Su silencio sobre el glifosato arriesga la credibilidad del MinSalud con el covid

Colombia registró ayer su segundo día consecutivo con más muertes por covid, justo cuando comienzan a dispararse las alertas de alcaldes porque se les acaban las vacunas para poner las segundas dosis y cuando se confirma la aparición de nuevas variantes. 

En medio de este momento tan crítico para el gobierno en su gestión de la pandemia, la credibilidad técnica del ministro de Salud, Fernando Ruiz, está siendo duramente cuestionada por cuenta del impedimento que presentó para no pronunciarse sobre la inminente fumigación con glifosato, a la que se opuso como viceministro de Salud en el Gobierno Santos por el riesgo de que causara cáncer.  

Este golpe a su credibilidad es un riesgo que puede resultarles muy costoso al Presidente y al país pues, para todos los efectos, Ruiz es en este momento “el médico jefe” de Colombia.

“El cambiante criterio de Ruiz, de poderoso opositor del glifosato a cómplice silente por cuenta de que en el pasado trabajó en un gobierno y ahora en otro, deja mucho que desear sobre quien es, precisamente, el líder de la política de salud en Colombia, lo cual muestra su endeble carácter”, escribió anoche su antiguo colega de gabinete, el Ex superindente de Industria y Comercio de Santos, Pablo Felipe Robledo.

“¿Entenderá Duque el riesgo que corre al forzar a Fernando Ruiz a perder la credibilidad de la que tanto depende su labor al frente del Ministerio de Salud?”, se preguntó hace un par de días el columnista de El Espectador Nicolás Rodríguez.

La médica Gloria Arias Nieto le implora en su columna del mismo diario al ministro que “no se abandone a usted mismo, no abandone su conocimiento y su criterio -dice- Si el ministro de Salud abandona la causa de la salud, ¿quién la va a asumir?”.

El polémico impedimento

Desde que hace una semana, el ministro presentó ante la secretaría jurídica de Presidencia su impedimento para pronunciarse respecto a la decisión oficial de reanudar la fumigación, Ruiz ha dicho a todos los medios, incluida La Silla Vacía, que no hablará al respecto mientras el consejo de ministro decide si lo acepta o no.

El ministro no ha explicado públicamente en qué consiste su potencial conflicto de interés. Pero La Silla Vacía pudo confirmar que su argumento es que dado que ya fijó su posición en el pasado frente al riesgo potencial de la fumigación para la salud, no quiere prejuzgar la nueva evidencia que haya surgido desde entonces.

Sin embargo, como no está claro por qué estaría impedido como autoridad sanitaria para interpretar esa nueva evidencia, su decisión de apartarse de esta discusión ha sido vista —incluso por gente que lo admira— como una decisión meramente política.

“Frente al Covid lo que esto pone en duda es su independencia y la capacidad que tiene de hacer lo correcto para la salud (o por lo menos expresarlo) más allá de las órdenes que le de el presidente”, dijo a La Silla Vacía Tatiana Andia, experta en salud pública y directora de posgrados de la Universidad de los Andes.

En la misma línea, Claudia Patricia Vaca, directora del Centro de Pensamiento "Medicamentos, Información y Poder" de la Universidad Nacional, dice que en este momento más que nunca se necesita “una tecnocracia coherente y con disposición a movilizar acciones que faciliten decisiones políticas acordes con la evidencia. Que estén dispuestos a incomodar y a presionar”.

En otras palabras, que hagan lo que hizo Fernando Ruiz, cuando como viceministro de Salud abrió la discusión en el gobierno Santos sobre los riesgos de la fumigación, que a la postre llevó a la histórica decisión de suspenderla en 2015.

La paradoja de Ruiz

Su antiguo jefe, el exministro Alejandro Gaviria, contó hace dos años en una cátedra Manuel Ancizar en la Universidad Nacional cómo fue precisamente el entonces viceministro Ruiz quien entró un día, agitado, a su despacho con un artículo publicado en la revista científica The Lancet Oncology sobre el impacto nocivo del glifosato sobre la salud y le dijo que tenían que replantear la política de fumigación.

Fue un estudio realizado por 17 expertos independientes de 11 países que, con base en experimentos de laboratorio con ratones y en observaciones con humanos, llegaron a la conclusión de que había suficiente evidencia para sospechar que existía una relación causal en animales entre el glifosato y el cáncer linfoma de Hodgkin 15 o 20 años después de la exposición y una relación de asociación en estudios observacionales con humanos.

