'Pregúntele a Google': la cadena que dice verdades a medias sobre Fajardo

Explicación:

Es cierto que la Secretaría de Infraestructura de Fajardo revocó lo que había entregado su gobernación meses antes vía licitación, pero la cadena calla que tenía motivos de fondo para hacerlo.

Se trata de la licitación para la vía que conecta la Avenida 80 con el Túnel de Occidente, que había definido Mauricio Valencia, Secretario de Infraestructura y que revocó días después de ser adjudicada. Por eso en mayo de 2014 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 11 años en primera instancia, y en diciembre de ese año finalmente quedó con 8 meses de suspensión. 

Según encontró la Procuraduría, en licitación participaron ocho proponentes nacionales e internacionales, pero fueron descalificados los primeros siete proponentes y por eso el ganador fue el único que quedó habilitado. Pero Valencia decidió revocarla cuando encontró que ese consorcio ganado también tenía información incongruente, por lo que no fue una decisión sin fundamento.

Además, hizo lo posible por reducir el impacto: a las dos semanas abrió otra licitación y hubo 25 proponentes. Entre ellos los mismos que participaron en la primera. Al final se lo ganó el consorcio colombo-español Ferrocol - Loma Hermosa, integrado por Ferrovial y Colpatria.

Explicación:

SI bien es cierto que Fajardo volvió a nombrar en su cargo al funcionario suspendido, eso es lo usual cuando hay una suspensión del cargo (no una destitución), la sanción fue menos larga (y por ende menos grave) y ese segundo nombramiento solo duró 10 días.

Por eso la cadena es engañosa, da un dato real pero fuera de contexto para que un hecho normal parezca una irregularidad. Fajardo suspendió a sus secretario de infraestructura, Mauricio Valencia, el 12 de diciembre de 2014, tras ser notificado por la Procuraduría de su suspensión por 8 meses.

Lo devolvió al cargo el 18 de agosto de 2015, ocho meses y seis días después, con lo que respetó la suspensión. A los diez días de volver a su puesto, Valencia renunció para dedicarse a su empresa personal, y la secretaría volvió a quedar a cargo de Rafael Nanclares, su gerente Operativo, y quien lo había reemplazado durante la suspensión

Explicación:

Es cierto que el contrato de concesión minera quedó en manos del esposo de su exsecretaria de Participación Ciudadana, pero lo hizo al culminar el trámite de una solicitud de explotación minera que estaba aprobada y adelantada desde 2003, dos gobernaciones atrás.

Lo que hizo Fajardo, el 26 de julio de 2012, fue firmar un contrato que otorgó a Manuel Antonio Mesa, el esposo de su entonces secretaria de Participación Ciudadana, Beatriz White, el permiso para la explotación por 30 años de un yacimiento de arena en el Norte de Antioquia, en Santa Rosa de Osos.

Lo que hizo Fajardo fue terminar un proceso que llevaba represado nueve años, desde la Gobernación de Eugenio Prieto, algo que hizo con otros diez procesos que tenían todas las aprobaciones de los técnicos cuando llegó al poder y a los que solo les faltaba la firma del Gobernador.

Por eso en 2016 la Procuraduría cerró su investigación contra Fajardo en marzo de 2016 por falta de pruebas sobre la incidencia del entonces gobernador en el otorgamiento de esa licencia.

Explicación:

Efectivamente Fajardo prorrogó una urgencia manifiesta por casi dos años y, bajo su sombrilla, adicionó esos montos a un contrato. Ese es el único caso que tiene a Fajardo con una investigación abierta en Procuraduría.

La urgencia manifiesta a la que se refiere la cadena fue la que declaró Fajardo el 18 de julio de 2012 por los daños en vías afectadas por la ola invernal, en concreto en 29 puntos de 15 municipios del Oriente, Suroeste, Norte y Occidente de Antioquia.

Como era necesario reabrir los pasos y una licitación se tardaría por lo menos seis meses, declaró la urgencia manifiesta que permite contratar a dedo para resolver rápido un problema de ese tipo. El contrato inicial era por 5 mil 640 millones para ejecutar en siete meses. Pero en los 23 meses siguientes el entonces secretario de infraestructura, Mauricio Valencia, lo prorrogó ocho veces y le adicionó 31 mil 526 millones de pesos, argumentando que habían encontrado en el camino otras urgencias de estudios y diagnósticos para la construcción de vías, según le dijo a La Silla.

