Salvo por un puñado de temas, la implementación está en el limbo

En qué consiste: El acuerdo crea un fondo de tierras que, para 2028, deberá contar con tres millones de hectáreas —que pueden venir de tierras donadas, expropiadas, inexplotadas, con extinción de dominio, baldíos o por la actualización de la frontera agrícola— para entregárselas a campesinos y comunidades étnicas sin tierra o con tierra insuficiente.

Cuánto se ha avanzado: Poquito

Según la información que nos dio la Agencia Nacional de Tierras, el fondo tiene ya 1.081.835 hectáreas, la mayoría de ellas ubicadas en los departamentos de Bolívar y Antioquia. Esto significa que, en estos cuatro años, el fondo tiene ya poco más de un tercio de las tierras acordadas.

Sin embargo, en su último informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo, la Procuraduría asegura que la mayoría de estos predios están ocupados. Esto significa que estas tierras, como hay gente viviendo allí, no podrían ser adjudicadas a nuevos campesinos —que es la función del fondo—, sino que tendrían que ser formalizadas; es decir, que la tierra debe ser entregada a los campesinos que la ocupan, con todos los papeles de titulación, y no entraría a ser repartida en el fondo.

Consultada al respecto, la ANT nos admitió que "la mayoría de los baldíos, ingresados o no ingresados al Fondo están ocupados por esos campesinos" y argumentó que "es allí donde está el grueso de la informalidad en el campo. Los baldios disponibles son muy pocos. La única manera de vencer esa informalidad en la que vive nuestro campesinado es que el Estado les adjudique esos baldíos".

Más allá de si las tierras ingresadas son o no las que indica el Acuerdo, el Gobierno de Iván Duque sí ha intentado meterle la mano al Fondo de Tierras. Como contamos en esta historia, en el proceso de creación de las Zonas de Desarrollo Empresarial que planea el Ministerio de Agricultura ha estado sobre la mesa coger tierras del fondo para dárselas a empresarios como parte de la estrategia para reactivar la economía después del covid.

En qué consiste: Para el 2028, el Estado deberá formalizar siete millones de hectáreas a pequeños y medianos propietarios rurales.

Cuánto se ha avanzado: Poquito

La formalización de tierras es uno de los puntos que más lento está andando. Para llegar a las siete millones de hectáreas que se planearon en 12 años, al año tendrían que formalizarse poco más de 583 mil héctareas. En los dos años que lleva Duque en el poder, se han formalizado apenas 406.969 para un total de poco menos de dos millones de hectáreas. A este ritmo, la formalización tardará siete años más de lo pensado y terminaría en 2035.

En qué consiste: Como alternativas para promover el acceso a la tierra, el Acuerdo propone que el Gobierno otorgue subsidios, una línea de crédito y una nueva ley que les facilite este proceso a los campesinos sin tierra.

Cuánto se ha avanzado: Poquito

En los últimos días de mandato, el Gobierno de Juan Manuel Santos radicó en el Congreso un proyecto de ley para actualizar la ley de tierras de 1994 y así compaginar la jurisdicción existente con lo firmado en La Habana. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por sectores que eran afines al Acuerdo, porque consideraban que iba en detrimento de la democratización de la tierra (uno de los pilares del Acuerdo). Con la llegada de Iván Duque a la Presidencia, el proyecto naufragó en el Congreso y no superó siquiera el primer debate.

Para ayudar a las familias campesinas a acceder a la tierra, el Gobierno también se comprometió a crear un subsidio integral y unas líneas de crédito. Aunque el Gobierno ha venido dando otros subsidios para ayudar a los campesinos a comprar tierra, sólo hasta el pasado 7 de octubre se creó el subsidio integral que pide el Acuerdo. La línea de crédito especial, para pequeños y medianos productores (priorizando a las mujeres), la abrió el Minsterio de Agricultura a comienzos del año pasado.