Según Gaviria, a partir de ese estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) llegaron a la convicción con Ruíz de que tenían que contarle al Presidente Santos; esa nueva evidencia era suficiente para abrir una discusión sobre la política oficial que había tenido Colombia durante años de asperjar la coca. 

No era una pelea fácil de dar, entre otras cosas, porque implicaba confrontar a la embajada gringa.

Unos días después de la conversación con Ruiz, Gaviria dice que encontró la oportunidad para hablar con Santos en un foro en Cartagena.  En medio de su conversación, apareció el ex general de la Policía Óscar Naranjo, quien, tras escuchar a Gaviria, le dijo que con la autoridad que le daba haber fumigado más de cien mil hectáreas lo correcto era suspender la aspersión hasta que estuvieran seguros de que no causaba cáncer.

Con ese guiño del Presidente, Gaviria dice que al lunes siguiente redactaron con Ruiz una carta recomendando suspender las fumigaciones. Era marzo de 2015.

El entonces viceministro Fernando Ruiz salió a defender en medios y en la OMS por qué cambiar esta política contra la coca era lo responsable. Siete meses después, el Consejo Nacional de Estupefacientes compró el argumento y suspendió las fumigaciones.

Ahora, seis años más tarde, el Presidente Duque acaba de firmar el decreto con las pautas para reanudar la fumigación. Y Ruiz opta por mantenerse en silencio.

¿Existe nueva evidencia?

Más allá de otras consideraciones desde la perspectiva de seguridad y defensa, el debate sobre la fumigación aérea con glifosato es muy complicado porque no existe evidencia científica concluyente que pruebe o descarte un riesgo para la salud. En parte, porque es imposible hacer estudios clínicos controlados en un laboratorio. Y, también, porque las intervenciones en grandes poblaciones son más difíciles de controlar.

Por eso el impedimento de Ruiz para no “prejuzgar” la nueva evidencia es polémico.

Desde que Ruiz se la jugó a favor de suspender la fumigación, hay tres fuentes ‘oficiales’ de evidencia sobre el impacto de glifosato según lo resumió la sentencia de la Corte Constitucional , que, en 2017, con una ponencia del magistrado suplente Aquiles Arrieta desarrolló el principio de precaución que fundamenta la suspensión de la fumigación:

* La evaluación de la IARC que ubica al glifosato en el grupo 2A como sustancia probablemente carcinógena para los humanos. La principal debilidad de esta monografía que apareció en The Lancet y que sirvió de fundamento para suspender la fumigación –según la Corte– es que hace una evaluación del daño, pero no del riesgo.

* Tres conclusiones de autoridades regulatorias (como el Instituto Federal para la Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) y la Autoridad de Seguridad Alimenticia Europea (EFSA)) que autorizan el glifosato pero para usos agrícolas.  

Su debilidad, según la Corte, es que las tres autoridades indicaron que sus evaluaciones no serían perfectamente aplicables a la aspersión aérea, porque entre otras cosas, evaluaron el riesgo de hasta 2,16 kg de glifosato por hectárea, lo cual contrasta con los 10,4 kg de glifosato por hectárea autorizado en la fumigación de la coca. 

* Un estudio del profesor Keith Solomon y otros científicos, publicado en 2005 por encargo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que descarta que exista un riesgo significativo. Este estudio fue avalado por el Ministerio de Salud de Álvaro Uribe y ha sido el principal referente del Instituto Nacional de Salud en el tema.  

El problema para la Corte es que es un estudio pagado por el órgano político de la OEA encargado principalmente de la lucha contra las drogas y los autores de este informe declararon tener vínculos importantes con las empresas productoras del glifosato.

La Corte también resume tres investigaciones importantes desde la academia, aunque señala críticas y vacíos en sus metodologías:

* “Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano”: cruzando los datos de las bases de datos de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) con los datos diarios de aspersión de hectáreas en los municipios, los economistas uniandinos Adriana Camacho y Daniel Mejía encontraron en 2013 que en aquellos donde hubo fumigación aumentaron las consultas por problemas respiratorios, abortos espontáneos y dermatológicos. 