La idea era mejorar las vías y construir un puente para conectar La Ceja y Abejorral, que costó 15 mil 156 millones de pesos y fue entregado en marzo de 2015. Con la otra plata se intervinieron los otros sitios en obras y en estudios de movilidad y de seguridad.

Por eso, la Procuraduría abrió en mayo de 2017 un proceso disciplinario contra Fajardo y Valencia por posiblemente haber prorrogado el plazo sin que fuera manifiestamente urgente hacerlo.

Explicación:

Es verdad que la contraloría auxiliar de responsabilidad fiscal de Antioquia tiene un proceso abierto en contra de Fajardo por ese motivo, pero él hasta ahora no ha sido notificado del embargo. La investigación es por presuntos sobrecostos por 1.903 millones de pesos en equipamiento y construcción de seis estaciones de Policía durante su gobierno.

Pero el embargo de dos fincas en Anapoima, Cundinamarca, de propiedad de Fajardo, de dos apartamentos en El Poblado de su exsecretario de gobierno, Santiago Londoño no ha sido notificado aunque fue filtrado por los medios en septiembre de 2017.

Explicación:

Aunque es cierto que Fajardo destinó más de 200 mil millones de pesos a publicidad, y eso fue polémico en la Asamblea durante el último año de su administración, es objeto de una opinión si eso fue derroche o no.

La cifra de 196 mil millones de la cadena seguramente vienen de las denuncias del entonces diputado Adolfo León Palacio contra Fajardo en septiembre de 2015, cuando reveló que los gastos iban por esa cifra a julio de ese año y dijo que el dinero lo había usado Fajardo para publicidad en medios de comunicación nacionales.

Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Fajardo, nos confirmó que en su administración se gastaron 210 mil millones de pesos en publicidad, pero recordó que 116 mil fueron pauta comercial de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Pero sobre si eso fue un derroche o no, como dice la cadena, los puntos de vista pueden ser varios, pues depende de lo que se entienda como gasto necesario en publicidad y lo que se haya logrado con ese gasto. Por ejemplo, si con publicidad pública de la FLA se logró que ésta vendiera más, es difícil decir que fue un derroche.

Explicación:

Es verdad que la Gobernación de Fajardo prometió los 80 parques, y que hoy todos no funcionan, pero eso se debe a que Luis Pérez cambió esa ordenanza en cuanto fue nombrado Gobernador que él dejó para sostener ese pilar de su gobierno a diez años.

Las cifras de la cadena coinciden con las un informe de la Contraloría que dice que en febrero de 2017 había 6 parques pendientes de ejecución, uno en ejecución, uno suspendido y uno (el de Salgar) que estaba y sigue sin iniciar (que es el que “nunca se hizo”, según la cadena). Pero sobre los cuatro cerrados la Contraloría no dijo nada.

Según Jessica Stephenson, subsecretaria de Parques Educativos de Fajardo, si hay parques cerrados no es por problemas estructurales, sino porque el nuevo gobernador, Luis Pérez, cambió la política para financiarlos, y por eso hay algunos cerrados por falta de presupuesto para su mantenimiento.  

Explicación:

Efectivamente, Fajardo excedió los gastos de funcionamiento en 2015, su último año de gobierno, pues para mantener la categoría deben ser de máximo 50 por ciento de sus ingresos corrientes, y llegaron al 50,9. Esto se debió a que en los últimos dos meses de su gobierno la Fábrica de Licores de Antioquia dejó de vender por el incumplimiento de los contratistas, como habíamos contado.

La salvedad es que este mes la Procuraduría General ordenó investigar a Luis Pérez, el actual gobernador, por ese caso, en una decisión en la que exoneró a Fajardo. Para la Procuraduría, esa cifra probablemente se debió a que Pérez, elegido gobernador en octubre de 2015, amenazó a los contratistas que compran el licor a la FLA y lo comercializan para que frenaran las compras en los últimos dos meses de 2015, so pena de sacarlos del negocio cuando se posesionara. Es decir, que probablemente Antioquia terminó superando el 50 por ciento por una acción no de Fajardo sino de Pérez.