En qué consiste: El Acuerdo crea un nuevo tipo de catastro que no sólo sirva para hacer más efectivo el recaudo de impuestos, sino también para crear políticas públicas que promuevan el desarrollo agrario. Debe estar listo para el 2025.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

Aunque cuando lo aprobó no lo vendió como un paso hacia el cumplimiento del Acuerdo, desde el año pasado Duque puso a andar el catastro multipropósito. Lo hizo a través del Conpes 3958 con el cual se comprometió a que al final de su mandato estará listo, al menos, el 60 por ciento del catastro; allí estarán incluidos todos los municipios Pdet.

Para hacerlo, consiguió financiación internacional: un crédito de 150 millones de dólares del Banco Mundial el año pasado y este año consiguió otro crédito, por 53 millones de dólares, del Reino Unido para hacer el catastro en áreas ambientales protegidas.

Pero le hizo cambios a lo que se había acordado en La Habana.

Como contamos en esta historia, acogió dos de las críticas que su padrino político, Álvaro Uribe, había hecho en la renegociación: que el catastro no debía redundar en un predial más alto y que sólo las autoridades públicas podían llevarlo a cabo. Admitiendo esto último, quitó uno de los puntos más transformadores de lo acordado que consistía en que el nuevo catastro iba a contar con la participación de las comunidades rurales; algo que iba en sintonía con la idea de democracia directa que promueve el Acuerdo.

En qué consiste: Con el objetivo de cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, el Acuerdo crea unas zonas en donde se invertirán recursos para hacer inversiones en salud, educación, vivienda, acceso a servicios públicos, entre otros. Se escogieron 170 municipios en 16 subregiones del país, priorizadas por sus altos niveles de pobreza, el grado en que las afectó el conflicto, la ausencia estatal y la presencia de cultivos ilícitos.

Cuánto se ha avanzado: Poquito

Aunque con mucha menos plata de lo presupuestado, este punto ha avanzado y es uno de los que el Gobierno Duque destaca para argumentar que está cumpliendo con lo acordado.

Al salir de la Presidencia, Santos dejó el decreto que creaba los Pdet y había dejado dos de ellos en diálogos con las comunidades para definir las inversiones que se harían, pues el Acuerdo obliga a que todo debe hacerse concertando con habitantes de los municipios. El Gobierno Duque puso a andar los otros 14 y creó los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (Patr), que son la hoja de ruta que se seguirá para cumplir con las inversiones. Para crear los Patr, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) tuvo en cuenta más de 32 mil iniciativas planteadas por las comunidades y, para aterrizarlos, creó este año la Hoja de Ruta Única (HRU).

El objetivo de las HRU es articular los planes nacionales, departamentales, municipales y comunales para definir el camino que seguirán las inversiones en cada Pdet durante los próximos 15 años. Hasta el momento, según lo que nos contaron de la ART, ya están listas dos Hojas de Ruta en los Pdet del sur de Bolívar y el Catatumbo, y para finales de año esperan terminar las de Putumayo y el sur de Córdoba.

Más allá de estos avances, comparado con lo que se había planeado, los Pdet están desfinanciados. Como contamos en esta historia, actualmente el Gobierno está invirtiendo, anualmente, menos del dos por ciento de lo que debería para cumplir con todo lo que se planeó para los Pdet en los próximos 15 años. De hecho, la Comisión de Paz en el Congreso denunció que a este ritmo los Pdet terminarían de implementarse en más de 40 años.

Además de esto, según los resultados de la última medición de pobreza monetaria del Dane —publicada el mes pasado—, entre 2018 y 2019 (antes del covid) la pobreza monetaria en las zonas rurales aumentó 1,5 por ciento y la pobreza monetaria extrema tres por ciento. Esto quiere decir que el impacto que ha tenido el avance de los Pdet no es claro, pues su principal objetivo, disminuir la brecha entre el campo y la ciudad, no se está cumpliendo.

