¿Quién les responde a los secuestrados y desaparecidos?

Ahora que avanzan los encuentros entre víctimas y Farc, y en medio de la suspensión de los diálogos de paz por el secuestro del General Rubén Alzate, La Silla continúa su serie ‘La verdad que deben las Farc’ sobre los dramas por los que tarde o temprano tendrá que responder la guerrilla si se firman los acuerdos. Esta historia se suma a las que ya publicamos sobre las verdades que deben las Farc a los niños, a los periodistas asesinados y a la familia Turbay Cote.

Doña Amalia habla sobre su hijo en tiempo presente. “Enrique es piloso y consagrado en su trabajo”, dice. “Tiene 45 años. Es soltero”. Terminó su bachillerato en el Claustro Moderno de Bogotá. Estudió Derecho en la Universidad Externado. “Y sin haberse graduado aún como profesional, llegó  a ser secretario del ministro de Justicia Roberto Salazar. Es que es piloso y es consagrado”.

Pero él parece muy lejos de su presente. Hace 15 años, nueve meses y ocho días que no lo ve. Fue secuestrado a las 6:30 de la mañana del 11 de febrero de 1999, en la carrera 12 entre calles 19 y 20 de Bogotá. A las 9:30 de esa noche le oyó la voz por teléfono. Y la última noticia de su existencia la tuvo hace una década.

Ella dice que siente que está vivo. Y plena de convencimiento, también asegura sin espacio a dudas: “Nosotros estamos absolutamente seguros de que lo tienen las Farc”.

Son varias sus razones: el día en que se lo llevaron, Ismael Enrique Márquez Díaz pudo hacerles dos llamadas telefónicas a sus padres: dijo que lo tenían las Farc, que no se preocuparan porque la cosa no era con él, que llamaran al gerente de la cooperativa de ahorro y crédito de la que él era secretario general porque con él era con quien querían hablar. Que eso duraría poco. Les detalló que lo tenía el Frente 51 en el Sumapaz.

Un mes después, el 5 de marzo, prosigue doña Amalia, un hombre llamó a su casa y se identificó como Miller Perdomo, uno de los jefes del Frente 51. “‘Necesitamos que el gerente venga a dar explicaciones’, fue lo que le dijo a mi esposo”.

Siete días más tarde, en lo que fue considerado un gran golpe contra las Farc, el Ejército mató a ese jefe guerrillero. Luego de eso y durante los cuatro años siguientes, según la familia de Ismael Enrique Márquez Díaz, 34 secuestrados de esa guerrilla que pudieron recobrar su libertad aseguraron haber conocido al hijo de doña Amalia en cautiverio.

Le decían que Ismael Enrique estaba escribiendo un libro.

Y acaso la prueba más contundente para el reclamo de verdad de esta madre a las Farc es la constancia que posee de la condena en contra de alias Romaña, quien trabajaba de la mano con su lugarteniente Miller Perdomo en las pescas milagrosas, “por el secuestro de Ismael Enrique Márquez Díaz. Yo la tengo, aquí la tengo”.

“De que Romaña me tiene que dar razón de mi hijo, me la tiene que dar”.

Por el camino, ella y su esposo le han escrito a todos los presidentes en los últimos 15 años. “A varios abogados externadistas (como su hijo) que han llegado a cargos importantes”. Pero nada se ha concretado y todo se ha diluido con el tiempo.

Lo que doña Amalia cree es que la cooperativa en la que trabajaba Ismael Enrique tuvo problemas de plata dos años antes de que él llegara a laborar ahí, y le incumplió a varias personas. Y que por eso las Farc se la querían cobrar al Gerente. Pero éste nunca fue a hablar con ellos.

También por el camino de su búsqueda se encontraron con el periodista Jaime Garzón, a principios de 1999, poco después del secuestro. “Yo lo escuchaba en Radionet. Y lo admiraba. Llamé un día a contarle lo de mi hijo y me pasó enseguida al teléfono. Ay, tan bien que se portó con nosotros, tan bueno que fue. Hablamos por última vez el 12 de agosto, me dijo que, como la cooperativa había entrado en liquidación, él creía que ya no había razón para que siguieran con Enrique. Estaba muy optimista, me pidió que lo llamara el domingo que seguía”. Cuenta la señora. Al día siguiente mataron a Jaime.

“Yo le escribí a (el presidente Juan Manuel) Santos y le dije que lamentaba que no hubiera comenzado estos diálogos por el derecho: pidiendo la liberación de todos los secuestrados y que las Farc respondan por los desaparecidos… yo lo que les pido a ellos es la verdad, a mí no me importa que paguen pocos años, yo no estoy en contra del proceso, pero sin verdad no podemos hacer nada”.

