el sector no se esté viendo afectado por el comercio de algunos países que tienen empleos esclavizantes, que tengamos mecanismos arancelarios a reacción a las llegadas de esos productos, que afrontemos el contrabando técnico que ha sido depredador del sector, que se pueda descontar el IVA en la maquinaria (...) que tengamos a Colombia convertida en un centro regional de confección que atraiga el turismo y las oportunidades de ventas hacia el exterior, diferenciar el IVA para no fortalecer más el contrabando y formalizar el sector".

Paula Cortés, presidente de la Anato, le dijo a El Tiempo en febrero que lo que el sector turismo esperaba del próximo presidente era "más infraestructura, más conectividad aérea, calidad en los servicios y formación de los prestadores", la apuesta por la tecnología, la formalización de prestadores de servicios y más recursos para el turismo. Aunque no hay un acuerdo público ni explícito entre Duque y la Anato, en el último congreso nacional de esa organización, el 29 de mayo, Duque se comprometió con el sector turismo a que lo convertiría en "el nuevo petróleo de Colombia", que iba a ser el 8 por ciento del PIB, y presentó una serie de siete "íes" que van desde estrechar lazos entre el Gobierno Nacional, reducir impuestos, trámites y costos para no asfixiar a las pequeñas y medianas empresas (como con todo el sector industrial) e invertir en infraestructura.

El Consejo Gremial Nacional (CGN), que reúne 21 gremios de todo el país de los sectores de comercio, servicios y del agro, presentó en noviembre de 2017 un documento con retos para mejorar la competitividad del 2018 al 2022, en el cual proponía bajar el impuesto a las empresas del 33 al 28 por ciento, aumentar el universo de personas obligadas a tributar, subiéndole el recaudo progresivamente a quienes ganaran más del 2.5 salarios mínimos mensuales, hacer exenciones tributarias solo a empresas con inversiones en investigación, desarrollo, medio ambiente y emprendimiento, la implementación de la factura electrónica, hacer que el IVA de bienes de capital sea descontable del impuesto a las ventas y no deducible del impuesto a las rentas, entre otras propuestas. Después de la primera vuelta, el Consejo Gremial Nacional decidió de forma unánime apoyar a Duque y le pidió una reunión que se llevó a cabo 1 de junio "porque Duque conocía bien las necesidades del gremio", le dijo a La Silla un alto dirigente del CGN que "no está autorizado para dar declaraciones". Antes de la primera vuelta, el 17 de mayo, Iván Duque se había reunido con el Consejo Gremial, pero en ese encuentro no hizo compromisos ni promesas, según le confirmó a La Silla ese dirigente. En esa reunión del 1 de junio resolvieron sacar, primero, el pronunciamiento de respaldo a Duque por parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, el 5 de junio; el de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi el 6 de junio; y el del Consejo Gremial Nacional en pleno, el 8 de junio. El CGN se adhirió a Iván Duque el 7 de junio porque "es una persona adecuada para desarrollar las reformas que el país requiere, recuperar el crecimiento económico, fortalecer el empleo y luchar contra la corrupción", dijeron en el comunicado oficial. Duque les promete a esos gremios bajarle los impuestos a las empresas al 28 o 27 por ciento, establecer seis días al año sin IVA con el fin de reactivar el comercio formal, reducir la informalidad en un 50 por ciento en cuatro años a través de la factura electrónica o la ventanilla única de comercio, cobrar impuestos a más personas y menos a las empresas, establecer excenciones tributarias a las empresas B (que solucionan problemas sociales y de medio ambiente) y a los negocios que inviertan en 'economía naranja'.

Como lo contamos con la adhesión de Viviane Morales, del movimiento político cristiano Colombia Justa Libres y del Partido Mira, Duque se convirtió en el elegido de los grupos evangélicos que participan en política y de buena parte de las iglesias cristianas que los apoyan. Además de la defensa de la libertad religiosa y de culto con cada uno de ellos suscribió acuerdos específicos en otros temas. Con el Partido Mira, Duque se comprometió, entre otros cosas, a promover la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia, y con Morales acordó garantizar el derecho a la vida desde la concepción (negando la despenalización del aborto más allá de las tres causales que la Corte Constitucional ha establecido) y la libertad de conciencia y de enseñanza de los padres para que puedan escoger la educación de sus hijos sin intervención del Estado. Con Colombia Justa Libres, su compromiso fue la defensa del concepto de familia tradicional tal cual está en la Constitución (es decir, la familia que se compone por un hombre y una mujer) y el desarrollo de "una reforma educativa concentrada en la cobertura y en la calidad, reforma a la salud" .

Los taxistas hicieron paro en octubre de 2017 por la competencia que les armó Uber, que ha sido uno de los principales problemas económicos para ese gremio. Iván Duque se reunió el 1 de mayo con la Unión Nacional de Taxistas y les presentó sus propuestas, entre las cuales está no legalizar Uber porque es competencia desleal. Propuso también crear el "banderazo solidario" en que por unos años el Estado, la empresa a la que está afiliado el taxi y el conductor (la mínima parte) pongan plata para que el taxista tenga seguridad social, para que 800 mil taxistas tengan cobertura.

