Montealegre: entre sus ambiciones hacia afuera y los líos de adentro de la Fiscalía

Foto: Juan Pablo Pino

Eduardo Montealegre lleva solo dos meses en la Fiscalía pero parece que llevara mucho más. En menos de sesenta días ha propuesto una nueva idea de política criminal, se ha vuelto una pieza clave en la Reforma a la Justicia y se ha convertido en un mediador en la relación entre el Gobierno y las Cortes. Sus planes son definitivamente para quedarse cuatro años. Pero para lograr sus ambiciosas metas, el Fiscal tiene que enfrentar primero al bunker por dentro.

El Fiscal entró pisando fuerte y con deseos de darle un vuelco radical a la institución. Montealegre, más que seguir lineamientos, quiere establecerlos y cambiar la forma en que se viene haciendo la investigación en Colombia.

En concreto, propone diseñar una política criminal que fije los lineamientos para priorizar y (en caso de ser aprobado en el Marco para la Paz que impulsa el Gobierno) seleccionar los casos de los máximos responsables. Así, cada fiscal y cada Unidad deberá trabajar de la mano de otros fiscales y unidades para entender las dinámicas, los victimarios y los patrones de violencia en una región.

Como el nuevo Fiscal General quiere meterle la ficha al tema de justicia transicional se ha metido de lleno a apoyar los proyectos de ley que hablan de priorización de casos (como la propuesta de reforma a la Ley de Justicia y Paz) o de selección de casos entre los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos (como el marco jurídico para la paz).

Y hasta el momento, su palabra pesa y convence.

En menos de dos meses, Montealegre también se ha convertido en protagonista controversial de la Reforma a la Justicia. Reunidas las Cortes y el Gobierno, Montealegre sacó las actas falsas de nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura que no tenían firma y ya sin nadie dispuesto a dar la pelea por la controversial institución propuso una fórmula que podría dejarlos tranquilos a todos: las Cortes conservaban la función disciplinaria y ganaban mayor control sobre ésta y el Gobierno podía por fin eliminar la Judicatura sin que eso significara un enfrentamiento con la Rama Judicial.

A la Reforma a la Justicia Montealegre llegó con otra idea controversial. Propuso eliminar la Comisión de Acusaciones y separar el proceso político del penal para Altos Funcionarios como el Presidente, los congresistas o los magistrados que tienen fuero constitucional. Hoy esos procesos se hacen ambos en la Comisión de Acusaciones del Congreso y sólo en algunos casos se llega a la Corte Suprema.

“Es necesario que la responsabilidad política esté en manos del Congreso y la penal en manos de la Corte Suprema de Justicia (...) para iniciar una investigación penal a un alto dignatario  se requiere, previamente, un juicio de responsabilidad política y de indignidad ante el Congreso”. dijo Montealegre. Y su propuesta fue acogida, distensionando uno de los puntos más sensibles para las Cortes y para los congresistas.

Y finalmente se metió con el sector Ejecutivo. Montealegre ha apoyado abiertamente las propuestas en materia de justicia transicional y paz que plantea el Gobierno y que son precisamente uno de los temas que más tienen a la derecha y a la izquierda enfrentadas en este momento.

Aunque el tema esté tan politizado, el Fiscal ha manifestado su total apoyo al proyecto de Santos del Marco jurídico para la paz e incluso viene trabajando el tema de la priorización y selección de casos (que en realidad sólo podría hacerse si pasan tanto la Reforma a justicia y paz como el marco jurídico) como parte de su política criminal.

En estos temas Montealegre ha ido incluso más lejos que el presidente Santos. Al hablar de una eventual negociación de paz, ha dicho que “el país tiene que pensar seriamente en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados inclusive frente a graves violaciones de derechos humanos.”  Un tema que rechazan por igual el expresidente Uribe y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

En el plano internacional, Montealegre celebró un convenio con el Fiscal General de Ecuador para empezar a fortalecer las relaciones de cooperación judicial con Ecuador, con quien no teníamos interlocución en justicia desde que Colombia bombardeó el campamento de Reyes. Montealegre habla además de un proyecto de Código Penal para América Latina. En fin, sus ambiciones son grandes.

El equipo de Montealegre

Eduardo Montealegre Lynett fue nombrado Fiscal General por la Corte Suprema, luego de una rápida votación y en reemplazo de Viviane Morales, luego de que fuera anulada su elección por el Consejo de Estado. Foto: Fiscalía.

Para lograr sus metas, como es usual, el nuevo Fiscal trajo su propio equipo y renovó a la mayoría de los Directores de Unidades. Montealegre quiere montar una Unidad que se encargue de diseñar las políticas criminales y otra que analice el contexto en el que se presentaron las violaciones a los derechos humanos.

"Vemos necesario introducir estructuras de imputación que actualmente no son aplicadas en nuestro derecho interno," dijo el Fiscal a La Silla Vacía.