En qué consiste: El Acuerdo pide que se cree un estatuto que les dé garantías a los partidos o movimientos que se declaren en oposición.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

El Gobierno Santos dejó aprobada la ley que reglamenta el Estatuto de la Oposición y ya está funcionando. Gracias a ese estatuto, Gustavo Petro y Ángela María Robledo, después de perder las elecciones presidenciales en 2018, tuvieron derecho a una silla en el Congreso; al igual que la mayoría de quienes quedaron en el segundo puesto en las pasadas elecciones regionales: si perdieron la carrera a la Gobernación tenían derecho a un puesto en la Asamblea, y si fue a la Alcaldía en el Concejo.

El Estatuto también le ha dado la posibilidad a la oposición de Iván Duque de hablar después de sus intervenciones. Por ejemplo, está la que hizo la representante verde Juanita Goebertus frente a las objeciones de la JEP, o la de la senadora Aída Avella este año en la posesión del Congreso.

En el Congreso también se ha utilizado el estatuto. Por ejemplo, a comienzos de noviembre, cuando, ante la decisión de la coalición de Gobierno de no meter la discusión del Acuerdo de Escazú en el orden del día para así dejar que se hundiera poco a poco, la oposición pudo armarlo y poner a discutir el proyecto.

En qué consiste: El Acuerdo crea un sistema de seguridad para proteger y prevenir los ataques contra los políticos de oposición, líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de las Farc y miembros de su partido político.

Cuánto se ha avanzado: Nada

En este punto el avance es nulo.

En mayo de 2017, el entonces Gobierno Santos creó el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política que creaba el Acuerdo para cumplir con este punto. Allí se definió que el Sistema estaría en manos de una instancia de alto nivel —conformada por el Presidente, los Ministros de Interior y Defensa, el Consejero de Derechos Humanos de Presidencia, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía, el director de la Unidad Nacional de Protección y miembros del partido Farc—que, en diciembre de 2018, Iván Duque dejó en manos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que dirige Miguel Ceballos. El último informe de seguimiento al Acuerdo de la Procurudaría asegura que, desde su creación, esta instancia se ha reunido tan solo dos veces. Fue para atender la situación de seguridad de las elecciones regionales del año pasado que, aun así, fueron más violentas que las de hace cinco años cuando no se había firmado el Acuerdo: fueron siete los candidatos asesinados y 40 los que padecieron algún tipo de ataque.

Las otras instancias que componen este sistema (una comisión de seguimiento y otra de impulso a las investigaciones) ni siquiera se han formado.

El rezago en el desarrollo de este punto también se ve en el número de líderes sociales y excombatientes de las Farc que han sido asesinados hasta el momento, pues la reducción significativa de estos homicidios es una de sus metas. Al día de hoy han asesinado a 448 líderes sociales y a 243 excombatientes.

En qué consiste: El Acuerdo exige que, por medio de todos los ajustes normativos necesarios, se proteja y se creen garantías para proteger el derecho a la protesta y a la movilización pacífica.

Cuánto se ha avanzado: Nada

Cuatro días antes de terminar el Gobierno Santos, el Ministerio del Interior dejó un protocolo que aspiraba a cumplir con este punto del Acuerdo. Sin embargo, como dice la misma Procuraduría, ese protocolo no obliga a nada a ninguna entidad y ha sido inane para proteger la protesta social. Prueba de ello son las múltiples violaciones a los derechos humanos que se dieron en el Paro Nacional del año pasado y que la Corte Suprema validó con el fallo que obligó al Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo a pedir perdón. A esto también se le suma los casos de abuso policial que hubo en septiembre y que prendieron fuertes manifestaciones que terminaron, como probamos en este video, en el asesinato de al menos tres jóvenes por parte de la Policía.

Además, el pasado 20 de julio, como respuesta a las movilizaciones del año pasado, el Partido Conservador radicó en el Congreso un proyecto que le pone restricciones a la protesta y va en contravía de lo acordado en La Habana. Prohíbe la presencia de encapuchados, los graffitis y que se hagan manifestaciones a menos de 500 metros de aeropuertos, hospitales, bienes de patrimonio cultural, entre otros.