Explicación:

Fajardo dejó a Antioquia en 2015 en el puesto 19 de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación, por lo que la cifra de la cadena es errada. Pero sí expresa una realidad, que era la mala posición fiscal, pues en 2011 estaba en el puesto 12, con 72,59 puntos, y en 2015 había caído en puntos a 71,25, esencialmente por su aumento en la deuda.

Jessica Stephenson le explicó a La Silla que ese ranking bajó porque de 2011 a 2012 el impuesto a los licores del departamento dejó de contar como recursos de libre destinación, y por eso el departamento quedó golpeado y bajó en el ranking.

Explicación:

Es verdad que cuando Fajardo le recibió la gobernación a Luis Alfredo Ramos, la deuda pública era de 640 mil millones de pesos y, cuando salió en 2015, la dejó en 1,44 billones. Es decir, un aumento del 124 por ciento en cifras redondas.

Eso se debió a préstamos que hizo en dólares la gobernación para cubrir rezagos en infraestructura y educación, cuyos intereses se inflaron por la subida del dólar.

Explicación:

Es cierto que durante la gobernación de Fajardo esas obras duraron 32 meses paralizadas, pero no debido a una decisión de él sino de las autoridades ambientales.

Quien suspendió la obra fue la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales, Anla, que el 5 de marzo de 2012, dos meses después de que el Ministerio de Ambiente le quitó a Cornare la competencia sobre el proyecto y se la entregó a la Anla.

Eso con la justificación de que no era claro el impacto ambiental que tendría la construcción de ese túnel en las cuencas de los ríos Nare y Negro, porque la concesionaria no había hecho los estudios pertinentes y Cornare no se los había exigido, según el Ministerio.

En junio de ese año la Anla le devolvió a Cornare la competencia sobre el proyecto con la condición de que la concesionaria complementara los estudios de impacto ambiental, que ellos entregaron en febrero de 2014. Un mes después, Cornare los aprobó y reanudó la obra en agosto de ese año.

Explicación:

La gobernación de Antioquia compró un avión que efectivamente se demoró 8 meses en empezar a funcionar, pero valió 7.700 millones, no 9 mil, y más de la mitad la pagaron el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Por eso, la cadena toma una realidad y la exagera.

En diciembre 2014 la Gobernación compró un avión para brigadas de salud con 3.300 millones de su Secretaría de Salud, 400 millones del Dapard del Departamento y 4 mil millones al gobierno nacional.

El avión apenas empezó a funcionar en agosto de 2015 por demora en los trámites previos a la petición del certificado de aeronavegabilidad, que consiste en licencias de la Aeronáutica Civil, matrículas y registros de propiedad, explicó en su momento la Secretaria de Salud del departamento, Luz María Agudelo.

Explicación:

Esta afirmación ya la habíamos chequeado.  Es cierto que Fajardo, en su campaña a la Alcaldía en 2002, acompañó a un guerrillero de las Farc al Concejo y luego lo nombró en la junta de EPM, pero ni él ni muchos otros en Medellín sabían que pertenecía a las Farc, algo que la cadena oculta.

Fredy Escobar Moncada, ‘Jimmy Ríos’ es un profesor e investigador de la Universidad de Antioquia que al tiempo era guerrillero de las Farc, pero de forma oculta. Se conoció con Fajardo durante la campaña de 2003, en la que se debatieron las políticas de servicios públicos (Ríos tenía como bandera que no se podía desconectar a familias pobres que no hubieran pagado) y eso fue lo que llevó a Fajardo a designarlo en la junta.

La cadena también calla que su captura en 2006 tomó por sorpresa a muchos, pues como contó La Silla Caribe, puso en evidencia que que alias Mateo era el mismo profesor e investigador de la Universidad de Antioquia Fredy Escobar Moncada, reconocido por sus investigaciones para entidades como Ecopetrol.

En ese momento Fajardo y personas que habían trabajado cerca de Ríos como el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dijeron que se sentían traicionados por la militancia guerrillera de éste, mientras que líderes de las organizaciones comunitarias del nororiente de Medellín, en las que tenía una larga trayectoria de trabajo social, dijeron estar aterrados.