Aunque no ha terminado de armarlo, en su equipo predominan las mujeres, las credenciales académicas y judiciales, y los egresados de la Universidad Externado, donde él estudió, ha enseñado y actualmente es Director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho. Su Vicefiscal, Jorge Perdomo viene de ser Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia, pero también es ante todo un académico del Externado.

Entre su equipo de asesores están dos exmagistrados auxiliares de la Corte Constitucional, Alejandro Ramelli y Gloria Stella Ortiz. Expertos en derecho penal y justicia y paz como Alejandro Aponte, y en derecho internacional y política criminal como Sebastian Machado. Dos de sus directoras tienen varios años de experiencia en la Rama Judicial, Elka Venegas Ahumada -actual Directora Seccional de Fiscalías- y Maritza Escobar Baquero -Directora del CTI-. Y  Martha Lucía Ávila, Claudia Moreno y Nitza Vidales, Fiscal Delegada ante la Corte Suprema, secretaria general y secretaria privada respectivamente, que por su experiencia conocen muy bien la Fiscalía.

Adicionalmente, Montealegre dice que su equipo trabajará de la mano con la Agencia Alemana para la Cooperación (GTZ) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
 

El lío de las vacantes por suplir

Todo pinta bien hacia afuera pero las cosas al interior de la Fiscalía no están tan fáciles. Uno de los principales obstáculos que encontró Viviane Morales cuando llegó a la Fiscalía fue el tema de los cargos vacantes. Y es también uno de los mayores desafíos de Montealegre para lograr que la institución camine detrás de él.

"La Fiscalía ha tenido un crecimiento del 38% con relación a la planta de personal que tenía en 2004, sin que su estructura organizacional haya cambiado," señaló Montealegre. Y adicionalmente, con las modificaciones normativas recientes se crearon nuevos cargos. Por ejemplo, como lo explica Montealegre, "la Fiscalía tuvo que incorporar más de 3000 trabajadores del DAS y asumir las funciones de policía judicial que adelantaba esa entidad".

Además, la Fiscalía tiene una carrera administrativa que todavía no ha puesto en funcionamiento. Y pasó de tener 18.200 cargos en 2005 a 20.659 para el 2011. Una buena parte de esos dos mil cargos adicionales están ocupados por funcionarios provisionales.

Al final, la Corte Constitucional le puso orden al tema. Le ordenó a la Fiscalía proveer todos los cargos de carrera y le dió un plazo de seis meses para empezar los concursos y de 2 años (hasta mayo de 2013) para tener todos los cargos ocupados.

Luego del fallo de la Corte, la Fiscalía abrió el concurso y para marzo de 2012 cuando Morales renunció se habían iniciado ya los procesos para contratar por concurso a los nuevos funcionarios de planta. Y las reglas de concurso son de obligatorio cumplimiento para todos, incluido el Fiscal.

Los funcionarios están a la espera de ver cómo se van a suplir esas dos mil vacantes y eso será determinante para la legitimidad de Montealegre y para el futuro de sus planes. Hay personas que tienen la expectativa de ocupar esos cargos desde 2008 y otras “provisionales” que esperan de quedarse en ellos hace casi el mismo tiempo. En particular se oyen voces en el CTI que ya anticipan inconformismo porque Montealegre tiene detenido el proceso.

Montealegre es consciente de la importancia del tema, dice que en cumplimiento de la orden de la Corte "ya han sido y serán nombradas más de 200 personas que superaron el concurso de méritos y los respectivos estudios de seguridad."

Dice también que va a encargar el tema a "un grupo de alto nivel que trabajará de forma conjunta con la comisión especializada de carrera" y que creará una política de ascensos porque hoy en la Fiscalía no existe. Pero para Montealegre los criterios de evaluación de la carrera administrativa también deben modificarse y estar acordes con la política criminal que él va a diseñar.

Lo que dice el Fiscal es que el problema está más en que la Fiscalía está desestructurada y hay déficit de personal en algunas dependencias que se encuentran con una alta carga laboral, mientras que en otras muy posiblemente no sean necesarios tantos cargos. Lo que hace que se requiera una reestructuración y muy seguramente reformas legales.

Eso suena bien a largo plazo, un plazo de al menos cuatro años. Pero no es atractivo en principio para los que lo que quieren es un puesto y lo están esperando hace cuatro años.

La buena fama del Fiscal y sus ambiciosos planes tienen algún futuro solo si esto se soluciona debidamente. Esto y que lo de Sigifredo López no termine en un fiasco.

Nota de la Editora: Después de publicada esta nota, el Fiscal mandó las respuestas a las preguntas de La Silla, que fueron incluidas posteriormente en la nota.

Vea aquí las respuestas que le dió la Fiscalía a La Silla.