La Federación Colombiana de Víctimas de Las Farc (Fevcol) es un grupo con más de 40 mil víctimas de la Farc regado por todo el país, que lidera el periodista Herbin Hoyos, quien estuvo secuestrado, y del cual es presidenta honoraria la senadora Sofía Gaviria, cuyo hermano Guillermo fue asesinado. Fevcol fue la federación de víctimas más grande que dijo No a los acuerdos con la exguerrilla porque consideran que no son el centro de ellos. También han protestado contra la participación política de sus victimarios (Gaviria ha dicho que "la curul de Santrich en el Senado debería ser para una víctima de las Farc") y esperan que, por el contrario, estos paguen condena, un discurso parecido al que ha tenido Duque desde el Senado, en que decía que la JEP era un premio para el delincuente y una humillación para las víctimas. La alianza de Fevcol con el candidato uribista se oficializó el 2 de mayo en un acto público en el cual Duque se comprometió a “buscar todos los mecanismos para reparar el 100% de las víctimas de las Farc. Ha llegado el momento de asegurar que los 522 procesos de reparación colectiva en curso tengan un final feliz”. Si bien él ha dicho que no va a resetear los acuerdos, sino que va a hacer modificaciones, dice que lo va a hacer no solo para que los culpables de delitos paguen, sino por el beneficio de las víctimas. “No podemos permitir que los victimarios lleguen al Congreso en tapete rojo sin haber reparado realmente a las víctimas. (...) No pienso claudicar en el anhelo de buscar todos los mecanismos para reparar el 100% de las víctimas de las Farc. Ha llegado el momento de asegurar que los 522 procesos de reparación colectiva en curso tengan un final feliz”, dijo cuando se le adhirieron formalmente.

La Asociación colombiana de Militares en Retiro, que es algo así como la voz política de las Fuerzas Militares, viene pidiéndole al Gobierno Nacional que no meta en el mismo costal a militares y guerrilleros con la JEP, se quejó en 2016 cuando las Farc estuvieron haciendo proselitismo político en Conejo, Guajira, y luego en enero de este año, a través de un comunicado público de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, protestó por la selección de magistrados de la JEP y de integrantes de la Comisión de la Verdad porque "en su mayoría son activistas de la extrema izquierda radical". Incluso, su presidente ha dicho que a las fuerzas armadas "las engañaron" con ese mecanismo de justicia transicional, aunque antes de que se firmaran los acuerdos veía a la JEP con buenos ojos. Iván Duque se reunió con Acore el 9 de abril en la sede de esa Asociación, y según le confirmó a La Silla el coronel (r) Jaime Ruiz, se comprometió con 18 puntos, entre los cuales está poner en marcha una Ley del Veterano (que radicó el Ministerio de Defensa y que está en el Senado) en la cual se les otorga a los uniformados en retiro beneficios económicos en pensiones, educación, vivienda y salud y reconocimientos especiales por gratitud con su labor; independizar la Justicia Penal Militar, declarar que la JEP y los integrantes de la Comisión de la Verdad no constituyen una garantía para la Fuerza Pública, no dejar entrar a la fuerza pública ni a empresas de seguridad privada a exmiembros de grupos armados ilegales, buscar el cese al fuego unilateral con el ELN.

La Federación Nacional de Cafeteros, la asociación agrícola más grande y con más poder histórico y que agremia a los productores de café del país, viene pidiéndole al Gobierno desde hace años un fondo de estabilización de precios para que en épocas de escasez o de revaluación del dólar los cultivadores no pierdan ingresos. Incluso, ese fue uno de los reclamos que llevó a las dignidades cafeteras a protestar frente al Ministerio de Agricultura en abril. Aunque no ha habido un acuerdo explícito entre el gremio e Iván Duque, en la campaña se ha presentado como el candidato que les va a dar el fondo de estabilización que necesitan los cafeteros, y por eso en las regiones buena parte del gremio caficultor está con él, como contamos . Incluso, productores y dirigentes se han reunido con el nuevo senador del Centro Democrático y dirigente de ese gremio, Antonio Corrales y con el senador Carlos Felipe Mejía, para plantearle sus necesidades y escuchar sus propuestas, según nos confirmó Eugenio Vélez, delegado por Caldas al Comité Nacional de Cafeteros. Duque se comprometió también a "apoyar proyecto de ley de piso mínimo de protección social , revisar costos de de insumos, garantizar recursos para incentivo renovaciones y a revisar las pensiones de la Flota Mercante a ver si el Estado asume esa carga", nos dijo Vélez. Uno de sus principales compromisos con el sector es mantener la relación estrecha del Gobierno Nacional en la Federación, que es el único gremio que tiene tres asientos de este en su junta directiva (el de Agricultura, el de Hacienda y el director de Planeación Nacional), con diálogo directo con el Ejecutivo. "Mis ministros en el comité promoverán la creación urgente de un fondo de estabilización de precios, para establecer un mecanismo de precio mínimo, obviamente no un cheque en blanco, sino que esté soportado sobre una serie de indicadores y que, al mismo tiempo, se vaya incentivando la mejoría de la productividad", le dijo Duque a Yamid Amat en entrevista el fin de semana pasado.