Explicación:

Es cierto que Sergio Fajardo pertenecía a la junta directiva de la Fundación Carulla y que ésta firmó dos contratos en Antioquia mientras él era candidato, pero él no participó en esos negocios ni los utilizó para llegar al poder.

Cuando Fajardo se posesionó como gobernador, la Red de Veedurías Ciudadanas denunció que mientras era candidato la Fundación Carulla, que tiene una larga trayectoria y mucho reconocimiento en asuntos de atención a menores, había celebrado dos contratos por 3 mil millones de pesos con el ICBF Antioquia y con la Alcaldía de Medellín, mientras él pertenecía a su junta directiva.

Aunque por eso Fajardo enfrentó un proceso judicial por supuesta inhabilidad y otro disciplinario, salió bien librado de los dos, algo que calla la cadena, porque tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia como la Procuraduría consideraron que no estuvo involucrado en la celebración de esos contratos y que no los utilizó para hacer campaña.

Explicación:

En la alcaldía de Fajardo, EPM (empresa que controla el municipio) compró y absorbió Orbitel, la empresa de telefonía fija del departamento, y luego cambió su marca. La Silla Vacía buscó pruebas de que lo más valiosos de Orbitel fuera su marca y no encontró, pero tampoco encontró valoraciones que digan lo contrario.

Por eso, es insostenible. EPM, que tenía la mitad de Orbitel, compró en 2006 la otra mitad a los grupos Sarmiento Angulo y Bavaria por 85 mil millones de pesos. UNE, filial de EPM, absorbió Orbitel en agosto de 2007 para ofrecer paquetes de servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión, y reemplazó la marca con su nombre. En las valoraciones de la compañía cuando la compró EPM, lo más importante era su futuro en el internet inalámbrico y la tajada que tenía en el mercado y, para EPM, la posibilidad de empaquetar sus servicios con otros propios.

De hecho, la principal crítica a la compra fue la apuesta al internet inalámbrico con tecnología Wimax, no a la desaparición de la marca. Además, la marca tenía líos para funcionar afuera de Colombia porque ya estaba registrada en Estados Unidos o España, a pesar de que parte de su estrategia era servirle a las colonias de colombianos que vivían allí.

Explicación:

Es cierto que EPM compró la mitad de Orbitel a 85 millones de dólares y que la Contraloría dijo que valía 33, pero ésta lo dijo cuando ya EPM había comprado y, además, pago lo que le dijo otro avalúo con una reconocida banca de inversión.

Cuando EPM iba a comprar la mitad de Orbitel en 2006, la banca de inversiones Inverlink calculó que valía 85 millones de dólares. EPM usó ese valor: firmó un contrato en junio de ese año con sus dueños para pagar una cuota inicial de 80 millones de dólares y cinco más cuando el negocio de tecnología Wimax (una alternativa al Wi-fi que no despegó) alcanzara su cliente número 50.000, meta que jamás se alcanzó.

En diciembre de ese mismo año, Signals Telecom Consulting hizo un nuevo avalúo por solicitud de la Contraloría de Medellín, que estaba revisando la compra. y encontró que esa mitad de acciones costaban 33,1 millones de dólares.

Es decir, que EPM habría pagado 47 millones de más. Pero como ese avalúo se hizo después de la compra, Fajardo no lo desoyó (además más adelante la Contraloría General contrató un tercer análisis financiero, del profesor norteamericano Aswath Damodaran, que dijo que la mitad de Orbitel podía costar entre 46 y 84 millones de dólares, por lo que las cifras en todo caso no son exactas).

Explicación:

Es cierto que Fajardo mostró como gran logro la biblioteca España, y también que ésta hoy tiene problemas. Pero decir que está en ruinas es exagerado.

La Biblioteca se ganó dos premios internacionales de arquitectura, Fajardo invitó a los Reyes de España para inaugurarla y la ayudó a convertir en un símbolo del renacer de Medellín. En ese sentido, tiene sustento decir que el entonces alcalde se pavoneaba por ella.