En qué consiste: El Gobierno se comprometió a elaborar un proyecto de ley para garantizar y promover la participación ciudadana.

Cuánto se ha avanzado: Nada

El 23 de agosto del 2017, el entonces senador de La U Roy Barreras radicó un proyecto de ley para cumplir con este punto que se hundió en el Congreso sin siquiera pasar un debate. Desde ese momento, ni el Gobierno ni ningún congresista ha tramitado un proyecto para cumplir con este punto.

En qué consiste: El Gobierno se comprometió a crear 20 emisoras en las zonas más golpeadas por el conflicto, abrir espacios en canales institucionales destinados a divulgar el trabajo de movimientos sociales y producir contenidos para hacer pedagogía del Acuerdo en redes sociales y canales institucionales.

Cuánto se ha avanzado: Poquito

De acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno y la Farc, para este momento ya deberían estar andando las 20 emisoras en las zonas más afectadas por el conflicto. Aunque el Gobierno Santos dejó los estudios sobre las coordenadas de cada una de ellas, hasta el momento solo cinco están en funcionamiento, otras seis están en proceso de adjudicación y tres más en estudios.

El programa institucional que el Gobierno se comprometió a crear y a difundir por dos años en el Canal Institucional se llamó 'Mimbre, tejiendo paz' y se transmitió desde el 13 de enero del 2018 hasta el 21 de marzo de 2020. Fueron en total 104 episodios.

Para la divulgación del trabajo de movimientos y organizaciones sociales en canales institucionales, no se ha hecho nada hasta el momento.

En qué consiste: El Acuerdo creó una misión de expertos en temas electorales que debía dar lineamientos para una reforma electoral que el Gobierno se comprometió a tramitar.

Cuánto se ha avanzado: Nada

La Misión Electoral Especial entregó su informe en abril del 2017 y, a partir de sus recomendaciones, el Gobierno Santos creó un proyecto de ley que murió con los cálculos políticos de los congresistas de cara a las elecciones de 2018. Entre los lineamientos que propuso la Misión están hacer obligatoria la lista cerrada, eliminar el Consejo Nacional Electoral y aumentar la financiación estatal de las campañas para evitar la corrupción.

En su primer año como presidente, Duque presentó su propia versión de la reforma política, que incluía algunos de estos puntos y que también se hundió en el Congreso. En esta legislatura están andando en comisiones tres proyectos de reforma política que incluyen algunas de las sugerencias de la Misión.

En qué consiste: El Acuerdo creó 16 curules en la Cámara de Representantes para que los habitantes de las zonas golpeadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso. La idea era que, para las elecciones de 2018 y 2022, pudieran votar por un representante a la Cámara normal y por otro de listas de organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afro.

Cuánto se ha avanzado: Nada

En diciembre de 2017, la aprobación de las circunscripciones de paz se cayó en el Congreso cuando el entonces presidente del Congreso, el conservador Efraín 'Fincho' Cepeda, interpretó que los 50 votos a favor que obtuvo el proyecto no eran mayoría. Allí empezó el limbo jurídico.

El año pasado, la Corte Constitucional dijo que esos 50 votos sí eran mayoría y, por eso, a principios de este año el entonces presidente del Congreso, el liberal Lidio García, intentó revivirlas. Sin embargo, el Comité de Conciliación del Senado no le autorizó a revivir el proyecto y la bola quedó en manos del Consejo de Estado que deberá decidir si las revive o no, tras una tutela que interpuso el senador Roy Barreras.

En qué consiste: Los antiguos combatientes de las Farc se concentrarían en 26 zonas, allí dejarían las armas y comenzarían el tránsito a la vida civil.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

Pese a que la seguridad de los excombatientes de las Farc está en riesgo, su reincorporación a la vida civil es uno de los puntos que más ha avanzado. Al día de hoy, según las cifras del Gobierno y la Farc, cerca del el 94 por ciento de los casi 14 mil guerrilleros que entregaron sus armas sigue firme con el proceso.