* “Glifosato: ¿Riesgo humano?”: Helena Groot de Restrepo y Sandra Liliana Ortiz Cuarán concluyen que “el glifosato, en altas concentraciones, puede alterar la estructura del ADN en diferentes tipos de células humanas en cultivos in vitro.

* “Verdades científicas sobre glifosato y salud pública”: Los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz Daniel Rico, Orlando Scoppetta, Juan Pablo Alzate y Alejandra González Ferro revisaron 1483 estudios sobre los riesgos del glifosato para la salud y, usando una metodología Cochrane, concluyeron que “no hay evidencia concluyente de que el glifosato sea un factor de riesgo para la salud humana, siempre que se use dentro de las condiciones de precaución propias de un producto tóxico”.

Además de estos tres estudios citados por la Corte, Alejandro Gaviria en su conferencia en la Universidad Nacional cita otro más de Rodrigo Suárez, quien, paradójicamente como en el caso de Ruiz, es el director de la Anla de Duque y quien avaló la licencia ambiental para fumigar.  Este estudio observacional en Brasil muestra que el uso de glifosato, que se ha intensificado por el uso de semillas transgénicas, está asociado a abortos espontáneos y aumento de la mortalidad infantil. 

Mientras la Corte concluye que la evidencia aún no es concluyente para descartar un riesgo, el Instituto Nacional de Salud determinó en su concepto previo de salud sobre el tema el 30 de julio de 2020 que el riesgo de la aspersión sería “bajo” si se ajustaba al Plan de Manejo Ambiental presentado por el gobierno Duque.

“No obstante, en caso de que se cambien las condiciones de operación, como por ejemplo, que se usen otro tipo de aeronaves, otros componentes o concentraciones de la mezcla a asperjar, si se utilizan otras boquillas que resulten en un tamaño de gotas distinto o si se plantea repetir las aspersiones en un mismo predio a una velocidad o altura de la aeronave sobre el suelo distintas de la evaluación de riesgo efectuada no podrían extrapolarse a esta nueva situación”, dice el concepto.

El problema de este concepto, revelado esta semana por Pacifista, es que, según el estudio que hizo la Corte en 2017, las operaciones de fumigación rara vez se ciñen exactamente al plan de operación. 

La realidad

El magistrado Arrieta concluyó que “se desconoce si los parámetros de operación destinados a disminuir los riesgos son seguidos en la práctica por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional” porque cuando les solicitó la información no se la dieron. 

Sí comprobó, sin embargo, que no existían controles para minimizar el riesgo de fumigar por fuera de los cultivos de coca; ni tampoco seguimiento a los casos de síntomas posiblemente causados por aspersiones y menos un procedimiento para tomarse en serio las 3.090 quejas recibidas por la Dirección Antinarcóticos entre 2012 y 2015. 

De esas, 2.924 fueron archivadas, 158 fueron compensadas y en 8 no se aceptó la compensación. “La Corte no encuentra ninguna indicación de que las 158 quejas que sí llevaron a indemnizar, hayan sido analizadas con el fin de evitar cometer errores similares en el futuro”, dice la sentencia.

El INS recomienda en su concepto fortalecer la vigilancia epidemiológica de las zonas donde se fumigue para poder controlar los riesgos. Pero a juzgar por la caracterización que hizo la Universidad de Córdoba de los lugares escogidos por Duque para arrancar la fumigación es muy improbable que lleguen las autoridades sanitarias.

Aunque no revela qué lugares son exactamente su descripción es dramática: además de tener una población predominantemente infantil y joven, pocos adultos mayores y marcada presencia de comunidades indígenas, campesinas y afros, la tercera causa de muerte es la violencia por la presencia de grupos armados. También descubrió que ya existe una “tendencia creciente al cáncer, entre otros, al linfoma no-Hodgkin”. 

“De manera general, estos departamentos presentan falencias en las condiciones de saneamiento básico, como falta de agua potable y alcantarillado, que sumado a sus condiciones culturales y geográficas, incrementan la vulnerabilidad y el riesgo social, evidenciado en las altas tasas de mortalidad infantil por enfermedad diarreica aguda y desnutrición”, dice el informe de la Universidad.

Es a esta población vulnerable que ahora le lloverá glifosato, mientras el ministro que está a cargo de la salud en la pandemia pide a sus colegas que lo eximan de asumir una posición.