Pero a finales del 2015 la Secretaría de Infraestructura de Medellín la cerró porque su fachada se estaba despedazando. Desde entonces está andando un contrato para repararla, que le ha costado al municipio 15 mil millones de pesos, pero por lo menos hasta ahora no se ha pensado en tumbarla, que es lo que se suele hacer cuando una construcción está en ruinas, sino en resolver sus problemas para reabrirla.

Explicación:

Es cierto que la alcaldía actual ordenó la demolición de las pirámides que mandó construir Fajardo en la Avenida Oriental, la más transitada del Centro de la ciudad, para sembrar árboles. Y también es cierto que las 240 pirámides de cemento las contrató la alcaldía de Fajardo por 970 millones de pesos, para impedir que los peatones cruzaran fuera de las cebras.

Sin embargo, en en 2009 la Contraloría Departamental determinó que habían logrado reducir accidentes de tránsito, por lo que no fueron un gasto inútil como parece indicar la cadena.

Explicación:

Es cierto que Fajardo cedió por un año los derechos políticos que tienen el Departamento y el Idea sobre Hidroituango a EPM, y que lo hizo sin autorización de la Asamblea. Y también, que por ese motivo, la Contraloría hizo una auditoría y encontró un hallazgo penal.

A fines de su primer año de gobierno (en 2012) Fajardo cedió los derechos políticos -la capacidad de decidir en la junta directiva y en la asamblea de socios- que tienen el Idea y la Gobernación en Hidroituango. Se los entregó a EPM durante un año, a cambio de 35 millones de dólares y así EPM quedó manejando la sociedad durante 2013. La Contraloría encontró en 2017 que, a su juicio, esa cesión no se podía hacer sin autorización de la Asamblea.

Explicación:

Las cifras de la cadena corresponden a lo que perdieron esas entidades el último año de la gobernación de Fajardo, pero en todas ellas influyeron decisiones de terceros.

En los estados financieros del Idea de 2015 efectivamente aparecen pérdidas por 27.384 millones. Sin embargo, al mirar en detalle, esa cifra se debe a que en la contabilidad, que hizo la nueva gerencia del Idea en 2016 (los estados financieros de un año se definen a inicios del siguiente, usualmente en el primer trimestre) se incluyeron más de 39 mil millones de pesos en provisiones, es decir, en dinero que se aparta para tener con qué pagar una pérdida futura que no es segura aunque sí muy probable. Y por eso afecta el estado financiero, pues se contabiliza como pérdidas de ese año.

Una es especialmente llamativa: en esos estados el Idea provisonó poco más de 8.400 millones para compensar una mala inversión en la empresa de generación de energía Gen+, que curiosamente en los estados financieros de 2016 se recupera casi totalmente (8.060). Así, hay pérdidas de más en 2015 por más de 8 mil millones, y utilidades de más en 2016 por esa cifra, sin que hubiera cambiado nada en el Idea.

El segundo caso es el de Teleantioquia, que tuvo pérdidas por 1.786 millones de pesos en 2015. Como todos los canales públicos suelen dar pérdidas, Teleantioquia venía perdiendo desde 2012 por la reducción de las transferencias que percibía de UNE y la reorganización de transferencias a canales regionales que generó la transformación de la Comisión Nacional de Televisión en la Agencia Nacional de Televisión. Y las pérdidas que tuvo en el cuatrienio en total, sobrepasaron las que estaban estimadas en 361 millones de pesos.

Eso fue, según el informe de Gestión del canal en 2015, debido a la incertidumbre en los ingresos, cambio de moneda extranjera por la compra de equipos, y por el recorte en publicidad comercial durante el periodo de gobierno, que enfocó la programación del canal principalmente en educación.

En el caso de las ventas de la Fábrica de Licores de Antioquia, los ingresos de libre destinación bajaron en los dos últimos meses de la administración de Fajardo porque los distribuidores no cumplieron con lo que estaban comprometidos a comprar. La Procuraduría falló a favor del exgobernador por ese caso y compulsó copias a la Fiscalía para investigar al actual gobernador por haber amenazado a los distribuidores de la Fábrica de Licores para que no le compraran en diciembre, sino en enero, cuando él llegara.