En julio del 2017, el Gobierno prolongó las zonas en donde los entonces guerrilleros se desarmaron y les cambió el nombre a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), y hoy la mayoría de ellos sigue en pie y son pueblos en donde viven todavía algunos excombatientes (el Gobierno cerró dos de ellos porque sus habitantes los habían abandonado por la inseguridad en la que vivían, como contamos).

Aunque la figura jurídica que creaba los Etcr venció en agosto del año pasado, el Gobierno Duque, en su apuesta por apoyar a las bases farianas que se mantengan en "la legalidad", decidió mantener los 24 que aún quedan. Actualmente, diez de ellos están en proceso de ser legalizados para quedarse en donde están, tres en estudios y once están en proceso de ser trasladados, luego de haberlo consensuado con sus habitantes y la Farc. Uno de estos, el que quedaba en Ituango, ya se trasladó, porque, como contamos, el pueblo quedaba en medio de una ruta de narcotráfico que se están disputando disidencias, los Caparrapos y el Clan del Golfo; lo cual le había costado la vida a 12 excombatientes que vivían en el Etcr.

En los Etcr viven al día de hoy 2.626 personas.

En qué consiste: El Acuerdo le daba garantías a la entonces guerrilla de las Farc para convertirse en partido político.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

El 1 de septiembre de 2017, las Farc crearon su partido político que recuperó las siglas de su antiguo movimiento guerrillero: ahora se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Al año siguiente, se posesionaron los diez congresistas a los que tenía derecho el partido gracias al Acuerdo (cinco en el Senado y cinco en la Cámara), pero perdieron una de esas curules en la Cámara el año pasado cuando Jesús Santrich retomó las armas y el presidente de la Cámara le decretó la silla vacía.

Aun así, la Farc en estos dos años se ha consolidado como partido político en el Congreso bajo las reglas de la democracia. Por ejemplo, el 20 de julio la exguerrillera Griselda Lobo (conocida en la guerra como Sandra Ramírez) fue nombrada segunda vicepresidenta del Congreso y la semana pasada por primera vez presidió una sesión plenaria. Los congresistas de la Farc también fueron autores de proyectos de ley para modificar los decretos del covid y han respaldado proyectos como el de la renta básica, promovido por otros partidos.

En las regionales del año pasado, el partido inscribió, en total, 308 candidatos, de los cuales 101 eran excombatientes, y ganaron tres Alcaldías: Puerto Caicedo (Putumayo), Turbaco (Bolívar) y Guapi (Cauca). La más importante de estas fue Turbaco en donde ganó Guillermo Torres, conocido como Julián Conrado, quien, como contamos, ganó cantando las canciones que compuso durante la guerra.

En qué consiste: Por dos años, cada excombatiente de las Farc tendría derecho a una renta básica del 90 por ciento de un salario mínimo, a dos millones de pesos apenas dejara sus armas y a ocho millones para montar un proyecto productivo.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

En este punto también ha habido grandes avances.

De acuerdo al último informe de la Procuraduría, el 98,3 por ciento de los guerrilleros que entregaron sus armas recibieron los dos millones de pesos. Frente a la renta básica, se entregó por los dos años que estaban acordados y el Gobierno Duque, en su Plan de Desarrollo, decidió prolongarla y todavía se está entregando.

De este punto, lo más quedado son los proyectos productivos, pues hasta el momento solo el 35 por ciento de los excombatientes tiene uno activo.

En qué consiste: El Acuerdo creó un programa de sustitución de cultivos en el que los campesinos que se comprometan a erradicar la coca tendrán a cambio unos pagos y apoyo técnico para que inicien otros proyectos productivos. En caso de que no se llegue a un acuerdo con las comunidades, el Gobierno entraría a erradicar manualmente, sin descartar la aspersión aérea.

Cuánto se ha avanzado: Poquito

En estos cuatro años, la sustitución de cultivos ha avanzado en los pagos a las familias que se comprometieron a erradicar la coca, pero va quedada en los proyectos productivos que estaban pensados para sacarlas adelante, transformar sus condiciones de vida y evitar que cayeran en la resiembra.