Somos un país de desaparecidos, como lo evidencian el relato de doña Amalia y la cantidad de rostros de los perdidos que fueron expuestos en los recientes cuatro foros nacionales de víctimas (tres oficiales del proceso de paz y uno liderado por algunos congresistas, ese sólo con víctimas de las Farc).

Los desaparecidos reportados en el país en los últimos 76 años, según la Defensoría del Pueblo, suman poco más de 94 mil, aunque incluyendo los que se desaparecieron voluntariamente de sus familias.

El secuestro, que puede coincidir con esa cifra porque muchos secuestrados fueron considerados luego desaparecidos, ha cobrado más de 39 mil víctimas en los últimos 40 años.

Es muy difícil saber con exactitud la parte del ponqué de la responsabilidad que le corresponde a las Farc en el primero de los dos crímenes. Como lo explica el informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica, eso es porque la desaparición forzada tiende a confundirse con el secuestro y el homicidio y por la poca visibilidad que le han dado los medios de comunicación.

En la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, las cifras, por ejemplo, están distribuidas por regiones y no por presunto autor.

El general de la Policía Luis Herlindo Mendieta -12 años secuestrado por las Farc, hoy líder y acompañante de víctimas- asegura que lleva la cuenta de al menos 500 militares y policías desaparecidos por los que debe responder esa guerrilla.

El periodista Herbin Hoyos, quien desde hace 20 años dirige el programa radial Voces del Secuestro por el que todas las madrugadas de los sábados pasan unas 150 personas enviando mensajes a sus secuestrados o desaparecidos, dice que son en total unos tres mil los desaparecidos por las Farc.

En cuanto al secuestro, la primera certeza que se tiene es que las Farc han seguido cometiendo secuestros de tipo extorsivo, a pesar de haber supuestamente renunciado a ese delito poco antes del inicio de los diálogos de paz.

Según el Ministerio de Defensa, que maneja las cifras de los secuestros a través de su Dirección de Estudios Estratégicos a cargo de César Restrepo, entre enero de 2012 y octubre de 2014 las Farc han cometido 74 secuestros. 47 de ellos de tipo extorsivo, es decir, que exigen plata a cambio de la liberación.

De entrada, hay que decir que es un porcentaje pequeño (el 7 por ciento) del total de secuestros que ha habido en el mismo periodo en el país (857).

El asunto es que 682 de esos secuestros son atribuidos por el Ministerio a la delincuencia común y, según asegura el periodista Herbin Hoyos (que en sus dos décadas de trabajo ha mantenido una comunicación permanente con las familias de los secuestrados y quien tiene información de primera mano), varios podrían terminar siendo también de las Farc.

Según asegura Hoyos, que tiene información recogida entre testigos y familiares de las víctimas, eso se debe a que, “las Farc en muchos casos (desde que hicieron su promesa pública de abandonar el secuestro extorsivo) no volvieron a usar distintivos para cometer ese delito”. Así queda, al menos preliminarmente, disfrazado el crimen como de delincuencia común. Esa información, sin embargo, no la pudimos confirmar con una fuente oficial.

Por supuesto, no estamos en 2003 cuando las Farc secuestró en el segundo trimestre del año a 645 personas, según la Fundación País Libre. Y tampoco está vigente la “ley 002” de la guerrilla que determinó el secuestro como una orden sistemática contra los ciudadanos que no les pagaran “impuestos”.  

Pero en cualquier caso, el secuestro extorsivo, que supuestamente las Farc no tienen como práctica hace dos años, sigue azotando a muchas familias. Así sean ahora menos.

Y eso sin contar lo que ellos llaman retenciones, como la de los dos soldados de Arauca, del General Alzate y de sus dos acompañantes.

El problema para las Farc es que desde 2009 se acabó la moratoria que firmó Colombia cuando ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional en 2002, lo que significa que desde ese año esa guerrilla puede responder ante esa instancia por crímenes de guerra. El secuestro es uno de ellos.

“Por eso es que ellos han dicho para escudarse que no lo siguen haciendo, quieren mostrar que las pescas milagrosas y los secuestros son errores del pasado”, le dijo a La Silla una fuente que conoce estas normas internacionales.

Uno de los puntos que siguen pendientes en La Habana es el de la justicia transicional. Aún no se sabe si el secuestro va a ser considerado como delito conexo al delito político, ni en qué casos. Pero si se incluye, eventualmente algunos secuestradores no pagarán ni un día de cárcel.

Como sea, antes incluso que la misma justicia está el reclamo de las víctimas que exigen, sobre todo, la verdad, como lo evidencia la historia de doña Amalia Díaz y su hijo ido hace más de 15 años de la mano de las Farc. En la historia del delito que ha marcado el descrédito de esa guerrilla.