Los seis nombramientos que podrían enredar a Ordóñez
Ayer Jorge Eliécer Riaño, cabeza de uno de los sindicatos de la Procuraduría, le pidió a la Corte Suprema que se apurara a designar conjueces para tramitar una queja que puso el 13 de septiembre contra el Procurador Alejandro Ordoñez por haber nombrado familiares de magistrados que podían intervenir en su inclusión en la terna para la reelección. La queja de Riaño, aunque difícilmente atajará la reelección de Ordóñez, sí podría crearle líos más adelante.
Los argumentos de Riaño están alineados con lo que han escrito varios especialistas como Rodrigo Uprimny. Para evitar el nepotismo y los carruseles de favores, la Constitución prohíbe que un funcionario nombre a familiares muy cercanos, como esposas, hermanos o hasta primos, de los “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”.
El argumento es que por “designación” se debe entender no solo el último acto de escoger al candidato dentro de una terna sino el primer acto de postularlo para que integre la terna. Y no es necesario para cometer la falla que el pariente de su subalterno efectivamente lo designe, basta con que sea competente para hacerlo.
Como Ordóñez nombró a familiares de los magistrados que eventualmente lo podían ternar entonces habría cometido una falta disciplinaria gravísima que daría para su destitución.
Los nombramientos de Ordóñez
Como mostró La Silla Vacía en la historia “Las fichas para la reelección del Procurador”, entre los más de quinientos nombramientos que ha hecho Ordoñez en los últimos cuatro años, estos seis sustentarían la queja de Riaño (haga clic en cada foto):
La sobrina del magistrado Javier Zapata
El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia está en esa corte desde el 2005. En septiembre de 2011, Ordóñez nombró a la sobrina de Zapata, Olga Lucía Cadavid. Por ese motivo, Zapata se ha declarado impedido en varias ocasiones en asuntos vinculados con Ordóñez, pero para la postulación del Procurador a un nuevo período sus compañeros no aceptaron el impedimento y Zapata votó. Eso quiere decir que Ordóñez nombró a un familiar de un servidor público competente para intervenir en su designación, y que ese funcionario público, Zapata, efectivamente intervino en la postulación de Ordóñez.
La hermana de la magistrada María Elizabeth García
La magistrada del Consejo de Estado está en esa alta corte desde julio de 2010. Aunque a Ordóñez lo ternó la Corte Suprema, el Consejo de Estado podría haber ternado a Ordóñez y. por lo tanto, García estaba en la posición de intervenir en su designación. Pese a esto, Ordóñez nombró a Olga Lucía García, hermana de la magistrada, como Procuradora Judicial II de Restitución de Tierras, un cargo con un salario de más de 19 millones de pesos, el cinco de septiembre de 2011.
El hijo de la magistrada María Claudia Rojas Lasso
El 1 de noviembre de 2011, Ordóñez nombró a José Fernando Gómez, hijo de la magistrada del Consejo de Estado, como asesor grado 24 en su despacho. Rojas Lasso está en el Consejo de Estado desde octubre de 2008 y como María Elizabeth García podría haber participado en la inclusión de Ordóñez en la terna.
La hija del magistrado Gustavo Gómez Aranguren
La hija del presidente del Consejo de Estado y magistrado desde el 2005, Carmen Helena Gómez Segura, es asesora grado 24 de Ordóñez, quien la nombró en ese cargo en agosto de 2011. Gustavo Gómez tenía la posibilidad de participar en la postulación de Ordóñez.
La esposa del magistrado Víctor Hernando Alvarado
La esposa del magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Aída Luz Granada Parra, es Procuradora Judicial II Administrativa, y devenga por ello más de 19 millones de pesos. Fue nombrada por Ordóñez en marzo de 2010. Alvarado llegó al Consejo antes de que éste postulara a Ordóñez en 2008.
La esposa del magistrado Leonidas Bustos
Ana Josefa Velasco, esposa del magistrado de la Corte Suprema, fue nombrada por Ordoñez Procuradora Judicial II Administrativa (un cargo con un salario de más de 19 millones de pesos) en marzo de 2010. Bustos es magistrado desde febrero de 2008 y participó en la postulación de Ordóñez para su reelección.
¿Qué puede pasar?
El principal lío de la queja de Riaño es que no es claro quién la puede conocer. En principio, el encargado de investigar disciplinariamente al Procurador General es el Consejo de Estado, pero como ese tribunal fue el que ternó a Ordóñez hace cuatro años, la competencia pasaría a la Corte Suprema. Así, en principio se evitaría un conflicto de intereses. El problema es que la Corte Suprema ternó ahora al Procurador para su reelección, y por eso habría la misma contradicción.
Aunque la situación es inédita y no hay una regla específica que la resuelva, lo que han entendido algunos analistas es que quien debe investigarlo es el Consejo de Estado, pero a través de conjueces. Esa figura se utiliza siempre que los magistrados se declaran impedidos para tomar una decisión.
Sin embargo, a una semana de que el Senado elija al nuevo procurador, aún no han sido nombrados los conjueces y hay un debate sobre quién debe tramitar la queja. Por eso, es prácticamente imposible que haya una decisión antes de que el Senado vote.
Sin embargo, la queja debe ser tramitada aún si el Senado reelige a Ordóñez, que es lo más probable. Y en ese caso, su bandera de lucha contra la corrupción quedaría empañada por un proceso que, en últimas, apunta a probar que es un clientelista.