En mayo del 2017, el Gobierno Santos creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y para el final de su mandato había inscrito a 83.161 familias que se habían comprometido a erradicar voluntariamente sus hectáreas de coca. El paso que sigue a la firma de lo que se llaman los acuerdos individuales —los que firma cada familia con el Gobierno en el que se compromete a erradicar sus cultivos— es un primer pago de dos millones de pesos antes de que empiece la erradicación y, luego de que ésta se haya hecho y se haya verificado, empiezan unos pagos bimensuales de dos millones de pesos por un año. Cuando empiece en forma el programa, la familia recibe un pago de un millón 800 mil pesos para garantizar su seguridad alimentaria en esos meses, y dos pagos para desarrollar un proyecto productivo que le permita dejar de depender de la coca: uno de nueve millones de pesos para un proyecto productivo de corto plazo y otro de diez para uno de largo plazo.

Cuando Iván Duque llegó a la Presidencia, encontró —según lo que ha dicho el alto consejero para la Estabilización Emilio Archila— el Pnis desordenado y desfinanciado. Por eso, le han hecho algunos cambios. Tras inscribir a 15.936 nuevas familias al programa, el Gobierno dejó de firmar acuerdos individuales y dejó como meta en su Plan de Desarrollo que, en 2022, se habrían de erradicar por esta vía y con esas familias 50 mil hectáreas de coca.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que es la encargada de verificar y hacerle seguimiento al programa, al día de hoy hay 99.097 familias inscritas que han erradicado voluntariamente 42.339 hectáreas de coca. La Unodc también encontró que el porcentaje de familias que han vuelto a sembrar es del 0,2 por ciento; un indicador que muestra el éxito del programa.

De las 99.097 familias inscritas, 74.541 (75,22 por ciento) han recibido parte de los pagos bimensuales por empezar a erradicar, 57.814 (58,34 por ciento) de esas ya recibieron los seis pagos bimensuales que suman 12 millones de pesos y 61.179 (61,74 por ciento) han recibido el pago de un millón 800 mil pesos para desarrollar una huerta casera que les permita subsistir mientras erradican sus cultivos.

El rezago del Pnis está en los desembolsos que debe hacer el Gobierno para que las familias puedan desarrollar un proyecto productivo que les permita vivir después de haber erradicado. Hasta el momento, sólo 2.471 familias (2,49 por ciento) han recibido los subsidios para empezar a desarrollarlos.

Para ingresar a las 100 mil familias cocaleras que no quedaron inscritas en el Pnis, el Gobierno sacó este año su propio programa de erradicación voluntaria que se llama 'Hecho a la Medida'. Como contamos, las principales diferencias entre el Pnis y 'Hecho a la medida' son que no contempla los acuerdos individuales por familias, sino que sólo permite acuerdos colectivos que abarquen comunidades enteras, y que su financiación queda en manos de los entes territoriales, créditos, regalías, entidades de cooperación internacional y empresas privadas que deseen invertir en ellos.

En este punto, el Acuerdo incentiva la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través del Pnis, pero no descarta del todo la aspersión aérea. En estos dos años, volver a fumigar con glifosato ha sido una de las banderas de Duque. Aunque el Gobierno ha salido en medios a decir que ya tiene todo listo para empezar a fumigar, en realidad esto está lejos de suceder, pues la fumigación está frenada por varias instancias judiciales, producto de tutelas de comunidades que están en contra de la aspersión, como contamos en esta historia.

En qué consiste: El Gobierno se comprometió a tramitar un proyecto de ley para quitarles la sanción penal por un año a los pequeños campesinos que se comprometan a dejar de cultivar coca.

Cuánto se ha avanzado: Nada

El Gobierno Santos creó dos proyectos de ley para cumplir con este punto, pero ambos se hundieron. El primero se cayó por las críticas del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, que aseguró que esta iniciativa —que contemplaba que los campesinos, que tuvieran menos de 3,8 hectáreas de coca y se comprometieran a ser parte del Pnis, recibirían a cambio un alivio penal de la Fiscalía que dejaría de perseguirlos por un año— podía incentivar a los narcotraficantes a dividir sus predios para eludir a la Justicia. El segundo, que a raíz de las críticas de Martínez bajó el número de hectáreas a 1,78, se hundió por las críticas de los cocaleros que lo vieron como una traición a los acuerdos firmados.

En su discusón, estos proyectos también recibieron fuertes críticas del Centro Democrático y del entonces senador Iván Duque que lo criticó, en una columna en El Colombiano, diciendo que "lo que hay detrás de todo esto constituye un favorecimiento al famoso 'pitufeo' que consiste en la sumatoria estratégica de pequeños cultivadores para insertarlos en la cadena de abastecimiento a los laboratorios y centros de procesamiento".

Actualmente, tanto el Gobierno como los partidos de oposición están trabajando en este proyecto. Desde hace más de un año, el Ministerio de Justicia está cocinando un proyecto de ley para cumplir con este punto, pero no lo ha sacado; y el 20 de julio del año pasado, la bancada del partido Farc, junto a otros congresistas de la oposición, radicaron un proyecto de ley propio para el tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores que ya pasó su primer debate y espera a ser discutido en la Plenaria del Senado.

En qué consiste: El Gobierno se comprometió a crear un Programa Nacional de Intervención frente al Consumo de Drogas Ilícitas para crear políticas para solucionar el problema del consumo de drogas, pero no como un problema de tipo penal, sino como uno de salud pública.

Cuánto se ha avanzado: Nada

El avance en este punto ha sido casi nulo. El programa no se ha creado y, con la llegada de Iván Duque a la Presidencia, el enfoque de la solución al problema de las drogas volvió al prohibicionismo y no a tratarlo como un problema de salud pública, como lo ve el Acuerdo. De hecho, el actual Gobierno ha tomado medidas para enfrentar este problema que van en contravía de lo que se acordó en La Habana.

Por ejemplo, está el decreto que firmó Duque, a los dos meses de posesionarse, que le permitía a la Policía decomisar la droga que encontraran —sin importar que fuera menos de la dosis mínima—, si la persona no podía demostrar su adicción. El Consejo de Estado le dio un golpe casi que mortal a este decreto, en julio de este año, cuando sentenció que la Policía sólo podría decomisar la droga si logra probar que es para vender.

En qué consiste: El Acuerdo crea una estrategia de política criminal para investigar y judicializar a las organizaciones que produzcan y vendan drogas ilícitas.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

Este punto del Acuerdo ha avanzado, aunque en las regiones la violencia entre grupos armados ilegales por las rentas de la droga se ha encrudecido.

Cuando llegó a la Presidencia, Iván Duque creó su política integral para enfrentar el problema de las drogas ilícitas, que llamó Ruta Futuro, cuyo énfasis está en reducir las hectáreas de cultivos ilícitos y en atacar a las organizaciones criminales que se lucran con su producción y comercialización. En ese programa incluyó estrategias para hacer más efectiva la judicialización y para atacar el lavado de activos y la corrupción, tal y como lo demandaba el Acuerdo.

El actual Gobierno también ha lanzado campañas para golpear al narcotráfico. Por ejemplo, están ‘El que la hace la paga’ de la Policía y la Fiscalía, que consistió en 582 grandes operaciones contra delitos como el secuestro, la extorsión, el abuso e intimidación a niños o el fleteo; y el ‘Plan Diamante’, de las Fuerzas Militares, que se implementó durante 100 días y en el que, según cifras del Gobierno, lograron dar con 31 cabecillas de grupos armados organizados dedicados al narcotráfico.

En los dos años de Duque, las Fuerzas Armadas han capturado a 115 cabecillas de organizaciones criminales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia.

En qué consiste: El Acuerdo crea una comisión para que indague lo que pasó en cinco décadas de conflicto armado. Al final de su mandato, deberá entregar un informe, construido a partir de audiencias con todas las partes involucradas en la guerra, que cuente la verdad de lo ocurrido.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

Como medio para reparar a las víctimas del conflicto, el Acuerdo aspira reconstruir todo lo ocurrido y esto implica ir más allá de la verdad judicial. Por eso, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que empezó a andar en noviembre de 2018 y que tiene un mandato de tres años que concluirán con la entrega de un informe final que deberá ser entregado a finales del año entrante.

Para construirlo, la Comisión se ha nutrido de informes que han presentado diferentes organizaciones —desde organizaciones sociales en las regiones, hasta ONGs y gremios empresariales— y de entrevistas con personas que padecieron de alguna manera el conflicto armado. Hasta el momento, la Comisión ha recibido 203 informes y ha entrevistado a más de 13 mil personas. Para esta fecha esperaban que fueran más las personas entrevistadas, pero su meta fue truncada por la pandemia.

El mayor obstáculo que ha tenido en estos dos años ha sido, como contamos, vencer la desconfianza de los empresarios y de los sectores más conservadores que aún miran su trabajo con recelo, porque la ven más cercana a las organizaciones sociales y a ONGs que los han acusado en el pasado.

En qué consiste: El Acuerdo crea una unidad para buscar e identificar a las personas que hayan desaparecido durante el conflicto.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

En abril de 2017, fue creada la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) para que, por 20 años, busque a las personas que hayan desaparecido durante el conflicto armado; es decir, antes del 1 de diciembre del 2016.

En estos cuatro años, la Ubpd ha andado sin problemas y, hasta el momento, ha hallado a 83 personas. Esta semana, la Unidad anunció que encontró vivo a un hombre cuyos familiares no lo habían visto ni habían sabido algo de él desde 1985 cuando un grupo armado intentó reclutarlo en Arauca.

En qué consiste: El Acuerdo crea una jurisdicción especial para investigar y juzgar los crímenes que se cometieron durante el conflicto.

Cuánto se ha avanzado: Avanza

A pesar de los embates que ha recibido en estos años del Gobierno de Iván Duque y de su partido (el Centro Democrático), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha seguido andando por su cuenta y en el último año ha mostrado avances.

La JEP nació en abril del 2017 y a finales de ese año ya contaba con los 38 magistrados y sus 13 suplentes que, como contamos, tenían un perfil variado y la mayoría de ellos son mujeres (algo inédito en Colombia).

En las presidenciales del 2018, el hoy presidente Duque hizo campaña diciendo que le haría cambios "de fondo" y, en marzo del 2019, presentó sus objeciones a la ley estaturia que creó la JEP que devolvió al país a la pelea entre los del Sí y los del No. A pesar de la fuerza que les hicieron los partidos de Gobierno —que en ese momento no eran mayoría— y del entonces presidente del Congreso, el senador uribista Ernesto Macías, las objeciones tuvieron un tormentoso trámite y se hundieron. Aun así, la lucha contra la JEP sigue siendo el caballito de batalla del uribismo; tanto así que es el punto central del referendo que están cocinando, que no tiene chances, pero que les sirve para calentar la campaña del 2022.

A pesar de estos ataques y a que en los últimos dos años ha habido una pelea entre la JEP y el Gobierno por su presupuesto, la JEP ha avanzado. Ya tiene definidos los siete macrocasos que investigará (el secuestro; las violaciones de derechos humanos en tres municipios de Nariño; los falsos positivos; lo ocurrido durante el conflicto en la región del Urabá, el Bajo Atrato y el Darién; las violaciones de derechos humanos en el Cauca y el Valle del Cauca; el genocidio de la Unión Patriótica; y el reclutamiento de menores) y, ante ella, la antigua guerrilla de las Farc admitió, por primera vez, haber secuestrado.

El próximo año se espera que lleguen las primeras condenas y, según lo que dijo el nuevo presidente del Tribunal, Eduardo Cifuentes, en una entrevista con El Tiempo, serán por los secuestros y por los falsos positivos.